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Dass en alianza con el grupo Texcin traslada producción a Paraguay

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La relocalización industrial ya dejó de ser una hipótesis para convertirse en un movimiento concreto dentro del sector manufacturero regional. La empresa brasileña Dass, fabricante de calzado e indumentaria para marcas internacionales como Adidas, Nike y Fila, trasladó gran parte de su producción desde Argentina hacia Paraguay, donde desde marzo opera una nueva planta industrial junto al grupo brasileño Texcin.

La inversión, estimada en USD 400 millones, se instaló bajo el esquema de maquila impulsado por el Gobierno paraguayo de Santiago Peña, un régimen que permite producir con menores costos tributarios y exportar hacia Brasil y otros mercados regionales con ventajas fiscales.

Mientras la expansión toma forma en Paraguay, en Argentina el proceso deja señales opuestas: cierre de plantas, despidos y reducción de personal. En Misiones, la fábrica de Dass en Eldorado abrió un programa de retiros voluntarios para 50 trabajadores, en un escenario de fuerte retracción productiva y sin certezas sobre la continuidad operativa de la planta.

Eldorado, entre la reducción de personal y el temor al vaciamiento

La planta misionera concentra actualmente lo que queda de la producción de Dass en Argentina. Según la información difundida, hoy trabajan allí unos 230 operarios, aunque la empresa llegó a emplear cerca de 1.500 personas en sus años de mayor actividad.

Si se concretan las desvinculaciones previstas, el plantel podría reducirse a alrededor de 180 trabajadores. Los retiros voluntarios contemplan indemnización completa y forman parte de un proceso de reducción de costos frente a la caída de pedidos de sus principales clientes.

La empresa ya había advertido meses atrás que tenía asegurada carga de trabajo solamente hasta junio si no aparecían nuevos contratos de producción.

La situación en Eldorado replica lo ocurrido previamente en Coronel Suárez, provincia de Buenos Aires, donde Dass cerró su planta, trasladó maquinaria hacia Paraguay y despidió a unos 850 trabajadores. La magnitud del impacto llevó al intendente Ricardo Moccero a declarar la emergencia laboral en la ciudad.

Paraguay acelera su estrategia industrial

El movimiento de Dass expone uno de los ejes centrales de la política económica paraguaya: captar inversiones manufactureras regionales mediante incentivos fiscales y menores costos operativos.

El régimen de maquila paraguayo grava apenas el 1% del valor agregado para exportación, mientras el esquema tributario general contempla 15% de impuesto a la renta personal, 10% de IVA y 8% sobre dividendos.

El ministro de Industria y Comercio de Paraguay, Marco Riquelme, viene promoviendo activamente estas ventajas competitivas ante empresarios argentinos y brasileños. Incluso visitó la planta de DassTex en Mariano Roque Alonso durante marzo, en plena expansión de operaciones.

Aunque desde el Gobierno paraguayo sostienen que el objetivo es generar “complementariedad” y no reemplazar producción argentina, el caso Dass aparece como un ejemplo concreto de traslado industrial efectivo.

El deterioro del sector no se explica por un único factor. Según el texto base, la empresa enfrenta simultáneamente apertura de importaciones, caída del consumo y recesión económica.

El último informe industrial del INDEC citado en el reporte mostró una caída de 23,3% en textiles y de 8,9% en prendas de vestir, cuero y calzado, indicadores que reflejan la presión que atraviesa la industria manufacturera orientada al mercado interno.

La estructura de Dass, basada en producción tercerizada para grandes marcas deportivas, quedó particularmente expuesta frente al ingreso de productos importados a menores precios.

La disputa regional por las industrias

La situación de Dass también refleja una competencia silenciosa pero cada vez más intensa entre países de la región por atraer producción industrial.

Mientras Paraguay profundiza un esquema de promoción manufacturera basado en costos fiscales y laborales más bajos, Argentina enfrenta tensiones derivadas de la apertura comercial y la pérdida de competitividad en sectores intensivos en empleo.

