Murió un periodista y militante social en medio de una represión de la Policía de Ciudad de Buenos Aires

Compartí esta noticia !

Durante una manifestación convocada por Votamos Luchar y Rebelión Popular en el Obelisco de Buenos Aires, la policía reprimió y dejó al periodista Facundo Molares herido de gravedad. Tras su traslado al Hospital Ramos Mejía, se confirmó su trágico fallecimiento. El incidente también culminó en la detención de varios activistas presentes en la protesta

La policía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires está siendo acusada de quitarle la vida al periodista FFacundo Molares, en horas de la tarde en inmediaciones del Obelisco. Según el parte oficial del SAME, que atendió al periodista en el lugar, las razonces del deceso se relacionan con un paro cardíaco

En el marco de un operativo represivo contra una manifestación de agrupaciones de izquierda, que estaba teniendo lugar en vísperas de la elección PASO del día domingo, unos 4 efectivos policiales se habrían abalanzado sobre Molares para intentar detenerlo, asfixiándolo en el proceso.

Varios videos de celulares muestran al hombre desvanecido sobre la vereda, sin los policías sabiendo que hacer para que reaccione.

Luego de media hora recibiendo primeros auxilios, el hombre habría sido retirado por la ambulancia del SAME.

El parte del SAME:

Falleció de un paro cardíaco un hombre que se encontraba manifestando en el Obelisco El SAME reportó que el hombre de entre 40 y 45 años sin documentación fue trasladado al Hospital Ramos Mejia desde el Obelisco. Durante más de media hora se le hicieron maniobras de reanimación hasta que se constató el fallecimiento. Las causas del deceso se relacionan con un paro cardíaco producto de factores de riesgo. El cuerpo fue trasladado a la morgue judicial para la autopsia correspondiente.

Según relatos de testigos presenciales, la situación escaló cuando las fuerzas policiales avanzaron violentamente sobre los autoconvocados. Facundo Molares, quien cubría en el lugar, fue tirado al suelo por los efectivos y, de acuerdo con testimonios, habría recibido golpes en la cabeza.

Este episodio también culminó con la detención de varios activistas que participaban en la asamblea que fueron traladados a la Comisaria nº 13, Av. Avellaneda 1550, Buenos Aires:

  • Jimena Cejas
  • Lucía Machado
  • Alicia Machado
  • Horacio Ferreyra
  • Ruben Yaquet
  • Hernán Loyola

Las organizaciones Votamos Luchar y Rebelión Popular han señalado directamente al gobierno de Horacio Rodríguez Larreta y al gobierno provincial de Axel Kicillof como responsables de la orden de represión llevada a cabo por la policía. 

Quién era Facundo Molares Schoenfeld

Facundo Molares Schoenfeld fue exmiembro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y uno de los pocos extranjeros que se ganó la confianza de la cúpula para formar parte.

Como Comandante Camilo se hizo conocido cuando se plantó al gobierno de Juan Manuel Santos: “Esperemos que este sea el primer gesto hasta la liberación de todos los retenidos y de todos los prisioneros de guerra que están en las cárceles”. La militante por los derechos humanos, Piedad Córdoba, que participó de la negociación, le agradeció el “gesto de paz” de liberar al concejal tras 21 meses de cautiverio.

Hijo del juez de paz de Trevelin, Néstor Hugo Molares, Facundo nació en 1975 en la localidad bonaerense de San Miguel, pero, según los registros oficiales, partió en 2002 hacia Colombia siguiendo las ideas marxistas leninistas adoptadas por las FARC. Allí comenzó desde abajo, buscó adeptos a la causa en las universidades y escaló muchas posiciones.

“Camilo” buscaba en las universidades a personas que, como él, quisieran abrazar el modelo de Ernesto Guevara. Su primer acercamiento a las ideas revolucionarias fue de hecho cuando leyó un libro sobre el “Che”. Así lo explicó en una entrevista a Resistencia Colombia: “Tenía once años cuando leí su biografía y dije: ‘Quiero ser como él’”.

