Represión

Repudian el fallo de la Corte Suprema que otorga el 2×1 a represores

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Desde la Dirección General de Derechos Humanos del municipio de Posadas expresaron su enérgico repudio por la decisión tomada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación al otorgar la aplicación de la Ley 24.390, conocida como 2×1, a condenados por delitos de Lesa Humanidad durante la última dictadura militar en la Argentina.

Hasta el momento se relevaron 343 sentencias condenatorias y concluyeron que 278 represores sentenciados están en condiciones de pedir el beneficio del 2×1 y quedar libres, lo que representa el 52 por ciento de los condenados que están bajo arresto.

La directora General de Derechos Humanos, Clara Melgarejo subrayó que “este fallo equivale a un grave retroceso en materia de los Derechos Humanos de nuestro país. “Los delitos de lesa humanidad son imprescriptibles y no hay amnistía ni indulto que pueda modificarlos”, dijo la funcionaria.

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La Corte Suprema declaró aplicable el cómputo del 2×1 para la prisión en un caso de delitos de lesa humanidad

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La decisión de la mayoría, constituida por los ministros Highton, Rosenkrantz y Rosatti, declara aplicable la ley 24.390 (conocida como 2 x 1), que estuvo vigente entre los años 1994 y 2001, hoy derogada, que reduce el cómputo de la prisión, porque se trata de la ley más benigna.

En disidencia, votaron los jueces Lorenzetti y Maqueda, quienes señalan que esa reducción no es aplicable a los delitos de lesa humanidad.

La sentencia fue dictada en el caso de Luis Muiña (Expte “BIGNONE, Benito A. y otro s/recurso extraordinario”).
Mayoría integrada por Highton, Rosenkrantz y Rosatti

Voto de los jueces Highton y Rosenkrantz

En un voto conjunto los jueces Rosenkrantz y Highton consideraron que la resolución de la Cámara se había apartado de las normas convencionales (artículos 9 de la Convención Americana de Derechos Humanos y 15.1. del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos ) y constitucionales (artículo 18 de la Constitución Nacional), que resultaban  conducentes para la debida solución del caso. Sostuvieron asimismo que el artículo 2 del Código Penal establece que el beneficio de la aplicación de la ley penal más benigna resulta extensivo a todos los delitos, sin realizar distinción alguna (pusieron de relieve que dicho artículo utiliza el adverbio “siempre” para determinar las circunstancias en las que el derecho a la aplicación de la ley penal más benigna debe concederse) y concluyeron que los tribunales no podían negar a algunos lo que debe otorgarse a todos.

Asimismo destacaron su apego al precedente “Arce” (Fallos 331:472) donde se decidió que a los efectos de la aplicación de la ley penal más benigna  lo que importa es que el delito se hubiera cometido durante su vigencia, siendo irrelevante que el imputado hubiera estado detenido o no durante dicho lapso.

Resolvieron además que la decisión de Casación debía revocarse,  en tanto el artículo 2 del Código Penal, contrariamente a lo que dicho tribunal sostuvo, no condicionaba la aplicación del principio de la ley penal más benigna al cambio de valoración social sino a la existencia de una ley más beneficiosa para el imputado, haciendo hincapié en que en un estado democrático los cambios de valoración se documentan mediante la sanción de nuevas leyes de acuerdo con el procedimiento constitucionalmente establecido, lo que entre nosotros sucedió con la sanción de la ley 24.390 que, justamente, concedía este beneficio.

A todo evento, los Jueces Highton y Rosenkrantz sostuvieron que aun si hubiera alguna duda sobre la aplicabilidad del artículo 2 del Código Penal a delitos como los cometidos por Muiña, debe resolverse en favor del acusado en virtud de las exigencias del principio de legalidad, y que las conclusiones que en derecho corresponde aplicar en el caso no pueden ser conmovidas por el hecho de que el nombrado hubiera sido condenado por la comisión de delitos de lesa humanidad, pues en el texto de la ley 24.390 no se hace excepción respecto de tales delitos.

