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El RENATRE apuesta a ordenar el mercado laboral rural con un nuevo programa federal

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El mercado laboral rural suma una nueva herramienta institucional. El Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (RENATRE) creó el Programa de Empleo Rural (PER), una plataforma de intermediación laboral que conecta oferta y demanda de trabajo en el sector agropecuario y forestal, con foco en empleo formal, capacitación y productividad. La decisión quedó plasmada en la Resolución 20/2026, publicada el 2 de marzo de 2026 en el Boletín Oficial, y deja sin efecto el esquema previo aprobado en 2019.

El cambio importa ahora porque apunta a uno de los cuellos de botella más persistentes del sector: la dificultad simultánea de los empleadores para conseguir mano de obra registrada y de los trabajadores para acceder a empleos formales y estables. El PER busca cubrir ese vacío con una intermediación activa, federal y digital, financiada con recursos propios del organismo.

Qué establece la norma, en términos económicos

La resolución crea formalmente el Programa de Empleo Rural (PER) en la órbita del RENATRE y lo define como un servicio de intermediación laboral asistida. No se trata solo de un registro pasivo: el programa contempla entrevistas, diagnóstico de perfiles, vinculación con búsquedas concretas y acompañamiento en el alta temprana del trabajador.

El esquema está dirigido a trabajadores y empleadores rurales inscriptos en el RENATRE, con especial atención a beneficiarios del sistema de prestaciones por desempleo. Para los empleadores, la consecuencia operativa es clara: acceso a una base validada de perfiles laborales, asistencia técnica en el reclutamiento y reducción del costo de búsqueda. Para los trabajadores, mayor visibilidad de su perfil, orientación laboral y acceso a capacitaciones específicas.

La norma también define que la selección final no obliga a contratar, preservando la decisión empresaria, pero incorpora trazabilidad y seguimiento del proceso, reforzando la formalización de los vínculos laborales.

Contexto

El PER reemplaza a la Resolución 189/2019, que había establecido un esquema anterior de intermediación. La nueva iniciativa amplía el alcance y la ambición del instrumento, en línea con las funciones que la ley asigna al RENATRE de centralizar información y facilitar contrataciones en un sector caracterizado por la estacionalidad, la dispersión territorial y la informalidad estructural.

El programa se inscribe en un contexto de economías regionales presionadas, donde la productividad y el arraigo rural dependen cada vez más de contar con mano de obra capacitada y registrada. La norma reconoce ese problema y propone una herramienta superadora del simple registro administrativo.

Impacto concreto

El impacto económico no viene por la vía de subsidios directos ni cambios salariales, sino por la reducción de fricciones en el mercado laboral rural. Para las empresas agropecuarias y forestales, el PER puede bajar costos de contratación, acortar tiempos de búsqueda y mejorar el “match” entre puesto y trabajador.

En términos de empleo, el objetivo explícito es ampliar el trabajo formal, con efectos indirectos sobre la recaudación de aportes y contribuciones y sobre la cobertura de la seguridad social. También puede mejorar la competitividad de las unidades productivas al fortalecer competencias laborales alineadas con las necesidades reales de cada actividad.

Los sectores más beneficiados serían aquellos intensivos en mano de obra y con alta rotación estacional, mientras que el desafío estará en lograr una adopción efectiva del sistema en todo el territorio.

Continuidad y fortalecimiento institucional

La resolución envía una señal de continuidad y fortalecimiento institucional más que de giro. No desregula el mercado laboral rural, sino que refuerza la intervención del RENATRE como actor de articulación entre empleadores y trabajadores. También marca una apuesta por la gestión digital y federal, con acompañamiento personalizado y uso de información registral.

Hacia el sector productivo, el mensaje es de apoyo a la formalización sin imponer nuevas cargas directas. Hacia los trabajadores, una señal de mayor presencia estatal en la facilitación del acceso al empleo registrado.

Qué habrá que mirar hacia adelante

El impacto real del PER se medirá en su capacidad de generar colocaciones efectivas, en la calidad de los perfiles formados y en la adhesión de empleadores de distintas economías regionales. En los próximos meses, el indicador clave será si la plataforma logra convertirse en un canal habitual de contratación y no solo en una herramienta complementaria dentro del ecosistema laboral rural.

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El RENATRE lanza el “Programa de Empleo Rural”

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El Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (RENATRE) lanza el Programa de Empleo Rural (PER), una iniciativa creada durante el período 2025 y aprobada por el Cuerpo Directivo del organismo bajo la Resolución Nº 20/2026, orientado a promover el empleo formal, mejorar las competencias de trabajadores y trabajadoras rurales, y fortalecer la productividad y competitividad de las unidades agropecuarias y forestales de todo el país.

