reforma laboral

El Senado debate este viernes reforma laboral y ley Penal Juvenil

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El Senado debatirá este viernes desde las 11 los proyectos de reforma laboral y Ley Penal Juvenil, y el oficialismo buscará obtener su última victoria legislativa del período de sesiones extraordinarias en la antesala del discurso del domingo del presidente Javier Milei ante la Asamblea Legislativa.

Según el orden de labor parlamentario se debatirá primero la reforma laboral y luego la Ley Penal Juvenil.

Ley Penal Juvenil

La reforma de la ley Penal Juvenil, aprobada el jueves último, por la Cámara de Diputados, reduce de 16 a 14 años la edad de imputabilidad y propone para los menores desde sanciones breves hasta 15 años de cárcel para los delitos graves.

El régimen especial de minoridad propuesto por el oficialismo propone un abanico de sanciones o castigos alternativos a las penas privativas de la libertad, establece que los menores no deben mezclarse con los adultos en los lugares de reclusión e incluye medidas complementarias de resocialización.

Para delitos con penas menores a 3 años se descartan penas de prisión, mientras para las penas de entre 3 y 10 años vinculados a delitos que no hayan ocasionado la muerte o lesiones graves se priorizan otro tipo de sanciones con un enfoque social y educativo.

Reforma laboral

La iniciativa, impulsada por el Poder Ejecutivo, tendrá un fuerte impacto en las relaciones del trabajo porque contempla profundas reformas en el sistema de despidos, vacaciones, negociaciones colectivas y derecho de huelga en servicios esenciales.

El Senado convocó la sesión para aprobar el único cambio introducido por la Cámara de Diputados, donde se eliminó el polémico artículo 44 que rebajaba los salarios para las licencias por enfermedades o accidentes fuera del ámbito laboral.

La Libertad Avanza, que preside Patricia Bullrich, llegará a la sesión luego un día después de haber tratado los proyectos de Régimen Penal Juvenil y la reforma de la ley de Glaciares, y tras haber sancionado en diciembre las leyes de Presupuesto e Inocencia Fiscal.

El oficialismo debió realizar un trámite exprés entre la sanción de esa iniciativa en la Cámara de Diputados el viernes último y la emisión del dictamen del Senado que se produjo en el mediodía de ese mismo viernes, lo que provocó airadas quejas opositoras.

Como sucedió cuando la reforma se aprobó en primer término, el 11 de febrero, el Gobierno ya tiene garantizado el respaldo de los gobernadores aliados de Chubut, Ignacio Torres; de Mendoza, Alfredo Cornejo; de Corrientes, Juan Pablo Valdés; de San Juan, Marcelo Orrego; de Neuquén, Rolando Figueroa; de Misiones, Hugo Passalacqua, y de los peronistas de Tucumán, Osvaldo Jaldo, y de Salta, Gustavo Sáenz.

Pero la sanción de la ley no fue sencilla y requirió que la Mesa Política del Gobierno, que encabeza secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, encarara negociaciones con gobernadores y legisladores de bloques dialoguistas a lo largo de casi dos meses.

Con esos consensos enhebrados, el oficialismo logró aprobar el 11 de febrero el proyecto en el Senado y el jueves 19 en Diputados, aunque con la modificación del artículo 44.

Detalles del proyecto

La ley impactará de lleno en las relaciones laborales ya que introducirá cambios en las vacaciones, horas extras, negociaciones colectivas y derecho de huelga.

Entre otras reformas, el proyecto establece que las vacaciones podrán no otorgarse durante el verano ya que una vez cada 3 años le corresponderán al empleado en la temporada estival, además de que se podrán fraccionar en plazos no menores a 7 días.

Además, las empresas no tendrán obligación de pagar a los empleados horas extras porque habrá un sistema de compensación: si un trabajador trabaja 12 horas en lugar de 8, se le podrán dar 4 horas a compensar.

La jornada máxima será de 12 horas (con 12 horas obligatorias de descanso) y esa extensión laboral será compensada con la reducción de la jornada en otra fecha del calendario.

Los despidos serán mas económicos para las empresas ya que no se computará el aguinaldo, vacaciones o premios, y solo se hará en base al salario básico; se tomará como base el salario promedio de la actividad.

Las indemnizaciones se podrán pagar en 12 cuotas en las empresas grandes y 18 en las pymes, igual que las sentencias judiciales.