En su voto conjunto recordaron que la solución que propugnaban era, además, aquella internacionalmente aceptada, incluso para el caso de los delitos de lesa humanidad. Mencionaron al respecto que el Estatuto de Roma -instrumento constitutivo de la Corte Penal Internacional, tribunal permanente establecido para juzgar a los individuos responsables de los más graves delitos que afectan al mundo entero, tales como genocidio, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, cuya implementación se aprobó en nuestro país a través de la ley 26.200-, incorpora el principio de ley penal más benigna en su artículo 24.2 y que tribunales internacionales como el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia encargados de juzgar violaciones a los derechos humanos han reconocido el carácter imperativo de la aplicación de dicho principio.

Finalmente afirmaron también que la mejor respuesta que una sociedad respetuosa de la ley puede darle a la comisión de delitos de lesa humanidad, y la única manera de no parecerse a aquello que se combate y se reprueba, es el estricto cumplimiento de las leyes y de los principios que caracterizan el Estado de Derecho lo que en el caso exigía hacer lugar a la pretensión de Muiña.
Voto del juez Rosatti

En su voto, que conforma con sus fundamentos la mayoría, el juez Rosatti expuso el dilema moral que plantea en el juzgador la aplicación de un criterio de benignidad a condenados por delitos de lesa humanidad, para concluir que este dilema debe ser resuelto con la estricta aplicación de la Constitución y las leyes. Afirmó que si el legislador no previó un régimen diferenciado que excluyera la aplicación de la ley penal más benigna a los delitos de lesa humanidad no lo puede hacer ahora el juez, pues de otro modo éste se convertiría en aquel, violentándose el principio constitucional de división de poderes.

Agregó el magistrado que tal conclusión no supone desconocer que los delitos de lesa humanidad expresan el estadio más degradado en que ha caído la naturaleza humana, y tampoco conlleva ignorar que el régimen durante el cual se perpetraron los ilícitos probados en la causa descendió a niveles de inhumanidad nunca vistos en nuestro país desde la sanción de la Constitución Nacional, tal como lo describiera en sus votos en las casos “Villamil” y “Alespeiti”, de marzo y abril pasados.

Pero un Estado de Derecho, agregó el juez Rosatti, no es aquel que combate a la barbarie apartándose del ordenamiento jurídico sino respetando los derechos y garantías que han sido establecidos para todos, aun para los condenados por delitos aberrantes. La humanidad contra la cual fueron cometidos estos crímenes exige del Estado de Derecho la necesaria imparcialidad en la aplicación de las leyes referidas a su juzgamiento, pues de lo contrario se correría el riesgo de recorrer el mismo camino de declive moral que se transitó en el pasado.
Disidencia de los jueces Lorenzetti y Maqueda

Los jueces Lorenzetti y Maqueda, en disidencia con la mayoría y con votos concurrentes, sostienen que no se ha dado ningún cambio en la valoración de los delitos de lesa humanidad. Por el contrario, existe una consistencia en la definición, calificación y persecución de este tipo de delitos que se ha mantenido en diversos precedentes, no sólo de esta Corte Suprema, sino de todo el Poder Judicial. Más aún, puede decirse, como se lo ha señalado en diversos pronunciamientos institucionales de esta Corte como cabeza del Poder Judicial, que se trata de una política de estado, afirmada por los tres poderes, en diversas épocas, de modo que constituye parte del contrato social de los argentinos.

Que es por esta razón que es necesario calificar este caso, en primer lugar, como un aspecto de los delitos de lesa humanidad, tipificados por esta Corte (Fallos 328:2056). Respeto de esta categoría este Tribunal ha señalado que no hay posibilidad de amnistía ((Fallos 328:2056), ni de indulto (Fallos: 330:3248), ni se aplica a ellos el instituto de la prescripción (Arancibia Clavel), y que la persecución forma parte de los objetivos de la legislación internacional (Fallos: 330: 3248).

Por lo tanto, la ejecución de la pena, es, claramente, parte del concepto normativo antes descripto,  y una interpretación de la ley no puede llevar a una frustración de la finalidad persecutoria en este campo.

Que el principio de la ley penal más benigna tiene rango constitucional, y requiere la evaluación de si la ley posterior al hecho es la expresión de un cambio en la valoración de la clase de delito correspondiente a los hechos de la causa, lo que no ha ocurrido en el caso.