El servicio es gratuito y está dirigido a empresas rurales registradas en el organismo que requieran cubrir puestos de trabajo y fortalecer las capacidades de sus equipos. En una primera etapa, estará orientado a personas trabajadoras rurales beneficiarias del Sistema Integral de Prestaciones por Desempleo (SIPRED).

Para acceder al programa, en el caso de las empresas, deben ingresar al Portal RENATRE e iniciar sesión con su cuenta registrada para gestionar el trámite; mientras que los trabajadores y trabajadoras solo deben completar con sus datos en el formulario web.

El objetivo fundamental del PER es conformar a largo plazo una red de perfiles laborales disponibles en línea con el fin de constituir un registro actualizado de personas rurales trabajadoras candidatas, dando a su vez asistencia técnica y personalizada a las empresas por parte del RENATRE, y brindando el seguimiento necesario en los procesos de selección y reclutamiento de personal. En el caso de las y los trabajadores beneficiarios de la prestación por desempleo, el programa contempla orientación y acompañamiento en la búsqueda laboral, capacitaciones en habilidades técnicas y blandas con certificación de competencias laborales, y asesoramiento sobre el cumplimiento de la normativa laboral vigente.

“Con el desarrollo de este servicio, buscamos posicionar al RENATRE como el puente ideal entre los sectores empleador y trabajador. Brindamos al empleador la seguridad de poder contar con personal calificado y confiable, y al trabajador o trabajadora un espacio donde va a recibir apoyo para su contratación. Nuestra gestión abarca a una gran comunidad para seguir adelante con este proyecto, beneficiando directamente a más de 56 mil productores y 325 mil trabajadores en todo el país”, afirmó el presidente del registro, Abel Guerrieri.

Asimismo, el director del RENATRE, José Voytenco, destacó que este programa, cuya planificación estratégica se remonta a 2025 durante su presidencia en el organismo, “fortalece el trabajo rural, garantizando que cada trabajador y trabajadora accedan a un acompañamiento efectivo del Registro en su búsqueda de empleo. A través del PER, buscamos que el trabajo en el campo sea sinónimo de crecimiento y de un futuro más seguro para la familia rural”.

Con esta propuesta, el RENATRE busca fortalecer el desarrollo territorial, promover el arraigo de las familias rurales y contribuir al crecimiento productivo del sector.

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El RENATRE presentó la Certificación Empresarial de Prácticas Laborales Sostenibles en la Bolsa de Comercio de Rosario

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El Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (RENATRE) presentó la Certificación de Prácticas Laborales Sostenibles (PLS) a autoridades de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), en el marco de una reunión realizada el pasado 3 de febrero en dicha ciudad.

Del encuentro participaron, por parte del RENATRE, el delegado provincial de Santa Fe Sur, Andrés Alasia, y el delegado provincial de Buenos Aires Norte, Rodrigo Esponda. En representación de la Bolsa de Comercio de Rosario estuvieron presentes el director de Relaciones Institucionales, Andrés Williams; la gerenta de la Fundación BCR, Anaclara Dalla Valle; y el gerente de Servicios Digitales, Darío Biolatto.

Durante la reunión, los representantes del Registro expusieron los alcances y características de la Certificación de Prácticas Laborales Sostenibles, una iniciativa recientemente lanzada por el RENATRE que reconoce a las empresas rurales que cumplen con la normativa laboral vigente y promueven una gestión responsable basada en los derechos humanos y laborales.

Por su parte, las autoridades de la BCR compartieron las acciones que la institución viene desarrollando en materia de promoción territorial e integración, y destacaron la elaboración de su Reporte de Sostenibilidad, en el marco de la adhesión formal de la Bolsa a la Red Pacto Global en 2018. Esta adhesión impulsa estrategias de sostenibilidad integral a través de programas, acciones y alianzas orientadas a la creación de valor social, ambiental, ético y económico, incluyendo ejes como el trabajo decente, la salud y el bienestar.

En este contexto, ambas instituciones delinearon distintas líneas de trabajo conjunto con el objetivo de dar visibilidad durante el año a la Certificación de Prácticas Laborales Sostenibles y promover su implementación en el territorio de la provincia.

Desde el RENATRE se destacó la importancia de fortalecer este tipo de articulaciones con actores estratégicos del sector productivo, con el fin de consolidar prácticas laborales responsables que contribuyan a mejorar las condiciones de trabajo y a promover un desarrollo rural sostenible.

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Yerba sin reglas: “La desregulación no trajo libertad, trajo concentración y pobreza rural”

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La crisis que atraviesa el sector yerbatero tiene, para Roberto Buser, un origen claro y reciente. Representante de CONINAGRO en el Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (RENATRE), el dirigente sostiene que la desregulación del mercado, profundizada desde diciembre de 2023, alteró de manera drástica el equilibrio de toda la cadena productiva y golpeó de lleno a productores y trabajadores rurales.

