SANTA FE

La agroindustria representa más del 70% del total exportado de 12 provincias argentinas

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La agroindustria continúa consolidándose como el principal motor exportador de la Argentina y, más allá de su peso en la generación de divisas nacionales, emerge como la columna vertebral de la inserción internacional de gran parte de las economías provinciales. En 2025, el complejo agroindustrial exportó bienes por USD 51.369 millones, equivalentes al 59% de todas las ventas externas del país, y en la mitad de las provincias representó más del 70% del total exportado, confirmando la elevada dependencia que tienen las economías regionales del desempeño del sector.

El dato surge de un informe elaborado por la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) sobre la base de estadísticas del INDEC y expone una realidad estructural: mientras el debate económico suele concentrarse en la energía, la minería o la economía del conocimiento, la agroindustria continúa siendo el principal sostén del comercio exterior argentino y el mayor generador de divisas para la mayoría de las jurisdicciones.

La agroindustria tiene un papel protagónico en las exportaciones de bienes argentinos, con una participación que supera la mitad del total exportado en términos de valor. En el último año 2025, el sector alcanzó exportaciones por USD 51.369 millones siguiendo la base de datos de exportaciones provinciales por rubros del INDEC, lo cual representa el 59% del total enviado al exterior por Argentina. Si bien el share alcanzado está 10 puntos porcentuales por debajo del máximo de 2020 y 2021, en el último año se arriba al tercer total exportado en términos absolutos más alto de la historia por parte del sector, solo por detrás de 2021 y 2022.

En este marco, es que surge la pregunta de cuál es el origen de las exportaciones agroindustriales del país. En este sentido, se destaca que Argentina cuenta con una amplia gama de suelos y climas, lo que permite una amplia diversidad en la producción agroindustrial a nivel federal. Además de los cultivos tradicionales, como soja, trigo, cebada, sorgo, maíz y girasol, y la producción ganadera, el país alberga una gran variedad de economías regionales que contribuyen a la oferta exportable y el sostén del sector externo.

Tal como se puede ver en el siguiente cuadro, la agroindustria tiene presencia exportadora en todas las provincias del país y en la mitad de las jurisdicciones el sector representa más del 70% del total exportado, lo cual constituye una incidencia significativa. Es decir, el sector se consolida como un pilar fundamental en la inserción externa de la mayor parte de las jurisdicciones del país.

Por otro lado, si se analiza cuál es el principal rubro exportado por cada provincia, en 16 de las 24 jurisdicciones algún rubro agroindustrial lidera el valor exportado, sumado que en la plataforma continental también un rubro agroindustrial lidera las exportaciones. Siguiendo el valor absoluto de las exportaciones agroindustriales por provincias, Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba lideran el ranking. En conjunto, estas provincias exportaron USD 58.786 millones en el año 2025, de los que USD 40.642 millones están vinculados a la agroindustria. Es decir, estas provincias explican el 67,5% del total exportado a nivel país y al hacer foco en sus exportaciones agroindustriales, representan el 79,1% del total enviado al exterior por dicho sector.

Asimismo, es de interés remarcar que, según datos de 2025, las provincias más agrointensivas en exportaciones son: Santiago del Estero (98%), Chaco (96%), La Pampa (93%), Formosa (92%) y Santa Fe (91%). En cambio, las provincias en las cuales la agroindustria tiene menor peso en las exportaciones provinciales son: Neuquén (1%), Santa Cruz (7%), Catamarca (9%), CABA (10%) y San Juan (11%). Es decir, en general, se trata de provincias más vinculadas al sector energético o metalífero, salvo CABA, cuya canasta exportadora es de bienes predominantemente industrial.

Por último, si se agrega una mirada histórica sobre la participación del conjunto de provincias en las exportaciones agroindustriales, es clara la preponderancia de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba. Entre 2002 y 2020, estas tres provincias representaron entre 73,7 y 76,9% del total exportado por la agroindustria. Mientras que, en los últimos años – entre 2021 y 2025 – el share aumentó a un nivel promedio de 79,2%. A nivel de provincias, a comienzos de los 2000 Santa Fe lideraba las exportaciones agroindustriales, aunque en la última década comenzó a perder participación y Buenos Aires pasó a ocupar un lugar más preponderante hasta alcanzar el primer puesto desde 2023 en adelante. Respecto a Córdoba, si bien las exportaciones agroindustriales crecieron de USD 2.244 millones a USD 9.227 millones entre 2002 y 2025, su participación en el total exportado a nivel sectorial se ha mantenido relativamente estable con un promedio del 17,7% para todo el período.

