dom. Sep 6th, 2026

Reservas BCRA

El FGS pondrá $2 billones en juego para reactivar el crédito hipotecario

By Redacción Economis 1 semana ago
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El Gobierno anunció un nuevo Programa de Licitación de Plazos Fijos con destino a crédito hipotecario: a través del FGS, destinará $2 billones a plazos fijos UVA a 1 y 5 años, para que los bancos puedan fondear préstamos sin asumir todo el descalce de plazos. Según la consultora INVECQ la medida no resuelve el problema de fondo —la escasez de ahorro de largo plazo en pesos— pero sí funciona como puente transitorio para dinamizar un mercado hipotecario que hoy es acotado, y busca además reactivar la demanda interna vía expansión del crédito en general.

El crédito hipotecario en la Argentina es muy bajo: representa menos del 2% del PBI, contra 25% en Chile, 10% en Brasil u 8,5% en Colombia, por mencionar algunos ejemplos de la región. Si bien se multiplicó por cinco en términos reales desde diciembre 2023 a julio 2026, aún está 25% por debajo del promedio de 2018-2019. Esto se explica, sobre todo, por el tamaño del mercado de capitales local: las entidades financieras no logran fondearse a largo plazo y, en consecuencia, tampoco pueden prestar al ritmo que el mercado necesitaría. En otras palabras, toman depósitos a 30 días pero deben prestar a 25-30 años, un descalce de plazos que limita estructuralmente la oferta.

Además, luego del fuerte aumento entre agosto de 2024 y octubre de 2025, el stock actual —$16,5 bn—perdió dinamismo: pasó de crecer 10% m/m real en promedio durante 2025 a menos de 1% en el primer semestre de este año. Si se mira solo el segmento UVA, los desembolsos cayeron de $470.000 M promedio mensual el año pasado a $245.000 M en lo que va de 2026.

En ese contexto, el Gobierno anunció el Programa de Licitación de Plazos Fijos con destino a crédito hipotecario, que busca atacar justamente ese problema de descalce. A través del FGS, licitará plazos fijos UVA por $2 bn en tramos semanales de $200.000 M (con un tope de 20% por entidad), divididos en dos ventanas: una a 1 año (UVA + 2,5% mínimo) y otra a 5 años (UVA + 4,5% mínimo). Una vez constituido el depósito, los bancos tendrán 90 días corridos para canalizar esos fondos hacia nuevos préstamos.

Sin ser un game changer, el impacto tampoco es menor: i) los $2 bn (USD 1.300 M) equivalen a poco más del 10% del stock vigente, ii) para tener como referencia: el año pasado se otorgaron créditos en el segmento UVA el equivalente a USD 3.200 M y en lo que va de 2026 USD 1.100 M y iii) según el cálculo oficial, el esquema podría financiar entre 17.000 y 18.000 operaciones, equivalente a cerca del 40% de las 43.700 familias que accedieron a un préstamo hipotecario nuevo durante todo 2025.

En síntesis, el programa no resuelve el problema de fondo —la falta de ahorro de largo plazo en pesos— pero sí ofrece un puente transitorio para que la banca pueda prestar a mayor plazo sin asumir todo el riesgo de descalce. Además, el objetivo excede lo habitacional: se trata de reimpulsar el crédito en general, en un momento en que la actividad viene “fría” —con excepción de algunos sectores “ganadores”—. La medida debería leerse junto con la flexibilización de créditos en dólares anunciada dos semanas atrás: ambas apuntan a que el financiamiento vuelva a ser uno de los motores de la economía.

Finanzas y mercados

Esta semana el Tesoro logró cubrir casi la totalidad de sus vencimientos en una licitación desafiante por el monto, alcanzando un rollover menor al 100% -algo que no se veía desde junio- priorizando instrumentos de corto plazo. En paralelo, con el fixing de fin de mes de la LELINK, el tipo de cambio tuvo una suba de 1% semanal.

El Tesoro enfrentó una licitación desafiante, con vencimientos por más de $12 bn, en un contexto de liquidez ajustada y reciente volatilidad en las tasas. Ante la necesidad de alcanzar un rollover elevado, volvió a modificar su estrategia en sintonía con la licitación anterior: ofreció instrumentos de corto plazo (con vencimientos de hasta mayo de 2027) y, por primera vez hasta ahora, no incluyó el bono hard-dollar AO29. La decisión se da luego de la suba del riesgo país de las últimas semanas y de las tasas en general, que llevó el rendimiento del AO29 por encima del 10%, evitando así que el Tesoro convalide tasas elevadas.

