SANTA FE

El Gobierno aprobó un puerto en Santa Fe para expandir el corredor fluvial del Paraná

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El Gobierno aprobó la construcción de un nuevo puerto sobre el Paraná, inversión de US$ 277 millones bajo el RIGI

El proyecto se ubicará en Timbúes, Santa Fe, y contempla instalaciones para fertilizantes, combustibles y productos siderúrgicos. Con esta obra, el total de inversiones aprobadas bajo el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones asciende, según Economía, a casi US$ 25.000 millones.

Un nuevo polo logístico sobre el Paraná

El Gobierno nacional, a través del Ministerio de Economía, aprobó la construcción de un nuevo puerto en Timbúes, provincia de Santa Fe, sobre la ribera del río Paraná, una de las principales vías fluviales del comercio exterior argentino.
El proyecto, que se enmarca en el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), implica una inversión de US$ 277 millones y prevé infraestructura para almacenar y despachar fertilizantes, minerales de hierro, productos siderúrgicos, granos y combustibles, lo que ampliará la capacidad logística de la región núcleo exportadora.

El anuncio fue realizado por el ministro de Economía, Luis Caputo, a través de sus redes sociales, quien informó que con esta nueva aprobación, el monto total de inversiones validadas bajo el RIGI alcanza los US$ 24.800 millones.
Sin embargo, las cifras oficiales disponibles hasta el momento muestran un acumulado aproximado de US$ 16.000 millones, mientras que existen otros 20 proyectos presentados por cerca de US$ 34.000 millones que aún aguardan evaluación del Comité.

La construcción de este nuevo complejo portuario refuerza el papel estratégico de Timbúes, localidad que ya alberga terminales de agroexportación de gran escala y que, con este proyecto, consolidará su posición como nodo logístico clave del corredor agroindustrial del Paraná.

El RIGI: un régimen clave para atraer capitales y dinamizar sectores estratégicos

El Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) fue sancionado en julio de 2024 y cuenta con vigencia por dos años —hasta 2026—, prorrogable por un año más, hasta julio de 2027.

El programa ofrece un paquete integral de beneficios fiscales, aduaneros y legales durante 30 años, destinado a proyectos nacionales o extranjeros con una inversión mínima de US$ 200 millones.

Entre los incentivos más relevantes, el RIGI garantiza estabilidad normativa, reducción de derechos de importación para bienes de capital y exenciones impositivas para promover proyectos de infraestructura, energía, minería, foresto-industria, siderurgia, turismo y tecnología.

El objetivo del régimen es fomentar la llegada de capitales de largo plazo, mejorar la competitividad del país en sectores estratégicos y generar empleo, divisas y desarrollo regional.

Fuentes del sector logístico señalaron que este nuevo puerto en Timbúes podría mejorar sustancialmente la eficiencia de las cadenas de suministro y reducir costos operativos vinculados al transporte de commodities, en un contexto de creciente demanda de infraestructura exportadora.

Hacia un nuevo mapa logístico nacional

El anuncio se enmarca en un proceso de reconfiguración de la infraestructura portuaria nacional, impulsado por el Gobierno en alianza con capitales privados bajo el paraguas del RIGI.

La construcción del puerto en Timbúes —uno de los enclaves fluviales más activos del país— permitirá descongestionar terminales existentes, optimizar la salida de productos industriales y agropecuarios, y fortalecer la integración logística del corredor Paraná-Paraguay.

La obra también podría generar empleo directo e indirecto durante su etapa de construcción y mayor dinamismo económico en la región centro-norte de Santa Fe, que depende fuertemente de la actividad exportadora.

Aunque desde el Ministerio de Economía se destaca que “el nuevo puerto representa un hito en la reactivación de las grandes inversiones bajo el RIGI”, analistas señalan que el desafío será mantener la estabilidad macroeconómica y regulatoria que demanda este tipo de proyectos a largo plazo.

De concretarse en los plazos previstos, el puerto de Timbúes se sumará a la red de infraestructura estratégica nacional promovida por el Gobierno para posicionar a Argentina como un hub logístico competitivo en el Mercosur.

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El Gobierno autorizó obras por $85 mil millones y concesionará rutas bajo gestión privada

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Milei reactivó la obra pública, autorizó inversiones por $85 mil millones y licitó 1.800 km de rutas bajo gestión privada. El Gobierno cambia de estrategia: reaparece la inversión pública y se consolida el modelo de concesiones

El Gobierno de Javier Milei autorizó la contratación de diez obras públicas nacionales por un monto total de $85.000 millones en los próximos tres años y lanzó una licitación pública nacional e internacional para concesionar 1.800 kilómetros de rutas y autopistas, en lo que representa un giro significativo en la política de infraestructura tras meses de parálisis casi total.