Que, por otro lado, el carácter permanente de un delito implica que si durante su lapso de consumación rigieron dos leyes, no se trata de un caso de sucesión de leyes penales (hipótesis del artículo 2 del Código Penal, donde se debe aplicar siempre la más benigna), sino de coexistencia de leyes. Por lo tanto, siguiendo este enfoque, se debe aplicar una sola ley que es la vigente en el último tramo de la conducta punible. En virtud de este otro argumento, es claro que respecto de Muiña resulta aplicable la ley 25.430 que derogó la mentada disposición de la ley 24.390.

Esta regla es la aceptada también por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ha establecido que “por tratarse de un delito de ejecución permanente,  es decir, cuya consumación se prolonga en el tiempo… la nueva ley resulta aplicable, sin que ello represente su aplicación retroactiva. En este mismo sentido se han pronunciado tribunales de la más alta jerarquía de los Estados del continente americano al aplicar normas penales en casos relativos a hechos cuyo principio de ejecución comenzó antes de la entrada en vigor del tipo penal respectivo” (“Gelman vs. Uruguay”, sentencia del 24 de febrero de 2011, apartado 236).
Hechos de la causa y su calificación legal

En la presente causa se atribuyó a Luis Muiña ser coautor del delito de privación ilegal de la libertad cometido por funcionario público con abuso de sus funciones o sin las formalidades prescriptas por la ley, agravado por el uso de violencia o amenazas, en concurso ideal con el delito de imposición de tormentos en relación con las condiciones de cautiverio impuestas, en concurso real con el delito de imposición de tormentos por un funcionario público al preso que guarde, reiterado en cinco (5) oportunidades en perjuicio de Gladys Evarista Cuervo, Jacobo Chester, Jorge Mario Roitman, Jacqueline Romano y Marta Elena Graiff (arts. 144 bis inciso primero y último párrafo en función del art. 142 inciso 1º -texto según ley 14.616- del Código Penal).

Los hechos tuvieron lugar en la madrugada del 28 de marzo de 1976, en el Hospital Posadas de Haedo, provincia de Buenos Aires, cuando un operativo militar con tanques y helicópteros comandado personalmente por Reynaldo Bignone ocupó dicho establecimiento sanitario y detuvo a personal del mismo que luego fue trasladado al centro clandestino de detención “El Chalet” que funcionó allí, donde fueron privados ilegalmente de la libertad y torturados.

Por su responsabilidad en dichos sucesos el 29/12/2011 Muiña fue condenado por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal nº 2 de esta ciudad a la pena de trece (13). El fallo quedó firme el 21/8/2013 cuanto la Corte declaró inadmisible –por aplicación del art. 280 del CPCCN– el recurso extraordinario articulado por la defensa del nombrado.

A partir del carácter firme de la condena, con fecha 9/9/2013, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal n° 2 efectuó el cómputo de detención y de pena de Muiña, teniendo en consideración las previsiones del art. 7 de la ley 24.390, determinando que su pena vencerá el 11 de noviembre de 2016.

Dicho cómputo fue observado y luego recurrido en casación por el Ministerio Público Fiscal, siendo finalmente anulado por la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, el 28/3/2014, que dispuso realizar un nuevo cómputo con prescindencia del beneficio consagrado en el art. 7 de la ley 24.390, en razón considerarlo inaplicable al caso.

Este último pronunciamiento es el que fue apelado ante la Corte por la defensa oficial del condenado en la queja por recurso extraordinario denegado CSJ 1574/2014.

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Alicia Kirchner dijo que la protesta frente a su residencia fue “un ataque planificado

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La gobernadora de Santa Cruz, Alicia Kirchner, denunció un “ataque planificado” a la residencia oficial local por parte de un grupo de manifestantes, en momentos en que estaba en el lugar la expresidente Cristina de Kirchner y advirtió que “quieren mi cabeza” para la campaña electoral.

“Eramos cinco mujeres solas con una bebé de 18 meses” en la vivienda, incluida la exjefa de Estadoy su nieta, sostuvo la mandataria patagónica al relatar los hechos que se sucedieron durante una protesta que en la noche del pasado viernes se realizó frente a la residencia que ocupa en la ciudad de Río Gallegos.