En términos de participación en las exportaciones agroindustriales, les siguen Entre Ríos, Mendoza y La Pampa, según los datos del último año. En conjunto, estas jurisdicciones representaron en 2025 el 7,6% del total exportado por el sector, mientras que en 2002 dicha participación se ubicaba en 5,8%. Asimismo, al excluir a las tres principales jurisdicciones líderes en exportaciones agroindustriales, el resto explicaba el 23,5% del total en 2002, proporción que cayó al 17,3% en 2025. No obstante, cabe destacar que las exportaciones de estas provincias pasaron de USD 3.465 millones en 2002 a USD 10.727 millones en 2025, lo que implica un crecimiento punta a punta del 210%.

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Santa Fe consolida su histórico vínculo con la Unión Europea y se perfila como uno de los grandes ganadores del acuerdo Mercosur-UE

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La entrada en vigencia del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea desde el 1° de mayo comenzó a modificar el mapa de oportunidades para las exportaciones argentinas. En ese escenario, Santa Fe aparece como uno de los territorios con mayor potencial para capitalizar la apertura comercial gracias a una relación histórica con el bloque europeo y a su liderazgo dentro del complejo agroindustrial nacional.

Un informe elaborado por la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) muestra que la provincia mantiene un vínculo estratégico con la Unión Europea desde hace más de dos décadas. No solo se trata del segundo destino más importante de las exportaciones santafesinas, sino que uno de cada tres dólares que Argentina exportó hacia el mercado europeo entre 2002 y 2025 tuvo origen en Santa Fe.

La Unión Europea es el segundo socio comercial de la provincia. Uno de cada tres dólares exportados a la UE por parte de Argentina consiste en producción de Santa Fe. La provincia invencible exporta a la UE más que Uruguay y Paraguay juntos.

La implementación del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea desde el 1ro de mayo de este año volvió a darle protagonismo a uno de los socios comerciales más relevantes para la Argentina. Este tratado ya está avanzando en progresivas reducciones de aranceles junto con la creación de nuevas cuotas de acceso para muchos productos agroindustriales. Esto va generando nuevas oportunidades para profundizar el intercambio entre ambos bloques.

La Unión Europea constituye uno de los mercados más importantes para las exportaciones argentinas. En 2025 se ubicó como el segundo destino de las ventas externas nacionales, representando cerca del 10% del total exportado por el país. Más allá de las oscilaciones en su tasa de crecimiento económico, el bloque europeo continúa destacándose por ser la tercera economía del mundo, con un elevado poder adquisitivo y alta demanda de alimentos, energía y manufacturas industriales.

En este contexto, Santa Fe ocupa un lugar estratégico. La provincia concentra el 80% de la capacidad de procesamiento de oleaginosas del país en torno al emplazamiento estratégico del Gran Rosario, el principal nodo portuario agroexportador del mundo en 2025Santa Fe mantiene una sostenida relación comercial con la Unión Europea, tanto por sus exportaciones de harina de soja como por sus embarques de biodiesel, carnes y otros productos agroindustriales.

Santa Fe ha tenido un rol central dentro de las exportaciones argentinas hacia la Unión Europea a lo largo de la historia argentina. Promediando el período comprendido entre 2002 y 2025, el 33% de las exportaciones argentinas a la UE se generaron en Santa Fe. De esta manera, uno de cada tres dólares exportados a la Unión Europea consistió en producción santafesina. 