El resultado de la licitación fue positivo: el Tesoro adjudicó $12,16 bn, lo que representó un rollover del 95,96% y permitió cubrir prácticamente la totalidad de los vencimientos. Sin embargo, la contracara de este proceso sigue siendo una política monetaria son sesgo contractivo: la liquidez volcada al mercado fue muy baja, situándose en apenas $0,51 bn en un contexto en el que la liquidez general ya se percibe más ajustada. Del total adjudicado, el 90% se concentró en Lecap/Boncap -con TIREAs de 30% en promedio, similares a las del mercado secundario-. Además, el 7% correspondió a la letra CER y el 3% restante a la Lelink, una participación acotada pese a la mayor demanda de cobertura cambiaria que se venía observando.

El cambio de estrategia también se reflejó en los plazos. En agosto, el Tesoro dejó de priorizar el alargamiento de vencimientos y optó por satisfacer la demanda del mercado por instrumentos de corto plazo. El plazo promedio ponderado de colocación del octavo mes del año se ubicó en 134 días, menos de medio año y el menor registro desde octubre de 2025 (contexto de elecciones legislativas). En paralelo, la mayor volatilidad reciente de las tasas comenzó a reflejarse también en los rendimientos: la tasa promedio ponderada por volumen del mes de agosto de las Lecap fue de 30% (+3.p.p vs mes anterior) y el nivel más elevado desde mayo.

Otro aspecto positivo de la semana fue el comportamiento del tipo de cambio frente al fixing de la LELINK D31G6, que anticipábamos podía generar mayor volatilidad. Finalmente, el tipo de cambio registró una suba de 1% semanal, mientras que el BCRA compró divisas puntualmente el miércoles del fixing -algo que no había ocurrido el mes pasado- aunque la otra cara fue que volvió a intervenir en el mercado de dólar linked por aproximadamente $1,33 bn, frente a los $1,0 bn que intervino el día del fixing de la Lelink del mes julio y $1,2 bn en junio, de acuerdo con estimaciones propias.

Pese a la intervención, el BCRA sumó aproximadamente USD 723 M a las reservas en lo que va de agosto, aunque el ritmo se desaceleró respecto a los meses previos de 2026, en los que las compras alcanzaron consistentemente cifras de cuatro dígitos. Si se lo compara en términos diarios, las compras en agosto fueron por USD 38 M, frente a los USD 103 M de julio y a la media diaria de USD 95 M acumulada entre enero y julio. Hacia adelante, consideramos clave mantener la acumulación de divisas hasta fin de año, aun contemplando un menor dinamismo por estacionalidad, con el fin de llegar con un perfil de reservas más robusto al año electoral.

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El dólar mayorista cerró por encima de los $1.510

By Redacción Economis 2 semanas ago
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El dólar mayorista volvió a subir y se consolidó por encima de los $1.500, un nivel que durante las últimas semanas había funcionado como referencia informal para el mercado y que el Gobierno había intentado contener mediante una combinación de intervención cambiaria, operaciones de cobertura y administración de la liquidez. La cotización cerró en $1.511,50, con un incremento de $1,50, y marcó un nuevo máximo nominal.

El movimiento tuvo relevancia menos por su magnitud diaria que por el cambio de comportamiento frente a una zona que el mercado había identificado como un límite de corto plazo. El avance se produjo pese a la intervención oficial y dejó en evidencia que la defensa de ese nivel comenzaba a enfrentar costos crecientes sobre el mercado de pesos.

El mayorista quedó así a $361,58 del techo de la banda cambiaria, establecido actualmente en $1.873,08. La distancia equivale al 23,92%, por lo que el salto por encima de los $1.500 no implica, por sí mismo, una ruptura del esquema formal de bandas. Lo que cambió es el margen que el Gobierno parece dispuesto a otorgarle al tipo de cambio dentro de ese corredor.

La jornada registró operaciones por unos USD 421 millones. Parte de la presión pudo estar vinculada al vencimiento de instrumentos dólar linked previsto para el 31 de agosto. En el mercado señalaron que el denominado “fix” de este miércoles constituye una referencia relevante para determinar el valor de pago de esos instrumentos y podría haber contribuido a concentrar demanda en el mercado cambiario.

