La Fuerza Aérea compró un avión al doble de su valor y estaba en mal estado
Una investigación sobre adquisiciones recientes de la Fuerza Aérea Argentina volvió a poner bajo la lupa los mecanismos de contratación de material aeronáutico, con denuncias por presuntos sobreprecios, licitaciones direccionadas y escasa trazabilidad en los pagos. La licitación, resuelta en pocos días e impugnada por un competidor, se hizo el año pasado. La nave costó US $4.085.000 y una similar salía 2.300.000. Se pagaron 1.785.000 dólares más por un avión en peores condiciones. El proceso estuvo marcado por irregularidades, plazos inusualmente cortos y restricciones que favorecieron a un único proveedor.
El caso más reciente involucra la compra de un avión Embraer ERJ-140LR concretada en 2025, aunque las sospechas alcanzan también a operaciones realizadas desde 2021 con aeronaves Boeing, Saab y Embraer. Lo insólito del caso es que el ex ministro Luis Petri, admitió conocer la maniobra aunque no hizo nada para frenarla, sino que “la denunció” antes de abandonar el ministerio de Defensa. “Denuncié yo mismo este hecho en noviembre del 2025 cuando tomé conocimiento de la investigación periodística de Federico Teijero, que recién se publicó hoy. Hice la correspondiente denuncia penal en la Justicia Federal, antes de dejar mi cargo como Ministro de Defensa”, confesó Petri, quien se enteró por la investigación periodística y no por su equipo.
Según la denuncia, la incorporación del Embraer habría sido diseñada desde su origen para favorecer a un proveedor específico, con un proceso que avanzó en tiempos inusualmente breves y bajo condiciones cuestionadas por especialistas del sector aeronáutico. La licitación para sumar una aeronave de transporte mediano se inició en mayo de 2025 y, en menos de dos meses, ya había sido adjudicada,.
Uno de los principales puntos observados es que el requerimiento técnico habría sido impulsado por un ingeniero sin funciones operativas vinculadas al transporte aéreo, mientras que las especificaciones del pliego habrían sido redactadas de manera tal que solo ciertos modelos pudieran competir. Esa configuración, de acuerdo con las fuentes consultadas, terminó beneficiando a la firma Regional One Inc., que finalmente resultó adjudicataria.
También se cuestiona la ausencia de estudios de mercado que justificaran el valor final de la compra. La aeronave fue adquirida por más de cuatro millones de dólares, pese a que otra empresa había presentado una oferta por un avión similar a menor precio. Esa diferencia alimentó las sospechas de sobreprecio y encendió alertas sobre la razonabilidad de la operación.
A esto se suma un informe técnico posterior que detectó múltiples deficiencias en la unidad incorporada. Entre las observaciones se mencionan signos de desgaste excesivo, posibles fugas y faltantes de equipamiento considerado esencial para su operatividad, lo que profundizó las dudas sobre el estado real del avión adquirido.
Otro dato que generó fuerte controversia fue que la aeronave adjudicada ya se encontraba pintada con los colores de la Fuerza Aérea Argentina antes de concretarse formalmente la compra. La denuncia sostiene que el avión habría comenzado a ser acondicionado desde 2023, lo que refuerza la hipótesis de que la adjudicación estaba definida con anticipación.
Además, se puso bajo análisis el uso de cuentas “escrow” para canalizar los pagos. Si bien se trata de un mecanismo legal y habitual en algunas operaciones internacionales, los denunciantes sostienen que dificulta la trazabilidad de los fondos y reduce la transparencia administrativa, especialmente en compras financiadas con recursos públicos.
Las acusaciones no se limitan a esta operación puntual. Según la investigación, existiría un patrón repetido en otras adquisiciones realizadas desde 2021, incluyendo aeronaves de fabricantes como Boeing, Saab y Embraer, todas con presuntas inconsistencias en precios, procedimientos y controles internos.
El caso ahora podría escalar en sede judicial y administrativa, mientras crecen los reclamos por mayor transparencia en las contrataciones de defensa. En un contexto de fuerte ajuste fiscal y revisión del gasto público, las denuncias sobre compras millonarias bajo sospecha abren un nuevo frente de tensión para el Gobierno nacional.