En materia de gremios, se mantendrá el aporte que le descuentan a los trabajadores para el sindicato con un tope del 2%, y el empleador se mantendrá como agente de retención, como exigía la CGT.

En tanto, los convenios colectivos con plazo vencido no mantendrán sus efectos en el transcurso de tiempo hasta la firma de un nuevo acuerdo colectivo.

También se permitirá en la negociación colectiva de actividad, rama, región, acuerdo de empresa y/o mediante acuerdo individual o decisión unilateral del empleador, incorporarse por encima de los salarios otros componentes retributivos dinámicos adicionales, transitorios, fijos o variables.__IP__

Se restringe el derecho a huelga al declararse determinadas actividades como “servicios esenciales”, con la obligación de garantizar una cobertura mínima del 75%, y “servicios trascendentales”, con la obligación de garantizar una cobertura mínima del 50%.

Asimismo, serán consideradas “infracciones muy graves”, con el impedimentos a realizar bloques, cuando se cumpla alguna de las siguientes hipótesis: “Afectar la libertad de trabajo de quienes no adhieran a una medida de fuerza mediante actos y/o hechos y/o intimidaciones o amenazas”.

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APICOFOM tiene pocas expectativas frente a la reforma laboral como impulsora de empleo

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En la primera reunión del año de su Comisión Directiva, APICOFOM repasó la realidad sectorial describiendo un panorama de recesión y falta de horizonte alentador, tal como transitó el sector durante el 2025.

El presidente de APICOFOM, Guillermo Fachinello también hizo referencia que “a pesar de los anuncios, lo que ha trascendido acerca de la reforma laboral no representa un gran incentivo en lo inmediato. Apenas tendría algún cambio en la forma de pago y los montos de algunas indemnizaciones y sobre los costos de los seguros, pero no es que vamos a tomar más gente.

El directivo manifestó el malestar de los empresarios porque “hay cada vez más impuestos, tasas y nuevos cargos a nivel municipal que son insostenibles para la actividad y los Municipios hacen oídos sordos a todos nuestros reclamos. También siguen los incrementos de la energía y los combustibles por encima de los índices oficiales de inflación, mientras que el mercado interno sigue totalmente retraído y en franca disminución. La paridad cambiaria y las tasas de interés terminan de configurar la tormenta perfecta en términos negativos para la industria de la madera”.

Una de las líneas de trabajo propuestas para dinamizar la actividad busca coordinar con el Gobierno provincial obras con madera que generen empleo directo e indirecto en la provincia. “Es muy importante difundir las ventajas de construir con madera, tanto viviendas como hoteles y oficinas, entre muchas otras posibilidades; pero para ellos es necesario enriquecer la percepción cultural de la gente, brindando información para generar conciencia y brindar tranquilidad. Hay muchísimos beneficios que el potencial consumidor aun no conoce”, expresó el presidente de APICOFOM. También se hizo hincapié en la necesidad de mejorar la competitividad de los productos misioneros en diversos aspectos, entre otros, la logística.

La entidad confimó una nueva edición del Taller de Operadores de Calderas para el día 18 de marzo, con el apoyo de CAME; CEM y el Ministerio de Industria de Misiones.

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Dictamen exprés en el Senado y buscará aprobar la Reforma Laboral el próximo viernes

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La Libertad Avanza consiguió avanzar en forma exprés en el Senado hacia la aprobación de la Reforma Laboral luego de aceptar la eliminación del artículo 44 -vinculado a las licencias por enfermedad- durante su tratamiento previo en la Cámara de Diputados. Con ese gesto político, el oficialismo aseguró los respaldos necesarios para dictaminar y dejó el proyecto en condiciones de ser debatido en el recinto la próxima semana.

El plenario de las comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Presupuesto y Hacienda se reunió en el Salón Azul del Senado pocos minutos después de las 10 de la mañana para analizar el texto corregido. El debate planteaba dos alternativas: aceptar las modificaciones introducidas por Diputados o insistir con la versión original. Tras un acuerdo previo, el bloque oficialista confirmó que avanzaría con el texto reformado, apostando a la sanción definitiva en la sesión prevista para el viernes.

Objeciones por constitucionalidad y procedimiento

Desde la oposición, el tratamiento estuvo atravesado por cuestionamientos reglamentarios y advertencias sobre el impacto de la reforma. El senador Jorge Capitanich sostuvo que su bloque consideraba que existían “violaciones flagrantes” a disposiciones reglamentarias y al artículo 14 bis de la Constitución Nacional. Además, remarcó que el proyecto afectaría derechos laborales y tendría consecuencias fiscales para provincias y municipios, sin garantizar un efecto positivo en la generación de empleo.

