El Gobierno redefine el futuro de las obras del FISU: qué pasará con los trabajos en barrios populares
El Gobierno nacional puso en marcha una nueva hoja de ruta para las obras de integración socio urbana que quedaron en ejecución bajo el Fondo de Integración Socio Urbana (FISU), con una premisa que puede modificar el destino de numerosos proyectos en barrios populares: la Nación ya no da por descontada la continuidad del financiamiento y analizará cada obra según su avance, el interés público involucrado, sus costos y la disponibilidad de recursos.
La decisión quedó formalizada mediante la Resolución 209/2026 de la Secretaría de Obras Públicas, publicada este miércoles en el Boletín Oficial, que aprobó el Plan de Acción para las Obras en Curso de Ejecución del Régimen de Integración Socio Urbana de los barrios populares identificados en el RENABAP. El objetivo declarado es ordenar qué hacer con los contratos que permanecen abiertos y aplicar criterios de legalidad, regularidad financiera, economicidad, eficiencia y eficacia en el uso de recursos públicos.
El cambio tiene un impacto directo sobre las comunidades que esperan obras de infraestructura, urbanización y mejoramiento del hábitat. La integración socio urbana no se limita a la construcción de viviendas: el régimen contempla intervenciones sobre infraestructura, acceso a servicios, espacios públicos, conectividad, saneamiento, mitigación ambiental, regularización dominial y otras condiciones que determinan la calidad del hábitat.
La nueva regla: obra por obra
El plan establece un mecanismo de revisión de los contratos que todavía están en ejecución. Si existe un incumplimiento del ente ejecutor o del contratista, la Secretaría deberá verificar si se tomaron medidas para corregirlo. Cuando corresponda, podrá impulsar la recuperación de fondos y eventualmente resolver el convenio por responsabilidad del ejecutor o contratista. En ese escenario, la provincia, el municipio u otro ente involucrado será notificado para evaluar si puede continuar la obra sin asistencia financiera nacional.
El segundo escenario contempla las obras que no presentan incumplimientos o cuyas irregularidades hayan sido subsanadas. Allí también aparece un cambio relevante: la Nación deberá analizar si la provincia, el municipio u otro ente ejecutor está en condiciones de asumir el financiamiento de los trabajos restantes sin recursos nacionales.
Si esa alternativa no fuera posible, la continuidad de la obra deberá ser evaluada de manera restrictiva y con una justificación fundada. La administración tendrá que ponderar tres variables centrales: cuánto avanzó la obra, cuál es el interés público comprometido y cuánto costaría terminarla frente a los recursos disponibles.
En términos prácticos, el nuevo esquema busca evitar que una obra inconclusa quede automáticamente atrapada en una estructura administrativa que ya no existe. Pero también significa que tener una obra iniciada bajo el FISU no garantiza por sí solo que el Estado nacional continúe financiando hasta su finalización.
El origen del problema: auditorías y demoras
La resolución expone además las razones que llevaron al Gobierno a revisar el funcionamiento del esquema anterior. La Sindicatura General de la Nación (SIGEN) había detectado problemas en el funcionamiento del FISU, entre ellos incumplimientos generalizados de los plazos de ejecución, deficiencias en la planificación, mayores costos adicionales y administrativos, demoras en las rendiciones de cuentas e incumplimientos contractuales.
El informe también señaló casos de adquisición de terrenos próximos a basurales, con potenciales impactos contaminantes sobre agua, aire y suelo, además de proyectos aprobados sin la correspondiente tasación del inmueble. La SIGEN observó, asimismo, adjudicaciones a cooperativas que no habrían acreditado de manera suficiente antecedentes de especialidad e idoneidad para ejecutar determinadas prestaciones.
El Gobierno utilizó esas observaciones como uno de los fundamentos para avanzar con la disolución del FISU mediante el Decreto 312/2025. Sin embargo, la Justicia Federal de Pehuajó suspendió posteriormente los efectos de determinados artículos de ese decreto y frenó la liquidación del patrimonio del fondo hasta que el Estado acreditara el cumplimiento de una orden judicial vinculada con la continuidad de la política de integración socio urbana.
La resolución publicada ahora se inscribe en ese escenario judicial y administrativo: el Estado busca ordenar las obras que siguen abiertas sin desconocer el mandato de garantizar la continuidad de la política de integración socio urbana.
El giro en el manejo de los fondos
Otro cambio relevante es institucional. La Secretaría de Obras Públicas derogó la Resolución 58/2025, que había establecido la composición del Comité Ejecutivo del FISU. La nueva resolución sostiene que, luego de las modificaciones introducidas al régimen de fondos fiduciarios, las funciones que anteriormente estaban concentradas en ese comité quedaron bajo la órbita de la Secretaría Legal y Administrativa del Ministerio de Economía.
El movimiento refleja una mayor centralización del control financiero de los fondos fiduciarios públicos. El Ministerio de Economía había asumido en 2024 la condición de fiduciante en representación del Estado nacional y las instrucciones vinculadas con desembolsos deben atravesar mecanismos de intervención de la Secretaría de Hacienda.
Para los barrios populares, el resultado será más concreto que la arquitectura administrativa: cada obra deberá demostrar por qué merece continuar, quién puede financiarla y qué costo tiene terminarla.
Qué significa para los vecinos
El impacto social de esta decisión dependerá de la capacidad de transformar el nuevo esquema de control en obras efectivamente terminadas. Para una familia que espera agua, cloacas, calles, infraestructura comunitaria, espacios públicos o mejoras de accesibilidad, una obra inconclusa no representa solamente un problema presupuestario: implica que una solución prevista para reducir una brecha de infraestructura queda a mitad de camino.
El desafío que plantea el nuevo plan es precisamente convertir la revisión administrativa en una herramienta para evitar dos resultados igualmente costosos: seguir destinando recursos a proyectos inviables o dejar abandonadas obras que ya consumieron recursos públicos y que tienen un alto impacto sobre las condiciones de vida de los vecinos.
La propia normativa de integración socio urbana establece que las intervenciones deben ser progresivas, integrales y participativas, con participación de provincias, municipios y la Ciudad de Buenos Aires. En ese marco, la nueva estrategia abre una etapa en la que la coordinación con las jurisdicciones locales será determinante para saber qué proyectos pueden terminarse y cuáles deberán ser reformulados.
El Gobierno, en definitiva, cambió la pregunta. Ya no se trata solamente de cuánto dinero queda disponible para el antiguo FISU, sino de qué obras tienen sentido terminar, cuánto cuesta hacerlo y quién debe hacerse cargo de que los proyectos no queden abandonados. La respuesta será especialmente relevante en los barrios donde una obra de infraestructura representa la diferencia entre contar o no con servicios urbanos básicos.