Para Misiones, el caso tiene una sensibilidad especial. La planta de Eldorado fue durante años uno de los principales motores industriales del norte provincial y su eventual reducción o cierre tendría impacto directo sobre empleo, comercio y actividad económica local.

El escenario también expone una tensión más amplia: cómo sostener producción industrial en provincias periféricas frente a esquemas regionales que ofrecen menores costos y reglas más estables para exportación.

Impacto económico en Misiones

Aunque la empresa no confirmó un cierre definitivo en Eldorado, la reducción de personal y la incertidumbre operativa ya generan efectos sobre la economía local.

La planta tiene un fuerte efecto multiplicador sobre servicios, comercios y consumo en la zona norte de Misiones. La caída de actividad industrial en una ciudad con fuerte dependencia del empleo fabril impacta no sólo en los trabajadores directos, sino también en proveedores y circuitos comerciales asociados.

Además, la situación se produce en un contexto donde otras industrias manufactureras argentinas también observan a Paraguay como alternativa para reducir costos.

El futuro de Dass en Misiones dependerá de variables que todavía permanecen abiertas: la evolución del consumo interno, la continuidad de contratos con marcas internacionales, la dinámica de las importaciones y la capacidad de la planta de sostener competitividad frente al nuevo polo industrial paraguayo.

También quedará bajo observación si el caso Dass se convierte en un episodio aislado o en una señal de una reconfiguración más profunda del mapa industrial regional.

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Paraguay autoriza el empleo de militares con armas de guerra en la Región Oriental para operaciones de defensa interna

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El presidente de la República del Paraguay, Santiago Peña, firmó el Decreto N.º 5524 el 24 de febrero de 2026, que habilita el uso de elementos de combate de las Fuerzas Armadas en operaciones de defensa interna en la Región Oriental, incluidos ríos nacionales, fronterizos e internos. La medida, de alto impacto institucional y político, amplía el rol operativo militar frente a amenazas del crimen organizado y se enmarca en la Ley de Defensa Nacional y Seguridad Interna. El anuncio se produce en un contexto crítico de seguridad, marcado por el secuestro de un productor sojero en el norte del país.

La decisión del Ejecutivo paraguayo redefine el despliegue de las Fuerzas Armadas (FF.AA.) en tareas de seguridad interior, autorizando el uso de la fuerza cuando los delincuentes posean armas de guerra, cuenten con entrenamiento pseudomilitar o intenten “quebrantar el Estado”. Si bien el decreto aún aguarda su publicación en la Gaceta Oficial para entrar en vigencia, su contenido ya genera atención regional, especialmente en provincias argentinas limítrofes como Misiones, por su impacto potencial en la dinámica de seguridad fronteriza.

Marco legal y alcance territorial de la medida

El Decreto N.º 5524 dispone el “empleo de elementos de combate de las Fuerzas Armadas de la Nación en operaciones de defensa interna en el ámbito territorial definido de la Región Oriental”, con el objetivo explícito de “garantizar la seguridad interna”. El texto fundamenta la decisión en la Ley N.º 1337/1999, “De Defensa Nacional y Seguridad Interna”, modificada por la Ley N.º 5036/2013, que habilita al Poder Ejecutivo a recurrir de manera transitoria a medios militares frente a amenazas graves a la soberanía, la integridad territorial o el orden constitucional.

En ese marco, el decreto autoriza al Comando de Operaciones de Defensa Interna (CODI) a “realizar las acciones necesarias para organizar y ejecutar lo dispuesto”, y ordena que “todos los Organismos y Entidades del Estado de los departamentos de la Región Oriental, dependientes del Poder Ejecutivo, apoyen sin restricciones y colaboren” con dicho comando. Asimismo, establece la obligación de comunicar la decisión al Congreso Nacional “dentro del plazo y en los términos del artículo 56” de la Ley N.º 1337/1999.