En la misma línea, Mariano Recalde criticó el carácter integral de la iniciativa, al señalar que “modifica 18 leyes y deroga 11 más”, y cuestionó que se haya debatido como un paquete único sin discusión pormenorizada. “Todavía no nos pudieron decir cuál de los 218 artículos le mejora la vida a los trabajadores”, afirmó durante el plenario.

Otros legisladores opositores denunciaron que los cambios fueron negociados “a libro cerrado” y advirtieron que las reducciones impositivas incluidas en el esquema beneficiarían principalmente a sectores de mayores ingresos.

Cambios en comisiones y estrategia oficial

El inicio del plenario estuvo marcado por modificaciones en la integración de las comisiones. Desde el PRO, Andrea Cristina reemplazó a Enrique Goerling Lara; en la Unión Cívica Radical, Mariana Juri ocupó el lugar de Rodolfo Suarez y Vilma Bedia sustituyó a Bruno Olivera Lucero. Con estos movimientos, el oficialismo aseguró contar con las firmas necesarias para emitir dictamen.

El senador formoseño Francisco Paoltroni defendió la rapidez del tratamiento y sostuvo que la reforma apunta a modernizar estructuras laborales que consideró “vetustas”. En el mismo sentido, el senador aliado Agustín Moteverde afirmó que el apuro responde a la necesidad de “volver a hacer próspera y grande la Argentina”.

Desde el bloque Convicción Federal, Fernando Salino advirtió que la celeridad podría derivar en futuras impugnaciones judiciales y cuestionó la eliminación del artículo 44, enmarcando el proceso en un contexto que definió como “lleno de irregularidades”.

Amenazas de judicialización y clima de tensión

Durante el debate, senadores de la oposición anticiparon que podrían recurrir a la Justicia por presuntos incumplimientos del reglamento. Juliana Di Tullio señaló que la citación a comisión no habría respetado los plazos establecidos y advirtió sobre eventuales vicios de inconstitucionalidad.

Carlos Linares cuestionó promesas incumplidas en sectores como el petrolero y llamó a la movilización ciudadana durante el tratamiento en el recinto. El clima se tensó aún más con cruces verbales entre legisladores oficialistas y opositores, reflejando la polarización que rodea a la iniciativa.

Al cierre del plenario, Patricia Bullrich defendió la legitimidad del procedimiento y sostuvo que la reforma propone avanzar hacia relaciones laborales más flexibles. “Tenemos una tasa de desempleo que va a la baja y va a ir mucho más cuando las relaciones entre empleados y empleadores sea más libre”, afirmó.

Con dictamen favorable y los votos encaminados, la sesión del próximo viernes será decisiva para definir el futuro de la Reforma Laboral, una de las principales apuestas legislativas del Gobierno.

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Diputados aprobó la reforma laboral y ahora vuelve al Senado con cambios

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En una sesión atravesada por el paro general convocado por la CGT y una fuerte movilización sindical en las inmediaciones del Congreso, la Cámara de Diputados aprobó en general la reforma laboral impulsada por el Gobierno de Javier Milei. La votación arrojó 135 votos positivos y 115 negativos, sin abstenciones, y fue celebrada con una ovación del oficialismo y sus aliados.

El texto, sin embargo, deberá retornar al Senado –cámara de origen– para que ratifique la eliminación del polémico artículo 44, que proponía reducir el salario durante las licencias médicas por enfermedad o accidente no laboral. Ese cambio obliga a una nueva revisión en la Cámara alta, donde el oficialismo ya activó el calendario para convertir la iniciativa en ley antes del 1° de marzo, cuando el Presidente inaugure el período de sesiones ordinarias.

Una mayoría construida con aliados provinciales

El resultado fue posible gracias al respaldo de Pro, UCR, MID, Innovación Federal y bloques provinciales alineados con los gobernadores de Salta, Misiones, Catamarca, San Juan, Tucumán y Santa Cruz. También acompañaron diputados peronistas referenciados en Catamarca y Tucumán, lo que generó fuertes reproches desde Unión por la Patria, que los tildó de “traidores”.

Minutos antes de la votación se asomaron a los palcos la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; y el ministro del Interior, Diego Santilli, en un gesto político que subrayó la relevancia estratégica del proyecto para la Casa Rosada.