En mi tierra hicimos un levantamiento en 2001 en el que pude participar. En dos meses de peleas populares pasaron cinco presidentes. Éramos un pueblo efervescente: donde un joven caía muerto a manos de policías, diez se alzaban para seguir peleando. Los comercios de empresas estadounidenses, como McDonald’s, estaban en llamas, como símbolo de rebeldía”, recordó en aquel entonces.

Esos fueron los últimos días de Facundo en la Argentina y los primeros de “Camilo” en Colombia. “El problema de esos levantamientos espontáneos es la falta de una organización que pueda suplantar al Estado. Esos días saqué una reflexión que marcó mi decisión de estar en Colombia: con unas FARC podríamos haber tomado el poder. No necesitábamos más”, manifestó.

Entonces, en los primeros días del 2002, Molares Schoenfeld viajó a Colombia: “Me era imposible esperar otros cincuenta años para tener una segunda oportunidad. Como dijo ‘Alexandra Nariño’, la revolución si se da, se da en Colombia y entonces hay que estar aquí”. Alexandra era otra de las extranjeras de las FARC.

En 2011, “Camilo” regresó a la selva colombiana, pero ocho meses después esa unidad sufrió un golpe muy fuerte: por orden de la Fiscalía Antiterrorista, la Policía arrestó a diez personas -el rector de un colegio, un campesino y ocho estudiantes universitarios- del Partido Comunista Clandestino (PC3). Uno de ellos era Leidy Paola Soto Tamayo, su novia, acusada de rebelión.

Pero el revés más duro lo recibió de sus propios compañeros de armas cuando las FARC y el Gobierno empezaron el 4 de septiembre de 2012 un alto definitivo al fuego. Las partes finalmente firmaron el “Acuerdo de Paz” el 26 de septiembre de 2016 en Cartagena con el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel como veedor internacional.

Con la desmovilización de las FARC, el argentino buscó otros horizontes. Tras dos años en la clandestinidad, la Inteligencia boliviana lo ubicó en noviembre en Montero. Según el comandante de la Policía de Santa Cruz de la Sierra, Miguel Mercado, “Camilo” fue lastimado durante los enfrentamientos entre el MAS y el Comité Cívico, de Luis Fernando Camacho, uno de los partidos acusados de llevar adelante un golpe de Estado contra Evo Morales.

Compartí esta noticia !

Alberto Fernández instruyó al Ministerio de Justicia para analizar denuncias por “inconstitucionalidad” en la reforma de Jujuy

Compartí esta noticia !

El presidente Alberto Fernández instó hoy “de forma definitiva” al gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, a “cumplir con los estándares internacionales en materia de derechos humanos”, al advertir que “es nuestro pueblo y es el mundo los que le exigen que se termine la violencia estatal” en esa provincia.

Desde Casa Rosada, anunció además que instruyó al Ministerio de Justicia para que “analice y eventualmente promueva las acciones de inconstitucionalidad de los artículos de la reforma” de la carta magna de Jujuy que “violan la Constitución Nacional y los tratados internacionales”.

Fernández le pidió al radical Gerardo Morales, que “no utilice al pueblo” de esa provincia como “banco de prueba de represión y saqueo que determinados sectores políticos pretenden llevar adelante”, y afirmó que esa administración contará con el “apoyo” del Gobierno nacional si se decide a promover un diálogo.

Desde Casa Rosada, el Presidente reiteró el pedido para que el mandatario jujeño “convoque a las comunidades y a todos los actores sociales a encontrar caminos de diálogo para superar el conflicto que ha provocado con acciones antidemocráticas. “Cuenta conmigo personalmente y con apoyo del Gobierno nacional”, subrayó.

Compartí esta noticia !

Los puntos conflictivos de la nueva Constitución de Jujuy: limita la protesta social y los derechos aborígenes

Compartí esta noticia !

Impulsada por el gobernador y precandidato presidencial Gerardo Morales, la reforma parcial de la Constitución de Jujuy, que prohíbe los cortes de calles y de rutas en la provincia, fue aprobada y jurada hoy en medio de graves incidentes en las calles de la ciudad capital.

La Carta Magna jujeña, que no era reformada desde 1986, causó una ola de rechazos entre los sectores de los trabajadores, organizaciones sociales, desocupados y comunidades de pueblos indígenas que ven con preocupación la quita de derechos conquistados en democracia.