La medida marca un punto de inflexión en la administración libertaria, que había reducido al mínimo la ejecución de proyectos de inversión durante el primer semestre de gestión. Según datos oficiales del Mapa de Inversiones de la Secretaría de Obras Públicas, hasta mayo de 2025 solo se habían concluido 330 obras públicas nacionales, con 78 proyectos en ejecución normal y más de 1.400 sin avances.

El cambio de rumbo llega tras el resultado electoral favorable al oficialismo y la convocatoria al diálogo con provincias no peronistas, factores que influyeron en la decisión de corregir el Presupuesto nacional para reincorporar una porción acotada de inversión pública.

“Buscamos transparencia, eficiencia y estándares de calidad”, afirmó el ministro de Economía, Luis Caputo, al presentar el nuevo esquema vial en su cuenta de X.

10 obras reactivadas: foco en infraestructura vial, ambiental y de agua potable

De las 2.692 obras nacionales que habían quedado inconclusas del gobierno anterior —sobre un total de 6.700 iniciadas entre 2019 y 2023—, el Ejecutivo decidió descongelar diez proyectos distribuidos en distintas provincias, con prioridad en infraestructura básica y de servicios esenciales.

Las obras seleccionadas implican una inversión total superior a los $85.000 millones, con ejecución escalonada entre 2024 y 2026.

Entre los proyectos destacados figuran:

  • Sistema de provisión de agua potable en Tucumán, con una inversión de $25.938 millones, el más costoso del conjunto.
  • Mantenimiento y mejora de la Ruta Nacional 11 (Rosario–Santa Fe), por $17.516 millones.
  • Conservación mejorativa de la Ruta Nacional 33 (Rosario–Sancti Spíritu), por $23.631 millones.
  • Construcción del Muelle Cabecera Norte en el Parque Nacional Lago Puelo (Chubut), por $4.716 millones.
  • Obras ambientales y de conservación forestal en Tierra del Fuego, Santa Cruz, Córdoba y Santiago del Estero, bajo el Proyecto Paisajes, con montos entre $1.400 y $2.200 millones.
  • Reubicación y remodelación del BCG PPD MC en el barrio de Barracas (CABA), con $1.637 millones de inversión total.

La mayor parte de las obras se ejecutarán entre 2025 y 2026, lo que confirma una estrategia de reprogramación presupuestaria gradual, compatible con el objetivo de déficit fiscal cero.

La concentración geográfica también es significativa: Santa Fe reúne tres proyectos estratégicos, seguida por Tucumán, Córdoba y Chubut, mientras que las provincias patagónicas y del norte suman obras de menor escala pero de alto impacto local.

Red Federal de Concesiones: el Estado pasa de operador a regulador

Paralelamente, el Gobierno lanzó una nueva licitación pública para concesionar 1.800 kilómetros de rutas y autopistas, en el marco de la Red Federal de Concesiones, una de las reformas estructurales más ambiciosas de la gestión Milei.

El esquema se sustenta en la premisa de que el Estado debe “liberarse de funciones improductivas” y actuar como regulador y garante de competencia, en lugar de operador directo de servicios.

El plan se articula en dos tramos principales:

  • Tramo Sur–Atlántico–Acceso Sur, de 1.325 kilómetros, que abarca las rutas nacionales 3, 205 y 206, además de las autopistas Riccheri, Newbery y Ezeiza–Cañuelas.
  • Tramo Pampa, de 547 kilómetros, correspondiente a la Ruta Nacional 5, entre Luján y Santa Rosa.

La Dirección Nacional de Vialidad (DNV) será la encargada de supervisar los contratos y garantizar los estándares de seguridad y mantenimiento.

Esta segunda etapa se suma a la primera, presentada en enero de 2025, que ya había incorporado las rutas nacionales 12 y 14, el Puente Rosario–Victoria y tres pasos fronterizos a la gestión privada.

Desde la Casa Rosada destacan que el nuevo modelo “sigue estándares internacionales” y permitirá atraer capital genuino sin aumentar el gasto público.

Impacto económico y político: señales de gobernabilidad y apertura federal

La decisión de reactivar parcialmente la obra pública y relanzar el sistema de concesiones envía una señal política de moderación fiscal con apertura federal, tras meses de tensión con gobernadores y sectores afectados por la parálisis.

