Secretaría de Agricultura

El Gobierno reglamentó los bienes alcanzados por el RIMI y habilita incentivos para genética animal, riego y protección agrícola

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La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca dio un paso clave para la operatividad del Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI) al aprobar los listados de bienes que podrán acceder a beneficios fiscales sin necesidad de cumplir los montos mínimos de inversión exigidos para otros proyectos productivos.

La medida, formalizada mediante la Resolución 75/2026, pone en marcha uno de los capítulos más relevantes del nuevo esquema de promoción económica impulsado por la Ley 27.802, al definir qué sistemas de riego, mallas antigranizo y bienes semovientes califican para acceder a amortización acelerada en Ganancias y devolución anticipada de créditos fiscales de IVA. La decisión tiene una lectura estratégica para las economías regionales, donde gran parte de las inversiones suelen realizarse de manera gradual y con escalas inferiores a los grandes proyectos industriales.

La reglamentación despeja una de las principales incertidumbres que enfrentaban productores y empresas desde la creación del RIMI: cuáles serían los bienes considerados elegibles dentro de las excepciones previstas por la ley para actividades agropecuarias y economías regionales.

El RIMI fue concebido como una herramienta para acelerar inversiones productivas nacionales y extranjeras mediante beneficios tributarios que reduzcan los tiempos de recupero del capital. Sin embargo, la propia ley reconoció que ciertas inversiones agropecuarias tienen un impacto productivo significativo aun cuando no alcancen los umbrales mínimos de desembolso exigidos para otros sectores.

Por esa razón, el régimen estableció un tratamiento diferencial para tres categorías consideradas estratégicas: sistemas y equipos de riego. Mallas antigranizo para protección de cultivos. Bienes semovientes destinados al mejoramiento genético.

La resolución publicada este lunes determina de manera precisa los bienes alcanzados mediante códigos de la Nomenclatura Común del Mercosur (NCM), requisito indispensable para que las inversiones puedan acceder a los beneficios fiscales previstos por el programa.

Riego: la apuesta a la eficiencia productiva

Entre los bienes promovidos aparecen equipos de riego por pivote central, sistemas de goteo, bombas sumergibles, bombas centrífugas, válvulas, compuertas, motores eléctricos y componentes de automatización.

La inclusión de estos activos refleja una señal clara de política productiva: incentivar inversiones que permitan aumentar rendimientos, reducir riesgos climáticos y optimizar el uso del agua.

Para regiones con creciente variabilidad climática, la incorporación de tecnología de riego dejó de ser una herramienta de expansión para convertirse en un mecanismo de estabilidad productiva. La posibilidad de recuperar IVA más rápidamente y amortizar aceleradamente las inversiones puede mejorar la ecuación financiera de proyectos que suelen requerir importantes desembolsos iniciales.

Mallas antigranizo: protección frente a eventos extremos

La resolución también incorpora al régimen distintos tipos de mallas antigranizo, postes, alambres y sistemas de fijación necesarios para su instalación.

La decisión adquiere relevancia en un contexto donde los fenómenos climáticos extremos representan uno de los principales factores de riesgo para la producción frutícola y hortícola.

Desde una perspectiva económica, la inversión en infraestructura de protección no incrementa directamente la producción, pero reduce pérdidas potenciales y mejora la previsibilidad de los ingresos, un aspecto cada vez más valorado por entidades financieras y aseguradoras al momento de evaluar proyectos agropecuarios.

Genética animal: una señal para la ganadería

Quizás el aspecto más novedoso de la reglamentación sea la definición de los bienes semovientes alcanzados por los incentivos.

La Secretaría de Agricultura incorporó animales de las especies bovina, porcina, ovina, caprina, equina y aviar destinados a reproducción, siempre que cumplan determinados estándares de calidad genética.

La normativa establece que podrán acceder a los beneficios: Animales puros de pedigrí. Animales puros registrados o controlados. Animales provenientes de programas de mejoramiento genético. Y reproductores considerados de genética superior.

Además, exige que los ejemplares formen parte de sistemas productivos formalmente registrados y que su genealogía esté respaldada por registros reconocidos oficialmente, entre ellos la Sociedad Rural Argentina, el Stud Book Argentino y entidades vinculadas al desarrollo genético animal.

La incorporación de reproductores de alto valor genético dentro del régimen implica reconocer que la productividad agropecuaria no depende únicamente de infraestructura o maquinaria, sino también de la calidad biológica del capital productivo.

Qué significa para las economías regionales

Aunque la medida tiene alcance nacional, su impacto potencial resulta especialmente relevante para actividades regionales que suelen operar con escalas medianas y donde las inversiones se realizan de forma progresiva.

La posibilidad de acceder a beneficios fiscales sin alcanzar los montos mínimos previstos para otros proyectos reduce barreras de ingreso y mejora la rentabilidad esperada de inversiones que muchas veces se postergan por restricciones financieras.

