Retenciones agropecuarias

El agro liquidó US$2.750 millones en agosto y acumula una caída del 12% en el año

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El complejo agroexportador ingresó US$2.750 millones durante agosto, un flujo de divisas que, si bien quedó 6% por debajo del registro de julio, marcó un salto interanual del 33%. De esta manera, el sector acumuló US$19.047 millones entre enero y agosto de 2026, todavía un 12% por debajo del nivel alcanzado en igual período del año pasado. Los datos fueron difundidos por la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC).

El dato de agosto muestra una dinámica exportadora más activa, particularmente por el lado del maíz. Según CIARA-CEC, el mes estuvo marcado por un incremento de los embarques asociado a una buena cosecha y a una mayor intensidad en las ventas de los productores destinadas a la exportación. El comportamiento resulta relevante porque aporta oferta genuina de dólares en un momento en que la evolución del comercio exterior constituye uno de los principales factores para fortalecer la disponibilidad de divisas de la economía argentina.

La comparación mensual, sin embargo, obliga a leer el resultado con cierta cautela. Los US$2.750 millones de agosto representaron una merma del 6% frente a julio, aunque el salto del 33% respecto de agosto de 2025 evidencia que el flujo de liquidación se ubicó considerablemente por encima del registrado un año atrás. El acumulado anual introduce el principal matiz: con US$19.047 millones ingresados hasta agosto, el complejo todavía se encuentra 12% por debajo del acumulado de 2025.

La explicación del comportamiento anual está vinculada, en buena medida, con la particularidad del ciclo anterior. Durante 2025 hubo un adelantamiento extraordinario de ventas y liquidaciones asociado a la reducción temporal de las retenciones, cuyo vencimiento en julio generó un incentivo para anticipar operaciones. En 2026, en cambio, el sector atraviesa una campaña que CIARA-CEC caracteriza como normal, sin esquemas temporales que distorsionen el calendario de comercialización.

Esta diferencia es central para interpretar correctamente la caída interanual acumulada. No necesariamente implica un deterioro equivalente en la capacidad exportadora del complejo, sino que también refleja una base de comparación excepcionalmente elevada. El desafío para los próximos meses será determinar si el mayor volumen físico de granos comercializados y embarcados consigue cerrar esa brecha y sostener un flujo de divisas más estable, sin depender de incentivos transitorios.

En esa línea, la Bolsa de Comercio de Rosario proyecta que el incremento de los volúmenes exportados de soja, maíz, trigo, girasol, cebada y sorgo permitirá compensar durante 2026 la reducción permanente de las alícuotas de derechos de exportación vigente desde diciembre de 2025. La entidad estima un aporte de US$4.613 millones por retenciones agrícolas durante el año, prácticamente en línea con los US$4.665 millones registrados en 2025. La soja explicaría US$3.275 millones de ese total, seguida por el maíz, con US$754 millones, y el trigo, con US$324 millones.

El escenario adquiere una dimensión mayor cuando se incorpora el desempeño de otros sectores exportadores. La energía y la minería aparecen como motores adicionales del ingreso de dólares y, de acuerdo con la proyección de la Cámara de Exportadores de la República Argentina, el país podría alcanzar en 2026 un récord histórico de exportaciones, con despachos estimados en US$103.200 millones.

Para la economía real, la cuestión de fondo no es solamente cuánto liquida el agro en un determinado mes, sino qué capacidad tiene el complejo exportador para generar un flujo de divisas sostenido y previsible. La cifra de agosto ofrece una señal favorable por el crecimiento interanual y por el impulso del maíz, pero el acumulado todavía muestra una brecha frente a 2025. La consolidación de una campaña agrícola normal, acompañada por mayores volúmenes exportables y una mayor diversificación de las fuentes de dólares, será determinante para transformar el potencial productivo en una oferta externa más estable.

