Las villas se quintuplicaron en dos décadas y la pobreza en ascenso va por más

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La falta de oportunidades educativas, laborales y sociales de los jóvenes contribuye al reclutamiento en el consumo y el comercio de drogas.

En línea con los reportes del Observatorio de la Deuda Social que periódicamente difunde la UCA, Unicef publicó en un informe que en Argentina 2 de cada 3 son pobres por ingresos o están privados de derechos básicos a la educación, la protección social, una vivienda o baño adecuado, el agua o un hábitat seguro. 

Del dramatismo que encierran estos datos estadísticos da pábulo que, en nuestro país, 7 de cada 10 niños, niñas y adolescentes se encuentran bajo la línea de pobreza.

Está a la vista. Basta con tomar nota que se erigieron 6.467 barrios populares, villas y asentamientos de todo el país, que en total ocupan una superficie tres veces más grande de la que de la Ciudad de Buenos Aires y en los que habita el 12% de la población, unas 5 millones de personas.

Figura en el último inventario efectuado por el Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP), con el decisivo aporte logístico de la ONG Techo Argentina y otras de la sociedad civil, presentado unos días antes que asumiera el presidente Javier Milei.

Casi un tercio de esos asentamientos está en la provincia de Buenos Aires: 2065.

De la acumulación de datos de barrios populares que centraliza el Renabap desde 2017 e iniciara la ONG Techo en 2009, al que denominan Relevamiento de Asentamientos Informales (RAI), surgen falencias sociales que dejan al descubierto una espeluznante desigualdad 

En grandes números, el 66% de los residentes no accede a un suministro formal de energía eléctrica, el 92% no cuenta con agua potable, el 97% no está conectado a la red cloacal y el 99% recibe al suministro de gas domiciliario, por lo que debe comprar onerosas garrafas o usar los peligrosos braseros.

Además, el 87% de las mujeres que viven en esos barrios son responsables de hogar, y sólo un 31%, que incluye a las travestis-trans, tiene trabajo con ingresos.

Orígenes

“Más del 70% de la conformación de los barrios populares de la Argentina se dio de una manera que se conoce como ‘ocupación de tipo hormiga’: una familia o un grupo de familias se asientan en un lugar que estaba abandonado, donde nadie está haciendo uso de la tierra, y después van convocando a otras”, reflexiona Juan Maquieyra, director de la organización social Techo Argentina.

Y añade: “Sólo hablamos de los barrios populares cuando suceden casos que para la vida cotidiana son sueltos”. 

Se refiere a las corrientes demonizadoras que se crean en la opinión pública, reñidas con asesinatos, delincuencia, tráfico de drogas o directamente o como cuando les endilgan que pretenden vivir de los favores ajenos, pluralizando por unos pocos que se hacen notar. 

La ONG católica Cáritas recuerda al respecto que 519 de los más de 6.000 barrios llevan nombres de santos y santas y, de ellos, a 100 los bautizaron San Cayetano, el patrono del trabajo. A la vez, destacan que repiten mucho las palabras esperanza y unión.

El prejuicio contra los villeros, por otra parte, fue desacreditado y dado vuelta en un informe del Observatorio de Argentinos por la Educación y la Secretaría de Integración Socio Urbana del ex Ministerio de Desarrollo de la Nación, que se basa en una encuesta de alcance nacional a una muestra exploratoria de 540 familias de barrios populares con hijos e hijas en la escuela primaria y secundaria. 

Esta compulsa junto a un estudio etnográfico que buscó identificar las demandas y expectativas de estas familias respecto de la educación de sus hijos/as, generaron conclusiones inquietantes, como que “la falta de oportunidades educativas, laborales y sociales de los jóvenes en espacios vulnerables contribuyen a su reclutamiento en el consumo y en el comercio de drogas, sumado a otras actividades ilegales”.  

Advierte que los residentes en espacios con presencia de venta de drogas están más expuestos a situaciones de violencia y amedrentamiento, en un contexto de enfrentamiento entre grupos, familias o bandas que disputan los territorios. 

Los actores sociales, las familias, los jóvenes de barrios populares que no participan de estas actividades ilegales sufren el miedo, la indefensión y el acoso de las bandas o grupos ilegales.

