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Yacyretá: el director paraguayo habló de turbinas con vida útil agotada, pero omitió que la rehabilitación comenzó en 2023

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La situación operativa de la Central Hidroeléctrica Yacyretá volvió a instalarse en el centro del debate binacional luego de que el director paraguayo de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), Luis Benítez Cuevas, afirmara que las 20 turbinas de la represa tienen su vida útil agotada y que la central fue descuidada durante años. Sin embargo, sus declaraciones omitieron un dato clave: el proceso de rehabilitación integral del parque generador comenzó hace tres años y la primera unidad ya fue completamente renovada, mientras que el programa de recuperación quedó virtualmente paralizado tras cambios de política industrial en Argentina.

Benítez realizó las declaraciones durante un acto en el departamento paraguayo de Misiones, donde la EBY entregó más de 4.600 millones de guaraníes al sector campesino como parte de un programa de fortalecimiento de la agricultura familiar. Allí sostuvo que recibió una entidad en situación financiera crítica y destacó que el acuerdo tarifario alcanzado entre los presidentes Santiago Peña y Javier Milei permitió recuperar capacidad económica para afrontar compromisos financieros y sostener programas sociales.

Según el funcionario paraguayo, la central hidroeléctrica opera actualmente con veinte turbinas cuya vida útil se encuentra agotada. También señaló que durante 2025 se concretó la primera rehabilitación integral de una unidad generadora y anunció que para 2026 están previstas intervenciones sobre otras dos máquinas, además de analizarse la recuperación de seis equipos adicionales.

La afirmación, sin embargo, presenta una inconsistencia cronológica. La primera rehabilitación integral de una unidad generadora no ocurrió en 2025, sino en 2023. La Unidad Generadora N°4 (UG4) fue la primera turbina sometida a un proceso completo de rehabilitación dentro del Programa Estratégico para la Recuperación del Parque Generador de la Central Hidroeléctrica Yacyretá.

Se trató de una intervención de alta complejidad tecnológica que incluyó la renovación integral del conjunto turbina-generador, con el objetivo de extender su vida útil por varias décadas más y garantizar la confiabilidad operativa de la central. La obra fue considerada un hito dentro del plan de modernización aprobado años antes por la conducción binacional.

Luis Benítez, director de la Entidad Binacional Yacyretá

Un programa estratégico que comenzó en 2016

El proceso de recuperación del parque generador no nació durante la actual administración de la EBY. El programa fue diseñado y aprobado en 2016 como una de las principales inversiones de largo plazo para preservar la capacidad de generación de la represa.

La licitación original contemplaba la rehabilitación de seis de las veinte unidades generadoras instaladas en Yacyretá, muchas de las cuales acumulaban más de tres décadas de funcionamiento continuo. La estrategia apuntaba a evitar fallas mayores, mejorar la eficiencia energética y extender la vida útil de los equipos por al menos treinta años adicionales.

La ejecución del programa avanzó con dificultades financieras y administrativas, pero logró concretar la recuperación integral de la UG4. Esa intervención representó la primera modernización profunda realizada sobre una turbina desde la puesta en marcha de la central.

El factor Milei y la incertidumbre sobre las obras

El futuro del plan de recuperación quedó condicionado por los cambios ocurridos en Argentina tras la llegada de Javier Milei a la Presidencia.

La decisión del Gobierno nacional de avanzar con la privatización de IMPSA, empresa mendocina que había resultado adjudicataria en el proceso de fabricación y provisión de componentes estratégicos para la rehabilitación de las turbinas, generó un escenario de incertidumbre sobre la continuidad del programa.

Desde entonces, el proceso de mantenimiento integral perdió ritmo y no se registraron anuncios concretos sobre nuevas adjudicaciones o la reactivación de las obras previstas originalmente. Tampoco existen definiciones públicas respecto del cronograma para completar la recuperación de las restantes unidades contempladas en el plan aprobado hace casi una década.

La situación adquiere relevancia estratégica porque Yacyretá constituye uno de los principales activos energéticos de Argentina y Paraguay. La central aporta una porción significativa de la energía consumida en ambos países y su funcionamiento eficiente resulta clave para sostener la estabilidad del sistema eléctrico regional.