El máximo de participación tuvo lugar en 2009, cuando Santa Fe explicó el 44% de las exportaciones argentinas al bloque. Años más adelante, en 2022 alcanzó nuevamente una participación elevada, cercana al 39%. Sin embargo, en los últimos años dicha participación se redujo, ubicándose en torno al 25% en 2025. Esta evolución muestra que, aunque Santa Fe perdió peso relativo dentro del comercio argentino con la Unión Europea respecto de sus máximos históricos, la provincia continúa siendo un actor muy relevante en la relación comercial entre Argentina y el bloque europeo. De hecho, fue la segunda provincia argentina con más exportaciones a la UE en 2025, detrás de Buenos Aires, y supo ocupar sostenidamente el primer lugar hasta 2022. 

Además, en 2025 la Unión Europea fue el segundo destino más relevante de las exportaciones originadas en Santa Fe, sólo detrás de la India. En 2025 se rompió el récord histórico de exportaciones de carne bovina santafesina a la UE. Con el acuerdo vigente, hay aún mejores condiciones para ampliar la inserción santafesina de carnes en la UE. Asimismo, la exportación de harina de girasol desde Santa Fe también marcó máximos en 2025. 

Sin embargo, la menor demanda de harina de soja y biodiesel proveniente de Argentina por parte de la Unión Europea ha recortado las exportaciones del complejo soja hacia la UE. Por el protagonismo de la provincia en la industrialización de soja, esta caída de la demanda ha golpeado de lleno en las exportaciones santafesinas hacia el bloque europeo. Durante todo este siglo, el complejo soja explicó la mayor parte de los envíos de la provincia hacia el mercado europeo, acompañado por carne bovina y otros productos agroindustriales e industriales. Más del 85% de las exportaciones argentinas a la Unión Europea consisten en productos agroindustriales. 

La Unión Europea también ha perdido peso relativo como destino de las exportaciones santafesinas. A comienzos del período analizado, el bloque absorbía cerca del 29% de las ventas externas de la provincia, alcanzando un máximo del 32% en 2009. Desde entonces, su participación mostró una tendencia descendente, hasta ubicarse en el 12% para 2025. Esta caída está también alineada con la pérdida de preponderancia de la UE en las exportaciones argentinas, que tocó un nuevo mínimo en 2025. 

La evolución reciente responde tanto a cambios en la composición de las exportaciones santafesinas como a una creciente diversificación de mercados. En las últimas décadas, destinos como el Sudeste Asiático, Medio Oriente y otros países de América Latina han ganado relevancia para los productos agroindustriales argentinos, reduciendo el peso relativo de Europa dentro de la canasta exportadora provincial. 

Asimismo, el máximo exportador nominal de Santa Fe a la UE tuvo lugar en 2011, sin superarse desde entonces. No obstante, esta menor participación relativa no implica una pérdida total de relevancia. En términos absolutos, las exportaciones de Santa Fe a la Unión Europea continúan ubicándose en niveles significativos, cercanos a los US$ 1.900 millones en 2025. 

La importancia de la Unión Europea para Santa Fe también puede apreciarse al comparar los flujos comerciales provinciales con los de otros socios del Mercosur. A pesar de tratarse de una única provincia argentina, Santa Fe genera exportaciones hacia la Unión Europea superiores a las de países miembros del bloque como Uruguay y Paraguay. De hecho, Santa Fe genera sistemáticamente más exportaciones al bloque europeo que estos dos países juntos. 

Entre 2018 y 2025, las exportaciones santafesinas al mercado europeo se ubicaron sistemáticamente por encima de las registradas por ambos países. Incluso en años de menor desempeño, como el 2023 marcado por la histórica sequía, Santa Fe exportó a la Unión Europea US$ 1.367 millones, superando ampliamente los US$ 830 millones de Uruguay y los US$ 503 millones de Paraguay. Más recientemente, en 2025, las ventas externas santafesinas al bloque alcanzaron US$ 1.883 millones, frente a US$ 1.058 millones y US$ 399 millones, respectivamente. 

En este contexto, la profundización de los vínculos comerciales entre el Mercosur y la Unión Europea adquiere importancia clave para Santa Fe. La provincia puede ser uno de los territorios más beneficiados por más integración económica en el área de libre comercio más grande del mundo. Un detalle de Santa Fe como pilar para las exportaciones a la UE y de las cuotas abiertas puede encontrarse en este artículo del Informativo Semanal.