En ese sentido, el dato de agosto aporta una señal concreta para la política económica: aun con una liquidación acumulada inferior a la del año pasado, el agro continúa siendo una de las principales fuentes de divisas de la Argentina y cuenta con margen para incrementar sus embarques. La solución estructural pasa por sostener ese flujo sin depender de ventanas extraordinarias de incentivos, de modo que las exportaciones puedan convertirse en una fuente más previsible de financiamiento externo, inversión y actividad económica.

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ARCA ajustó el SISA, cambia el calendario de información agrícola y endurece las condiciones para cobrar reintegros

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La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) modificó las reglas del Sistema de Información Simplificado Agrícola (SISA) y redefinió tanto los plazos para informar existencias y superficies productivas como las condiciones necesarias para acceder al reintegro sistémico de retenciones. La medida quedó formalizada mediante la Resolución General 5894/2026, publicada este martes en el Boletín Oficial, y entra en vigencia desde su publicación.

El cambio busca adaptar el régimen de información a una transformación concreta de la actividad agropecuaria: la ampliación de las áreas destinadas a determinados cultivos y la extensión de los períodos de siembra y cosecha, fenómenos que ARCA vincula con mejoras tecnológicas aplicadas a la producción y con las modificaciones registradas en las condiciones climáticas durante las últimas campañas.

La modificación más relevante se concentra en el calendario de las denominadas Información Productiva 1 (IP1) e Información Productiva 2 (IP2). Desde ahora, la IP1 deberá presentarse entre el 1 de septiembre y el 31 de octubre de cada año. En esa instancia deberán declararse las existencias al 31 de agosto, incluyendo los productos comercializados desde el 1 de septiembre, además de determinadas superficies agrícolas correspondientes a los cultivos contemplados por el régimen.

La nueva reglamentación incorpora también una respuesta específica para los cultivos cuyos ciclos productivos se desarrollen de manera extemporánea respecto del período habitual. En esos casos, determinadas superficies podrán informarse dentro de la IP1 aunque correspondan a cultivos incluidos en el universo de la IP2.

La IP2, en tanto, deberá presentarse desde el 1 de diciembre de cada año hasta el último día de febrero del año siguiente. Allí deberán informarse las superficies destinadas a los cultivos correspondientes a ese grupo y, nuevamente, aquellos cultivos cuyo ciclo productivo se desarrolle fuera de la modalidad habitual.

El nuevo esquema intenta, de esta manera, que el sistema de información fiscal acompañe mejor la realidad productiva y reduzca los desajustes que pueden generarse cuando los calendarios administrativos no coinciden con los ciclos efectivos del campo. Una vez ingresada y confirmada la información, el sistema emitirá la correspondiente constancia, mientras que las presentaciones que contengan errores o inconsistencias serán rechazadas automáticamente.

El cambio que impacta en el reintegro de retenciones

La resolución también modifica las condiciones para que los productores puedan acceder al reintegro sistémico previsto por el SISA. En este punto, ARCA introduce mayores exigencias de trazabilidad sobre las operaciones y sobre la situación fiscal del contribuyente.

Todas las operaciones primarias de compraventa de los productos alcanzados deberán documentarse mediante Liquidaciones Primarias de Granos (LPG) y estar vinculadas con la correspondiente Certificación Primaria de Depósito, Retiro y/o Transferencia de Granos. También se contempla la posibilidad de vinculación mediante una liquidación de ajuste que contenga, como mínimo, una certificación primaria de esas características.

La retención practicada deberá, además, haber sido informada por el agente de retención de acuerdo con el régimen correspondiente y utilizando los códigos establecidos por ARCA para el SISA. A esto se suma una condición financiera relevante: el saldo de la declaración jurada correspondiente al mes en que se produjo la retención deberá encontrarse cancelado.

El cambio apunta a cerrar una brecha entre la retención registrada y la efectiva regularización de las obligaciones fiscales asociadas. En términos prácticos, el productor que pretenda acceder al reintegro deberá contar con una cadena documental consistente y con la correspondiente retención correctamente informada y cancelada en la declaración jurada del período.

