Con la participación de los senadores misioneros del Frente Renovador Neo, Carlos Arce y Sonia Rojas Decut, el Senado de la Nación protagonizó este jueves una sesión trascendente en la que se reafirmó la defensa del federalismo y se sancionaron proyectos de alto impacto social vinculados a la salud y la seguridad vial.
El punto central fue el rechazo al veto presidencial a la ley de Aportes del Tesoro Nacional (ATN). Esta decisión garantiza que los recursos legítimamente generados por los misioneros regresen en forma de obras, salud, educación, infraestructura y oportunidades para la provincia.
Ejes destacados de la sesión
Ley Nicolás: aprobada por unanimidad, establece un marco jurídico para reforzar la calidad y seguridad en la atención sanitaria, prevenir diagnósticos erróneos y hechos de mala praxis. Además, crea un registro nacional y un observatorio de eventos adversos.
Delitos viales: se modificó el Código Penal para agravar las penas en siniestros viales cometidos bajo efectos de alcohol o drogas, con exceso de velocidad o fuga del lugar del hecho. Impulsada junto a asociaciones de familiares de víctimas, la norma busca terminar con la impunidad y reforzar la prevención.
Detección temprana de AME: se incorporó la atrofia muscular espinal (AME) al régimen de pesquisa neonatal obligatoria. Con esta medida, todos los recién nacidos podrán acceder a una detección temprana y al tratamiento oportuno de esta enfermedad genética.
La jornada legislativa fue valorada como un avance en la protección de derechos y en la consolidación del federalismo, con fuerte incidencia en la vida cotidiana de los argentinos.
El presidente del Instituto Provincial de Lotería y Casinos (IPLyC), Héctor Rojas Decut, expuso ante la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Representantes de Misiones. Allí confirmó que el organismo prevé ingresos por 72.000 millones de pesos en 2026, lo que representa un crecimiento del 35,91% respecto del año anterior.
“Eso nos va a permitir realizar aportes al presupuesto 2026 por 6.466 millones de pesos, que ya están asignados a distintos ministerios y a programas como el fondo de amas de casa, pensiones por vejez e invalidez”, precisó el funcionario.
Durante su exposición, Rojas Decut detalló que la gestión del organismo en 2025 se concentró en tres ejes estratégicos:
Cercanía territorial: “Recorrimos 65 municipios con nuestros programas sociales. La prioridad es estar presentes en todo el territorio provincial, acompañando a la gente en un contexto nacional de ajuste”.
Fortalecimiento de la red de ventas: “La industria del juego está atravesando cambios en los hábitos de consumo. Para nosotros es fundamental dotar a la red de agencias de herramientas tecnológicas que les permitan mejorar su gestión administrativa y comercial”.
Juego responsable: “Uno de cada tres menores en Misiones tuvo acceso a plataformas de juego online entre los 10 y 14 años. Es un flagelo que requiere medidas urgentes. La provincia cuenta con normativa, pero creemos que debe haber una ley nacional que le dé al Banco Central y al ENACOM las herramientas para bloquear automáticamente plataformas ilegales y pasarelas de pago”.
Aportes a la economía provincial
Más allá de las utilidades del juego, el IPLyC también impacta en la economía local a través del pago de premios a apostadores, comisiones a agencias oficiales, salarios, aportes sociales, contratos con proveedores locales y programas sociales.
Para 2026 se proyecta una inversión superior a los 1.900 millones de pesos en programas sociales. Estos incluyen iniciativas como Mirar Mejor —que llevará atención oftalmológica gratuita a 45 municipios durante el año—, Gurises Felices, Mateando con los Abuelos y Estamos con Vos, que ya beneficiaron a más de 25.000 personas en 65 municipios en el primer semestre de 2025.
“Estar al lado de cada vecino y vecina, brindando soluciones concretas, es el espíritu que guía el trabajo diario de todo el equipo del IPLyC”, subrayó Rojas Decut.
Prevención y concientización
El presidente hizo especial hincapié en el avance del programa de Juego Responsable, que busca fomentar un consumo saludable y prevenir adicciones. Entre sus actividades se destacan:
Charlas de prevención en escuelas primarias y secundarias en toda la provincia.
Talleres con padres y docentes para brindar herramientas de detección y acompañamiento.
La segunda edición del concurso de cortometrajes “Reflejos en el azar”, con 12 producciones realizadas por estudiantes de Posadas, Garupá y Fachinal, enfocadas en mostrar los riesgos emocionales, sociales y económicos del juego online adolescente.
Además, en 2025 se inició un trabajo coordinado con la Fiscalía de Ciberdelitos de Misiones, con acciones conjuntas para proteger a los jóvenes y sus familias de las plataformas ilegales.