No obstante, no debemos dejar de lado que existen factores que pueden limitar el acceso de Santa Fe al mercado europeo. Sobre la base de criterios cuestionados en su base científica, la Comisión Europea podría clasificar a la soja como un cultivo de alto riesgo por el “cambio indirecto del uso de suelo” (iLUC, por sus siglas en inglés), lo que limitaría el acceso al mercado europeo para el biodiesel y el aceite de soja argentinos, que se producen especialmente en Santa Fe. Asimismo, las salvaguardias para productos agrícolas de la UE, introducidas luego del cierre de negociaciones, constituyen claramente una medida contra el espíritu del acuerdo. Este conjunto de medidas es monitoreado en vista de su impacto potencial sobre el comercio entre naciones.

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Nación sale al rescate financiero de tres provincias: habilita hasta $400.000 millones para Entre Ríos, Jujuy y Santa Fe

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El Gobierno nacional autorizó nuevos anticipos financieros para las provincias de Entre Ríos, Jujuy y Santa Fe, con un tope de $400.000 millones para cada jurisdicción, en una decisión que busca aliviar tensiones transitorias de caja y garantizar la continuidad de compromisos presupuestarios durante 2026. La medida, oficializada mediante el Decreto 474/2026, implica financiamiento de corto plazo respaldado por recursos de coparticipación federal y con una tasa nominal anual del 15%.

La resolución expone una señal relevante para el mercado: pese al discurso de disciplina fiscal, la Nación mantiene mecanismos de asistencia financiera para provincias que enfrentan descalces temporales entre ingresos y obligaciones. Para las economías regionales, la disponibilidad de liquidez provincial suele impactar directamente en la velocidad de pagos a proveedores, contratistas, municipios y sectores vinculados a la obra pública y los servicios esenciales.

Un instrumento de liquidez, no de financiamiento estructural

La normativa establece que los anticipos deberán ser reintegrados dentro del ejercicio fiscal 2026 y que la Secretaría de Hacienda definirá el monto efectivo para cada provincia según su capacidad de repago, medida a partir de su participación en la recaudación nacional coparticipable.

A diferencia de una asistencia extraordinaria o de un programa de rescate financiero, el esquema funciona como un adelanto de recursos futuros. La garantía es contundente: las provincias deberán autorizar la retención automática de fondos de coparticipación en caso de incumplimiento.

Para el Tesoro Nacional, el mecanismo reduce riesgos porque la recuperación de los fondos queda asegurada sobre ingresos tributarios de distribución automática. Para las provincias, permite atravesar períodos de tensión financiera sin acudir a emisiones de deuda más costosas o a financiamiento bancario de mercado.

El caso de Entre Ríos: ampliación de una asistencia ya vigente

Entre Ríos ya había recibido un anticipo financiero de $220.000 millones otorgado mediante el Decreto 922/2025 y desembolsado durante enero de este año. La nueva medida amplía esa asistencia hasta un máximo de $400.000 millones adicionales, equiparando las condiciones con otros esquemas de ayuda implementados por la Nación durante 2026.

El decreto argumenta que la decisión apunta a mantener criterios de equidad respecto de otras jurisdicciones que también solicitaron apoyo financiero.

La situación financiera de las provincias tiene efectos directos sobre el entramado productivo. Cuando una administración provincial enfrenta restricciones de liquidez, las primeras señales suelen observarse en la cadena de pagos del Estado.

Entre los efectos potenciales de estos anticipos se destacan mayor previsibilidad para proveedores del sector público, especialmente empresas constructoras, prestadores de servicios y contratistas. Reducción del riesgo de atrasos salariales o pagos diferidos, con impacto sobre el consumo interno. Sostenimiento de programas de inversión y gastos operativos esenciales mientras se normaliza el flujo de recursos. Menor presión para tomar deuda financiera de corto plazo, generalmente más costosa para las provincias.

Para sectores productivos que dependen de infraestructura, logística o compras gubernamentales, la continuidad de los pagos provinciales suele ser un factor determinante en la planificación financiera.

La señal fiscal detrás del decreto

El dato político y económico más relevante es que la asistencia no se presenta como una transferencia discrecional sino como un adelanto recuperable.