Entre la recuperación financiera y los desafíos estructurales

Las declaraciones de Benítez reflejan una realidad indiscutible: buena parte del equipamiento de Yacyretá se encuentra en una etapa avanzada de desgaste operativo y requiere inversiones millonarias para garantizar su funcionamiento futuro.

Sin embargo, también exponen una disputa implícita sobre la narrativa de la gestión de la represa. Mientras la conducción paraguaya pone el foco en el deterioro heredado y en la recuperación financiera alcanzada tras el nuevo esquema tarifario, los antecedentes técnicos muestran que el proceso de modernización del parque generador ya estaba en marcha antes de la actual administración y que una parte importante de esas obras quedó condicionada por decisiones políticas e industriales adoptadas posteriormente en Argentina.

En ese contexto, el verdadero desafío para la binacional no parece ser demostrar que las turbinas necesitan rehabilitación —un diagnóstico compartido desde hace años por especialistas de ambos países— sino definir cómo financiar y ejecutar un plan de modernización que permita preservar durante las próximas décadas uno de los complejos hidroeléctricos más importantes de América del Sur.

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Dass en alianza con el grupo Texcin traslada producción a Paraguay

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La relocalización industrial ya dejó de ser una hipótesis para convertirse en un movimiento concreto dentro del sector manufacturero regional. La empresa brasileña Dass, fabricante de calzado e indumentaria para marcas internacionales como Adidas, Nike y Fila, trasladó gran parte de su producción desde Argentina hacia Paraguay, donde desde marzo opera una nueva planta industrial junto al grupo brasileño Texcin.

La inversión, estimada en USD 400 millones, se instaló bajo el esquema de maquila impulsado por el Gobierno paraguayo de Santiago Peña, un régimen que permite producir con menores costos tributarios y exportar hacia Brasil y otros mercados regionales con ventajas fiscales.

Mientras la expansión toma forma en Paraguay, en Argentina el proceso deja señales opuestas: cierre de plantas, despidos y reducción de personal. En Misiones, la fábrica de Dass en Eldorado abrió un programa de retiros voluntarios para 50 trabajadores, en un escenario de fuerte retracción productiva y sin certezas sobre la continuidad operativa de la planta.

Eldorado, entre la reducción de personal y el temor al vaciamiento

La planta misionera concentra actualmente lo que queda de la producción de Dass en Argentina. Según la información difundida, hoy trabajan allí unos 230 operarios, aunque la empresa llegó a emplear cerca de 1.500 personas en sus años de mayor actividad.

Si se concretan las desvinculaciones previstas, el plantel podría reducirse a alrededor de 180 trabajadores. Los retiros voluntarios contemplan indemnización completa y forman parte de un proceso de reducción de costos frente a la caída de pedidos de sus principales clientes.

La empresa ya había advertido meses atrás que tenía asegurada carga de trabajo solamente hasta junio si no aparecían nuevos contratos de producción.

La situación en Eldorado replica lo ocurrido previamente en Coronel Suárez, provincia de Buenos Aires, donde Dass cerró su planta, trasladó maquinaria hacia Paraguay y despidió a unos 850 trabajadores. La magnitud del impacto llevó al intendente Ricardo Moccero a declarar la emergencia laboral en la ciudad.

Paraguay acelera su estrategia industrial

El movimiento de Dass expone uno de los ejes centrales de la política económica paraguaya: captar inversiones manufactureras regionales mediante incentivos fiscales y menores costos operativos.

El régimen de maquila paraguayo grava apenas el 1% del valor agregado para exportación, mientras el esquema tributario general contempla 15% de impuesto a la renta personal, 10% de IVA y 8% sobre dividendos.

El ministro de Industria y Comercio de Paraguay, Marco Riquelme, viene promoviendo activamente estas ventajas competitivas ante empresarios argentinos y brasileños. Incluso visitó la planta de DassTex en Mariano Roque Alonso durante marzo, en plena expansión de operaciones.

Aunque desde el Gobierno paraguayo sostienen que el objetivo es generar “complementariedad” y no reemplazar producción argentina, el caso Dass aparece como un ejemplo concreto de traslado industrial efectivo.