En la Cámara de Diputados, Morales, presidente de la convención constituyente, dirigió el proceso de modificación del texto constitucional, aprobado y jurado entre los convencionales del oficialismo y del Partido Justicialista elegidos el 7 de mayo pasado en las elecciones generales de la provincia.

Desde su nacimiento como proyecto, para ser convertida en Ley a fines de septiembre del año pasado, la iniciativa fue tomada como un caballito de batalla de la actual gestión, convocando a “un gran debate de los jujeños” en sus comienzos.

Se abrió una etapa de consultas con diversos sectores de la sociedad que emitieron su opinión en torno a las modificaciones a incluir, pues el nuevo texto abarca más de 60 artículos.

Sin embargo, los cuestionamientos a la reforma fueron en aumento, en especial en este mes, cuando las protestas de los estatales por salarios dignos sumaron a la consigna el “No a la nueva reforma”, ya que sostienen que es “retrógrada y quita derechos”.

Las comunidades originarias fueron las que levantaron la bandera de reclamo en gran parte de la provincia y esto se visibilizó con más fuerza en estos días con cortes de ruta para exigir directamente la anulación de la reforma constitucional oficialista.

Frente al conflicto y antes de la jura, Morales dio marcha atrás para revisar dos artículos, el 36 y el 50 (relacionados con derechos de los pueblos originarios), que ya habían sido aprobados y volvieron a la redacción vieja del ’86.

A la vez ratificó el contenido del artículo 67 que limita la protesta social.

“No solo es solo por uno o dos artículos contra nuestros derechos, la lucha es contra toda la reforma”, dijeron a Télam referentes de Nación Kolla que representa a comunidades indígenas de la quebrada y puna jujeña.

La sesión preparatoria de la Convención Constituyente se realizó el 22 de mayo, tras lo cual se habilitó un plazo de tres meses para llevar adelante un debate de la norma, aunque la discusión concluyó en menos de un mes.

Tras quedar reglamentado el funcionamiento del cuerpo, se dio inicio trabajo de las siete comisiones sobre educación, cultura, salud, seguridad, derechos, deberes, garantías, régimen electoral, municipal y de otros temas, incluyendo la comisión redactora.

Un tema que fue apareciendo sobre la marcha y que generó un fuerte rechazo fue la intención del Gobierno y sus constituyentes de suprimir las elecciones de medio término (cada dos años) modificando la Carta Magna, pero esto quedó en el camino ya que ni siquiera se lo presentó como parte de un artículo.

De los 48 constituyentes solo terminaron el debate 40 ya que los restantes presentaron sus renuncias, entre ellos los seis convencionales del Frente de Izquierda disconformes por el funcionamiento de las comisiones con falta de difusión y escasa participación en las consultas, y se firmaron despachos de mayoría y minoría.

Con el artículo 50, bajo el título “Derechos y Garantías de las Comunidad de los Pueblos Indígenas”, el Gobierno anunciaba una nueva Constitución ampliando derechos que protegen la identidad, la cultura, la espiritualidad y los modos de vida ancestrales, además de garantizar la propiedad comunitaria.

En sus enunciados fijaba que la Constitución “reconoce la preexistencia étnica y cultural de las comunidades originarias y pueblos indígenas de Jujuy y garantiza el respeto a su identidad, espiritualidad, herencia cultural conocimientos ancestrales y el derecho a una educación bilingüe e intercultural”.

El punto 2 establecía: “El Estado es el encargado de reconocer tanto la personería jurídica de las comunidades dentro del territorio provincial como la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan, con el fin de garantizar y reafirmar la integridad territorial de la provincia en la Nación”.

En el 3. El Estado promueve la entrega de otras tierras aptas y suficientes para el desarrollo humano y el 4. Ninguna de las tierras mencionadas en los incisos anteriores serán enajenables, transmisibles ni susceptibles de gravámenes o embargos.

Asimismo, el artículo en su inciso 5. “El Estado garantiza el derecho a la participación y consulta previa e informada de las comunidades originarias reconocidas en la provincia respecto a sus recursos naturales y a los intereses que las afecten de manera directa”.