La tasa fijada del 15% anual y la afectación automática de la coparticipación muestran la intención del Ministerio de Economía de preservar criterios de recupero de fondos y limitar el impacto sobre las cuentas nacionales.

El esquema también permite al Gobierno sostener un equilibrio delicado: brindar liquidez a provincias con dificultades transitorias sin resignar herramientas de control fiscal ni asumir riesgos patrimoniales significativos.

Para empresas que operan con gobiernos provinciales o desarrollan actividades reguladas por las administraciones locales, el decreto ofrece una lectura concreta: Nación reconoce que existen tensiones financieras en algunas jurisdicciones, pero opta por administrarlas mediante mecanismos de corto plazo antes que mediante refinanciaciones estructurales.

La evolución de estos anticipos será un indicador relevante para evaluar la salud fiscal de las provincias durante el segundo semestre. Si las jurisdicciones logran devolver los fondos dentro del ejercicio sin nuevas asistencias, el instrumento habrá cumplido su función de puente financiero. Si los pedidos se multiplican, el mercado comenzará a observar con mayor atención la sostenibilidad de las cuentas subnacionales en un contexto de fuerte exigencia fiscal.

Lo que hay que seguir de cerca es si este esquema continúa ampliándose hacia otras provincias. La utilización recurrente de anticipos financieros puede transformarse en un termómetro temprano de las tensiones de caja que atraviesan los gobiernos provinciales y, por extensión, de la capacidad del sector público para sostener el ritmo de actividad en las economías regionales.

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La industria del biodiésel opera con 75% de capacidad ociosa y espera una nueva ley que reactive la producción

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La industria argentina del biodiésel atraviesa otro año marcado por la baja utilización de su capacidad instalada, la caída de las exportaciones y una creciente dependencia del mercado interno. Aunque los datos del primer cuatrimestre de 2026 muestran una leve recuperación interanual en los niveles de producción, el sector continúa muy lejos de los volúmenes que supo alcanzar en sus años de mayor expansión y mantiene expectativas centradas en una eventual reforma del régimen de biocombustibles que permita recomponer la demanda.

De acuerdo con cifras de la Secretaría de Energía, entre enero y abril de este año se produjeron 308.565 toneladas de biodiésel, un 16% más que en igual período de 2025. Sin embargo, el dato adquiere otra dimensión cuando se compara con el promedio de los últimos cinco años: la producción actual se ubica un 25% por debajo de ese nivel y constituye el tercer registro más bajo desde 2010.

La producción de biodiesel en Argentina sigue limitada en el comienzo de 2026, a pesar de una leve mejora interanual. Se opera muy por debajo de su capacidad y se depende cada vez más del mercado interno dada las limitadas posibilidades de exportación.

La producción de biodiesel en Argentina transita un nuevo año de una actividad limitada. De acuerdo con datos de la Secretaría de Energía, la producción acumulada en primer cuatrimestre del año alcanzó 308.565 toneladas, 16% por encima del año pasado, pero aún 25% por debajo del promedio de los últimos 5 años y el tercer total más bajo desde 2010.

Esta tendencia declinante de la industria de biodiesel en Argentina no es reciente. En términos anuales, la producción nacional alcanza un máximo histórico en 2017 con 2,8 Mt, situación que se comienza a revertir desde entonces, hasta alcanzar un piso de 0,83 Mt en el año 2023. Si bien ese año estuvo afectado por una sequía histórica, tras la recuperación en la producción de soja entre 2024 y 2025, el total producido de biodiesel fue de 1,1 y 0,97 Mt para dichos años. 

Si se considera la capacidad instalada de producción de biodiesel a nivel nacional, que se ubica en torno a 3,8 Mt anuales y mayormente en la provincia de Santa Fe, los volúmenes producidos dejan una capacidad ociosa anual en torno al 75%. Más allá de que siempre fue un desafío incrementar el uso de la capacidad instalada, la producción de los últimos dos años se ubica 50% por debajo del promedio histórico para la industria y el 2026 parece que no logrará un repunte relevante en términos de actividad.