Desde el punto de vista institucional, la norma refuerza la cadena de mando presidencial como “Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas de la Nación” y delimita un ámbito territorial concreto, condición exigida por la legislación vigente para este tipo de intervenciones.

Seguridad interna bajo presión: antecedentes y justificación oficial

El decreto se apoya en la Nota N.º 92/2026, del 23 de febrero de 2026, remitida al Poder Ejecutivo por el almirante (R) Cíbar Benítez Cáceres, en su carácter de ministro secretario permanente del Consejo de Defensa Nacional (Codena). En ese documento, citado textualmente en los considerandos, se advierte que, según “informes relevantes de inteligencia”, se constató la “presencia de miembros de agrupaciones ilegales en diversas zonas y departamentos de la Región Oriental, vinculadas al crimen organizado transnacional, terrorismo y delitos conexos”.

El texto oficial sostiene que estos grupos “estarían aprovechando precisamente de que en determinadas zonas de la Región Oriental actualmente no existe la presencia de las Fuerzas Armadas en conjunto con la Policía Nacional” para realizar incursiones y operaciones ilegales. A partir de esa lectura, el decreto afirma que las organizaciones criminales —incluyendo narcotráfico y grupos delictivos de alto riesgo— “están aprovechando dichos flancos abiertos en el territorio nacional para poder realizar sus bases operativas, de logística y de estrategia”.

“La situación descripta compromete la vida, la libertad y los derechos de las personas, así como la seguridad, la protección de sus bienes y el libre ejercicio de las funciones constitucionales y legales de la autoridad legítimamente constituida”, subraya el decreto, que concluye que el escenario “amerita una adecuada respuesta y atención de las fuerzas públicas dentro del marco legal establecido”.

El anuncio en contexto: secuestro, criminalidad organizada y repercusiones regionales

El fortalecimiento del rol militar en la seguridad interna fue anunciado públicamente el lunes pasado en el Palacio de López, cuando el Gobierno comunicó que incrementará la presencia operativa de las FF.AA. en zonas bajo amenaza criminal y ampliará los efectivos del CODI. La decisión se produce en paralelo al secuestro del productor de soja Almir de Brum da Silva, ocurrido el sábado último en la localidad de Curuguaty, departamento de Canindeyú, un hecho atribuido a un grupo criminal conocido y que volvió a poner en primer plano la fragilidad de la seguridad en áreas rurales y de frontera.

Desde una perspectiva económica y productiva, el mensaje es claro: el Estado busca recuperar control territorial en zonas clave para la actividad agropecuaria y logística, afectadas por el avance del crimen organizado. A nivel político, la medida reabre el debate sobre los límites entre defensa nacional y seguridad interior, y sobre el rol de las Fuerzas Armadas en contextos de conflictividad interna.

Para las provincias argentinas fronterizas, en particular Misiones, el decreto paraguayo introduce un nuevo factor en la ecuación regional de seguridad. Un mayor despliegue militar del otro lado de la frontera podría impactar en los flujos ilegales, en la coordinación bilateral y en la presión sobre las fuerzas de seguridad locales. Aunque el texto se circunscribe al territorio paraguayo, la mención explícita a ríos nacionales y fronterizos refuerza la dimensión transfronteriza del problema.

En términos institucionales, el Gobierno paraguayo apuesta a una señal de autoridad y disuasión. El alcance real de la medida dependerá de su implementación efectiva, del control civil sobre las operaciones y de la capacidad de articular acciones conjuntas con la Policía Nacional, sin desbordar el marco legal que la propia norma invoca como sustento.

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Paraguay emitió US$ 1.000 millones en guaraníes con doble grado de inversión y consolida su estrategia de deuda

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El Gobierno de Paraguay concretó una emisión histórica de bonos soberanos por US$ 1.000 millones íntegramente en guaraníes y a 12 años de plazo, en el marco de su reciente doble grado de inversión. La operación, liderada por el presidente Santiago Peña a través del Ministerio de Economía y Finanzas de Paraguay (MEF), marca un hito en la estrategia de financiamiento del vecino país y tiene impacto directo en el escenario regional, particularmente en provincias fronterizas como Misiones, donde el vínculo económico con Paraguay es estructural.