Mientras que el Artículo 50 se mantiene con el texto “Garantiza la protección a los aborígenes”, con lo cual “la provincia deberá proteger a los aborígenes por medio de una legislación adecuada que conduzca a su integración y progreso económico y social”.

Tampoco se modificó el Artículo 36 que reconoce el derecho a la propiedad privada que marca que “la propiedad es inviolable y ningún habitante puede ser privado de ella, sino en virtud de sentencia firme fundada en ley”, entre otros aspectos.

En cambio, se ratificó el Artículo 32 “Derecho de Reunión y Manifestación” que expresa: “Queda asegurado a todos los habitantes de la provincia y sin permiso previo el derecho de reunión y de manifestación cuando fueren pacíficas y sin armas”.

Por otro lado, la Convención constituyente ratificó en su plenitud el Artículo 67, titulado “Derecho a la Paz Social y la Convivencia Democrática Pacífica”, y al cual se apunta porque “cercena” los derechos a la protesta y manifestación callejera.

En los incisos se marca que: “Todas las personas tienen derecho a vivir en una sociedad basada en la paz social, la tolerancia mutua y la convivencia democrática pacífica, libre de violencia e intimidación”.

Además, que “el Estado debe asegurar, como base fundamental de la convivencia democrática pacífica, que las personas ejerzan sus derechos sin avasallar los derechos de las otras” y que “la ley establecerá los mecanismos para proteger el derecho a la paz social y a la convivencia democrática pacífica”.

En ese contexto, se incluyó la “reglamentación del ejercicio del derecho a la manifestación, ante casos en los que sea necesaria la gestión adecuada de la misma para garantizar el disfrute común del espacio público, o la libre circulación de las personas…”.

Quedó expresado también “la prohibición de cortes de calles y cortes de rutas, así como toda otra perturbación al derecho a la libre circulación de las personas y la ocupación indebida de edificios públicos en la provincia”.

Estos cambios relacionados con el derecho a la protesta generaron el repudio de los sectores sindicales especialmente al entender que se trata de “una imposición más del Gobierno contra los trabajadores”.

“Esta constitución no reúne toda la legalidad ni la legitimidad que tiene que tener un cuerpo normativo de esta entidad”, expresó hoy la secretaria general de la Asociación del Personal de Organismo de Control (Apoc) Susana Ustárez, y afirmó que el gobernador “está poniendo en riesgo el control público en la provincia”.

“Está creando una auditoría con alcance y funciones totalmente disminuidas”, por encima del Tribunal de Cuentas, dijo, con lo cual este organismo “va a dejar de existir”.

Además con la nueva constitución, hay “graves declaraciones contra la protesta social criminalizándola y cercena derechos a casi todo los espacios laborales y en particular los organismo de control reduciendo su alcance y funciones”.

Compartí esta noticia !

Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich justificaron la represión ordenada por Morales en Jujuy

Compartí esta noticia !

Con la presencia de los precandidatos a presidente de Pro, Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich, la cúpula nacional de Juntos por el Cambio dará una conferencia de prensa en respaldo al gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, por los disturbios que hay en su provincia a partir de la reforma de la Constitución local.

Más de 70 heridos, uno de gravedad por traumatismo de cráneo, y unos 31 detenidos era el saldo hasta las últimas horas de esta tarde de una violenta represión policial que se extendió hoy en Jujuy por más de cuatro horas sobre manifestantes que protestaban contra la reforma de la Constitución provincial, aprobada y jurada hoy en la Legislatura local.

El avance policial comenzó poco después de las 11 contra una nueva y multitudinaria marcha que congregó a múltiples sectores de la sociedad en la capital jujeña contra la reforma en las puertas de la Legislatura, mientras en su interior se aprobaba y juraba la nueva Carta Magna local.

Efectivos de infantería de la policía jujeña se enfrentaron con los manifestantes, arrojando balas de goma y gases lacrimógenos, respondiendo al lanzamiento de piedras, en un clima de tensión en las calles de la capital jujeña que se mantenía hasta esta tarde por diversas arterias.

Durante los incidentes, la policía arrojó capsulas de gas lacrimógeno, piedras con hondas y balas de goma, lo que provocó una gran cantidad de heridos integrantes de distintos sectores.