Es importante mencionar que, la industria de biodiesel en Argentina funciona con un sistema dual, con empresas mayormente pyme que operan y abastecen exclusivamente el mercado doméstico según la tasa de corte establecida y, por otro lado, se encuentra las empresas integradas que abastecen exclusivamente la demanda de exportación sin poder abastecer el corte de gasoil a nivel local.

Si se considera la producción destinada a las ventas al corte y el resto de las ventas que, en conjunto consolidan la demanda doméstica, en el año 2025 se alcanzó una comercialización total de 703.304 toneladas, por encima del promedio de los últimos 5 años, aunque levemente por detrás del 2024 cuando se alcanzaron las 777.218 toneladas. Mientras que, el volumen de exportación de 2025 fue de tan solo 273.386 toneladas, el total más bajo desde el comienzo de la serie. Teniendo en cuenta que los stocks de la industria son relativamente acotados, las ventas domésticas y de exportación explican, en conjunto, cerca del 100% de la producción anual.

Tal como se puede ver en el siguiente gráfico, desde 2022 se comenzó a disparar el share de las ventas locales respecto al total hasta representar un máximo del 72% en 2025 y del 90% en el primer cuatrimestre de 2026, lo cual da cuenta de que la caída en la producción se explica mayormente por la merma en las exportaciones del sector. Igualmente, se destaca que las ventas domésticas de los últimos años están 30% por debajo de los mejores años entre 2015 y 2019.

En términos absolutos, en el primer cuatrimestre de 2026 se realizaron ventas en el mercado doméstico por 271.751 toneladas y exportaciones por solo 30.360 toneladas. Para igual período de años anteriores, este registro de exportaciones es el más bajo desde que comenzó la producción de biodiesel en Argentina hacia el año 2008. De esta manera, se logra observar cómo una industria que nació más bien enfocada en la exportación actualmente está supeditada al nivel de ventas del mercado interno y donde las empresas que operan en la exportación no pueden participar de las ventas al corte doméstico. A esto se agrega que, la Unión Europea, nuestro único mercado para las exportaciones de biodiesel, podría adoptar una resolución que dejaría vedada nuestras posibilidades de seguir haciendo envíos a dicho destino. (Ver) 

¿Cuál es la propuesta oficial para actualizar la Ley de Biocombustibles que ingresó al Senado? 

Tal como se mencionó anteriormente, el desempeño de la industria de biodiesel en Argentina no atraviesa su mejor momento y, con un esquema en el cual la tasa de corte de biodiesel en gasoil es relativamente baja en comparación histórica y mercados importadores que buscan limitar nuestras exportaciones.

Es en este contexto que la discusión legislativa adquiere un rol central. Un nuevo régimen que brinde previsibilidad al promover mayores tasas de corte y mejore las condiciones de comercialización podría generar un piso de demanda más sólido para la industria y disminuir la gran capacidad ociosa que existe actualmente. Esto, en sintonía con las políticas que vienen aplicando los principales países productores y competidores de aceites vegetales, que fomentan la expansión de las cadenas de valor agroindustriales y de biocombustibles en particular, en post de diversificar las matrices energéticas y consolidar la Seguridad Energética de sus propios países.

El oficialismo ingresó un proyecto para discutir un nuevo marco regulatorio para el biodiesel que proyecta un incremento de la tasa de corte al 10% luego de 12 meses desde la sanción de la ley. En perspectiva comparada, dicha tasa de corte volvería a niveles previos con los cuales funcionó la industria en ciertos períodos, pero aun mostrando cierta distancia de lo que rige en el caso de Brasil y lo que se podría efectivizar hacia adelante en dicho país.

Más allá del nivel de corte, uno de los cambios tiene que ver con el mecanismo propuesto para la comercialización de biodiesel. El proyecto contempla reducir progresivamente la porción de abastecimiento que se determina vía cupos coordinados por el Estado, mientras se incrementan proporcionalmente la participación que se negociaría libremente a través del “Mercado Electrónico Transparente” donde podrían participar tanto las empresas integradas como las no integradas. Esta migración del sistema de cupos hacia un mercado más flexible está estipulada para comenzar a partir de la entrada en vigor del corte del 10%, cuando la mitad del corte será abastecido por la negociación libre entre partes. Este proceso continuará progresivamente hasta 2030, momento en el que 3 puntos porcentuales (p.p) del corte obligatorio estarán garantizados para las empresas no integradas y los 7 p.p restantes se negociarán en el mercado libre, donde las mezcladoras –que realizan coprocesamiento– podrán acaparar hasta 3 puntos porcentuales.