Según un informe de la Red Federal de Periodismo e Innovación (RFPI), la interrupción de obras públicas había generado problemas de infraestructura crítica, como la falta de un hospital materno infantil en La Matanza, deficiencias de agua potable en Santa Fe, cloacas sin tratamiento en Corrientes y tramos intransitables de la Ruta 40 en Chubut.

Con la nueva orientación, el Ejecutivo busca recomponer relaciones con provincias y recuperar capacidad de negociación institucional, al tiempo que traslada al sector privado la ejecución y mantenimiento de obras estratégicas.

El desafío inmediato será asegurar transparencia y competencia real en las licitaciones, en un contexto donde los mecanismos de control estatal seguirán bajo la órbita de la Dirección Nacional de Vialidad y la Secretaría de Obras Públicas.

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Misiones, ejemplo de liderazgo femenino rural, tres premios y una mención en los Lía Encalada 2025

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Misiones, protagonista nacional en los Premios Lía Encalada 2025, tres misioneras premiadas por su liderazgo en el desarrollo rural

La provincia obtuvo tres galardones y una mención especial en el Foro Internacional de Género y Ruralidad, consolidando su posición como referente nacional en políticas de equidad, innovación productiva y sostenibilidad agropecuaria.

Tres referentes misioneras distinguidas por su trabajo en Agricultura, Cooperativismo y Salud

Misiones volvió a destacarse a nivel nacional al obtener tres reconocimientos y una mención especial en los Premios Lía Encalada 2025, que se entregaron este sábado en la ciudad de Santa Fe, en el marco del 2° Foro Internacional de Género y Ruralidad.

Con 43 postulaciones, la provincia fue la jurisdicción con mayor participación del país, presentando candidatas en diversas categorías como Agricultura, Comunicación, Valor Agregado, Cooperativismo, Salud, Trabajo Rural, Innovación, Investigación y Educación Rural.

Las tres mujeres misioneras galardonadas fueron:

  • Elba Cristina Barchuck, de Campo Viera, reconocida en la categoría Agricultura por su trabajo en producción sostenible de frutillas y cultivos mixtos.
  • Carolina Gutiérrez Zaldivar, de Puerto Rico, premiada en Cooperativismo por su liderazgo en la Cooperativa Agropecuaria La Abundancia, primera cooperativa yerbatera orgánica presidida por una mujer en la provincia.
  • Guillermina Pascolini, médica generalista de Ruiz de Montoya, distinguida en Salud por su labor comunitaria y su enfoque en la medicina preventiva y alternativa.

Las premiadas participaron de la comitiva misionera que viajó a Santa Fe junto a representantes del Ministerio del Agro y la Producción, compartiendo la emoción del reconocimiento.

“Esto es un gran orgullo para nosotras las misioneras y me da fuerza para seguir trabajando con más compañeras por la ruralidad”, expresó Barchuck tras recibir su distinción. Gutiérrez Zaldivar, por su parte, destacó: “Este premio refleja el esfuerzo por construir una producción sostenible y agregar valor a lo que hacemos en el campo, con una mirada de igualdad y futuro”.

Un foro internacional con enfoque de género y desarrollo sostenible

El evento fue organizado por la Asociación Civil Mujeres de la Ruralidad Argentina, con el apoyo del Gobierno de Santa Fe, el Consejo Federal de Inversiones (CFI) y ONU Mujeres, reuniendo a representantes de 21 provincias argentinas y de diversos países de América Latina.

El Foro Internacional de Género y Ruralidad se consolidó como un espacio de intercambio, visibilización y articulación de políticas públicas con perspectiva de género. Durante la jornada se realizaron paneles, mesas de diálogo y la ceremonia de entrega de los Premios Lía Encalada, que distinguen a mujeres líderes del ámbito rural por su trayectoria, innovación y compromiso comunitario.

Además de los tres premios principales, Misiones recibió una mención especial otorgada a la ingeniera agrónoma Luciana Imbrogno, subsecretaria de Desarrollo y Producción Vegetal del Ministerio del Agro y la Producción, por su impulso a políticas públicas con enfoque de género y su rol en la promoción de las chacras multiproductivas, un modelo de diversificación agrícola y fortalecimiento de la participación femenina en el agro.

Misiones, modelo de desarrollo con equidad y sostenibilidad

El ministro del Agro y la Producción, Facundo López Sartori, celebró la destacada participación misionera y sostuvo que “el liderazgo de nuestras productoras refleja el espíritu de la ruralidad misionera: diverso, innovador y profundamente comprometido con el territorio”.

“Misiones viene construyendo un modelo de desarrollo que integra producción, ambiente y equidad. Estas distinciones muestran que ese camino da resultados concretos”, agregó.