En declaraciones a Radio 10, la exministra de Desarrollo Social rechazó que haya habido “represión” durante la manifestación que, según precisó, se desarrolló desde las 21 hasta las 3 de esta madrugada.

“Jamás voy a ejercer la represión. Lo que se ha hecho es un ataque y querían entrar a la vivienda. Hacer una marcha, cortar una calle, todo está bien, pero querer entrar a una casa es una barbaridad. Rompieron vidrios y puertas, el cordón de la vereda, rompieron el nicho de gas”, subrayó la referente del Frente para la Victoria, quien precisó que “hubo dos personas que fueron atendidas en el hospital”.

En ese sentido, insistió en que “querer entrar a la fuerza en una casa ya forma parte de un ataque planificado”. 

“Quizás recibieron instrucciones de (el consultor ecuatoriano Jaime) Durán Barba y quieren mi cabeza para la campaña electoral. Qué bueno sería para Durán Barba afirmar ´Alicia Kirchner se tuvo que ir de Santa Cruz´ para la campaña nacional” del oficialismo, planteó, al tiempo que se quejó por ser víctima de una presunta “persecución política”.

Consultada sobre la visión de la expresidenta ante los incidentes y la situación que atraviesa la provincia patagónica: “Cristina está absolutamente preocupada y se da cuenta muy bien de qué han querido hacer, querían mi cabeza, no tengan ninguna duda. Siempre están hostigando lo que fue el proyecto nacional”.

Asimismo, Alicia Kirchner reclamó al Gobierno nacional que le apruebe la posibilidad de emitir deuda por 350 millones de dólares y así sortear la situación provincial, a la que definió como “en estado crítico”.

“Tengo un déficit de 6.713 millones de pesos. Esta situación la conoce el Gobierno nacional. Yo necesito ayuda, es más estoy con el trámite de un bono que espero que pueda salir en 50 días. Vamos a salir, pero también necesito el apoyo de la Nación. Casi todas las provincias pudieron endeudarse, yo todavía no”, se quejó Alicia Kirchner.

Y finalizó: “Cómo no voy a estar desesperada o preocupada, porque realmente siento la necesidad de la gente, no es que no la siento. Me coloco al lado de mi pueblo”.

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Cuatro heridos en una manifestación que intentó ingresar a la residencia de Alicia Kirchner

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La policía de Santa Cruz reprimió una protesta espontánea que, pasada la medianoche, intentó ingresar a la residencia oficial de la gobernadora, en Río Gallegos, en reclamo del pago de haberes adeudados.

Al menos cuatro personas resultaron heridas cuando la policía de Santa Cruz reprimió una manifestación espontánea que, pasada la medianoche del viernes, intentó ingresar a la residencia oficial de la gobernadora Alicia Kirchner, en Río Gallegos, en reclamo del pago de haberes adeudados, luego de difundirse que la ex presidenta Cristina Kirchner había llegado al predio.

Tres heridos se registraron en el primer accionar de la Infantería, pasadas las 0,30, sobre el portón de la calle Piedra Buena, frente a la Jefatura policial, hacia donde se habían volcado los efectivos para dispersar a los manifestantes que lograron franquear la reja del otro ingreso hacia los jardines de la residencia oficial.

Un chofer de ambulancia terminó con varios perdigones de goma en su espalda, el fotógrafo Jorge Riquelme de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) – uno de los despedidos del periódico Prensa Libre, del empresario detenido Lázaro Báez- recibió una herida en la cabeza y un dirigente de izquierda resultó con una herida en la pierna.

Los primeros heridos fueron asistidos en el Hospital Regional Río Gallegos y la dirigencia de ATE informó que estaban fuera de peligro.

Un cuarto manifestante resultó herido en la cara, a la altura del ojo, avanzada la madrugada, durante otra acción de dispersión de las fuerzas policiales.

Otros manifestantes resultaron afectados por los gases lacrimógenos utilizados en reiteradas oportunidades por la Infantería, ante el accionar de un grupo reducido que, repudiado por el grueso de la protesta, arrojaban piedras hacia las ventanas de la residencia.