Durante las últimas semanas, los operadores habían identificado distintas señales de intervención destinadas a evitar que el mayorista atravesara los $1.500. Entre ellas aparecieron ventas de contratos de dólar futuro, colocaciones de bonos dólar linked y una menor participación compradora del Banco Central en el mercado de cambios.

La percepción de que existía un techo informal comenzó a consolidarse hacia fines de julio, cuando el mercado detectó movimientos compatibles con ventas oficiales para contener el tipo de cambio. Poco después, el balance diario del Banco Central mostró una reducción de USD 145 millones en los depósitos en moneda extranjera del Tesoro entre el 28 y el 29 de julio, en coincidencia con una jornada en la que el mayorista se había aproximado a esa zona.

A esa dinámica se sumó el corte de una racha de 135 jornadas consecutivas con compras de divisas por parte del BCRA. La interrupción ocurrió precisamente cuando el tipo de cambio oficial funcionaba como referencia para instrumentos dólar linked, lo que reforzó la lectura de que el Gobierno estaba utilizando distintas herramientas para administrar la trayectoria cambiaria.

Ahora, la ruptura de los $1.500 comienza a ser interpretada por parte del mercado como una flexibilización de ese límite de facto. La hipótesis central es que sostenerlo mediante mayores tasas en pesos estaba generando un costo financiero que podía terminar siendo más relevante que permitir una depreciación moderada del tipo de cambio.

El economista Lucio Garay Méndez, de EcoGo, señaló que el Gobierno utilizó durante este período distintas herramientas para contener el dólar y que esa estrategia implicó resignar compras del Banco Central, además de utilizar junto con el Tesoro instrumentos dólar linked y futuros para ofrecer cobertura.

Según su lectura, esa política también generó “un estrés sobre las tasas del mercado” que incrementó tanto el costo de fondeo de los bancos como el costo de la liquidez. Al considerar que la presión dejó de ser transitoria, el Gobierno habría decidido modificar la estrategia.

Gabriel Caamaño, director de Outlier, planteó una interpretación similar. A su juicio, una flexibilización del techo de $1.500 debería contribuir a reducir la tasa en pesos y su volatilidad. La lógica es que una defensa más flexible del tipo de cambio disminuye la necesidad de utilizar tasas elevadas como mecanismo para desalentar la demanda de cobertura cambiaria.

El punto central de la estrategia pasa entonces por administrar tres variables al mismo tiempo: dólar, liquidez y tasas. Una defensa rígida de un determinado nivel cambiario puede contener la cotización en el corto plazo, pero también incrementar el costo del dinero, encarecer el financiamiento y aumentar la volatilidad del mercado de pesos.

Por eso, distintos operadores consideran que el movimiento no necesariamente representa un cambio de régimen cambiario. La interpretación predominante es la de una mayor flexibilidad dentro del esquema vigente, con un Gobierno dispuesto a tolerar un tipo de cambio más alto si eso permite reducir la presión financiera sobre las tasas.

Los otros segmentos del mercado ya habían superado ampliamente la referencia de $1.500. El dólar oficial minorista cerró en $1.530 para la venta en Banco Nación, mientras que el blue se ubicó en $1.560. En los dólares financieros, el MEP operó en torno a $1.543,60 para la venta y el contado con liquidación llegó a $1.600,90.

En el mercado de futuros, las variaciones fueron acotadas. Para diciembre, los contratos reflejaron un tipo de cambio de $1.626,50, una referencia que permite observar que los operadores todavía no están descontando una aceleración abrupta de la depreciación cambiaria, aunque sí un nivel nominal superior al actual.

La cotización mayorista también debe leerse en relación con las reservas. El Banco Central viene acumulando divisas y recientemente alcanzó niveles de reservas brutas cercanos a los USD 51.000 millones. Esa posición le otorga mayor capacidad de intervención, pero no elimina la disyuntiva entre utilizar reservas para contener el dólar o permitir una mayor flexibilidad para preservar las condiciones monetarias.

La señal que deja esta jornada es, por lo tanto, más estratégica que cambiaria. El Gobierno parece haber aceptado que los $1.500 dejaron de ser un límite infranqueable y busca administrar el costo de sostener ese nivel sobre las tasas y la liquidez. El desafío será evitar que esa flexibilización se transforme en una aceleración de las expectativas de devaluación.

