La UTA presiona por una recomposición salarial y advierte con un paro mientras crece la tensión por los subsidios al transporte
La disputa por los subsidios al transporte público sumó un nuevo capítulo de tensión entre el Gobierno nacional, las empresas de colectivos y los trabajadores del sector. La Unión Tranviarios Automotor (UTA) elevó una dura advertencia al Ministerio de Economía al reclamar una urgente recomposición salarial y alertar que “la paz social peligra”, en un contexto marcado por la implementación de un nuevo esquema de distribución de compensaciones tarifarias para las empresas del transporte automotor.
A través de una carta dirigida al ministro de Economía, Luis Caputo, el gremio que conduce Roberto Fernández exigió una respuesta concreta a los reclamos salariales pendientes y cuestionó que los choferes estén siendo utilizados como variable de ajuste en la estrategia de equilibrio fiscal impulsada por el Gobierno nacional.
El sindicato remarcó que su pedido de actualización salarial rige desde mayo y denunció que hasta el momento sólo recibió “dilaciones” en las negociaciones. En ese marco, reclamó recibir “el mismo trato que agroexportadoras, petroleras y mineras”, sectores que, según la organización, cuentan con herramientas y beneficios que les permiten sostener sus niveles de actividad mientras los trabajadores del transporte enfrentan una pérdida del poder adquisitivo.
La advertencia de la UTA llega en un momento particularmente sensible para el sistema de transporte del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), donde la discusión sobre tarifas, subsidios y costos operativos volvió a instalarse en el centro de la agenda económica. El gremio sostiene que los trabajadores están siendo “sacrificados en el altar del superávit fiscal” y cuestiona que la consolidación de las cuentas públicas se construya sobre salarios que no logran acompañar la evolución del costo de vida.
La referencia al superávit fiscal no es casual. El Gobierno de Javier Milei convirtió el equilibrio de las cuentas públicas en el principal ancla de su programa económico y ha mantenido una política de fuerte contención del gasto. En ese escenario, el transporte público aparece como uno de los sectores bajo permanente revisión debido al peso que históricamente tuvieron los subsidios en las finanzas nacionales.
Mientras tanto, la Secretaría de Transporte avanzó con la puesta en marcha de un nuevo esquema de distribución de compensaciones tarifarias mediante la Resolución 31/2026, publicada en el Boletín Oficial. La iniciativa forma parte del proceso de modernización y reestructuración del sistema impulsado por la administración nacional.
Según explicó el organismo, el nuevo mecanismo busca reforzar los controles sobre las empresas prestatarias y orientar las compensaciones hacia indicadores vinculados con la calidad del servicio. Entre las variables consideradas figuran el cumplimiento de frecuencias, los kilómetros efectivamente recorridos, la antigüedad de las unidades, la regularidad operativa y los sistemas de cobro implementados.
La lógica oficial apunta a migrar desde un esquema basado principalmente en costos empresariales hacia otro con mayor foco en la demanda y en el desempeño efectivo del servicio. De esta manera, las empresas que acrediten mejores niveles de operación y prestación tendrán mayores posibilidades de acceder a las compensaciones estatales.
Desde el Ministerio de Economía sostienen que el nuevo sistema permitirá mejorar la calidad y previsibilidad del transporte para los usuarios, optimizar la circulación de las unidades y fortalecer la eficiencia en el uso de los recursos públicos. Sin embargo, la modificación también genera incertidumbre entre operadores y trabajadores, que observan con preocupación cómo impactará sobre la estructura de ingresos de las empresas y, por extensión, sobre futuras negociaciones salariales.
En este contexto, la advertencia de la UTA adquiere una dimensión política y económica significativa. El gremio deja abierta la posibilidad de medidas de fuerza si no aparecen respuestas concretas, lo que podría derivar en nuevos conflictos en uno de los servicios más sensibles para la actividad económica y la movilidad urbana del país. La pulseada entre ajuste fiscal, subsidios y salarios vuelve así a colocar al transporte público en el centro de una discusión que excede al sector y refleja las tensiones de fondo del actual modelo económico.