El deterioro del sector no se explica por un único factor. Según el texto base, la empresa enfrenta simultáneamente apertura de importaciones, caída del consumo y recesión económica.

El último informe industrial del INDEC citado en el reporte mostró una caída de 23,3% en textiles y de 8,9% en prendas de vestir, cuero y calzado, indicadores que reflejan la presión que atraviesa la industria manufacturera orientada al mercado interno.

La estructura de Dass, basada en producción tercerizada para grandes marcas deportivas, quedó particularmente expuesta frente al ingreso de productos importados a menores precios.

La disputa regional por las industrias

La situación de Dass también refleja una competencia silenciosa pero cada vez más intensa entre países de la región por atraer producción industrial.

Mientras Paraguay profundiza un esquema de promoción manufacturera basado en costos fiscales y laborales más bajos, Argentina enfrenta tensiones derivadas de la apertura comercial y la pérdida de competitividad en sectores intensivos en empleo.

Para Misiones, el caso tiene una sensibilidad especial. La planta de Eldorado fue durante años uno de los principales motores industriales del norte provincial y su eventual reducción o cierre tendría impacto directo sobre empleo, comercio y actividad económica local.

El escenario también expone una tensión más amplia: cómo sostener producción industrial en provincias periféricas frente a esquemas regionales que ofrecen menores costos y reglas más estables para exportación.

Impacto económico en Misiones

Aunque la empresa no confirmó un cierre definitivo en Eldorado, la reducción de personal y la incertidumbre operativa ya generan efectos sobre la economía local.

La planta tiene un fuerte efecto multiplicador sobre servicios, comercios y consumo en la zona norte de Misiones. La caída de actividad industrial en una ciudad con fuerte dependencia del empleo fabril impacta no sólo en los trabajadores directos, sino también en proveedores y circuitos comerciales asociados.

Además, la situación se produce en un contexto donde otras industrias manufactureras argentinas también observan a Paraguay como alternativa para reducir costos.

El futuro de Dass en Misiones dependerá de variables que todavía permanecen abiertas: la evolución del consumo interno, la continuidad de contratos con marcas internacionales, la dinámica de las importaciones y la capacidad de la planta de sostener competitividad frente al nuevo polo industrial paraguayo.

También quedará bajo observación si el caso Dass se convierte en un episodio aislado o en una señal de una reconfiguración más profunda del mapa industrial regional.

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Paraguay autoriza el empleo de militares con armas de guerra en la Región Oriental para operaciones de defensa interna

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El presidente de la República del Paraguay, Santiago Peña, firmó el Decreto N.º 5524 el 24 de febrero de 2026, que habilita el uso de elementos de combate de las Fuerzas Armadas en operaciones de defensa interna en la Región Oriental, incluidos ríos nacionales, fronterizos e internos. La medida, de alto impacto institucional y político, amplía el rol operativo militar frente a amenazas del crimen organizado y se enmarca en la Ley de Defensa Nacional y Seguridad Interna. El anuncio se produce en un contexto crítico de seguridad, marcado por el secuestro de un productor sojero en el norte del país.

La decisión del Ejecutivo paraguayo redefine el despliegue de las Fuerzas Armadas (FF.AA.) en tareas de seguridad interior, autorizando el uso de la fuerza cuando los delincuentes posean armas de guerra, cuenten con entrenamiento pseudomilitar o intenten “quebrantar el Estado”. Si bien el decreto aún aguarda su publicación en la Gaceta Oficial para entrar en vigencia, su contenido ya genera atención regional, especialmente en provincias argentinas limítrofes como Misiones, por su impacto potencial en la dinámica de seguridad fronteriza.

Marco legal y alcance territorial de la medida

El Decreto N.º 5524 dispone el “empleo de elementos de combate de las Fuerzas Armadas de la Nación en operaciones de defensa interna en el ámbito territorial definido de la Región Oriental”, con el objetivo explícito de “garantizar la seguridad interna”. El texto fundamenta la decisión en la Ley N.º 1337/1999, “De Defensa Nacional y Seguridad Interna”, modificada por la Ley N.º 5036/2013, que habilita al Poder Ejecutivo a recurrir de manera transitoria a medios militares frente a amenazas graves a la soberanía, la integridad territorial o el orden constitucional.