Los manifestantes esperaban cada oportunidad que se disiparan los gases para volver a apostarse frente a ambas puertas de la residencia, aunque, hacia las 2.30 de hoy, el número fue menguando.

La permanencia de la gobernadora y la ex presidenta en la residencia oficial no puedo ser confirmada, en tanto algunas fuentes especulaban que ambas se habían retirado del predio aprovechando la confusión durante los sucesivos tumultos.

El Ministerio de Seguridad, responsable de la seguridad de la ex presidenta Cristina Fernández, movilizó fuerzas de seguridad – Gendarmería y Policía Federal – desde el interior de Santa Cruz hacia la capital provincial, consignaron fuentes oficiales.

La protesta se inició pasadas las 21, cuando entre los sectores en conflicto por reclamos salariales y el pago de los haberes de marzo circuló en las redes sociales que la ex presidenta Cristina Fernández había ingresado a la residencia de la Gobernación.

Los manifestantes reclamaban el pago de salarios, tal como rezaban los carteles que pegaron en los portones de la residencia, al igual que los cánticos, al tiempo que hacían tronar ollas y palos, con lo que lograron sortear en el primer intento la reja sobre la calle Alcorta, además de encender fuego en las esquinas de Piedra Buena y Teófilo de Loqui.

Alrededor de las 23 comenzaron los momentos de tensión, cuando se hicieron presentes efectivos de Infantería y Bomberos y los manifestantes advirtieron las presencias del Ministro de Gobierno, Fernando Basanta y del Subsecretario del área, Lisandro de la Torre, adentro de la Jefatura de Policía, ubicada frente a la residencia oficial.

Dirigentes de la Asociación Docentes de Santa Cruz (Adosac) presentes en el lugar ingresaron al edificio de la Jefatura para dialogar con los funcionarios provinciales, a quienes pidieron que fuera retirada la Infantería, para evitar enfrentamientos con los manifestantes.

Ezequiel Alós, titular de la filial Río Gallegos, luego de un enérgico cruce que mantuvo con los funcionarios citados, junto con el secretario adjunto de la Adosac provincial, Diego Barrionuevo, lamentó en declaraciones a Télam “que la respuesta del ministro de Gobierno sea que acá estamos porque nos pone (Eduardo) Costa”, en referencia al diputado nacional y líder de la oposición de Cambiemos en Santa Cruz.

“Son observaciones muy por afuera del nivel que debería tener un funcionario público, sin ninguna actitud conciliadora”, agregó Alós.

“Es lamentable la postura de los funcionarios del gobierno que no pueden observar la realidad, que no pueden entender que si la gente está acá manifestándose es porque al día de hoy no ha cobrado el sueldo, lo que es sumamente grave y claramente estamos reclamando que den la cara”, subrayó el dirigente.

Una situación similar a la de hoy se produjo hace 18 días, cuando la gobernadora Kirchner logró salir de la Casa de Gobierno de madrugada, luego de que manifestantes bloquearan la puerta del edificio durante varias horas por el pago de los sueldos de febrero.

En aquella oportunidad, la gobernadora había explicado horas antes, en rueda de prensa, que la provincia está “quebrada” y que necesita una refinanciación de la deuda provincial por parte del gobierno nacional para hacer frente al pago de los sueldos.

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La educación, esa arma poderosa

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Quienes nacieron después de 1983, tienden a pensar que la democracia y el respeto a las normas son parte del cotidiano. Derechos adquiridos e inalienables. Nada de eso. La democracia no es un derecho, sino una construcción. Diaria. Que debe sostenerse, fortalecerse y alimentarse.

Hace 30 años estuvo en riesgo, cuando los militares hicieron la primera sublevación “carapintada”, en la Semana Santa de 1987, liderados por el teniente coronel Aldo Rico, un comando que estaba al frente del Regimiento de Infantería de San Javier, en Misiones.

Estuvo al borde de la disolución durante la crisis de fin de siglo pasado, que hizo eclosión con la huida del fugaz presidente radical Fernando De la Rúa, dejando un legado de muertos y una sociedad empobrecida y hambreada. “Que se vayan todos”, pedía la sociedad a gritos.