El comercio de drogas en los barrios populares se ve favorecido por la ausencia del Estado y/o la convivencia de las fuerzas de seguridad con las actividades ilícitas, desgrana el documento.

“La vida de los barrios populares es la de gente que trabaja, que festeja cumpleaños, que llora y se alegra por las mismas cosas que los vecinos de otros barrios, pero sólo son noticia cuando sucede algo excepcional”, aboga Maquieyra.

Drogas

De acuerdo con la encuesta, en uno de cada cuatro hogares (26,5%) se identifica la venta y/o tráfico de drogas en su cuadra, manzana o vecindario. 

Ocurre en el 12,1% en la Ciudad de Buenos Aires, pero en un 31,1% en el conurbano bonaerense (y en un 32,8% en el Gran Rosario), por arriba de lo que caracteriza a otras grandes y medianas ciudades del país (26,7% y 25,7%, respectivamente). 

Es atribuido el incremento del riesgo de venta o tráfico de drogas en los barrios a la ausencia de presencia o vigilancia policial, en un 36,3%. Sin embargo, en caso de que existiera sólo reduciría el riesgo al 22%. 

La percepción de venta de drogas en las villas o asentamientos sube al 49,2%, así como al 41,2% en los barrios populares de clase baja. 

Comparativamente, en los barrios de clase media, este riesgo cae al 20,3% y en los de clase media-alta al 3,9%. No es que no exista el problema, pero es menor su prevalencia, así como también su visibilidad. 

La frecuencia aumenta en las villas y asentamientos de la Ciudad de Buenos Aires y de las no metropolitanas, pero se extiende mucho más en los barrios populares del conurbano bonaerense y de otras ciudades metropolitanas. 

En el Gran Rosario, la presencia de venta de drogas alcanza los valores comparativos más altos, tanto a nivel villas y asentamientos como a nivel general (76,3% y 32,8%, respectivamente), incluso cuando existe presencia policial en el barrio (38,6%).

A medida que aumenta la cantidad de carencias en materia de derechos para la inclusión social, también sube el riesgo a la presencia de venta y tráfico de drogas: 45,2% de hogares con tres o más carencias vs. al 10,5% de hogares sin carencias. 

Adicciones

El comercio ilícito de drogas y las adicciones a sustancias psicoactivas constituyen fenómenos vinculados que afectan de manera crucial las capacidades de desarrollo humano a nivel personal, familiar y colectivo, así como la autonomía, la seguridad y la convivencia social. 

La venta ilegal de drogas es un problema de alcance nacional cuya gravedad y extensión viene creciendo durante las últimas dos décadas a nivel general, pero sobre todo en los barrios más pobres, creando una entramado socioeconómico que debilita la integración social y las posibilidades de empoderamiento comunitario. 

Afecta a toda la sociedad, aunque las principales víctimas son los jóvenes de las diferentes clases sociales y regiones del país, especialmente aquellos socialmente excluidos que carecen de estructuras sociales, familiares y/o comunitarias de apoyo y contención.

Si bien la venta y consumo de sustancias ilícitas atraviesa toda la estructura social, es en los espacios urbanos más vulnerables donde adquiere mayor penetración, visibilidad y consecuencias más graves, formando parte estructural de la vida económica y social de los barrios vulnerables. 

El narcomenudeo en los barrios populares es una actividad económica que se apoya en una red de organización rudimentaria pero de mucho poder local debido a su extendida penetración entre los jóvenes, la participación de estructuras familiares, la ausencia del Estado y/o su convivencia con las fuerzas de seguridad. 

Dado sus altos niveles de rentabilidad abarca un amplio conjunto de actividades y actores que operan por fuera de la economía formal, y sus agentes compiten entre sí a través de la violencia y el reclutamiento de jóvenes vulnerables, en un mercado sin reglas ni regulaciones.

Renabap

Desde que fue convertido en política de Estado hace 9 años, para promover la inclusión social y urbana de quienes viven en villas y asentamientos del país, el Renabap dependía formalmente de la Secretaría de Integración Social y Urbana, aunque siempre con Techo como unidad ejecutora.