En ese marco, el decreto autoriza al Comando de Operaciones de Defensa Interna (CODI) a “realizar las acciones necesarias para organizar y ejecutar lo dispuesto”, y ordena que “todos los Organismos y Entidades del Estado de los departamentos de la Región Oriental, dependientes del Poder Ejecutivo, apoyen sin restricciones y colaboren” con dicho comando. Asimismo, establece la obligación de comunicar la decisión al Congreso Nacional “dentro del plazo y en los términos del artículo 56” de la Ley N.º 1337/1999.

Desde el punto de vista institucional, la norma refuerza la cadena de mando presidencial como “Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas de la Nación” y delimita un ámbito territorial concreto, condición exigida por la legislación vigente para este tipo de intervenciones.

Seguridad interna bajo presión: antecedentes y justificación oficial

El decreto se apoya en la Nota N.º 92/2026, del 23 de febrero de 2026, remitida al Poder Ejecutivo por el almirante (R) Cíbar Benítez Cáceres, en su carácter de ministro secretario permanente del Consejo de Defensa Nacional (Codena). En ese documento, citado textualmente en los considerandos, se advierte que, según “informes relevantes de inteligencia”, se constató la “presencia de miembros de agrupaciones ilegales en diversas zonas y departamentos de la Región Oriental, vinculadas al crimen organizado transnacional, terrorismo y delitos conexos”.

El texto oficial sostiene que estos grupos “estarían aprovechando precisamente de que en determinadas zonas de la Región Oriental actualmente no existe la presencia de las Fuerzas Armadas en conjunto con la Policía Nacional” para realizar incursiones y operaciones ilegales. A partir de esa lectura, el decreto afirma que las organizaciones criminales —incluyendo narcotráfico y grupos delictivos de alto riesgo— “están aprovechando dichos flancos abiertos en el territorio nacional para poder realizar sus bases operativas, de logística y de estrategia”.

“La situación descripta compromete la vida, la libertad y los derechos de las personas, así como la seguridad, la protección de sus bienes y el libre ejercicio de las funciones constitucionales y legales de la autoridad legítimamente constituida”, subraya el decreto, que concluye que el escenario “amerita una adecuada respuesta y atención de las fuerzas públicas dentro del marco legal establecido”.

El anuncio en contexto: secuestro, criminalidad organizada y repercusiones regionales

El fortalecimiento del rol militar en la seguridad interna fue anunciado públicamente el lunes pasado en el Palacio de López, cuando el Gobierno comunicó que incrementará la presencia operativa de las FF.AA. en zonas bajo amenaza criminal y ampliará los efectivos del CODI. La decisión se produce en paralelo al secuestro del productor de soja Almir de Brum da Silva, ocurrido el sábado último en la localidad de Curuguaty, departamento de Canindeyú, un hecho atribuido a un grupo criminal conocido y que volvió a poner en primer plano la fragilidad de la seguridad en áreas rurales y de frontera.

Desde una perspectiva económica y productiva, el mensaje es claro: el Estado busca recuperar control territorial en zonas clave para la actividad agropecuaria y logística, afectadas por el avance del crimen organizado. A nivel político, la medida reabre el debate sobre los límites entre defensa nacional y seguridad interior, y sobre el rol de las Fuerzas Armadas en contextos de conflictividad interna.

Para las provincias argentinas fronterizas, en particular Misiones, el decreto paraguayo introduce un nuevo factor en la ecuación regional de seguridad. Un mayor despliegue militar del otro lado de la frontera podría impactar en los flujos ilegales, en la coordinación bilateral y en la presión sobre las fuerzas de seguridad locales. Aunque el texto se circunscribe al territorio paraguayo, la mención explícita a ríos nacionales y fronterizos refuerza la dimensión transfronteriza del problema.

En términos institucionales, el Gobierno paraguayo apuesta a una señal de autoridad y disuasión. El alcance real de la medida dependerá de su implementación efectiva, del control civil sobre las operaciones y de la capacidad de articular acciones conjuntas con la Policía Nacional, sin desbordar el marco legal que la propia norma invoca como sustento.