Buser señala que la puesta en marcha del DNU 70/2023, con la asunción del presidente Javier Milei, marcó un punto de quiebre al quitarle al Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) sus principales herramientas de intervención. Entre ellas, la facultad de regular la actividad y fijar precios de referencia para la hoja verde. Lejos de generar un mercado más eficiente, advierte, la medida produjo un impacto inmediato y negativo sobre los eslabones más débiles del sistema.

Según su análisis, en apenas tres o cuatro meses desde la vigencia del decreto, el precio que perciben los productores cayó alrededor de un 30%. Si se amplía la mirada a los últimos dos años, la situación es aún más crítica: hoy se recibe menos del 50% de lo que se cobraba por el mismo volumen de hoja verde. Esa pérdida, remarca, no se distribuyó a lo largo de toda la cadena, sino que se concentró casi exclusivamente en los productores primarios, mientras que los grandes compradores y molinos se beneficiaron pagando menos por la materia prima.

La eliminación del precio de referencia dejó al productor sin capacidad real de negociación. Antes de la desregulación, el INYM calculaba el costo de producción teniendo en cuenta salarios rurales, insumos y gastos operativos, y a partir de ese esquema establecía valores que garantizaban una rentabilidad mínima, con actualizaciones periódicas frente a la inflación. Con ese mecanismo fuera de juego, los productores quedaron obligados a aceptar los precios impuestos por los grandes actores del mercado.

Buser remarca que los más perjudicados son los pequeños y medianos productores, que en su mayoría no cuentan con secaderos propios y deben vender su producción a establecimientos privados, cooperativos o ligados a grandes empresas. Esa dependencia los coloca en una posición de extrema debilidad. La caída de los ingresos redujo de manera drástica la capacidad de afrontar los costos de producción, entre ellos la mano de obra, que representa cerca del 67% del costo total de la actividad yerbatera.

El impacto, subraya, no se limita al plano productivo. La crisis se trasladó de forma directa al empleo rural. Ante la imposibilidad de cumplir con aportes y contribuciones, muchos productores se vieron empujados a esquemas de informalidad. El resultado es una mayor vulnerabilidad para los trabajadores rurales, que quedan fuera de la registración y sin cobertura de los sistemas de protección social. En este escenario, Buser destaca el rol del RENATRE como organismo clave para garantizar derechos laborales, aunque reconoce que la caída de la registración es una consecuencia directa de la crisis económica del sector.

Para el dirigente, el proceso actual no es nuevo. La historia del sector yerbatero muestra que cada experiencia de desregulación desembocó en crisis profundas. Recuerda que en la década de 1930, frente a un escenario de superproducción, se creó la Comisión Reguladora de la Yerba Mate (CRYM), que durante más de seis décadas permitió ordenar la actividad. Sin embargo, en los años noventa, durante el gobierno de Carlos Menem y la gestión económica de Domingo Cavallo, la CRYM fue desregulada, generando concentración del mercado y una fuerte caída de los ingresos de los productores.

En aquel período existía un mercado consignatario que fijaba precios de referencia en función de los costos de producción, lo que permitía acceder a crédito, financiar la cosecha y evitar la venta forzada a valores de remate. Con la eliminación de ese sistema, los productores quedaron nuevamente expuestos a las condiciones impuestas por los grandes compradores.

El INYM, recuerda Buser, nació como respuesta a ese fracaso. Su estructura participativa, con representación del Estado nacional, Misiones, Corrientes, trabajadores rurales, productores, secaderos y molineros, permitió durante años un equilibrio relativo entre los distintos intereses de la cadena. Vaciar al Instituto de sus funciones centrales implica, a su entender, desconocer ese aprendizaje histórico y repetir errores ya conocidos.

A este cuadro se suma un factor estructural que agrava la crisis. Antes de la desregulación, el INYM había detectado mediante imágenes satelitales más de 30.000 hectáreas nuevas de plantaciones que aún no habían entrado en producción. Al tratarse de un cultivo que demora entre cinco y seis años en rendir, el Instituto preveía que el ingreso simultáneo de esas hectáreas podía provocar un exceso de oferta y una caída de precios.

Para evitarlo, se regulaba la expansión de nuevas plantaciones, no para prohibir producir, sino para ordenar el crecimiento del sector. Con la liberalización total, ese control desapareció. Según Buser, quienes pudieron invertir en grandes extensiones fueron grandes capitales con capacidad financiera para esperar años sin ingresos, mientras que los pequeños productores quedaron expuestos a la caída de precios cuando esa producción comienza a volcarse al mercado.

Hoy, advierte, el mercado yerbatero muestra una alta concentración: alrededor del 80% de la comercialización está en manos de apenas cinco empresas. No se trata de un mercado competitivo, sino de un oligopsonio donde pocos compradores fijan condiciones. La baja del precio en origen no se traduce en mayor consumo —que es estable— sino en una transferencia directa de ingresos desde los productores hacia los grandes actores.