Una condición adicional para recibir el dinero

La modificación más significativa desde el punto de vista del cobro aparece en el artículo 64. ARCA establece que los importes cuyo reintegro corresponda serán acreditados en la cuenta bancaria informada por el productor y aceptada conforme al régimen de registración de CBU, pero únicamente cuando el solicitante no registre deudas líquidas y exigibles de carácter impositivo, previsional o aduanero al momento en que deba efectivizarse el pago.

Además, la cuenta informada deberá ser una caja de ahorros o una cuenta corriente. El requisito convierte la situación fiscal integral del productor en una condición determinante para la efectiva acreditación del reintegro.

El nuevo criterio tiene un efecto práctico que puede resultar relevante para las empresas agropecuarias: una retención correctamente documentada y registrada no garantiza por sí sola que el dinero sea acreditado. Antes de efectivizar el reintegro, ARCA verificará que no existan obligaciones líquidas y exigibles pendientes en materia tributaria, previsional o aduanera.

La resolución refleja así un doble movimiento regulatorio. Por un lado, flexibiliza y adapta el calendario de información del SISA a ciclos agrícolas que dejaron de responder necesariamente a las ventanas tradicionales de siembra y cosecha. Por otro, refuerza los controles sobre el circuito que permite recuperar las retenciones sufridas por los productores.

Para el sector agropecuario, la principal herramienta de prevención será revisar el calendario de presentación correspondiente a cada cultivo y mantener alineados los registros productivos, la documentación de las operaciones, las retenciones informadas y la situación fiscal general. El nuevo esquema no elimina el reintegro, pero condiciona su efectivización a una mayor consistencia entre la información productiva, la documentación comercial y el cumplimiento de las obligaciones ante ARCA.

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El Gobierno oficializó una baja gradual de retenciones

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El Gobierno nacional oficializó un nuevo esquema de reducción gradual y permanente de los derechos de exportación para las principales cadenas agroindustriales del país. A través del Decreto 423/2026, se estableció un cronograma que profundiza la rebaja de retenciones sobre soja, maíz, trigo, cebada, girasol y diversos subproductos industriales, con un horizonte de reducción que se extenderá hasta fines de 2028.

La decisión busca consolidar una señal de largo plazo para uno de los sectores que más divisas aporta a la economía argentina. El dato político y económico relevante es que la administración nacional abandona la lógica de reducciones transitorias y plantea un sendero previsible, elemento históricamente reclamado por productores, exportadores e industriales para planificar inversiones.

El decreto ratifica una definición estratégica del Gobierno: considera a las retenciones como un impuesto distorsivo y plantea una eliminación progresiva condicionada al sostenimiento del equilibrio fiscal.

La novedad no está únicamente en la reducción de alícuotas. El valor central para los mercados es la previsibilidad. La norma fija un cronograma explícito para los próximos años, permitiendo anticipar la carga tributaria futura al momento de tomar decisiones de siembra, industrialización o exportación.

Para la soja, principal complejo exportador argentino, el esquema prevé una reducción gradual desde los actuales niveles hasta llegar al 13% para el poroto de soja hacia diciembre de 2028, mientras que los aceites y harinas también seguirán una trayectoria descendente.

En paralelo, cultivos como trigo, cebada, maíz y girasol continúan transitando un sendero de reducción que en numerosos productos industrializados converge hacia niveles cercanos a cero o significativamente inferiores a los actuales.

Qué significa para las economías regionales

Aunque el impacto mediático suele concentrarse en la región pampeana, la medida tiene implicancias para múltiples cadenas productivas del interior.

La reducción de retenciones modifica la ecuación económica de los sectores exportadores porque aumenta el precio neto recibido por productores e industriales. En términos simples, una menor porción del valor exportado queda en manos del Estado y una mayor parte permanece dentro de la cadena productiva.

Para las economías regionales, el efecto más relevante no necesariamente será inmediato sobre los ingresos, sino sobre las decisiones de inversión.

Cuando un productor o una industria conoce con anticipación cuál será su presión tributaria durante los próximos tres años, mejora la capacidad de proyectar ampliaciones de capacidad instalada, incorporación de tecnología o apertura de nuevos mercados.