El propio mandatario destacó en sus redes sociales: “El Guaraní hace historia a nivel internacional. Con doble grado de inversión, emitimos por primera vez USD 1.000 millones en guaraníes a 12 años de plazo. Es confianza real en nuestra moneda nacional y nuestra gestión económica”. Y agregó que esa confianza “se transforma en obras: más rutas, más hospitales, más escuelas y más infraestructura para todos los paraguayos”.

Emisión histórica en moneda local y extensión de plazos

La colocación fue presentada por el equipo del MEF, encabezado por Carlos Fernández Valdovinos, como la primera emisión internacional con doble grado de inversión realizada íntegramente en moneda local. “Paraguay repite la operación del 2014 (operación por US$ 1.000 millones), pero ahora… ¡en Guaraníes! El mundo confía en nuestra moneda. Paraguay marca ahora la pauta. Seguiremos por el camino correcto”, afirmó el funcionario en su cuenta de X.

Desde el punto de vista financiero, la operación introdujo un elemento clave: la extensión del plazo de vencimiento a 12 años, algo inédito para instrumentos en guaraníes en el mercado internacional. Además, la tasa de interés obtenida fue del 8,5% en moneda local, inferior al 9,1% observado en la última colocación de bonos del Tesoro en el mercado interno para plazo similar, realizada en noviembre pasado.

El proceso incluyó una gira de presentaciones previas ante inversores en Londres y Nueva York. Para ello, el Gobierno paraguayo encomendó la organización de encuentros virtuales y presenciales a Citi, Goldman Sachs y J.P. Morgan, en una estrategia orientada a captar demanda institucional bajo el nuevo perfil crediticio del país.

El contexto fue favorable: Paraguay ya contaba con grado de inversión otorgado por Moody’s el año pasado y recientemente obtuvo el segundo grado de inversión por parte de Standard & Poor’s, lo que fortaleció la percepción de solvencia y disciplina fiscal ante los mercados internacionales.

Destino de los fondos y perfil de deuda

Según lo informado, de los US$ 1.000 millones emitidos, aproximadamente US$ 339 millones se destinarán a administración de pasivos —compra y venta de bonos o “bicicleteo”—, mientras que unos US$ 661 millones financiarán el presupuesto y proyectos de inversión.

Para el presente ejercicio, el MEF tiene autorización para emitir bonos del Tesoro por hasta US$ 1.303 millones, con el objetivo de financiar inversiones y gestionar la deuda pública. En este marco, la nueva emisión representa un componente central de la estrategia financiera anual.

Al cierre de diciembre de 2025, el saldo de la deuda pública paraguaya ascendía a US$ 20.409 millones, equivalente al 41,2% del producto interno bruto (PIB). A esa cifra deberá sumarse ahora la emisión de US$ 1.000 millones concretada en la fecha, lo que modificará el ratio deuda/PIB una vez incorporado el nuevo stock.

Desde una perspectiva institucional, la operación refuerza la política de desdolarización parcial del financiamiento, al trasladar riesgo cambiario hacia inversores externos y consolidar al guaraní como instrumento de referencia en el mercado internacional.

Impacto regional y señales para Misiones

Para Misiones y el norte argentino, la consolidación financiera de Paraguay no es un dato menor. La emisión en moneda local y a mayor plazo sugiere estabilidad macroeconómica y capacidad de planificación de inversiones en infraestructura, áreas directamente vinculadas al comercio transfronterizo, la logística y los flujos de servicios.

El mensaje político del presidente Peña apunta precisamente a ese eje: convertir la confianza financiera en obras concretas. “Y esa confianza se transforma en obras: más rutas, más hospitales, más escuelas y más infraestructura para todos los paraguayos”, sostuvo.