Hoy no hay riesgos de asonadas militares y la oposición está decididamente colaborando para que al Gobierno, como institución, le vaya bien. No hay clima destituyente ni nada que se le parezca. Pero los derechos que nutren a la democracia, que le dan sentido, son acosados permanentemente y están, cada uno, en peligro de extinción. Y no es por un esfuerzo opositor, sino por acciones y omisiones del propio Gobierno.

El allanamiento de la Policía jujeña a una Universidad, de donde se llevaron detenidos a dos estudiantes, es un alarmante retroceso. No se recuerdan antecedentes de una Policía irrumpiendo en una universidad desde la recuperación de la democracia.

En la provincia de Jujuy, gobernada por el radical Gerardo Morales, sin embargo, todo es posible, como tener encarcelada a una militante social hasta “probarle” los delitos. O autorizar a la Policía entrar a los empujones en una universidad y detener a dirigentes estudiantiles, violando la respetada autonomía universitaria. El relato de Joaquín Quispe, el presidente del Centro de Estudiantes de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad de Jujuy, parece sacado de las horas más oscuras de la Dictadura cívico-militar y remite indefectiblemente a la Noche de los Bastones Largos, cuando el presidente de facto, Juan Carlos Onganía ordenó el desalojo de cinco facultades de la Universidad de Buenos Aires, ocupadas por estudiantes que se oponían a la intervención de las casas de estudio.

Morales es uno de los principales aliados del presidente Mauricio Macri y pertenece a la Unión Cívica Radical, socio menor de la alianza gobernante. La UCR quiere el año que viene celebrar el centenario de la Reforma Universitaria, de la que se ufana, por siempre, la colorida Franja Morada.

Morales hizo silencio, pero a través de las redes sociales esbozó unas disculpas y “repudió” el accionar de la Policía. De lejos, como si no fuera él el jefe político de la fuerza. Dijo que dispuso la “separación” de los responsables del operativo, pero nada más sobre los que comandan la fuerza de seguridad.

 

Sumiso, el radicalismo no ha dicho nada de la detención de los estudiantes acusados de cometer una “contravención”.

Es poco probable que lo hagan. Han defenestrado la lucha docente por la apertura de paritarias federales y, asumen como propio el discurso macrista que todo reclamo lo vincula con el kirchnerismo.

Es paradójico para la historia del radicalismo. La Carpa Blanca, montada el 2 de abril de 1997, contra las políticas de ajuste de Carlos Menem, después de extensas huelgas docentes durante el año anterior –en Misiones hubo un paro que duró 45 días-, fue una de las simientes del triunfo de la Alianza en 1999. Marta Maffei (dirigente de la CTERA en ese momento) llamó a los docentes a “saber votar” y la carpa se desarmó un mes después de haber asumido Fernando De la Rúa.

Ya como parte de otra alianza, con el PRO, el radicalismo volvió a montar una carpa, esta vez contra una reforma judicial impulsada por el kirchnerismo, recordada no por sus efectos, sino por la foto caricaturesca del hijo de Don Raúl tocando las partes íntimas de Alfonso Prat Gay.

Ya en el Gobierno, y alentados por un electorado afín, están decididos a limitar el uso del espacio público siempre que sea una protesta en contra de sus políticas. No es una mirada aislada, sino que es una estrategia deliberada. Ahora apareció en el Congreso un proyecto para penalizar con hasta diez años cárcel a quienes participen en manifestaciones públicas “a cara tapada” o con “elementos contundentes”, limitando de esta manera el derecho constitucional de peticionar.

No es la única reforma en mente. Aunque ya no le dan los tiempos, en Cambiemos piensan eliminar las elecciones de medio tiempo para “evitar la politización” de corto plazo. La iniciativa fue deslizada primero por la vicepresidenta, Gabriela Michetti, en el momento en que peor le daban las encuestas.

El radical Mario Barletta cuestionó la “excesiva exigencia” que impone cada año electoral y sostuvo que Santa Fe, su provincia, funciona bien sin renovación parlamentaria intermedia.

Hoy la imagen del Presidente está mejor. Incluso fortalecida por el respaldo callejero de sus votantes. Pero una encuesta realizada por el consultor Gustavo Córdoba, revela que una mayoría votará en contra de los candidatos del Gobierno en las legislativas de octubre.