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Paraguay emitió US$ 1.000 millones en guaraníes con doble grado de inversión y consolida su estrategia de deuda

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El Gobierno de Paraguay concretó una emisión histórica de bonos soberanos por US$ 1.000 millones íntegramente en guaraníes y a 12 años de plazo, en el marco de su reciente doble grado de inversión. La operación, liderada por el presidente Santiago Peña a través del Ministerio de Economía y Finanzas de Paraguay (MEF), marca un hito en la estrategia de financiamiento del vecino país y tiene impacto directo en el escenario regional, particularmente en provincias fronterizas como Misiones, donde el vínculo económico con Paraguay es estructural.

El propio mandatario destacó en sus redes sociales: “El Guaraní hace historia a nivel internacional. Con doble grado de inversión, emitimos por primera vez USD 1.000 millones en guaraníes a 12 años de plazo. Es confianza real en nuestra moneda nacional y nuestra gestión económica”. Y agregó que esa confianza “se transforma en obras: más rutas, más hospitales, más escuelas y más infraestructura para todos los paraguayos”.

Emisión histórica en moneda local y extensión de plazos

La colocación fue presentada por el equipo del MEF, encabezado por Carlos Fernández Valdovinos, como la primera emisión internacional con doble grado de inversión realizada íntegramente en moneda local. “Paraguay repite la operación del 2014 (operación por US$ 1.000 millones), pero ahora… ¡en Guaraníes! El mundo confía en nuestra moneda. Paraguay marca ahora la pauta. Seguiremos por el camino correcto”, afirmó el funcionario en su cuenta de X.

Desde el punto de vista financiero, la operación introdujo un elemento clave: la extensión del plazo de vencimiento a 12 años, algo inédito para instrumentos en guaraníes en el mercado internacional. Además, la tasa de interés obtenida fue del 8,5% en moneda local, inferior al 9,1% observado en la última colocación de bonos del Tesoro en el mercado interno para plazo similar, realizada en noviembre pasado.

El proceso incluyó una gira de presentaciones previas ante inversores en Londres y Nueva York. Para ello, el Gobierno paraguayo encomendó la organización de encuentros virtuales y presenciales a Citi, Goldman Sachs y J.P. Morgan, en una estrategia orientada a captar demanda institucional bajo el nuevo perfil crediticio del país.

El contexto fue favorable: Paraguay ya contaba con grado de inversión otorgado por Moody’s el año pasado y recientemente obtuvo el segundo grado de inversión por parte de Standard & Poor’s, lo que fortaleció la percepción de solvencia y disciplina fiscal ante los mercados internacionales.

Destino de los fondos y perfil de deuda

Según lo informado, de los US$ 1.000 millones emitidos, aproximadamente US$ 339 millones se destinarán a administración de pasivos —compra y venta de bonos o “bicicleteo”—, mientras que unos US$ 661 millones financiarán el presupuesto y proyectos de inversión.

Para el presente ejercicio, el MEF tiene autorización para emitir bonos del Tesoro por hasta US$ 1.303 millones, con el objetivo de financiar inversiones y gestionar la deuda pública. En este marco, la nueva emisión representa un componente central de la estrategia financiera anual.

Al cierre de diciembre de 2025, el saldo de la deuda pública paraguaya ascendía a US$ 20.409 millones, equivalente al 41,2% del producto interno bruto (PIB). A esa cifra deberá sumarse ahora la emisión de US$ 1.000 millones concretada en la fecha, lo que modificará el ratio deuda/PIB una vez incorporado el nuevo stock.

Desde una perspectiva institucional, la operación refuerza la política de desdolarización parcial del financiamiento, al trasladar riesgo cambiario hacia inversores externos y consolidar al guaraní como instrumento de referencia en el mercado internacional.

Impacto regional y señales para Misiones

Para Misiones y el norte argentino, la consolidación financiera de Paraguay no es un dato menor. La emisión en moneda local y a mayor plazo sugiere estabilidad macroeconómica y capacidad de planificación de inversiones en infraestructura, áreas directamente vinculadas al comercio transfronterizo, la logística y los flujos de servicios.