Por otro lado, las operaciones en este Mercado Electrónico contemplarían regiones geográficas para optimizar costos logísticos, y se tendría libertad contractual para celebrar acuerdos de abastecimiento a futuro. Finalmente, se estipula un precio máximo que estará condicionado por el valor de paridad de importación de biodiesel, el cuál será calculado periódicamente por un organismo independiente y siempre en base a fuentes reconocidas del mercado internacional.

El proyecto contempla la posibilidad de que empresas mezcladoras, por voluntad propia, puedan añadir biodiesel al gasoil en porcentajes superiores a los obligatorios. Además, prevé la habilitación de la circulación de vehículos flex fuel que utilicen mezclas con porcentajes superiores. En esta sintonía, se permitiría la instalación de surtidores exclusivos en las estaciones de servicio para despachar estos cortes incrementales al público. Además, se abre la posibilidad de importar biocombustibles para mezclas superiores al corte o en los casos donde hubiese faltante de oferta para satisfacer la demanda por corte obligatorio.

En términos del impacto que se podría tener en términos productivo, teniendo en cuenta el consumo promedio anual de gasoil en Argentina durante los últimos cinco años, se necesitarían alrededor de 1,3 Mt de biodiesel anuales de aprobarse el corte del 10%, un 33% más que el escenario donde se mantiene la tasa de corte actual del 7,5%. Esto podría ponerle un piso a la producción más allá de las posibilidades de exportación. 

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Aprueban préstamo de CAF a Santa Fe por US$150 millones para mejorar el puerto de Rosario

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El Gobierno nacional aprobó un préstamo de la Corporación Andina de Fomento (CAF) a Santa Fe por US$150 millones para mejorar la infraestructura portuaria en Rosario, mediante el Decreto 389/2026 publicado este miércoles en el Boletín Oficial.

En la normativa, el presidente Javier Milei dio el aval a la rúbrica de un contrato de garantía entre Argentina y la CAF junto con la suscripción de un contrato de contragarantía entre el Ejecutivo y la administración santafesina.

El texto oficial precisó que la CAF “ha propuesto al Gobierno Nacional la suscripción de un Contrato de Garantía con la finalidad de que la República Argentina afiance las obligaciones financieras que el Gobierno de la provincia de Santa Fe contraiga como consecuencia de la suscripción del mencionado Contrato de Préstamo CAF”.

En ese marco, detalló que el Contrato de Contragarantía suscripto entre Nación y Santa Fe apunta “a la necesidad de asegurar el pago de los compromisos emergentes del Contrato de Préstamo CAF referido y de preservar el crédito público de la República Argentina”.

Al respecto, estipuló que “para el caso de no producirse la cancelación respectiva, el Gobierno de la provincia de Santa Fe autorizará al Gobierno Nacional a efectuar las gestiones correspondientes para el débito automático de los fondos de la Cuenta de Coparticipación Federal de Impuestos o del régimen que la reemplace, por hasta el total del monto adeudado”.

La asistencia financiera tiene como objetivo general “fortalecer la integración metropolitana del Gran Rosario con su complejo portuario, impulsándolo como nodo estratégico del desarrollo productivo de la Provincia, a través de la implementación de un programa integral de mejoras a la infraestructura logística urbana y metropolitana”.

En los considerandos del decreto, se argumentó que el Banco Central analizó el efecto de la operación y manifestó que “implica un impacto limitado en términos macroeconómicos sobre los flujos de la balanza de pagos internacionales” y, por ende, concluyó que dicho impacto “será acotado y consistente con la dinámica prevista para las operaciones externas”.

En la misma dirección se pronunció la Oficina Nacional de Crédito Público del Ministerio de Economía al informar que no tiene objeciones sobre el financiamiento a partir de que el costo financiero del préstamo, “basado en la información disponible y los supuestos realizados, es inferior al que la República podría obtener en el mercado”.

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