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Las reservas del BCRA rozaron los USD 51.000 millones

By Redacción Economis 2 semanas ago
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Las reservas internacionales brutas del Banco Central de la República Argentina (BCRA) volvieron a marcar un máximo durante la gestión de Javier Milei y quedaron a las puertas de los USD 51.000 millones. La autoridad monetaria cerró la jornada con tenencias por USD 50.912 millones, luego de sumar USD 136 millones en un solo día, en un proceso de acumulación que combina compras de divisas y la valorización de los activos que integran el stock, especialmente el oro.

El nuevo máximo llega mientras el BCRA sostiene una racha de 19 jornadas consecutivas con saldo comprador en el mercado cambiario. Este martes incorporó otros USD 9 millones, una cifra considerablemente menor al ritmo de compras observado en meses anteriores, pero suficiente para extender una secuencia que se volvió una de las principales señales de fortalecimiento del balance de la autoridad monetaria.

Desde el inicio de la cuarta fase del programa monetario, en enero, el Banco Central acumuló USD 13.813 millones mediante sus operaciones de compra. En agosto, sin embargo, el ritmo se moderó y las adquisiciones suman USD 486 millones en lo que va del mes.

La dinámica permite observar una diferencia relevante entre el flujo de compras y el stock de reservas. Aunque el BCRA compró apenas USD 9 millones este martes, las reservas brutas aumentaron USD 136 millones. La explicación está, en parte, en la evolución de los activos que componen las tenencias, entre ellos el oro, cuya cotización incrementó el valor contabilizado del stock.

El nivel alcanzado también supera el anterior máximo de la administración actual, registrado el lunes en USD 50.776 millones. La cifra de este martes representa, además, el mayor nivel de reservas brutas desde septiembre de 2019, según los datos consignados.

La acumulación de reservas se convirtió en uno de los objetivos centrales de la estrategia monetaria y cambiaria del Gobierno. Para este año se había establecido una meta de entre USD 10.000 millones y USD 17.000 millones, que el BCRA ya alcanzó a principios de junio. El equipo económico, sin embargo, considera posible llegar al extremo superior del objetivo.

La trayectoria no fue lineal. Durante el primer trimestre, las necesidades de financiamiento del Ministerio de Economía limitaron la capacidad del Banco Central para intervenir comprando divisas. Posteriormente, el esquema monetario buscó compatibilizar la acumulación de reservas con la intervención cambiaria y el manejo de la liquidez en pesos.

En ese proceso, el BCRA incrementó la emisión monetaria sin recurrir a mecanismos de esterilización, mientras que el Tesoro absorbió parte del excedente de liquidez mediante colocaciones de deuda en moneda local. La coordinación apunta a evitar que la acumulación de activos externos se traduzca en una expansión monetaria que presione sobre el tipo de cambio y los precios.

El objetivo excede, además, la fotografía actual del balance. El Gobierno necesita fortalecer su posición externa para afrontar los vencimientos de deuda previstos para 2026 y 2027 y, al mismo tiempo, contar con mayor capacidad de respuesta frente a episodios de volatilidad cambiaria.

La acumulación de reservas se complementa con los acuerdos de swap con Estados Unidos y China, que funcionan como instrumentos adicionales dentro del esquema de respaldo externo. Para el equipo económico, una posición de reservas más sólida permite enfrentar con mayor margen eventuales movimientos de demanda de dólares, particularmente en períodos de incertidumbre política y financiera.

El mercado cambiario mostró, mientras tanto, una variación acotada. El volumen operado en el segmento de contado alcanzó los USD 421,4 millones y el dólar mayorista avanzó $1,50, equivalente a 0,1%, hasta los $1.511,50. El tipo de cambio oficial volvió así a su máximo nominal y acumuló tres ruedas consecutivas de subas.

En agosto, el dólar mayorista registra un incremento de $26,50, equivalente al 1,8%, mientras que desde el comienzo de 2026 el aumento llega a $56,50, un 3,9%. La evolución se mantiene dentro de un rango que el mercado sigue de cerca por su relación con la inflación y con las expectativas sobre la política cambiaria.