Por su parte, la subsecretaria Luciana Imbrogno afirmó que “el trabajo con las mujeres rurales no se trata solo de asistencia técnica, sino de acompañar procesos de autonomía y liderazgo que transforman comunidades enteras”.

En tanto, la Mgter. Josefina Pividori, coordinadora del Gabinete de Género del Ministerio del Agro, destacó que “cada mujer reconocida representa a cientos más que sostienen el entramado productivo y social de Misiones. Este reconocimiento es también para ellas”.

El Ministerio del Agro y la Producción de Misiones acompañó oficialmente la ceremonia y reafirmó su compromiso con la igualdad de oportunidades, la innovación productiva y la participación activa de las mujeres rurales en la transformación sostenible del territorio.

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Concurso y rescate: Nofal asume el control de Celulosa Argentina con un crédito por US$ 18 millones

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Celulosa Argentina entra en concurso preventivo y cambia de dueño: Nofal asume el control con un plan de salvataje por US$ 18 millones

La histórica papelera santafesina atraviesa su peor crisis en décadas. El Juzgado de San Lorenzo abrió el concurso preventivo el 25 de septiembre, mientras el empresario Esteban Nofal adquirió el 45,5% del capital y comprometió una línea de crédito para reactivar las plantas paralizadas.

Colapso financiero y concurso preventivo

Celulosa Argentina, uno de los emblemas industriales del país, oficializó ante la Comisión Nacional de Valores (CNV) su ingreso en cesación de pagos, luego de que el Juzgado Civil y Comercial de la Primera Nominación de San Lorenzo declarara abierto su concurso preventivo de acreedores el 25 de septiembre de 2025.

La empresa —con casi un siglo de historia y 1.375 empleados— enfrenta una de las peores crisis de su trayectoria. En su balance trimestral cerrado al 31 de agosto de 2025, reportó una pérdida integral de $81.932 millones, ocho veces superior a la del mismo período del año anterior.

Los ingresos cayeron 73% interanual, hasta $21.968 millones, mientras que el costo de ventas se redujo solo 42%, lo que reflejó la inelasticidad de sus costos fijos industriales en un contexto de plantas paralizadas. El resultado operativo fue negativo en $27.290 millones, y el resultado final arrojó una pérdida neta de $74.628 millones, dejando un patrimonio neto negativo de $107.000 millones.

A esto se sumaron pérdidas financieras por $10.700 millones, una diferencia de cambio negativa de $19.577 millones, y un cargo por impuesto a las ganancias de $31.061 millones. El desplome operativo y la falta de capital de trabajo llevaron a la empresa a detener sus plantas y solicitar protección judicial frente a sus acreedores.

Cambio de control: del grupo Tapebicuá a Esteban Nofal

Hasta agosto de 2025, el control accionario de Celulosa Argentina pertenecía al grupo español Tapebicuá Investment Company S.L., con sede en Madrid y controlado por Tapebicuá Cayman Ltd.. Sin embargo, la imposibilidad del grupo de sostener financieramente la operación precipitó una reconfiguración accionaria.

El 19 de septiembre de 2025, el empresario Esteban Nofal adquirió, de forma directa e indirecta, el 45,5% del capital accionario, convirtiéndose en el nuevo controlador de la compañía. El traspaso fue comunicado formalmente a la CNV y autorizado por el juzgado del concurso.

La operación marca un punto de inflexión para la papelera fundada en 1929, con sede en Capitán Bermúdez (Santa Fe) y presencia en toda la cadena forestoindustrial. Nofal comprometió una línea de crédito por hasta US$ 18 millones, con tasa del 10% anual y un plazo de 24 meses, estructurada mediante un fideicomiso garantizado con las cuentas por cobrar de la compañía.

Los primeros desembolsos se destinaron al pago de salarios de septiembre y a proveedores críticos, con el objetivo de reactivar la planta principal de Capitán Bermúdez. El nuevo accionista informó que los fondos restantes se aplicarán a recomponer el capital de trabajo y restablecer las operaciones en todas las unidades productivas.

Impacto industrial

El derrumbe de la demanda durante 2024 y 2025, combinado con el encarecimiento del crédito y la persistencia inflacionaria, dejó a Celulosa sin capacidad de reacción. En su comunicación a la CNV, la empresa reconoció que “la falta de capital de trabajo hizo que se interrumpan las actividades productivas”, forzando la presentación judicial.