Buser también cuestiona la norma publicada en diciembre de 2025, que terminó de eliminar las últimas herramientas reglamentarias del INYM. Desde la visión oficial, esas regulaciones eran consideradas trabas. Para el sector productivo, cumplían la función de ordenar la actividad y evitar desequilibrios que hoy afectan de manera directa a productores y trabajadores.

En ese marco, el dirigente plantea que el Estado debería recuperar herramientas de regulación. No para frenar la producción ni distorsionar el mercado, sino para garantizar reglas claras y un mínimo equilibrio en la cadena. Sin planificación, sin precios de referencia y sin protección del empleo rural, concluye, la desregulación no genera libertad económica, sino concentración, exclusión y precarización.

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El RENATRE aumentó 3% la prestación por desempleo rural y fijó nuevos montos desde febrero

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El Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (RENATRE) dispuso un incremento del 3% en la Prestación por Desempleo del Sistema Integral de Prestaciones por Desempleo, con vigencia a partir del 1 de febrero de 2026. La medida quedó formalizada mediante la Resolución 11/2026, adoptada el 23 de enero y publicada en el Boletín Oficial el 29 de enero, y eleva el monto máximo a $356.895 y el mínimo a $178.448. La decisión impacta directamente en el esquema de protección social del trabajo rural y en la administración de los recursos del sistema, financiado por aportes patronales.

Marco legal, financiamiento y antecedentes del sistema

La resolución se inscribe en el marco de la Ley N° 25.191, que creó el RENATRE como ente autárquico de derecho público no estatal, con integración de representantes de las organizaciones empresarias y sindicales del sector rural. La norma también instituyó el Sistema Integral de Prestaciones por Desempleo, cuyo financiamiento se sustenta en una contribución mensual del 1,5% del total de la remuneración abonada a cada trabajador, a cargo del empleador rural, conforme lo establece el artículo 14 de la ley.

Como antecedente inmediato, mediante la Resolución RENATRE N° 120/25 (Boletín Oficial del 20 de noviembre de 2025), el organismo había fijado los topes de la prestación en $346.500 como monto máximo y $173.250 como monto mínimo, con vigencia desde el 1 de diciembre de 2025. Esa resolución fue ahora derogada por el artículo 1° de la Resolución 11/2026, en función del nuevo ajuste aprobado por el Directorio.

En los considerandos, el RENATRE recuerda que el Sistema Integral de Prestaciones por Desempleo constituye uno de los pilares del régimen de protección social para los trabajadores rurales, y que su actualización periódica resulta clave para preservar el alcance real del beneficio.

La decisión del Directorio y los nuevos montos vigentes

La actualización fue aprobada por el Cuerpo Directivo del RENATRE en su reunión del 21 de enero de 2026, según consta en el Acta de Directorio N° 157. Allí se resolvió aplicar un incremento del 3% sobre el beneficio ordinario de la prestación.

Como resultado de ese ajuste, el artículo 2° de la resolución establece que, a partir del 1 de febrero de 2026, la Prestación por Desempleo tendrá un monto máximo de $356.895 y un monto mínimo de $178.448. El texto precisa que las erogaciones financieras necesarias para afrontar la medida serán atendidas con los recursos previstos en el artículo 13 de la Ley N° 25.191, es decir, con fondos propios del sistema.

La resolución cuenta con las intervenciones de la Gerencia General, la Subgerencia, los departamentos de Recaudación, Contabilidad y Finanzas, Prestaciones por Desempleo y Asuntos Jurídicos, y fue dictada en uso de las facultades conferidas por el artículo 8 de la ley que regula al organismo.

Impacto en trabajadores rurales y empleadores

Desde el punto de vista social, la medida tiene un impacto directo sobre los trabajadores rurales beneficiarios del sistema, al elevar los pisos y techos de la prestación en un contexto de actualización periódica de los beneficios. En términos prácticos, el aumento busca sostener el poder de cobertura del seguro de desempleo para un sector caracterizado por la estacionalidad y la informalidad histórica.

Para los empleadores rurales, el esquema de financiamiento no introduce cambios en la alícuota de aportes —que se mantiene en el 1,5% de la remuneración—, aunque el incremento de los beneficios implica una mayor exigencia de eficiencia en la administración de los recursos del sistema. En el plano institucional, la resolución refuerza el rol del RENATRE como administrador del régimen y como ámbito de articulación entre los actores empresariales y sindicales del sector.

La medida entra en vigencia con su publicación oficial y tendrá efectos económicos concretos desde febrero, marcando un nuevo parámetro para la cobertura por desempleo en el trabajo rural.

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