Asimismo, a la represión se sumaron efectivos del Grupo Especial Motorizado, mientras se agudizaban los enfrentamientos, pero esta vez en calles más alejadas de la Legislatura provincial.

Uno de los manifestantes -perteneciente al Movimiento Argentina Rebelde (MAR), identificado como Nelson Mamaní- fue herido gravemente en la cabeza y trasladado en ambulancia al hospital Pablo Soria.

Mamaní fue intervenido quirúrgicamente y permanecía internado “con pronóstico reservado” señaló a Télam Gladys Aramayo, integrante del MAR, quien reclamó: “Ojalá todo salga bien porque en único responsable de todo esto es Gerardo Morales”.

Además, en los incidentes resultaron heridos varios periodistas, entre ellos el camarógrafo de Télam Daniel Bello, quien resultó lesionado en la cara por el impacto de una bala de goma policial.

Por otra parte, organismos provinciales de derechos humanos denunciaron la detención de varios integrantes de la agrupación HIJOS-Jujuy, como Eva Arroyo, Carolina Luna, Néstor Mendoza, y Ana Uro, quienes participaban de la marcha.

Desde el colectivo HIJOS advirtieron que tanto Arroyo como Uro son testigos con protección en causas por delitos de lesa humanidad que tramita la Justicia federal en la provincia de Jujuy.

A ellos se suman Claudia Ayarde, Ana Arroyo, Cintia Díaz, Analía Vilca, Sara Pérez, Juan José Flores, Mayra Vilca, Carolina Luna, Enzo Cruz, Agustina Gasparovic, Elsa Ochoa, Noemí Torres, e Irma Ramos.

La lista se completa con Malena Tolay, Karen Tolay, Any Romero, Brian Torres, Georgina Valero, Marcela Díaz, Inés Quispe, Ayelen Ruiz, Cecilia Cano, Andrea Martínez, Luis Pietro, y Cintia Díaz.

La mayoría fue trasladada a las unidades penales 3 y 7 del barrio Alto Comedero, en el acceso sur a la capital jujeña, bajo las carátulas “atentado y resistencia a la autoridad”, “daños de bienes de uso público” y “atentado y resistencia a la autoridad en grado de tentativa” por orden del fiscal Walter Rondón, precisaron a Télam abogados de derechos humanos.

Ante esta situación, los mismos asesores legales confirmaron la presentación de la ampliación de dos habeas corpus ante la justicia provincial a favor de las personas encarceladas con el objetivo de conseguir su libertad.

En relación a los heridos, el número superaba las 70 personas, entre ellos docentes, integrantes de organizaciones de derechos humanos, sindicales, sociales y policías provinciales.

“Tenemos unos 70 heridos por las manifestaciones y enfrentamientos, uno de los cuales es de gravedad”, afirmó a Télam, Pablo Jure, director del Same en la provincia de Jujuy, quien agregó que las personas lastimadas eran atendidas en el hospital Pablo Soria, San Roque, el Centro de Especialidades Norte y en el puesto médico del Same.

“Hay muchos heridos de balas de goma y por los piedrazos que arrojó la policía apuntando a la cabeza”, indicó Fernando Acosta, integrante de ATE quien fue agredido con una cápsula de gas en la sien.

Previamente, algunos manifestantes ingresaron al edificio de la Legislatura y prendieron fuego algunas de sus instalaciones, luego de que, en el interior del edificio, los convencionales constituyentes votaron y juraron el nuevo texto.

La Policía local no pudo contener a los activistas, algunos de los cuales entraron a las oficinas de la parte posterior de la Legislatura luego de avanzar contra las vallas de contención emplazadas en calles cercanas al recinto.

En ese mismo momento, los convencionales oficialistas junto a los del Frente Justicialistas a puertas cerradas dieron por aprobada y jurada la reforma parcial de la Constitución, la cual quedará en vigencia tras su publicación.

“Habiendo jurado la nueva Constitución de la provincia de Jujuy, los señores y señoras convencionales y presidentes de los tres poderes del Estado y habiendo sido aprobada la nueva Constitución de la provincia, la misma entra en vigencia partir de su publicación. Con esto damos por finalizada la tarea de la convención constituyente, damos por aprobada y jurada la nueva Constitución de Jujuy”, expresó Morales.