Fue constituido por ley 27.453 de 2018 (votada por amplía mayoría de sectores políticos), más conocida como ley de Barrios Populares, 

Formar parte del Renabap no sólo les otorgó a los barrios un paraguas de legitimidad, sino que también fue el primer paso para que, mediante obras de infraestructura, el Estado los integrara al tejido urbano. 

Pero, además, sus habitantes pueden acceder a un Certificado de Vivienda Familiar, lo que, además de brindarles amparos ante un eventual intento de desalojo, les permite tener un domicilio formal, paso fundamental para acceder a diferentes derechos, desde tramitar servicios básicos, hasta generar el CUIT o el CUIL y, con eso, recibir prestaciones en materia de salud, educación y previsionales.

Desde 2021 se destina un 9% del Impuesto País para financiar este fondo, que se reforzó con un 15% de lo recaudado por el Aporte Solidario y Extraordinario a las grandes fortunas“, recordó el comunicado.

De acuerdo a datos oficiales y evaluaciones externas (CIPPEC, 2023; ODSA-UCA, 2022; SISU, 2023), las obras ejecutadas a través de este programa abarcan más de 1200 proyectos en más de 300 municipios. 

A junio de 2023 estaban en ejecución casi 20.000 nuevos lotes con servicios y alrededor de 250.000 mejoras de viviendas destinadas a mujeres a través del programa “Mi Pieza”. 

Con distinta escala y profundidad, estas intervenciones han facilitado el acceso a infraestructura de servicios públicos y el mejoramiento habitacional en los barrios populares.

Fideicomiso

El gobierno de Milei suprimió en febrero el fideicomiso de Integración Socio Urbana (FISU), destinado a obras de infraestructura y para avanzar en la creación de lotes con servicio.

Lo fundamentó en presuntas irregularidades en su administración y personalizó la acusación en el dirigente social Juan Grabois.

Para su cumplimiento, se afectarían los terrenos habitados que no pertenezcan al Estado nacional, sean declarados de utilidad pública y, en consecuencia, expropiados. 

La norma frenó los desalojos de los barrios incluidos en el registro hasta 2022 y, hace dos años, mediante un decreto, se extendió ese plazo por 10 años más, es decir, hasta 2032.

Las ONGs ACIJ, Techo y Hábitat para la Humanidad Argentina, en un comunicado conjunto, reclamaron la continuidad de las políticas de integración sociourbana de barrios populares y plantearon que “es fundamental sostener e incluso ampliar” el financiamiento de esos programas porque, “de lo contrario, solo se agravará la situación de un amplio sector de la población que vive en condiciones de alta vulnerabilidad”.

La acción que mancomunan no da abasto. Proyecto 7, que es una organización integrada por y para gente en situación de calle, celebró convenios con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y entidades privadas, más la ayuda de personas físicas, para hacer “las cuatro comidas para alrededor de 400 personas por día”, lo que no obstante, para Horacio Ávila, tu titular, “siempre todo es insuficiente”.

Fundamenta en que “solo en Ciudad de Buenos Aires, hay más de 12.000 personas en situación de calle”.

“Es un número realmente exorbitante y, lamentablemente, tenemos que decir que va aumentando y no hay respuesta del Estado”, aseveró.

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Programa de conectividad de Enacom beneficiará a 25 mil familias en Misiones

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En la Provincia de Misiones hay 119 barrios populares que ya cuentan con  proyectos con Aportes No Reembolsables (ANR) del Fondo Fiduciario del Servicio Universal (FFSU).

El proyecto  beneficiara a más de 25.250 familias, las mismas accederán a  conectividad con puntos tecnológicos y red wi -fi

La iniciativa tiene como objetivo la implementación de proyectos que mejoren y/o posibiliten la prestación de servicio fijo de acceso a Internet de banda ancha y/o, fundamentalmente, el reemplazo de los actuales tendidos con la incorporación de fibra óptica.

El 15 de agosto se reunió el directorio del Ente Nacional de comunicaciones y aprobó con el acta N 90/2023 la nueva adjudicación para beneficiar a 45 barrios populares dentro del RENABAP en la provincia de Misiones.