El BCRA elevó además el techo de su esquema de bandas cambiarias hasta $1.873,08. Con el mayorista en $1.511,50, el tipo de cambio oficial se encuentra $361,58, o 23,9%, por debajo de ese límite.

En el segmento minorista, el dólar se mantuvo en $1.530 para la venta en Banco Nación, mientras que el dólar blue retrocedió $5, hasta $1.560. En futuros, las operaciones también mostraron variaciones reducidas: se negociaron contratos equivalentes a USD 1.108,2 millones y las posiciones con vencimiento a fines de agosto fueron las más operadas, con una cotización de $1.514.

La señal que deja la jornada combina dos variables que el Gobierno considera estratégicas: un Banco Central que mantiene una racha sostenida de compras y un stock de reservas que vuelve a crecer hasta niveles no vistos desde 2019. El desafío hacia adelante será transformar esa mejora patrimonial en un respaldo suficientemente sólido para atravesar los vencimientos de deuda y eventuales episodios de tensión cambiaria sin trasladar el costo a precios ni comprometer la estabilidad monetaria.

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El riesgo país volvió a 500 puntos

By Redacción Economis 3 semanas ago
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El riesgo país argentino volvió a tocar los 500 puntos básicos y marcó un brusco cambio de clima para los activos locales. El indicador elaborado por JP Morgan avanzó 3,5% durante la rueda, frente a los 489 puntos del cierre anterior, y acumuló una suba superior al 17% en agosto. El dato adquiere relevancia porque apenas semanas atrás el mercado especulaba con una compresión hacia los 400 puntos y una eventual reapertura del financiamiento internacional.

La corrección no responde a un único factor. La mayor aversión global al riesgo, la prolongación de la tensión geopolítica en Medio Oriente, el incremento de las tasas largas de los bonos del Tesoro de Estados Unidos y un escenario doméstico atravesado por la proximidad electoral confluyen para elevar la prima que los inversores exigen para mantener deuda argentina.

A nivel local, el deterioro de los bonos soberanos constituye uno de los principales canales de transmisión. Los Bonares y Globales registraron bajas de hasta 2,4% en la jornada y acumularon retrocesos de hasta 4,3% durante agosto. Al mismo tiempo, el rendimiento de los bonos estadounidenses a 30 años superó el 5%, elevando la tasa libre de riesgo que funciona como referencia para la valuación de los activos emergentes.

El mercado también comenzó a incorporar con mayor intensidad una variable que hasta hace algunos meses parecía lejana: el riesgo político asociado al proceso electoral de 2027. La discusión ya no pasa solamente por la capacidad del Gobierno para sostener el equilibrio fiscal, sino por la posibilidad de mantener el actual programa económico y su respaldo político después de las elecciones.

Gabriel Bagattini, asesor financiero de Finanzas con Gabriel, planteó que confluyen un escenario internacional más adverso y factores propios de Argentina, entre ellos la cercanía de las elecciones y las dudas sobre la velocidad con la que el país podrá recuperar plenamente el acceso al financiamiento internacional.

Alejandro Bianchi, CEO de AsesorDeInversiones.ar, sostuvo que el mercado comenzó a incorporar nuevamente el riesgo político-electoral. Según su lectura, los inversores adelantaron varios meses una discusión que originalmente podía esperarse para comienzos de 2027: cuál será el respaldo político al Gobierno y, en consecuencia, qué probabilidad existe de continuidad del esquema económico luego de las elecciones.

El deterioro de los indicadores de confianza agrega una señal de alerta. El Índice de Confianza en el Gobierno elaborado por la Escuela de Gobierno de la Universidad Torcuato Di Tella se ubicó en julio en 1,94 puntos sobre una escala de 0 a 5, con una caída mensual de 6,5% y el registro más bajo de la actual gestión. A su vez, un informe del Observatorio de Psicología Social Aplicada de la UBA señaló que el 61% de los encuestados apoyaba un cambio de gobierno para 2027.

La otra variable doméstica que observa el mercado es el ritmo de acumulación de reservas. Durante agosto continuaron las compras del Banco Central, pero a un ritmo considerablemente inferior al de julio: el promedio diario se ubicó en torno a los US$28 millones, frente a los US$103 millones del mes anterior, con un acumulado de US$249 millones hasta el jueves señalado en el análisis de mercado.