En términos de mercado, la tasa obtenida —8,5% en guaraníes a 12 años— y la colocación total del monto autorizado reflejan apetito inversor por activos paraguayos. Para el sector financiero regional, esto puede traducirse en mayor integración de capitales y en un fortalecimiento del perfil crediticio del país vecino.

Sin embargo, la evolución futura dependerá de la capacidad de sostener el grado de inversión, administrar el crecimiento del stock de deuda —que ya representaba 41,2% del PIB al cierre de 2025— y mantener disciplina fiscal en un contexto internacional volátil.

Lo concreto es que Paraguay logró una emisión inédita por su moneda, monto y plazo, consolidando una señal política y económica clara: posicionarse como un emisor confiable en los mercados internacionales y convertir esa credibilidad en financiamiento de largo plazo.

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Lula advierte: “No queremos otra Gaza en Sudamérica”

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El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, advirtió que la política mundial atraviesa “un momento muy crítico”, marcado por el avance de la ultraderecha, el debilitamiento del multilateralismo y el creciente alineamiento de algunos países sudamericanos con la agenda de los Estados Unidos, en particular durante el nuevo gobierno de Donald Trump.

Durante un acto realizado la semana pasada en el estado de Bahía, Lula llamó a observar con atención la situación política de la región y mencionó explícitamente a países como Chile, Argentina, Venezuela, Paraguay y Ecuador. “Vivimos un momento muy crítico en la política global”, sostuvo ante el auditorio, al tiempo que alertó sobre el impacto regional del giro político en Washington.

Según consignó el medio brasileño Brasil de Fato, el mandatario remarcó que Sudamérica ha sido históricamente una zona de paz y contrastó esa condición con los actuales conflictos internacionales. “No tenemos armas nucleares ni bombas atómicas. Tenemos gente pobre que quiere trabajar, vivir, comer y estudiar. No queremos guerra”, afirmó. Y agregó: “Puede que no tengamos armas, pero tenemos carácter y dignidad, y no bajaremos la cabeza ante nadie, sea quien sea”.

En su discurso, Lula cuestionó además acciones militares impulsadas por Estados Unidos en la región, en referencia a la captura del ex presidente venezolano Nicolás Maduro, y vinculó ese tipo de intervenciones con un clima de creciente tensión geopolítica.

Enfriamiento regional y señales políticas

El presidente de la mayor economía de América Latina dejó entrever que este escenario explica el enfriamiento de las relaciones con algunos mandatarios sudamericanos. En el caso de Paraguay, Lula no asistió en enero pasado a la firma del acuerdo de asociación entre el Mercosur y la Unión Europea, realizada en Asunción, pese a haber sido Brasil uno de los principales impulsores del tratado y a la invitación formal del presidente paraguayo Santiago Peña.

Si bien al inicio de su mandato en 2023 Peña mantenía una relación cercana con Lula —incluso participando de eventos de alto perfil como la cumbre del G20—, en el último año su gobierno, al igual que el del presidente argentino Javier Milei, mostró una mayor sintonía con la agenda política y estratégica de Washington.

Gaza, multilateralismo y advertencia global

En otro tramo de su exposición, Lula cuestionó los anuncios del gobierno de Trump sobre la reconstrucción de Gaza tras el cese del fuego con Israel. “No queremos otra Guerra Fría. No queremos otra Gaza en Sudamérica”, advirtió. Y fue más allá: “¿Han visto la foto de lo que planean hacer en Gaza? Un complejo turístico. Lo destruyeron todo, mataron a más de 70.000 personas, y ahora dicen que lo convertirán en hoteles de lujo. ¿Dónde vivirán los pobres que sobrevivieron?”, se preguntó.

Finalmente, el presidente brasileño alertó que Trump pretende “crear una nueva ONU” bajo su control y sostuvo que el orden global atraviesa una mutación profunda. “El multilateralismo está siendo reemplazado por el unilateralismo y prevalece el gobierno del más fuerte”, concluyó.