En la sesión ordinaria, los convencionales constituyentes que responden a Morales aprobaron la marcha atrás en dos artículos vinculados a los pueblos originarios, como había prometido el gobernador, pero se mantuvo la prohibición de cortes de calles y rutas.

Los incidentes sucedían mientras docentes, pueblos indígenas, trabajadores estatales, organizaciones sociales y sindicales avanzaban por las calles de San Salvador de Jujuy con un “banderazo”, portando banderas argentinas.

Las protestas en la provincia se replican con al menos 22 cortes de ruta en las localidades de La Quiaca, Abra Pampa, Humahuaca, Tilcara, Libertador San Martín, Susques, Caimancito, San Pedro, Fraile Pintado, y Purmamarca, donde el pasado sábado hubo represión contra comuneros indígenas.

Tras el brutal accionar policial de este martes, los gremios que componen la Intergremial de Jujuy, convocados frente a la Casa de Gobierno local, pidieron a Morales “el inmediato cese de la represión” y le exigieron que “actúe con conciencia ciudadana de respeto”.

Además, avanzaron en anunciar un paro total de actividades para mañana miércoles y demandaron que la medida se extienda a nivel nacional.

Por otro lado, reclamaron saber el número de heridos y señalaron que “hay por lo menos uno en situación de gravedad, que le tiraron un cartucho de gas en la cabeza”, refirió Santiago Seillant, dirigente del Seom.

“Hacemos un llamamiento a dirigentes de sindicatos y de partidos políticos; a organismos de derechos humanos; a funcionarios del Gobierno nacional, que vengan a Jujuy porque está siendo un laboratorio de represión para llevar como modelo a nivel nacional”, expresó, y advirtió que seguirán resistiendo en las calles.

Compartí esta noticia !

La denuncia de Bolivia a Macri que no sorprendió a nadie

Compartí esta noticia !

Macri llegó a la Casa Rosada en diciembre  de  2015,  después  de  una  campaña  electoral  en  la  que  planteó  la  necesidad  de  modificar todo lo realizado por los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, especialmente en lo referido a la política exterior, la estrategia de inserción internacional, el modelo de desarrollo y el rol del estado.

Y así fue como se rompió una corta pero a la vez larga tradición de política exterior sostenida en el tiempo. Macri  partió  del  supuesto  de  que  el kirchnerismo había aislado al país y argumentó  que  él  lograría  “la  vuelta  de  Argentina  al Mundo” y la llegada de “una lluvia de inversiones”  a  través  de  un  modelo  de  “inserción prooccidental”.  En la práctica,  ese  modelo de inserción implicaba entre otras cosas reencausar los vínculos  con  Estados Unidos  y  países  de  Europa  como Alemania, España, Italia, Gran Bretaña y Holanda  e  incrementar  los  contactos  con  Canadá  y  Japón; volver a tener relaciones estrechas con  los organismos  multilaterales  de  crédito  (como el FMI)  y  otros espacios  multilaterales  (Organización Mundial del Comercio y G20 financiero);  disminuir  la  relevancia de Latinoamérica como un ámbito natural de inserción  para  Argentina  y  reorientar  las  relaciones  solo  hacia  los  países  con  propuestas político-económicas  semejantes y en ese sentido, otorgarle  a  la  crisis  venezolana  el  lugar  más  relevante de  la  gestión  externa  hacia  la  región, dejando de lado relaciones construidas durante el kirchnerismo con China y Rusia, nuevos hegemones que buscan espacio en la región a través del desarrollo de infraestructura. Pero lo que más llama la atención sin duda es el rol que se le ha asignado a la política de  derechos  humanos que Argentina supo construir después de atravesar una de las dictaduras más sangrientas de la región.

El jueves pasado el ministro de relaciones exteriores de Bolivia, Rogelio Mayta, denunció que el gobierno del ex presidente Mauricio Macri envió armamento en apoyo de quienes dieron el golpe de Estado contra Evo Morales en 2019, en el marco de avances en la causa judicial que investiga lo ocurrido en noviembre de 2019, incluyendo declaraciones de políticos, civiles y militares en los hechos. 