Rojas Decut asistió acompañado por el vicepresidente del Instituto, Mario Gabriel Alcaráz, la gerente general, Marianela Zdanowicz, y los responsables de áreas estratégicas: Estela Pichaka (Finanzas), Rossana Marín (Operaciones y Desarrollo), Alfredo Gottschalk (Tecnología), Luis Gauna (asesor del Directorio) y Patricia Bertolotti (Comunicación Estratégica).
El Senado de la Nación sancionó este miércoles, con 58 votos a favor, 10 en contra y 3 abstenciones, la Ley de Financiamiento Universitario que garantiza la recomposición salarial docente, la actualización de becas y la preservación del presupuesto de las universidades nacionales. Sin embargo, el presidente Javier Milei ya adelantó que vetará nuevamente la norma, como lo hizo en 2024, lo que augura un nuevo choque institucional entre el Poder Ejecutivo y el Congreso.
El debate en la Cámara alta fue un deja vu legislativo. En septiembre de 2024 el Congreso ya había aprobado una ley similar, vetada en octubre por Milei bajo el argumento de que generaba un impacto fiscal insostenible.
El texto aprobado ahora contó con un amplio respaldo opositor y de sectores provinciales: acompañaron los senadores misioneros Carlos Arce y Sonia Rojas Decut; todos los integrantes del bloque Unión por la Patria, 11 senadores radicales, Martín Lousteau, Guadalupe Tagliaferri, Carlos Espínola, Alejandra Vigo, Beatriz Ávila, Edith Terenzi y otros espacios. El consenso incluyó aportes del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), la diputada entrerriana Blanca Osuna y referentes de la Coalición Cívica, el Frente de Izquierda y Encuentro Federal.
El senador Eduardo “Wado” De Pedro, presidente de la Comisión de Educación, advirtió: “Los argentinos perdimos más de un año sin que se haya construido un aula. Los docentes perdieron el 30% del poder adquisitivo y muchos estudiantes tuvieron que dejar la universidad”.
Según el legislador, el nuevo texto busca blindar legalmente la asignación de partidas presupuestarias al sistema universitario, en un contexto en que los salarios docentes y no docentes cayeron un 46,7% en términos reales desde diciembre de 2023, y más del 70% del personal universitario está bajo la línea de pobreza.
Contenido técnico de la ley: recomposición salarial y ajuste automático por IPC
La norma establece que, a partir del 1° de enero de 2025, el Poder Ejecutivo deberá actualizar trimestralmente los presupuestos universitarios en base al Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por el INDEC.
Entre los principales puntos se destacan:
Funcionamiento universitario: asignación automática y bimestral de partidas para gastos operativos, hospitales universitarios, investigación y extensión.
Recomposición salarial: actualización de sueldos docentes y no docentes desde diciembre de 2023 hasta la sanción de la ley, nunca por debajo del IPC. La medida será remunerativa y bonificable, incorporando las sumas no remunerativas al básico.
Becas: actualización de Progresar, Manuel Belgrano, Enfermería y otras, ajustadas por inflación y con aumento progresivo según la matrícula.
Investigación científica: partida específica para el ingreso a la carrera de investigador.
Auditoría: control de la Auditoría General de la Nación (AGN) sobre universidades públicas, con informes remitidos al Congreso para fortalecer la rendición de cuentas.
La iniciativa busca equilibrar la autonomía universitaria con mayores controles institucionales, tras las críticas del oficialismo que acusó a las universidades de “adoctrinamiento” y “gasto ineficiente”.
Fundamentos y debate político
Desde la oposición, Maximiliano Abad (UCR) planteó que el atraso en la resolución de reclamos sociales “nos impide discutir una agenda de futuro, como la reforma tributaria o la modernización laboral”.
Por su parte, Martín Lousteau advirtió que “los salarios docentes están por debajo del 2002 en poder adquisitivo” y criticó al Ejecutivo por “despreciar a la universidad pública”.
La senadora Alejandra Vigo (Córdoba) sostuvo que la ley es clave para la movilidad social y la innovación tecnológica: “La educación universitaria es sinónimo de desarrollo. Sin recursos para las universidades, la Argentina hipoteca su futuro”.
Desde el oficialismo, el jefe del bloque libertario Ezequiel Atauche defendió la postura presidencial: “No estamos dispuestos a financiar universidades ineficientes que producen apenas el 4% de los egresados y se llevan el 55% del presupuesto”.
El nuevo veto presidencial que ya adelantó Milei abrirá un escenario complejo. Para insistir y convertir la ley en vigente sin el aval del Ejecutivo, el Congreso debería reunir nuevamente los dos tercios en ambas cámaras, un desafío político mayor que en 2024.
El conflicto se da en un contexto de caída real del presupuesto universitario (46,7%), parálisis de obras de infraestructura y pérdida salarial docente del 30%, lo que genera fuerte presión social sobre un sistema que nuclea a 2 millones de estudiantes y 220.000 trabajadores.