Las empresas adjudicatarias para implementar el proyecto serian la Licenciataria FG CONEXIONES S.R.L  y la  Asociación civil PROYECTO MISIONES CDM en el marco de la convocatoria dispuesta mediante resolución ENACOM N1967/2022 para el programa  para el Desarrollo de infraestructura para internet destinado a villas y asentamientos  inscriptos en el Registro Nacional de Barrios populares

Los barrios alcanzados serian: La Cantera-La Tablada-San Onofre-Lapachitos- Villa cariño- Prosol I-Villa de la chacra –San Lucas-Altos de bellavista- San Onofre I- Cerro Pelón-Villa del barrio Rocamora-Villa dela chacra 17- Chacra 26-Villa del Barrio Irigoyen- Chacra 244-El Pièdral- Madariaga-Los Paraísos-Chacra 210-Estepa-El porvenir- Villa dela Chacra 65-Santa Clara-Miguel Lanús-Villa del Barrio Unidos-Miguel Lanús sector B Santa clara 3- Sauer-Don Santiago-La esperanza-Villa Bonita-Papa Francisco-Barrio Nuevo Garupà-Horacio Quiroga-Los Potrillos-Tablada Norte-San Cayetano- Punta Alta-Barrio ÑU Porà-Villa del Barrio –La ripiera- Vecinos unidos y Santa Catalina

El despliegue de la infraestructura de conectividad resulta necesario para los barrios populares y sus habitantes, ya que conforma el acceso a nuevos derechos a través de servicios esenciales que el Estado nacional ha definido como prioritario garantizar en toda la Argentina.

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Funcionarios nacionales valoraron obras ejecutadas por la comunidad en el barrio Los Lapachitos

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Un grupo de funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, estuvo en Misiones, y recorrió las obras de conexiones domiciliarias e instalaciones intra lotes de energía eléctrica, red de agua y cloacas que se realizan en barrio Lapachitos, registrado por Renabap.

El director nacional de Desarrollo Socio Comunitario, Álvaro Llambi, junto a Matías Mora y Belén Guglielmone, visitaron trabajos aprobados por la Secretaría de Integración Socio Urbana de Desarrollo Social, que garantiza el acceso a redes de agua, cloacas y electricidad, así como regularizar tenencias de tierras para familias en más de 5.600 barrios populares de todo el país.

Las obras tempranas de Lapachitos, declaradas de Interés Provincial por la Legislatura, a través de un proyecto del diputado Martín Sereno (Bloque Legislativo Tierra, Techo y Trabajo), son ejecutadas por los mismos vecinos, militantes del Movimiento Evita, que viven en el barrio y conforman más de 270 familias.
Los funcionarios estuvieron acompañados por el diputado Jorge Páez (MC), actualmente responsable en la provincia del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (Inaes).
“Nos encontramos con un trabajo avanzado que arrancó hace dos meses con una fuerte tarea de los trabajadores -vecinos del barrio- que integran una cooperativa. Espero volver a Misiones cuando las obras estén terminadas, compartiendo con las familias la felicidad de ayudar a cumplir las banderas del peronismo: tierra, techo y trabajo”, dijo Llambi.

En el mismo barrio visitaron un espacio en el que se instalará un punto de comunidad digital para que Lapachitos tenga conectividad y acceso tecnológico. Estará equipado con elementos que proveerá la Nación y en él se harán capacitaciones en oficios digitales para jóvenes del barrio, cuya formación estará a cargo del Sindicato de Unión de Informáticos.

Articular capacitaciones con la universidad 
El grupo además se reunió con el vicedecano de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la UNaM, Cristian Garrido y otros docentes en el marco de la firma de un convenio de articulación para formar equipos administrativos de cooperativas y fortalecer la integración sociourbana con la Facultad, que junto con el Inaes aportará docentes y  materiales.
“Vamos a trabajar en capacitaciones para el fortalecimiento institucional de las cooperativas de trabajo, porque nuestra Secretaría que trabaja con la urbanización de los barrios, tiene mucho que ver con la economía popular y cooperativas. Entonces, pensamos en una formación en conjunto de cuadros administrativos para cooperativas de trabajo en los barrios populares”, afirmó el funcionario.