Biodiésel: una apuesta a nuevos mercados

Uno de los aspectos menos visibles del decreto, pero potencialmente más estratégicos, es el tratamiento diferencial para determinados biocombustibles.

El Gobierno dispuso una reducción específica para biodiésel elaborado a partir de materias primas distintas de la soja, como colza, cártamo, Brassica Carinata y Camelina Sativa, equiparando su tratamiento tributario al de los aceites vegetales.

La decisión responde a cambios regulatorios internacionales y busca ampliar oportunidades comerciales en mercados que demandan combustibles con menor huella ambiental.

Desde la perspectiva productiva, representa una señal para la diversificación de materias primas destinadas a la transición energética global.

El impacto sobre la industria exportadora

El beneficio no queda restringido al productor primario. Las reducciones alcanzan a harinas, aceites, alimentos balanceados, derivados industriales y múltiples productos con valor agregado. Esto mejora la competitividad de las plantas procesadoras y fortalece el incentivo a industrializar dentro del país en lugar de exportar exclusivamente materias primas.

Para los complejos agroindustriales, el efecto económico es doble: mejora el margen exportador. Incrementa la previsibilidad para inversiones de largo plazo. Reduce el costo fiscal asociado a la agregación de valor. Fortalece la competitividad frente a otros países exportadores. Favorece la planificación de campañas agrícolas futuras.

La baja de retenciones constituye una mejora concreta para la competitividad exportadora, pero no opera en aislamiento.

El efecto final dependerá de variables como el tipo de cambio, los costos logísticos, el acceso al financiamiento, la evolución de los precios internacionales y la demanda global de alimentos y biocombustibles.

Para el sector productivo, el principal valor del decreto es la previsibilidad. La agroindustria argentina convive desde hace años con cambios frecuentes en materia tributaria. La existencia de un cronograma explícito modifica el horizonte de planificación y reduce incertidumbre.

Lo que habrá que seguir de cerca es la capacidad fiscal del Gobierno para sostener el sendero comprometido. Si el programa se mantiene sin alteraciones, Argentina ingresará en un proceso gradual de reducción de la presión exportadora que podría redefinir la competitividad de varias cadenas agroindustriales durante la segunda mitad de la década.

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La recaudación fiscal de febrero cayó 9% real y sufrió su séptima baja consecutiva

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La recaudación de impuestos volvió a caer en febrero y totalizó $16,2 billones, según informó la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). Eso implica que los ingresos del fisco crecieron de manera nominal un 20%, pero en términos reales, descontado el efecto de la inflación, la baja fue del orden del 9%.

La recaudación tributaria de febrero alcanzó los $16.231.830 millones y marcó una suba interanual nominal del 20,1%. El dato confirma una recuperación nominal de los ingresos, pero deja al descubierto una tensión estructural: el impacto negativo de la reducción de alícuotas en Derechos de Exportación y la desaceleración de importaciones condicionan la caja en un momento en que el Gobierno necesita sostener recursos sin resignar señales al sector productivo.

El número, informado en el reporte mensual, también refleja un fenómeno menos visible pero relevante en términos fiscales: el fuerte incremento del acogimiento de deuda corriente a planes de pago, especialmente en IVA y Seguridad Social, que moderó el crecimiento efectivo de la recaudación.

La pregunta de fondo no es cuánto crece la recaudación, sino cuánto margen real conserva el Ejecutivo para administrar ingresos en un esquema de alivio tributario parcial y menor dinamismo del comercio exterior.

IVA y Ganancias sostienen el resultado

El Impuesto al Valor Agregado Neto recaudó $5.405.501 millones, con una variación interanual de 13,7%. Sin embargo, el comportamiento interno fue dispar.

El IVA Impositivo creció 28,4%, impulsado por menores devoluciones respecto del año pasado, aunque el aumento de planes de pago atenuó el resultado. En cambio, el IVA Aduanero cayó 16,1%, afectado por la desaceleración de importaciones, dos días hábiles menos y el cambio en el régimen de certificados de exclusión que había elevado la base comparativa en febrero de 2025.

