régimen de grandes inversiones

Caputo anticipó inversiones por hasta US$50.000 millones y aseguró que no habrá tensión cambiaria en 2027

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El ministro de Economía, Luis Caputo, eligió la Bolsa de Comercio de Córdoba para transmitir una señal de confianza sobre el horizonte económico argentino: anticipó nuevos anuncios de inversiones bajo el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) por hasta US$50.000 millones y aseguró que el flujo de dólares permitirá atravesar 2027, un año marcado por las elecciones presidenciales, sin las tensiones cambiarias que caracterizaron otros ciclos electorales.

La magnitud del anuncio permite dimensionar el rol que el Gobierno pretende asignarle al RIGI. Caputo explicó que hasta ahora fueron aprobados 23 proyectos por US$49.766 millones, sobre un universo de 43 iniciativas presentadas por US$148.229 millones. Es decir, los proyectos aprobados representan aproximadamente un tercio de las inversiones postuladas, según los datos expuestos por el ministro.

“Esto es solamente de los RIGI que hemos aprobado, que son un tercio de la totalidad”, sostuvo Caputo ante empresarios cordobeses. Y anticipó que próximamente se conocerán nuevos proyectos que podrían llevar el monto de inversiones a una escala de hasta US$50.000 millones adicionales.

El dato relevante para la economía argentina no reside solamente en el volumen anunciado, sino en su potencial efecto sobre el flujo futuro de divisas. El Gobierno busca que las grandes inversiones vinculadas a energía, minería, infraestructura y otros sectores estratégicos generen una oferta de dólares capaz de acompañar el crecimiento de la actividad sin reproducir los ciclos de escasez cambiaria que históricamente terminaron en restricciones, devaluaciones o crisis externas.

Sobre ese punto, Caputo fue categórico al descartar un escenario de turbulencias cambiarias en 2027. “El flujo de dólares es cada vez más alto, esto garantiza que no vamos a tener problemas en el tipo de cambio, como supimos tener en el pasado”, afirmó. Para el ministro, el ingreso creciente de inversiones permitirá que la economía llegue al próximo proceso electoral con una posición externa diferente a la de otros años electorales.

La apuesta supone, de todos modos, una condición central: que los proyectos anunciados se transformen efectivamente en desembolsos, producción, exportaciones y generación de empleo. La diferencia entre capital comprometido y capital efectivamente invertido será uno de los indicadores determinantes para evaluar si el RIGI consigue convertirse en una herramienta estructural de expansión de la capacidad productiva argentina.

Caputo también utilizó su exposición para abordar uno de los problemas menos visibles de la economía argentina: la persistencia de la desconfianza. A 25 años del corralito, el ministro sostuvo que aquella experiencia todavía influye en las decisiones financieras de los hogares y explicó que una parte de los argentinos mantiene dólares fuera del sistema bancario por temor a que una nueva crisis vuelva a restringir el acceso a sus depósitos.

“Nos han estado haciendo bullying por años”, resumió, al referirse a una cultura económica construida alrededor del miedo a la moneda nacional, los bancos y las instituciones. Su diagnóstico es que la dolarización de los ahorros no puede entenderse únicamente como una preferencia financiera, sino también como el resultado acumulado de crisis, confiscaciones, controles y cambios abruptos en las reglas de juego.

La reconstrucción de esa confianza aparece así como uno de los desafíos centrales de la política económica. Una economía puede estabilizar determinadas variables macroeconómicas, pero si los hogares y las empresas continúan actuando bajo la premisa de que las reglas pueden cambiar de manera repentina, el ahorro permanece fuera del sistema, el crédito se encarece y la inversión pierde profundidad.

En su lectura, las crisis argentinas tampoco fueron exclusivamente fenómenos económicos. Caputo sostuvo que detrás de cada desequilibrio que terminó en una crisis hubo decisiones políticas que evitaron abordar los problemas estructurales. Desde esa perspectiva, el objetivo oficial consiste en modificar esa dinámica mediante estabilidad macroeconómica, disciplina fiscal y reglas que permitan recuperar previsibilidad.