Ese menor ritmo de compras importa porque las reservas constituyen uno de los principales respaldos que los inversores utilizan para evaluar la capacidad de pago futura. Argentina mantiene vencimientos significativos de deuda en moneda extranjera, particularmente concentrados hacia 2027, mientras todavía no recuperó plenamente el acceso normal a los mercados internacionales de capitales.

Rafael Di Giorno, de Proficio, resumió esa lectura al señalar que el Banco Central dejó de comprar dólares a un ritmo significativo como el observado hasta un mes atrás y que, en el escenario actual, desapareció parte de los factores que habían impulsado la compresión del riesgo país.

La dimensión internacional amplifica el movimiento. El incremento de las tasas largas de los Treasuries estadounidenses encarece el costo de oportunidad de invertir en activos emergentes y reduce el atractivo relativo de instrumentos de mayor riesgo. Para Argentina, cuyo mercado soberano continúa presentando una elevada sensibilidad a los cambios en el apetito global, ese movimiento tiene un impacto mayor.

Brasil también aparece como una variable regional a seguir. El real mantiene una evolución favorable en el año, pero comienza a incorporar mayor incertidumbre frente a su propio proceso electoral y a las dudas sobre la trayectoria fiscal futura. Para los activos argentinos, una mayor aversión global al riesgo puede amplificar la volatilidad precisamente por la elevada sensibilidad del crédito soberano.

En paralelo, las acciones argentinas que cotizan en Wall Street acompañaron el deterioro general. Corporación América cayó 5,5%, BBVA retrocedió 3,8% y Edenor perdió 3,2%, mientras Globant avanzó 1,9% y Mercado Libre 1%. En la Bolsa porteña, el índice Merval cedió 1,2% hasta los 2.914.141,17 puntos y, medido en dólares, retrocedió 1,7%, hasta los US$1.844,56.

Entre las acciones locales, BBVA registró una caída de hasta 4,2%, mientras YPF se movió en sentido contrario y avanzó 2,5%. La dispersión entre papeles muestra que el ajuste no afecta de manera homogénea a todas las compañías y que factores específicos de cada empresa continúan teniendo peso aun dentro de un escenario financiero adverso.

La pregunta central para el mercado es si los 500 puntos representan una interrupción transitoria de la tendencia descendente o el comienzo de una recomposición más persistente de la prima de riesgo. Bagattini consideró que el nivel actual no implica todavía un cambio estructural, dado que Argentina continúa muy por debajo de los registros de riesgo observados años atrás. La señal relevante, en cambio, será la capacidad del indicador para estabilizarse o continuar escalando.

Bianchi coincide en que el movimiento no implica necesariamente un deterioro sustancial de los fundamentos fiscales. Argentina conserva una posición fiscal y externa más ordenada que en períodos anteriores y, además, Fitch y S&P elevaron recientemente la calificación soberana desde CCC+ hasta B-. Sin embargo, con un riesgo país en torno a 500 puntos, el mercado comienza a mirar menos el ajuste ya realizado y más la capacidad política e institucional para sostenerlo durante 2027.

Ese cambio de foco es posiblemente el dato más relevante de la rueda. La discusión financiera argentina empieza a desplazarse desde la corrección de los desequilibrios heredados hacia la credibilidad de su continuidad. Para el Gobierno, sostener la estabilidad macroeconómica ya no alcanza por sí solo: el mercado exige señales sobre reservas, financiamiento, deuda y, cada vez más, sobre la capacidad de convertir el programa económico en una política sostenible más allá del calendario electoral.

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Reforma del BCRA: el oficialismo consiguió dictamen y busca blindar la política monetaria frente al Tesoro

By Redacción Economis 4 semanas ago
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El oficialismo consiguió este miércoles en Diputados el dictamen de mayoría para reformar la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA), en un paso clave para uno de los proyectos institucionales centrales del programa económico de Javier Milei. La iniciativa, que mantiene prácticamente sin cambios el texto enviado por el Poder Ejecutivo, quedó en condiciones de ser debatida en el recinto, con el 26 de agosto como fecha tentativa para su tratamiento.

El despacho reunió 42 firmas de La Libertad Avanza y bloques dialoguistas del PRO, la UCR, Innovación Federal, Independencia y Producción y Trabajo. El avance se produjo después de un plenario de las comisiones de Finanzas y Presupuesto y Hacienda que comenzó atravesado por cruces políticos y terminó con la salida de los diputados de Unión por la Patria.