Las filiales Fanapel y Forestadora Tapebicuá también registraron caídas severas en su facturación, de 26% y 63% interanual, respectivamente. El Directorio, encabezado por Francisco Roberto Santandreu, sostuvo que la inyección de fondos de Nofal permitirá “recuperar la producción plena y sostener el empleo”.

El nuevo plan apunta a reactivar la operación, preservar las fuentes laborales y reposicionar a Celulosa Argentina en los mercados internos y externos. Una vez normalizada la producción, la compañía buscará reinsertarse en la cadena exportadora y recuperar competitividad en un contexto que consideran más favorable para la industria.

El desafío inmediato será estabilizar el flujo de caja y restablecer la confianza con proveedores, bancos y trabajadores, tras años de tensiones financieras. El proceso de concurso abre una instancia clave para la reestructuración de pasivos y la renegociación de compromisos, mientras la empresa intenta capitalizar el respaldo del nuevo controlante.

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Energía actualizó el precio del biodiesel en $1,43 millones por tonelada

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La Secretaría de Energía estableció un nuevo precio mínimo de adquisición para el biodiesel destinado a la mezcla obligatoria con gasoil, que regirá durante septiembre de 2025. Según la Resolución 377/2025, publicada en el Boletín Oficial, el valor quedó fijado en $1.436.861 por tonelada, con un plazo máximo de pago de siete días corridos desde la facturación.

La medida se enmarca en la aplicación de la Ley 27.640 de Biocombustibles, que regula la producción, comercialización y mezcla de biocombustibles en la Argentina, y responde a la necesidad de ajustar los precios frente a las condiciones actuales del mercado.

El precio de referencia del biodiesel se determina periódicamente bajo el procedimiento aprobado por la Resolución 963/2023, que faculta a la Secretaría de Energía a revisar distorsiones de mercado. En septiembre, el valor ya había sido actualizado por la Resolución 369/2025, pero un nuevo informe de la Subsecretaría de Combustibles Líquidos —IF-2025-104511712-APN-SSCL#MEC— justificó la revisión y el ajuste.

Este esquema se da en un marco de emergencia pública económica, energética y administrativa, declarado por el Decreto 70/2023 y la Ley 27.742, que refuerza la potestad del Gobierno para intervenir en la fijación de precios estratégicos.

La medida, firmada por la secretaria de Energía María Carmen Tettamanti, entra en vigencia inmediata desde su publicación y regirá hasta que se establezca un nuevo valor.

Un sector clave en transición

El biodiesel, elaborado principalmente a partir de aceite de soja, constituye un insumo crítico en la matriz energética argentina por su aporte a la diversificación y a la reducción de emisiones. La normativa vigente establece un corte obligatorio con gasoil, que asegura demanda para las plantas productoras distribuidas en provincias como Santa Fe, Córdoba, Buenos Aires y Santiago del Estero.

El nuevo precio impacta directamente en la rentabilidad de las pymes del sector, que reclaman previsibilidad y condiciones de pago más ágiles para sostener la producción. En ese sentido, la resolución fija que los pagos deben realizarse en un plazo máximo de 7 días corridos, buscando reducir tensiones financieras en un segmento con fuerte peso exportador y encadenamiento regional.

El ajuste del biodiesel ocurre en un momento de alta sensibilidad política y económica:

  • Para el Gobierno, significa sostener un marco regulado que garantice la continuidad de las mezclas obligatorias en el transporte y la logística.
  • Para los productores, implica un reconocimiento a los mayores costos de insumos y a la presión cambiaria, aunque persiste la incertidumbre sobre la periodicidad de las revisiones.
  • Para el mercado energético, la medida refuerza la transición hacia fuentes renovables, aunque en un contexto de emergencia y restricciones fiscales que limita subsidios y estímulos adicionales.

En términos institucionales, la resolución busca equilibrar el cumplimiento de la Ley de Biocombustibles con la necesidad de garantizar precios sostenibles para los productores y, al mismo tiempo, moderar los impactos sobre los precios finales de los combustibles fósiles.

Entre la estabilidad de corto plazo y la agenda de transición energética

La fijación de un nuevo precio mínimo asegura la continuidad operativa en septiembre, pero deja abierto el interrogante sobre la estrategia de largo plazo. El desafío será cómo combinar la disciplina fiscal, la apertura del mercado de combustibles y los compromisos de descarbonización que Argentina asumió en el plano internacional.

El sector de biocombustibles aparece así como un laboratorio de tensiones entre la necesidad de incentivar inversiones y la política oficial de ordenamiento económico bajo emergencia. Las próximas resoluciones marcarán si el esquema logra consolidar una senda previsible o si se mantiene bajo ajustes permanentes.

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