El ministro trasladó esa misma lógica al debate sobre la industria, aunque con una interpretación que vuelve a generar controversia. Cuestionó el desempeño del sector durante los años de tarifas subsidiadas y sostuvo que, pese a los niveles de protección y subsidios, la industria cayó alrededor de 10%, al igual que otros sectores como el comercio y la construcción.

La discusión plantea una cuestión que excede la disputa política sobre si la industria está creciendo o cayendo: qué modelo productivo puede sostenerse cuando los costos internos se encuentran desacoplados de los precios internacionales y qué condiciones necesita la producción argentina para competir sin depender indefinidamente de subsidios.

Caputo argumentó que durante años se utilizaron recursos equivalentes a cerca de 15 puntos del Producto Interno Bruto sin que ese esfuerzo se tradujera en una infraestructura acorde. Su crítica apunta a que el gasto público no logró generar una plataforma suficiente para reducir costos logísticos y mejorar la productividad.

El Gobierno pretende modificar esa ecuación mediante una mayor participación privada en infraestructura. Caputo anticipó que en los próximos dos años podría registrarse un cambio significativo en la infraestructura nacional a partir de las concesiones de rutas y del financiamiento de organismos multilaterales canalizado en conjunto con las provincias.

El vínculo con los gobernadores ocupa un lugar creciente en la estrategia del ministro. Después de las elecciones legislativas de 2025, Caputo reconoció la necesidad de involucrarse más directamente en la negociación política y comenzó a participar con mayor frecuencia de las reuniones de la mesa política de Casa Rosada y de actividades en el interior del país. La visita a Córdoba y el viaje previsto a Catamarca junto al jefe de Gabinete, Diego Santilli, forman parte de esa nueva dinámica.

El dato político no es menor: la construcción de infraestructura requiere coordinación con provincias que, en muchos casos, están gobernadas por dirigentes de espacios opositores al Gobierno nacional. Caputo destacó precisamente esa convivencia institucional como una condición posible cuando existe un objetivo compartido de desarrollo.

Para el Norte Grande, donde la infraestructura energética y vial constituye uno de los principales reclamos de los gobernadores, esa coordinación puede adquirir una dimensión concreta. El desafío será transformar el diálogo político en proyectos financiables, obras ejecutables y una reducción verificable de los costos que hoy limitan la competitividad de las economías regionales.

La exposición de Caputo también tuvo un capítulo electoral. El ministro descartó que el kirchnerismo pueda regresar al poder y cuestionó las posibilidades de una eventual candidatura presidencial del gobernador bonaerense Axel Kicillof. Su argumento se apoyó en las dificultades que, según planteó, existen para construir una confluencia entre Kicillof, Cristina Kirchner, La Cámpora, Sergio Massa y los gobernadores vinculados al peronismo.

Sin embargo, el núcleo económico de su mensaje estuvo lejos de esa disputa. Caputo buscó instalar que 2027 no será necesariamente otro año de tensión cambiaria y que el Gobierno no recurrirá a un esquema de estímulo fiscal de corto plazo para obtener rédito electoral. La apuesta oficial es que el crecimiento, la inversión y la estabilidad sean los factores que construyan expectativas positivas.

El verdadero test de esa estrategia será su capacidad para trasladar la mejora macroeconómica a la microeconomía. El ingreso de capitales puede ampliar la capacidad productiva; el RIGI puede acelerar inversiones; las concesiones pueden mejorar infraestructura y el equilibrio fiscal puede reducir la vulnerabilidad externa. Pero el impacto social dependerá de que esas variables terminen expresándose en más empleo privado, salarios reales, crédito, productividad y oportunidades para las empresas argentinas.

La promesa de Caputo para 2027, en definitiva, no se reduce a que “no falten dólares”. Implica que la Argentina consiga transformar esos dólares en inversión productiva y que la inversión se traduzca en una economía con mayor capacidad de generar riqueza sin volver a depender de ciclos de endeudamiento, emisión o restricciones cambiarias. Allí estará la diferencia entre una estabilización transitoria y un cambio estructural.

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