El Impuesto a las Ganancias mostró una expansión interanual de 31,2%, con ingresos por $3.432.249 millones. Incidieron mayores anticipos de sociedades tras la modificación del régimen implementada por la RG 5.685/2025 —que elevó la alícuota de cálculo de 8,33% a 11,11% para determinados anticipos— y mayores retenciones.

No obstante, la actualización de parámetros del impuesto en función del IPC del período julio-diciembre 2025 impactó negativamente en la comparación.

En paralelo, el Impuesto sobre los Créditos y Débitos sumó $1.221.839 millones, con una suba de 22,7%, aunque tres días hábiles menos limitaron el crecimiento potencial.

Retenciones en baja y comercio exterior en retroceso

El punto más sensible del informe aparece en Derechos de Exportación. En febrero ingresaron $434.294 millones, con una caída interanual de 19,7%. La reducción de alícuotas explica el núcleo del retroceso.

Las tasas para porotos de soja pasaron de 33%/26% en febrero de 2025 a 24% en febrero de 2026. Aceite y pellets de soja bajaron de 31%/24,5% a 22,5%. Trigo y cebada descendieron de 12%/9,5% a 7,5%. Maíz y sorgo de 12%/9,5% a 8,5%. Girasol de 5,5% a 4,5%.

La decisión implica un alivio directo al complejo exportador, pero reduce ingresos fiscales en el corto plazo. El tipo de cambio aportó un efecto compensatorio, aunque insuficiente para revertir la caída.

En Derechos de Importación y otros tributos vinculados al comercio exterior se recaudaron $444.088 millones, con una baja interanual de 2,5%. También incidió la menor dinámica importadora y la aplicación de alícuota 0% para teléfonos inteligentes y celulares portátiles, que en febrero de 2025 tributaban 16%.

El frente externo, entonces, dejó de ser un sostén robusto para la caja.

Seguridad Social y combustibles amortiguan el impacto

Los ingresos por Seguridad Social alcanzaron $4.284.520 millones y crecieron 26,2%, impulsados por el aumento de la remuneración bruta promedio. El mayor acogimiento a planes de pago moderó la expansión.

El Impuesto a los Combustibles mostró el salto más pronunciado: $535.964 millones, con una variación interanual de 58%. La actualización del tributo explicó el incremento.

En términos agregados, la recaudación del primer bimestre sumó $34.569.455 millones, con un crecimiento interanual de 21,1%.

Gobernabilidad fiscal en equilibrio inestable

El esquema exhibe un equilibrio delicado. Por un lado, el Gobierno avanza con reducciones de alícuotas en exportaciones y alivios selectivos, enviando señales a sectores productivos estratégicos. Por otro, la menor recaudación asociada al comercio exterior obliga a sostener el resultado fiscal con impuestos internos, anticipos empresariales y actualizaciones tributarias.

La dinámica de planes de pago también merece atención. Si bien mejora la regularización de deuda, difiere ingresos efectivos y puede trasladar presión a los próximos meses.

En marzo impactará la recaudación que no ingresó en febrero por cuestiones operativas en el cobro de cuotas de planes de facilidades. Ese arrastre puede alterar la foto del próximo informe.

Lo que viene

La evolución de las importaciones, el ritmo de liquidación de exportaciones y el comportamiento del tipo de cambio serán variables decisivas en las próximas semanas. También lo será la consistencia entre política tributaria y necesidad de financiamiento del Estado.

Febrero deja una señal ambivalente: crecimiento nominal robusto, pero con fisuras en los componentes ligados al comercio exterior. Si el Gobierno profundiza el esquema de alivio sectorial, deberá compensar con mayor dinamismo económico o ajustes en otras partidas.

La caja resiste. La discusión es cuánto margen conserva para absorber nuevas decisiones tributarias sin reabrir tensiones fiscales.

INFORME RECAUDACIÓN FEBRERO by CristianMilciades

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