La discusión también expone el modelo de país en disputa: mientras el Gobierno busca recortar gastos para sostener el equilibrio fiscal, el Congreso impulsa el financiamiento universitario como política de desarrollo social y económico de largo plazo.
En un plenario conjunto de las comisiones de Salud, Población y Presupuesto del Senado, la oposición logró emitir dictamen favorable para declarar la emergencia sanitaria de la salud pediátrica y de las residencias nacionales en salud en todo el país, por el término de un año. El proyecto quedó en condiciones de ser tratado en el recinto en los próximos días. En paralelo, también tiene dictamen el financiamiento universitario, que viene con media sanción de Diputados. En ambos casos, los dictámenes fueron respaldados por los senadores del Frente Renovador, Sonia Rojas Decut y Carlos Arce.
En el caso del hospital pediátrico, l texto establece la asignación prioritaria e inmediata de recursos presupuestarios destinados a bienes de uso y consumo, insumos críticos, mantenimiento de infraestructura, medicamentos, vacunas, tecnologías médicas y personal esencial para el cuidado pediátrico en todo el territorio nacional.
Uno de los puntos centrales de la iniciativa es la recomposición inmediata de los salarios del personal de salud, tanto asistencial como no asistencial, que atiende a población pediátrica, incluyendo a residentes de todas las especialidades. El texto prevé que dicha recomposición no podrá ser inferior, en términos reales, a la que percibían en noviembre de 2023.
Además, se propone la eximición del impuesto a las Ganancias para el personal de salud que cumpla funciones críticas, horas extras y guardias, tanto en efectores públicos como privados.
El proyecto también declara al Hospital de Pediatría “Prof. Dr. Juan P. Garrahan” como hospital de referencia nacional en atención pediátrica de alta complejidad, convirtiéndose en el emblema simbólico del reclamo.
Según estimaciones de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), el impacto fiscal de la medida para el segundo semestre de 2025 sería de 65.573 millones de pesos.
El Frente Renovador de la Concordia anticipó que sus representantes en el Congreso nacional votarán afirmativamente dos proyectos fundamentales que se discutirán en el Senado: la Ley de Emergencia del Hospital Garrahan y el Fondo Universitario (FUN). Ambas iniciativas ya cuentan con media sanción en la Cámara de Diputados y aguardan su aprobación definitiva.
Desde el espacio político remarcaron que estas decisiones no solo responden a la coherencia de la línea histórica del Frente en defensa de los derechos sociales, sino también al impacto concreto que ambas medidas tienen sobre miles de familias misioneras.
La senadora nacional Sonia Rojas Decut, integrante del bloque del Frente Renovador, firmará el dictamen en respaldo a la Ley de Emergencia para el Hospital Garrahan, una de las instituciones de referencia en pediatría a nivel nacional. El proyecto busca dotar de herramientas extraordinarias al hospital para afrontar la crítica situación financiera que atraviesa. “El respaldo del bloque se fundamenta en el hecho de que numerosos niños y adolescentes de Misiones se atienden en el Garrahan, lo que convierte esta medida en una necesidad urgente y concreta para muchas familias de la provincia”, afirmaron desde el espacio político.
En paralelo, el Frente Renovador también respaldará el dictamen que crea el Fondo Universitario (FUN), una herramienta destinada a garantizar el financiamiento del sistema de universidades públicas. La iniciativa fue promovida tras las multitudinarias marchas en defensa de la educación superior que se replicaron en todo el país.
El exgobernador y actual presidente de la Cámara de Representantes de Misiones, Oscar Herrera Ahuad, mantuvo reuniones con autoridades de la Universidad Nacional de Misiones (UNaM) para comunicar su acompañamiento a la iniciativa y reforzar el compromiso institucional de la provincia con la educación pública.
Desde el bloque del Frente Renovador de la Concordia indicaron que una de las prioridades es comunicar con claridad la postura de Misiones en el Congreso, en un contexto donde la representación de las provincias resulta clave para sostener políticas federales. “Misiones se muestra presente y comprometida, porque sabemos que muchos niños de la provincia se atienden en el Garrahan, y porque la educación superior necesita del Fondo Universitario”, expresaron desde el espacio, que también resaltó su respaldo activo a las personas con discapacidad y a las políticas de inclusión social.
El acompañamiento a estas leyes por parte de los legisladores del Frente Renovador refleja una continuidad en la visión política del espacio, que concibe a la salud y a la educación como pilares centrales del desarrollo humano y social. En tiempos de ajuste y debate por el rol del Estado, el bloque misionero vuelve a dejar en claro su posicionamiento: del lado de las políticas públicas que amplían derechos.
