El empleo privado registrado cayó por tercer mes consecutivo
El mercado laboral argentino volvió a mostrar en mayo una señal de debilidad que ya dejó de ser episódica: el empleo privado registrado encadenó su tercer mes consecutivo de caída y acumuló doce meses de contracción en el segmento asalariado. La fotografía que surge de los registros oficiales combina una moderación de la velocidad de destrucción de puestos con un problema más estructural: los empleos formales de mayor densidad productiva siguen perdiendo terreno, mientras crecen modalidades como el monotributo, que amortiguan estadísticamente el deterioro pero no sustituyen en cantidad ni calidad al empleo asalariado perdido.
De acuerdo con los datos desestacionalizados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), el empleo privado registrado disminuyó en mayo en 9.059 puestos, equivalente a una baja mensual del 0,15%. La caída fue menor que la registrada en marzo y abril, cuando había alcanzado 0,2% y 0,3%, respectivamente. Sin embargo, la desaceleración no modificó la tendencia de fondo: el empleo asalariado privado mantiene doce meses consecutivos de retroceso.
En términos interanuales, el sector privado registrado perdió 135.438 puestos, un 2,16%. El dato adquiere mayor relevancia cuando se observa qué actividades explican la mayor parte del ajuste. La industria manufacturera destruyó 52.341 empleos en un año, una reducción del 4,5%, mientras que el comercio perdió 39.154 puestos, equivalente a un 3,1%. Transporte, almacenamiento y comunicaciones recortó otros 13.915 empleos y la intermediación financiera, 6.924.
En conjunto, esas cuatro ramas concentran alrededor del 49% del empleo asalariado privado registrado y unos tres millones de trabajadores. Por eso, la evolución de estos sectores resulta determinante para evaluar si la economía consigue transformar una eventual recuperación de la actividad en generación neta de empleo formal. La señal actual es todavía insuficiente.
La composición de la variación mensual ofrece, al mismo tiempo, una lectura más compleja. Mientras el empleo privado asalariado cayó, el monotributo incorporó 2.676 trabajadores en mayo y acumuló 42.672 nuevos inscriptos en los últimos doce meses. El trabajo en casas particulares también creció, con 1.352 puestos adicionales en el mes y 6.319 en términos interanuales.
Ese desplazamiento es relevante porque permite distinguir entre una recuperación de la ocupación y una recuperación del empleo formal asalariado. El crecimiento del monotributo puede ampliar la cantidad de personas registradas, pero no compensa automáticamente la pérdida de puestos en empresas privadas. De hecho, el aumento de esta modalidad durante el último año absorbió menos de la mitad de los empleos privados asalariados destruidos.
La otra cara del mercado laboral aparece en el sector público. En mayo sumó apenas 736 puestos, un 0,02% mensual, y en doce meses acumuló una reducción de 16.701 empleos, equivalente a 0,49%. El ajuste estatal, por lo tanto, fue considerablemente menor al observado en el sector privado registrado.
La evolución desde el inicio de la actual gestión también exhibe una transformación en la estructura ocupacional. Desde entonces, el empleo privado registrado acumula una reducción de 241.176 puestos, mientras el empleo público retrocedió en 79.865. En sentido contrario, el monotributo incorporó 160.573 inscriptos, un crecimiento del 7,88%.
El problema no se limita a la cantidad de puestos. El salario real también comenzó a deteriorarse nuevamente. La remuneración real promedio del empleo registrado privado cayó 2,9% en mayo y volvió a retroceder 0,9% en junio. Como resultado, quedó por primera vez en 20 meses por debajo del nivel de noviembre de 2023, con una pérdida acumulada del 0,6% respecto de aquel punto de referencia.
La dinámica muestra que la desaceleración de la inflación no necesariamente se traduce de manera inmediata en una recuperación del poder adquisitivo. Durante los primeros cuatro meses de 2026, las remuneraciones nominales habían aumentado en promedio 2,1% mensual, pero entre abril y mayo ese ritmo se redujo a aproximadamente 1%. Si los salarios nominales desaceleran más rápido que los precios, el resultado termina siendo una nueva pérdida de salario real aun en un contexto de menor inflación.
La situación tampoco es uniforme entre los distintos convenios colectivos. Algunas actividades lograron recomponer poder adquisitivo, entre ellas encargados de edificio, camioneros, construcción y farmacia. En el extremo opuesto, textiles acumula una pérdida real del 12,6% interanual, metalúrgicos del 12,4%, comercio del 11% y calzado del 10,5%.
Esta dispersión confirma que la discusión salarial se volvió progresivamente más sectorial. La capacidad de cada actividad para trasladar mejoras nominales y sostener el poder de compra depende de su estructura productiva, productividad, condiciones de demanda y capacidad de negociación. También existe una fuerte dimensión territorial: en el convenio metalmecánico, la mediana salarial de la provincia mejor remunerada llega a ser 4,4 veces superior a la de la jurisdicción con menor salario. En construcción la brecha alcanza 3,7 veces y en alimentación, 3,5 veces.
Para Misiones y el NEA, este componente territorial resulta especialmente relevante. La recuperación del empleo no depende únicamente de que mejore el nivel general de actividad, sino de que esa mejora se traduzca en inversión, producción y demanda laboral en las economías regionales. La brecha salarial entre jurisdicciones y la concentración de la destrucción de puestos en sectores como industria y comercio muestran que una política de empleo efectiva necesita considerar las estructuras productivas locales y no solamente los agregados nacionales.
Los datos de junio tampoco anticipan todavía un cambio de ciclo. La Encuesta de Indicadores Laborales registró una nueva caída del empleo asalariado privado en empresas de diez o más trabajadores de los principales centros urbanos, del 0,1% mensual. En el interior del país la contracción fue del 0,2%, superior a la observada en el Gran Buenos Aires.
La clave para revertir esta dinámica, entonces, excede cualquier modificación normativa sobre el mercado laboral. El propio análisis citado de LCG plantea que la actividad económica, tanto por el lado de la demanda interna como de la externa, tiene mayor capacidad para traccionar la creación de empleo que los cambios regulatorios aislados. El desafío de política económica pasa por conseguir que la estabilidad macroeconómica y la recuperación sectorial se conviertan en inversión productiva y, finalmente, en puestos de trabajo formales.
Ese es el punto donde el dato laboral deja de ser una estadística y se convierte en una señal sobre el modelo de crecimiento. La economía puede estabilizar precios, recuperar determinados sectores y ampliar modalidades de trabajo independiente, pero la prueba decisiva será si consigue reconstruir empleo asalariado formal, particularmente en industria, comercio y servicios. Sin esa transmisión, la mejora macroeconómica corre el riesgo de convivir durante más tiempo con un mercado laboral que todavía no logra recuperar capacidad de absorción.