Y este hecho se suma a la lista que el gobierno de Macri posee en tan solo cuatro años de gestión. Repasando brevemente encontramos que bajo su gobierno recortó fondos, desarticuló programas, despidió personal, le dio más poder a las Fuerzas Armadas y quiso “mover” el feriado del 24 de Marzo, pero además se produjeron la detención ilegal de Milagro Sala en Jujuy, la desaparición de Santiago Maldonado durante la represión de Gendarmería en el Pu Lof Cushamen de Esquel, el asesinato de Rafael Nahuel a manos de la Prefectura en Villa Mascardi, y el intento de amnistía con el fallo de la Corte Suprema de Justicia por la aplicación de la Ley de 2×1 para los represores de la última dictadura civico-militar, revertido luego de la masiva movilización popular en Plaza de Mayo.

A veces la política exterior de un gobierno y la doméstica no son muy congruentes, pero en el caso de Macri, han sido idénticas.

El destrato hacia las políticas de derechos humanos ha sido plasmada tanto en el plano doméstico como en el internacional, es por ello que el envío de cargamento militar ilegal -como lo calificó el actual ministro de defensa Agustín Rossi- para atentar contra la población de un país hermano debería ser un motivo de condena generalizada.

En este sentido, no podemos dejar de señalar que el gobierno de Macri cambió completamente el esquema de seguridad y defensa de la Argentina. A solo poco más de un mes de gestión, se decretó la Emergencia  de  Seguridad  Pública,  que  incluyó  la habilitación  a  las  Fuerzas Armadas  para  derribar  “aviones hostiles” no identificados, en el marco de la lucha contra el delito complejo y el crimen organizado, algo inédito desde la vuelta a la democracia.

Es importante recalcar que Estados Unidos se  convirtió  en  la  piedra  angular de la política exterior de la gestión. En 2016, Argentina ingresó al State Partnership Program que asoció a las Fuerzas Armadas con la Guardia  Nacional  del  estado  de  Georgia y se produjo la aparición de los llamados fusion center, que permitían el entrecruzamiento de información proveniente de  diversas  agencias  tales  como  las  FF.AA.  y  las Fuerzas de Seguridad argentinas, la DEA, el  Departamento  de  Seguridad  Nacional  estadounidense  y  miembros  del  Comando  Sur. Durante la gestión 2015-2019, también se observó un rol activo del Ministerio de Seguridad en la ejecución de  la  agenda,  en  contraposición  al  accionar  sutil  y casi desdibujado del Ministerio  de  Defensa.  El primero, al tener a cargo las fuerzas de seguridad y, por tanto, vía libre respecto a las nuevas amenazas, adquirió un perfil más alto y avanzó hacia un entendimiento con las diversas agencias estatales en materia de seguridad. En otras palabras,  esa  conducta  se  debe  a  que  en  gran  medida la mentada “modernización del sistema de defensa” –vinculada al combate a las “nuevas amenazas” (ideológicas) y con impacto en la dimensión estratégica de la política de defensa– se produjo sin modificar la normativa, algo que se ve hoy en día en Colombia y el rol imperante que posee la policía a la hora de “contrarrestar” las protestas contra el gobierno de Ivan Duque.

Si profundizamos el análisis sobre la denuncia que Bolivia hace, encontramos la participación activa de otros actores en el golpe de estado a Evo Morales como es el de Brasil, un país que ya ha transitado por un proceso de militarización de la seguridad pública, con los cuales Macri compartió propuestas  político-económicas  semejantes, que  con  el  gobierno  de Temer  vio  incrementada  la  militarización  de Río de Janeiro y cuya situación se acentuó con la llegada de Jair Bolsonaro y un gabinete colmado por personajes pertenecientes a la estructura militar brasileña.

No es casualidad que los gobiernos no populares aboquen sus visiones de política exterior a los lineamientos dictados por potencias, lo que preocupa en este caso es que el gobierno de Macri haya abandonado la bandera de protección de derechos humanos en materia de política exterior que tanto le ha costado construir a la argentina luego de 38 años de lucha de los organismos de derechos humanos por el reconocimiento de esta casi como política de Estado.

Compartí esta noticia !

Categorías

Solverwp- WordPress Theme and Plugin