La discusión expuso una diferencia relevante incluso dentro del arco que acompaña al Gobierno. Eduardo Falcone, del MID, decidió no firmar el dictamen y cuestionó el tono de las intervenciones de algunos economistas invitados. El diputado consideró que las exposiciones de Miguel Boggiano y Ramiro Castiñeira se apartaron del carácter técnico que esperaba de la reunión y las calificó como una provocación innecesaria.

La tensión obligó incluso a diputados libertarios a pedir disculpas a representantes del PRO, la UCR y el MID. Fernando de Andreis, del PRO, también manifestó su desacuerdo con el contenido político de las primeras exposiciones, aunque dejó en claro que su espacio mantiene el respaldo al proyecto porque considera que la reforma institucional del BCRA resulta necesaria.

El episodio revela una cuestión política de fondo: el oficialismo consiguió construir una mayoría para avanzar con la reforma, pero la discusión sobre el Banco Central atraviesa incluso a sus propios aliados. La coincidencia parlamentaria se encuentra en la necesidad de limitar la utilización del organismo como fuente de financiamiento del Estado, mientras persisten diferencias sobre el alcance de sus objetivos y el grado de autonomía que debería tener frente al Poder Ejecutivo.

El núcleo de la reforma consiste en redefinir la misión del BCRA. El proyecto establece como objetivo central “la preservación del valor de la moneda nacional” y elimina el esquema de objetivos múltiples incorporado en la Carta Orgánica durante la reforma de 2012, bajo la conducción de Mercedes Marcó del Pont y durante la presidencia de Cristina Kirchner.

El cambio no es meramente semántico. En términos institucionales, busca modificar la función que el Banco Central debe cumplir dentro del esquema económico y reducir el margen para que la autoridad monetaria persiga simultáneamente objetivos potencialmente contradictorios. La propuesta oficial parte de una premisa: una moneda estable requiere que la política monetaria no quede subordinada a las necesidades fiscales del Gobierno de turno.

La segunda transformación sustancial es la prohibición de financiar al Tesoro. El proyecto busca cerrar los mecanismos mediante los cuales el Banco Central puede asistir al Estado a través de adelantos transitorios y otros instrumentos. La iniciativa también contempla un mecanismo para cancelar progresivamente las letras intransferibles y los adelantos transitorios acumulados en el activo de la entidad.

La reforma incluye, además, modificaciones en el tratamiento de las reservas de libre disponibilidad y en la distribución de utilidades del BCRA. El paquete apunta a modificar la relación patrimonial y financiera entre el Banco Central y el Tesoro, una de las cuestiones más sensibles de la arquitectura monetaria argentina.

Otro aspecto relevante está relacionado con la estabilidad de las autoridades de la entidad. La iniciativa endurece las condiciones para remover al presidente del BCRA y a los integrantes de su directorio. La decisión del Poder Ejecutivo deberá sustentarse en causales específicas y contar con la aprobación de dos tercios de los presentes de ambas cámaras del Congreso.

Ese mecanismo introduce una barrera institucional adicional frente a cambios discrecionales en la conducción de la autoridad monetaria. El principio es que una mayor estabilidad de sus autoridades debería contribuir a reducir la interferencia política sobre las decisiones monetarias.

Los defensores de la reforma llevaron al debate una interpretación particularmente dura sobre la historia monetaria argentina. Boggiano sostuvo que los gobiernos utilizaron históricamente la inflación como mecanismo de financiamiento y cuestionó que la Carta Orgánica de 2012 haya asignado al Banco Central múltiples objetivos.

Castiñeira, asesor económico del Presidente, planteó una crítica similar y vinculó directamente la utilización de las reservas y la emisión monetaria con el financiamiento de los desequilibrios fiscales. Para ambos economistas, la reforma debe funcionar como una barrera institucional frente a la posibilidad de que futuros gobiernos vuelvan a recurrir al Banco Central para cubrir déficits.

Héctor Rubini llevó la discusión a un terreno comparativo. Según explicó, durante el período 2017-2026 los países de la región con bancos centrales con menor interferencia política —mencionó a Perú, Chile, Colombia, Brasil, Uruguay y Paraguay— registraron una inflación promedio mensual de 0,4%, frente al 4,2% de Argentina en el mismo período.