Es mayoría la que cree que la economía seguirá empeorando. El 32,8 piensa que estará peor y el 19,4, que seguirá “igual de mal”. Los optimistas son el 34,4 por ciento y los que esperan que siga “igual de bien”, el 9,1 por ciento.

Es allí donde Macri muestra las mayores flaquezas, pese a que era una de las promesas potenciales de éxito. La economía no arranca ya pasados 16 meses, el empleo solo crece en algunos sectores de “brotes verdes” y la inflación, que parecía dominada, volvió a crecer a una tasa del 2,4 por ciento en marzo. Por eso, el Banco Central incrementó en 150 puntos básicos su tasa de Política Monetaria, elevándola así a 26,25%, el mayor nivel en cinco meses, mostrando su preocupación por los últimos índices inflacionarios.

La primera reacción relevante ante esta decisión del Banco Central provino del sector industrial, con un tono crítico hacia la política monetaria ortodoxa de Federico Sturzenegger y a la que comenzaron a relacionar con las instrumentadas en su momento por los exministros de Economía José Martínez de Hoz y Domingo Cavallo.

“Medidas de esta naturaleza tienen impacto en el corto y en el largo plazo sobre la economía del país: en el corto plazo, queda claro que la especulación financiera es el único negocio en Argentina y, a largo plazo, esta elevación de la tasa, junto al retraso cambiario y el ingreso irrestricto de capitales, dan como resultado un país carísimo para producir e imposibilidad de financiación para las pymes y las industrias”, dijo el expresidente de la Unión Industrial Argentina (UIA) y actual diputado massista, José Ignacio de Mendiguren.

Más duro incluso fue un aliado táctico del PRO, el economista José Luis Espert: “Con la tasa de interés a nivel extravagante quien va a producir así. Es una bicicleta financiera atroz“, señaló.

“El otro error del Gobierno de Macri es poner a dos millonarios que saben hacer plata como Gustavo Lopetegui y Mario Quintana que de economía no saben nada y la economía es una ciencia. No podés poner ocho ministerios de Economía coordinados por dos tipos que solo saben hacer plata. Tenés que tener unidad de mando”, criticó.

Las tasas por las nubes conspiran contra las inversiones productivas, de la economía real, mientras que generan pingües ganancias en el mercado financiero. Y generan atraso cambiario, lo que presiona hacia abajo a las economías regionales como la de Misiones, asfixiada por las asimetrías con Paraguay y la imposibilidad de competir en el mercado exportador por el elevado costo productivo.

La Renovación sabe que las condiciones económicas y políticas no cambiarán hasta octubre. Pese a la cercanía de las elecciones, no hay señales de que haya una reactivación profunda de la economía ni algún gesto especial para Misiones. Las obras públicas reciben recursos a cuentagotas y no alcanzan para compararse con los mejores años previos a 2015.  

Por eso, el misionerismo como proyecto político que debe fortalecerse también desde la diferencia.

El gobernador Hugo Passalacqua entiende que la diferenciación o, por contrario, la identidad, de la Renovación, debe enriquecerse desde la cercanía. “En la Renovación trabajamos para que la gente sea feliz, eso es la alta política”, definió esta semana durante un acto de entrega de títulos de propiedad en Gobernador Roca.

“Sólo entendemos la acción de gobernar si se está cerca de la gente, si se la mira, si se ve la esperanza, la desesperanza, en qué estamos acertando, en qué estamos fallando. No somos un gobierno perfecto, nos equivocamos pero tenemos la sabiduría, la humildad de dar marcha atrás, de corregirnos, pero sólo se puede hacer si se está cerca de la gente, si no es imposible. Es una mentira, no le crean nunca a los políticos que quedan encerrados en los despachos y no se mueven de ahí, que conocen la realidad por la tele, no le crean”, añadió haciendo hincapié en el estilo de trabajo de cara a la gente, que impulsa el Gobierno provincial.

Agregó que “solamente confíen en aquellos que están siempre al lado de ustedes, que intentan, a veces con éxito y a veces no, pero que intentan hacerle un poco más fácil la vida. Ese es nuestro deber, ustedes ya demasiado hacen todos los días para hacer crecer a Misiones. Si Misiones es lo que es, es porque los misioneros la seguimos remando. Es cuando sale lo más hermoso, lo más profundo de nuestro espíritu que es el misionerismo”.