Bonpland: Ponen en valor el Potenciar Trabajo 
Por la tarde los funcionarios nacionales estuvieron en Bonpland, y junto con Cristina Bóveda, referente del Movimiento Evita y del espacio político TTT, recorrieron unidades productivas del Programa Potenciar Trabajo y el Espacio de Primera infancia (EPI) que funciona en la localidad.
Llambi que tiene una amplia experiencia en militar territorialmente en la urbanización de barrios populares de la provincia de Buenos Aires, remarcó que la convicción del Gobierno Nacional es que el Estado está para transformar y generar proyectos como los del Potenciar Trabajo que cambien la vida de las personas.

“Nos moviliza que la comunidad viva con dignidad y también es nuestra responsabilidad como Estado hacer un proceso a nivel nacional con herramientas estatales y el protagonismo de nuestro pueblo y de los movimientos populares para transformar la realidad de los y las trabajadoras más humildes”.

A ese objetivo -indicó- se suma generar trabajo, porque la mayoría de las cooperativas están integradas por vecinos y vecinas, con un esquema distinto al de las empresas que contratan trabajadores de afuera. 

“Buscamos que haya trabajo con paridad de género y capacidad instalada y recursos del Estado en los barrios para que el proceso de urbanización sea más rápido”, señaló el director nacional.

Fomentar tareas de las cooperativas
El delegado del Inaes en Misiones, Jorge Páez, ponderó el acompañamiento de los funcionarios que ponen en valor el proyecto de obras tempranas en Lapachitos, donde hablaron con el responsable técnico, la coordinadora social, Paula Ávalos, referente del Movimiento Evita, y con vecinos y vecinas que expresaron su alegría por el cambio que significan estas obras en sus condiciones de vida.
Hasta el momento se hicieron más de 60 instalaciones eléctricas y red de agua. “Desde nuestro espacio queremos que lo que se hace en Lapachitos se traslade a otros barrios fomentando un trabajo de calidad con las cooperativas, y además equiparlas para que después se queden con herramientas y materiales para seguir trabajando en otros lugares”, indicó Jorge Páez.
En principio en el barrio están propuestas 200 conexiones de energía, agua y cloacas; pero dada la cantidad de familias, “vamos a comenzar a gestionar la ampliación e incluso quizás una futura obra para el barrio lindante”, dijo el dirigente.

Abrir una puerta con la universidad

En el encuentro con el vicedecano de la Facultad de Humanidades de la UNaM, institución con la que llevarán adelante el convenio para el Curso de Formación en Economía Social y Cooperativismo, se resolvió dar clases en las sedes de la UNaM y en algunos locales del Movimiento Evita.

Páez hizo hincapié en el objetivo de formar equipos de trabajo orientados a jóvenes en gestión administrativa, e incluso para la constitución de las cooperativas con nuevas metodologías, más simplificadas que actualmente posee el Inaes.
“Es muy importante abrir esa puerta con la universidad para apoyar la formación en el mundo de la economía popular que tiene tantos trabajos y grupos dedicados a distintas actividades productivas, de servicio, y de cuidados”.

Estas tareas muchas veces carecen de acceso a la capacitación para formalizar esos espacios. “Sólo así los y las trabajadoras podrán construir este presente y el futuro”, afirmó el delegado del Inaes.

Formación en barrios del Renabap
Los funcionarios también se reunieron con las militantes del Evita, Gisela Troche y Paula Ávalos, que junto con José Núñez, de Puerto Iguazú, trabajan en la formación en temáticas de barrios populares, para replicar esquemas de formación con las familias, las comisiones barriales, y otras instituciones populares.
“Se busca contar con toda la información de gestión y de posibilidades que brindan estas políticas del Estado de urbanización. Es una iniciativa que permitirá formar compañeros y compañeras que ayuden en los procesos de gestión de las familias de barrios Renabap, y apoyarlas en el armado de mesas interinstitucionales vinculadas con las temáticas barriales, los gobiernos locales y las instituciones que proveen servicios de agua, luz, etc. y en la urbanización. Es decir que las mismas  familias construyan avances de calidad que se necesitan en los barrios”, expresó el diputado (MC).

Con estas iniciativas pretenden construir soluciones con la participación, organización y compromiso de los vecinos a través de políticas públicas del Estado, que “no se pueden llevar adelante por sí mismas: requieren el protagonismo y el trabajo de las familias de los barrios populares”, reiteró Páez.

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