La comparación permite colocar la discusión sobre independencia monetaria en un contexto regional. El desafío no consiste solamente en prohibir la emisión destinada al Tesoro, sino en construir una institución con credibilidad suficiente para que los agentes económicos crean que las reglas monetarias no serán modificadas cada vez que cambien las necesidades fiscales o electorales.

Aldo Abram, director de la Fundación Libertad y Progreso, reforzó esa mirada al señalar que una inflación de un dígito no debería ser considerada un resultado extraordinario. Para el economista, una Carta Orgánica que otorgue mayor independencia al Banco Central permitiría reducir el margen de emisión cuando la demanda de pesos no la justifique.

El argumento oficial encuentra, sin embargo, una objeción institucional que quedó expuesta durante el plenario. Falcone planteó que la autoridad monetaria no debería limitarse exclusivamente a la preservación del valor de la moneda y propuso incorporar otros objetivos, en una línea similar al mandato dual de la Reserva Federal estadounidense.

La discusión sobre los objetivos del Banco Central es particularmente relevante porque define qué ocurre cuando estabilidad monetaria, empleo, crecimiento y estabilidad financiera entran en tensión. Una autoridad monetaria con un mandato estrecho tiene mayor claridad sobre su función, pero también menos herramientas para ponderar objetivos económicos diversos. Una con múltiples objetivos dispone de mayor flexibilidad, aunque puede enfrentar mayores dificultades para establecer prioridades y medir responsabilidades.

Falcone también cuestionó que el Congreso intervenga en la remoción de autoridades pero no tenga una participación equivalente en su designación. Su propuesta apunta a que ambas instancias requieran aprobación parlamentaria, una modificación que elevaría el nivel de consenso político necesario para conformar la conducción del organismo.

La controversia, en ese punto, trasciende la discusión entre oficialismo y oposición. La independencia del Banco Central no depende únicamente de impedir la asistencia financiera al Tesoro. También requiere definir quién designa a sus autoridades, cuánto duran sus mandatos, bajo qué circunstancias pueden ser removidas, qué objetivos deben perseguir y cómo rinden cuentas frente a la sociedad.

La experiencia argentina agrega un componente decisivo: la credibilidad. Las recurrentes crisis monetarias, cambios regulatorios y episodios de confiscación de ahorros dejaron una huella profunda sobre las decisiones de hogares y empresas. Por eso, una reforma institucional puede tener efectos económicos concretos solamente si logra modificar expectativas y generar confianza sostenida en las reglas.

Para el Gobierno, la reforma de la Carta Orgánica constituye una pieza complementaria de su estrategia de estabilización. La disciplina fiscal y la eliminación del financiamiento monetario del Tesoro pueden reducir las presiones inflacionarias, pero el resultado de largo plazo dependerá de que esas restricciones sobrevivan a los cambios de administración.

Ese es precisamente el punto donde la reforma puede adquirir impacto social. Una moneda que conserve su valor no es solamente una meta macroeconómica: afecta el poder adquisitivo de los salarios, el valor de los ahorros, el costo del crédito y la capacidad de las empresas para planificar inversiones. Del mismo modo, limitar el financiamiento monetario del déficit puede reducir una fuente histórica de inflación, pero obliga al Estado a resolver sus desequilibrios mediante decisiones fiscales explícitas.

El dictamen conseguido por el oficialismo abre ahora una etapa diferente. La discusión en el recinto deberá determinar si la mayoría construida en comisión se sostiene y, eventualmente, qué modificaciones pueden introducirse al proyecto. El oficialismo ya consiguió el primer objetivo político; el desafío siguiente será transformar una mayoría parlamentaria circunstancial en un consenso institucional suficientemente amplio como para que las reglas del Banco Central no vuelvan a quedar atadas al ciclo electoral.

En última instancia, la reforma busca resolver un problema que Argentina arrastra desde hace décadas: cómo evitar que la autoridad monetaria sea utilizada para financiar desequilibrios fiscales y cómo construir una institución capaz de sostener el valor de la moneda aun cuando las necesidades políticas presionen en sentido contrario. La verdadera prueba de la nueva Carta Orgánica no estará en su aprobación, sino en si consigue sobrevivir al próximo gobierno que enfrente una crisis y tenga incentivos para volver a utilizar al Banco Central como caja.

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