El kirchnerismo intentó, sobre el cierre del debate, hacer caer la sesión aprovechando la momentánea ausencia de legisladores oficialistas, pero la maniobra no prosperó. Superado el escollo de la votación en general, el oficialismo avanzó luego en la aprobación en particular de uno de los capítulos más sensibles: la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), que obtuvo 130 votos afirmativos, 117 negativos y tres abstenciones.

Qué cambia: indemnizaciones, jornada y negociación colectiva

El proyecto –de más de 200 artículos– introduce modificaciones estructurales en la Ley de Contrato de Trabajo y en el esquema de relaciones laborales. Entre los puntos centrales se destacan:

  • Indemnizaciones: se reduce la base de cálculo al excluir adicionales como aguinaldo y premios.
  • Fondo de Asistencia Laboral (FAL): mecanismo de capitalización con aportes patronales –que hoy van a la Anses– para financiar indemnizaciones. Sus críticos advierten que podría desfinanciar el sistema previsional y convertirse en una herramienta de fondeo estatal.
  • Banco de horas: permite compensar horas trabajadas con días de descanso en lugar de pagar horas extra.
  • Jornada laboral: habilita ampliar la jornada diaria hasta 12 horas, siempre que se respete un descanso mínimo de 12 horas entre jornadas.
  • Vacaciones: podrán fraccionarse y tomarse dentro de una ventana ampliada.
  • Negociación colectiva: prioriza acuerdos por empresa o región sobre convenios sectoriales nacionales.
  • Derecho de huelga: establece limitaciones y redefine servicios esenciales.
  • Justicia laboral: dispone la disolución de la Justicia Nacional del Trabajo y el traspaso de sus competencias a la justicia porteña.
  • Derogación de estatutos profesionales: capítulo que también genera resistencias y podría sufrir modificaciones.

Un debate áspero y advertencias de judicialización

La oposición más dura –Unión por la Patria, la izquierda y parte de Provincias Unidas– calificó la reforma de “regresiva” e “inconstitucional” y anticipó que, de convertirse en ley, será judicializada.

Máximo Kirchner sostuvo que la norma “va a fracasar” y advirtió que el Gobierno no podrá alegar falta de herramientas legislativas. Sergio Palazzo la definió como “la regresión más brutal en la historia de los derechos laborales”, mientras que Vanesa Siley habló de una “transferencia fenomenal de riqueza” hacia los empleadores.

Desde la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro recordó que desde el inicio de la gestión se perdieron 120.000 puestos de trabajo y más de 22.000 empresas cerraron, y cuestionó que la ley “facilita la salida de trabajadores más que su ingreso al sistema formal”.

En defensa del proyecto, el miembro informante Lisandro Almirón (LLA) sostuvo que “primero tiene que haber trabajo para que la legislación laboral tenga sentido” y que el actual marco normativo “expulsa a las personas de la formalidad”. Desde la UCR, Lisandro Nieri replicó que quienes hoy critican la reforma no impulsaron cambios cuando tuvieron mayoría parlamentaria.

Carrera contra el reloj

El oficialismo activó una estrategia acelerada en el Senado. La jefa del bloque libertario convocó a un plenario de comisiones para dictaminar el texto modificado y llevarlo al recinto el próximo viernes 27. Solo entonces la reforma quedará definitivamente sancionada.

Para el Gobierno, se trata de una pieza clave de su programa de desregulación económica y modernización del mercado laboral, junto con el régimen penal juvenil y el acuerdo Mercosur–Unión Europea.

Para la oposición sindical y política, en cambio, la norma implica una flexibilización estructural que tensionará el sistema judicial y el equilibrio institucional.

La pulseada ahora se traslada a la Cámara alta. Y, eventualmente, a los tribunales.

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El 71,9% respalda el paro general y cae el apoyo a la reforma laboral

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Un relevamiento nacional realizado por Zentrix durante las últimas 24 horas muestra que el 71,9% de los consultados está a favor del paro general convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT), en un contexto donde el respaldo a la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional cayó casi siete puntos en los últimos tres meses.

La encuesta preguntó de manera directa: “¿Está a favor del paro general organizado por la Confederación General del Trabajo (CGT)?”. El resultado muestra una mayoría clara y consistente de acompañamiento a la medida de fuerza. El 67,5% respondió que está a favor con movilización, mientras que un 4,4% apoyó la medida sin movilización. En conjunto, el 71,9% se manifestó favorable al paro. En contraposición, el 27,3% declaró no estar de acuerdo, y apenas el 0,8% no supo o no contestó.