El poder de ese misionerismo, explica el presidente de la Legislatura, Carlos Rovira, está en el conocimiento, en la educación y capacitación. En la formación de los jóvenes y de los dirigentes y en la multiplicación de escuelas para el futuro. El conductor de la Renovación sostiene que la Renovación debe sostener ese eje, independientemente de los vaivenes de la economía o de quien esté sentado en el sillón de Rivadavia.

La educación ha ido ocupando un rol preponderante en la política de la Renovación, no sólo en materia presupuestaria, sino con innovaciones como la escuela de Robótica, un ejemplo de avanzada en el país, que además integra al sector privado como actor clave.

El éxito de Tecnópolis Federal en Posadas marca a las claras que el conocimiento debe ser el norte de las nuevas generaciones. En dos semanas hubo más de 820 mil visitantes a la megamuestra de Ciencias. Los dinosaurios no fueron la atracción, sino que las ciencias duras y aplicadas, captaron el interés de miles de estudiantes, muchos de los cuáles, llegaron incluso por primera vez a la capital provincial.

La diferencia está a las claras. A diferencia de la Nación, que manda a la policía a frenar el reclamo docente, en Misiones se selló un temprano acuerdo. Quienes disienten, expresan su protesta en libertad, incluso con el montaje de carpas fugaces en la plaza 9 de Julio, enfrente mismo de la Casa de Gobierno. El diálogo permanente con los gremios es una marca registrada.

En la Renovación comenzaron a trabajar en el diseño de la oferta electoral, que tendrá mucho de caras nuevas y una mirada decisiva del propio Passalacqua en el armado de las listas y movimiento del gabinete.

La oposición, mientras tanto, trabaja también en el tejido de sus alianzas para llegar a octubre en buen estado competitivo. Cambiemos ya tiene casi todo definido en los primeros lugares de las listas, con Humberto Schiavoni como seguro candidato a senador y el radical Luis Pastori como aspirante a la reelección en la Cámara de Diputados de la Nación. Como se anticipaba, el también diputado nacional Alex Ziegler asoma como un díscolo para la estrategia de Cambiemos y reclama que se hagan internas para dirimir las candidaturas. Él mismo se puso al frente del reclamo después de unos días de rumores que lo daban fuera de la alianza, de la que, asegura, sigue siendo parte. “No quiero que Cambiemos caiga en el defecto del pensamiento único”, lanzó. Uno de sus lugartenientes fue incluso más duro horas antes. “El marketing electoral no nos interesa. Nosotros somos verdaderamente el cambio”, dijo Sergio Peñalva, vicepresidente del partido Libertad, Valores y Cambio.

Si no confirma su pertenencia a Cambiemos, Ziegler deberá buscar otros frentes.

Ramón Puerta, actual embajador en España también asoma en el horizonte. El ex gobernador y fugaz presidente recibió el respaldo de su gente para volver al Senado, donde llegó a ocupar la presidencia en el prolegómeno de la caída de De la Rúa. Hace unos días hubo un encuentro de Unión Popular en el que se postuló a Puerta al Senado y a su hijo Pedro a la Legislatura provincial. Sensato, el joven prefiere hablar de “un buen armado provincial” antes de que su nombre esté en alguna lista.

El tercer sector en pugna es el massismo. Pasada la Semana Santa se terminará de definir si amanece un nuevo frente, entre Adolfo y Alejandro Velázquez, el radicalismo de Vanguardia, Trabajo y Progreso de Claudio Wipplinger y el partido Agrario de Héctor Bárbaro, que podría perder definitivamente a la diputada Miriam Duarte, hoy más de la filosofía de la Renovación. Si se avanza, el objetivo es desplazar a Cambiemos como segunda fuerza en la Legislatura provincial. Pero hay detalles todavía no pulidos. Una de las condiciones es que los Velázquez no pueden encabezar dos listas distintas. La otra, es que la construcción debe ser de largo plazo, en la que los actores cedan espacios personales en pos del conjunto. Difícil tarea en un espacio donde sobran los protagonismos.

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