El mensaje político del presidente Peña apunta precisamente a ese eje: convertir la confianza financiera en obras concretas. “Y esa confianza se transforma en obras: más rutas, más hospitales, más escuelas y más infraestructura para todos los paraguayos”, sostuvo.

En términos de mercado, la tasa obtenida —8,5% en guaraníes a 12 años— y la colocación total del monto autorizado reflejan apetito inversor por activos paraguayos. Para el sector financiero regional, esto puede traducirse en mayor integración de capitales y en un fortalecimiento del perfil crediticio del país vecino.

Sin embargo, la evolución futura dependerá de la capacidad de sostener el grado de inversión, administrar el crecimiento del stock de deuda —que ya representaba 41,2% del PIB al cierre de 2025— y mantener disciplina fiscal en un contexto internacional volátil.

Lo concreto es que Paraguay logró una emisión inédita por su moneda, monto y plazo, consolidando una señal política y económica clara: posicionarse como un emisor confiable en los mercados internacionales y convertir esa credibilidad en financiamiento de largo plazo.

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Lula advierte: “No queremos otra Gaza en Sudamérica”

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El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, advirtió que la política mundial atraviesa “un momento muy crítico”, marcado por el avance de la ultraderecha, el debilitamiento del multilateralismo y el creciente alineamiento de algunos países sudamericanos con la agenda de los Estados Unidos, en particular durante el nuevo gobierno de Donald Trump.

Durante un acto realizado la semana pasada en el estado de Bahía, Lula llamó a observar con atención la situación política de la región y mencionó explícitamente a países como Chile, Argentina, Venezuela, Paraguay y Ecuador. “Vivimos un momento muy crítico en la política global”, sostuvo ante el auditorio, al tiempo que alertó sobre el impacto regional del giro político en Washington.

Según consignó el medio brasileño Brasil de Fato, el mandatario remarcó que Sudamérica ha sido históricamente una zona de paz y contrastó esa condición con los actuales conflictos internacionales. “No tenemos armas nucleares ni bombas atómicas. Tenemos gente pobre que quiere trabajar, vivir, comer y estudiar. No queremos guerra”, afirmó. Y agregó: “Puede que no tengamos armas, pero tenemos carácter y dignidad, y no bajaremos la cabeza ante nadie, sea quien sea”.

En su discurso, Lula cuestionó además acciones militares impulsadas por Estados Unidos en la región, en referencia a la captura del ex presidente venezolano Nicolás Maduro, y vinculó ese tipo de intervenciones con un clima de creciente tensión geopolítica.

Enfriamiento regional y señales políticas

El presidente de la mayor economía de América Latina dejó entrever que este escenario explica el enfriamiento de las relaciones con algunos mandatarios sudamericanos. En el caso de Paraguay, Lula no asistió en enero pasado a la firma del acuerdo de asociación entre el Mercosur y la Unión Europea, realizada en Asunción, pese a haber sido Brasil uno de los principales impulsores del tratado y a la invitación formal del presidente paraguayo Santiago Peña.

Si bien al inicio de su mandato en 2023 Peña mantenía una relación cercana con Lula —incluso participando de eventos de alto perfil como la cumbre del G20—, en el último año su gobierno, al igual que el del presidente argentino Javier Milei, mostró una mayor sintonía con la agenda política y estratégica de Washington.

Gaza, multilateralismo y advertencia global

En otro tramo de su exposición, Lula cuestionó los anuncios del gobierno de Trump sobre la reconstrucción de Gaza tras el cese del fuego con Israel. “No queremos otra Guerra Fría. No queremos otra Gaza en Sudamérica”, advirtió. Y fue más allá: “¿Han visto la foto de lo que planean hacer en Gaza? Un complejo turístico. Lo destruyeron todo, mataron a más de 70.000 personas, y ahora dicen que lo convertirán en hoteles de lujo. ¿Dónde vivirán los pobres que sobrevivieron?”, se preguntó.

Finalmente, el presidente brasileño alertó que Trump pretende “crear una nueva ONU” bajo su control y sostuvo que el orden global atraviesa una mutación profunda. “El multilateralismo está siendo reemplazado por el unilateralismo y prevalece el gobierno del más fuerte”, concluyó.

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