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Paraguay promulgó el Presupuesto 2026 con foco social y control del déficit fiscal

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El presidente de Paraguay, Santiago Peña, promulgó el Presupuesto General de la Nación (PGN) para el ejercicio fiscal 2026, una ley clave que define el rumbo económico y social del país para el próximo año. El plan de gastos e ingresos asciende a 149,6 billones de guaraníes, equivalentes a unos 19.000 millones de dólares, y representa un incremento del 12,3% respecto al presupuesto 2025, con un fuerte énfasis en inversión social, salud, educación y seguridad, pero manteniendo el déficit fiscal dentro del tope del 1,5% del Producto Interno Bruto (PIB).

La norma, sancionada previamente por el Congreso y promulgada en el último día de 2025, marca el inicio del proceso de reglamentación y ejecución presupuestaria para 2026. Desde el Poder Ejecutivo destacaron que se trata de un presupuesto consensuado con el Poder Legislativo y alineado con el objetivo de priorizar a los sectores más vulnerables sin desordenar las cuentas públicas.


Un presupuesto expansivo con fuerte eje en políticas sociales

El Presupuesto 2026 destina partidas significativas a programas sociales emblemáticos. Entre ellos se destaca el programa de alimentación escolar “Hambre Cero”, que contará con 370 millones de dólares, con el objetivo de alcanzar a un millón de estudiantes en todo el país. A esto se suma una asignación de 412 millones de dólares para el programa de adultos mayores, que permitirá incorporar 30.000 nuevos beneficiarios al sistema.

El esquema de gastos también refuerza áreas sensibles como Seguridad, Defensa, Salud y Educación, consolidando un perfil de presupuesto orientado a la inversión social y a la provisión de servicios públicos esenciales. En el área sanitaria, las modificaciones introducidas por el Congreso incluyeron un aumento cercano a 47.000 millones de guaraníes, destinados a obras e inversiones específicas como la ampliación del Hospital de Caaguazú (20.000 millones), la adquisición de mamógrafos (10.000 millones), equipamiento para el futuro hospital de Curuguaty y la reposición de recursos para el Centro de Tratamiento de Adicciones.

Cambios legislativos y reasignaciones estratégicas

Durante el debate parlamentario, ambas cámaras introdujeron ajustes relevantes al proyecto original del Ejecutivo. Uno de los cambios más significativos fue la reasignación de fondos originalmente previstos para el Ministerio de Obras Públicas, que se redireccionaron para fortalecer el presupuesto de la Universidad Nacional de Asunción (UNA) y del Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat, con el objetivo de dinamizar la construcción de viviendas sociales en 2026.

También se incrementó el presupuesto del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) en 10.000 millones de guaraníes, y el del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) en 17.000 millones de guaraníes, destinados en gran parte al proyecto “Letrina Cero”, que prevé la construcción de baños adecuados en 347 escuelas, con una asignación específica de 15.000 millones, mientras que el resto se orientará a tareas de supervisión regional.

En términos globales, el PGN aprobado asciende a 149,1 billones de guaraníes (unos 18.928 millones de dólares), una cifra muy cercana a la propuesta original del Ejecutivo y consistente con la estrategia fiscal del Gobierno.

Orden fiscal y señal política al mercado

Uno de los aspectos más destacados del Presupuesto 2026 es el cumplimiento del tope de déficit fiscal del 1,5% del PIB, un límite que no se respetaba desde 2018. Al conocerse la sanción legislativa, el presidente Peña celebró este punto y subrayó su relevancia institucional y económica: “Esto marca un hito: es la primera vez desde 2018 que se aprueba un presupuesto dentro de este límite, lo que demuestra nuestro compromiso absoluto con el orden administrativo”.

Desde una mirada macroeconómica, el PGN 2026 busca combinar expansión del gasto social con disciplina fiscal, un equilibrio que será observado de cerca tanto por los actores políticos internos como por analistas económicos y organismos internacionales. La ejecución efectiva del presupuesto y el cumplimiento de las metas fiscales serán determinantes para sostener la credibilidad del programa económico del Gobierno en un año clave para la gestión.

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