El dato adquiere relevancia adicional considerando que la propia CGT anunció que no promoverá movilización masiva durante la jornada, lo que no impide que una amplia mayoría de la opinión pública valide la medida de fuerza. El respaldo no aparece como marginal ni ajustado, sino como un posicionamiento mayoritario en un contexto de creciente tensión laboral y deterioro económico.

En paralelo, el monitoreo que Zentrix realiza sobre la reforma laboral impulsada por el presidente Javier Milei muestra un cambio significativo en la percepción social. En noviembre de 2025, el 55% de los consultados se manifestaba a favor de la reforma, mientras que el 39% se declaraba en contra. Sin embargo, en la medición de febrero de 2026, el apoyo descendió al 48,6%, mientras que el rechazo escaló al 45,2%.

La brecha entre apoyo y rechazo, que en noviembre era de 16 puntos porcentuales, se redujo más de tres puntos en febrero. El movimiento no es menor. Indica un proceso de reconfiguración de la opinión pública a medida que el contenido de la reforma comienza a ser discutido con mayor detalle y sus implicancias laborales se vuelven más visibles en el debate público.

Este corrimiento no implica un rechazo mayoritario a la reforma, pero sí refleja una polarización creciente y una pérdida de respaldo neto. En términos políticos, la reforma deja de ser una iniciativa con consenso amplio para convertirse en un eje de conflicto social más definido.

El apoyo al paro no puede leerse como un hecho aislado: se apoya en un contexto de contracción del consumo y de debilitamiento industrial que viene golpeando con fuerza a las pymes, donde se concentra el 70% del empleo privado formal. En los últimos dos años cerraron más de 21.000 empresas y se perdieron más de 300.000 puestos de trabajo registrados. En paralelo, la caída del poder adquisitivo redujo la demanda, mientras que el encarecimiento del crédito comprimió márgenes y elevó la fragilidad financiera de muchas firmas, consolidando un clima de incertidumbre sostenida.

En ese marco, el respaldo mayoritario al paro puede interpretarse como la expresión de un malestar económico acumulado más que como una reacción puntual a una medida específica. La combinación de cierre de empresas, pérdida de empleo y deterioro de la actividad opera como telón de fondo para la discusión sobre la reforma laboral: cuando el mercado de trabajo se vuelve más frágil, crece la sensibilidad social frente a cambios normativos que afectan reglas de contratación, costos laborales y condiciones de estabilidad. Por eso, más allá del encuadre sindical, el apoyo al paro aparece vinculado a una lectura social de deterioro y a la percepción de riesgo sobre el futuro inmediato del empleo.

La combinación de menor apoyo a la reforma y alto respaldo a la medida de fuerza configura un escenario de tensión estructural entre el programa de transformación laboral del Gobierno y un contexto económico que aún no logra estabilizar el mercado de trabajo. El paro del 19 de febrero se inscribe así en una dinámica más amplia, donde la discusión no es únicamente normativa, sino económica y social.

El paro nacional, que se desarrolla en un contexto de tensión social vinculada al deterioro del mercado de trabajo y al debate en torno a la reforma laboral, tiene un impacto económico cuantificable. La estimación central ubica la pérdida neta de valor agregado en aproximadamente USD 461 millones para una jornada de 24 horas con paralización del transporte público. El objetivo de esta medición es dimensionar el costo macroeconómico asociado a la interrupción de la actividad, sin ingresar en valoraciones sobre la legitimidad de la medida.

Ese monto equivale al 0,0685% del Producto Bruto Interno nominal anual 2025 (IMF/WEO: USD 667,92 mil millones) y representa cerca del 19,9% del PBI diario ajustado de un “día hábil equivalente” (en torno a USD 2,32 mil millones), calculado con corrección por días hábiles y no hábiles y la estacionalidad del mes de febrero. Los sectores más afectados son los de alta presencialidad y fuerte dependencia logística —comercio, construcción, hoteles y restaurantes, y transporte y comunicaciones— donde la interrupción del transporte amplifica el impacto al elevar el ausentismo, frenar entregas y reposiciones, reducir la demanda presencial y afectar servicios no almacenables. Parte de la producción puede reprogramarse en actividades más “recuperables”, pero en servicios presenciales la pérdida tiende a ser en gran medida irreversible.

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