Para productores agropecuarios, cooperativas y empresas vinculadas a la provisión de tecnología rural, la reglamentación transforma al RIMI en una herramienta concreta y operativa, dejando atrás la etapa normativa y habilitando la evaluación efectiva de proyectos bajo el nuevo esquema promocional.

La aprobación de los listados constituye apenas el primer paso de la implementación. El verdadero impacto económico dependerá ahora del nivel de adopción que tenga el régimen y de la capacidad de los productores para transformar los incentivos fiscales en decisiones reales de inversión.

Para el agro argentino, la señal es clara: el Gobierno busca orientar los beneficios hacia activos que aumenten productividad, reduzcan vulnerabilidad climática y mejoren la competitividad de largo plazo. La velocidad con que el sector responda a esos incentivos será uno de los indicadores más relevantes para medir la eficacia del RIMI durante los próximos meses.

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Indicaciones geográficas del Mercosur: la nueva regulación que puede abrir un frente estratégico para la yerba mate y los alimentos regionales

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El Gobierno nacional oficializó un nuevo esquema para el reconocimiento y protección en Argentina de las Indicaciones Geográficas (IG) originarias de los países del Mercosur. La medida fue establecida mediante la Resolución 67/2026 de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca y apunta a ordenar el procedimiento técnico, jurídico y administrativo derivado del acuerdo regional aprobado por la Ley 27.765.

La medida parece técnica, pero impacta directamente sobre el negocio de los alimentos con identidad territorial, un segmento donde Misiones juega una partida sensible con la yerba mate, el té y otros productos regionales con valor agregado.

La decisión incorpora un mecanismo formal de publicidad y consulta pública para productos agrícolas y alimentarios ya reconocidos en otros Estados parte del bloque regional. El nuevo régimen habilita además la intervención de terceros interesados y del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI), en un contexto donde las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas se volvieron activos estratégicos para el comercio internacional y la diferenciación de productos agroalimentarios.

La decisión llega en un contexto donde los mercados internacionales empiezan a premiar cada vez más los productos con trazabilidad territorial y diferenciación de origen, una tendencia que excede lo gastronómico y se convierte en una herramienta de competitividad exportadora.

El Gobierno ordena el reconocimiento regional de productos con identidad territorial

La resolución firmada por el secretario de Agricultura, Sergio Iraeta, regula el trámite previo al reconocimiento en Argentina de las Indicaciones Geográficas protegidas en Brasil, Paraguay y Uruguay, siempre que esos productos ya estuvieran oficialmente reconocidos al momento de entrada en vigencia del acuerdo del Mercosur.

El esquema establece que la Dirección Nacional de Alimentos y Desarrollo Regional será la encargada de administrar el procedimiento, publicar las fichas técnicas de los productos y coordinar el proceso de consulta pública.

El sistema prevé la publicación oficial de las indicaciones geográficas durante un día en el Boletín Oficial y en el portal Alimentos Argentinos. A partir de allí se abrirá una ventana de 30 días para que personas físicas o jurídicas presenten objeciones fundadas si consideran, por ejemplo, que el nombre es genérico, colisiona con una marca registrada o puede inducir a error sobre el origen del producto.

El procedimiento también obliga a requerir opinión técnica del INPI, que deberá expedirse dentro del mismo plazo. La resolución aclara que el reconocimiento final quedará sujeto al dictamen técnico nacional y al procedimiento previsto dentro del Mercosur.

El impacto potencial para economías regionales

Aunque la resolución no menciona productos específicos, el trasfondo económico involucra de manera directa a las economías regionales argentinas y a sectores donde el valor agregado depende cada vez más de la certificación de origen, la reputación territorial y la diferenciación de calidad.

Para provincias como Misiones, donde la identidad productiva está fuertemente asociada a cadenas agroindustriales y alimentos regionales, el fortalecimiento institucional de las indicaciones geográficas puede convertirse en una herramienta de competitividad externa y protección comercial.

La medida también expone otra dimensión: la creciente articulación entre política comercial, propiedad intelectual y estrategias de integración regional. El Mercosur avanza hacia mecanismos de reconocimiento mutuo que obligan a armonizar normas nacionales y sistemas de control, en momentos en que los mercados internacionales elevan exigencias sobre trazabilidad y autenticidad de origen.

La economía del “origen”: por qué Misiones mira este tema con atención

Las Indicaciones Geográficas funcionan como una certificación de reputación productiva. Protegen nombres vinculados a territorios específicos cuya calidad o características dependen del lugar de producción.

Europa construyó buena parte de su estrategia agroalimentaria sobre ese esquema. El Mercosur intenta ahora avanzar hacia una integración similar.

Para Misiones, el tema no es menor:

  • La yerba mate argentina ya posee reconocimiento de Indicación Geográfica.
  • El té misionero viene trabajando desde hace años en estrategias de diferenciación.
  • La forestoindustria podría desarrollar sellos territoriales para mercados premium.
  • Los alimentos regionales ganan valor cuando el origen está protegido jurídicamente.

La resolución no crea nuevas IG argentinas, pero sí ordena cómo ingresarán las extranjeras al sistema nacional. Ahí aparece el punto delicado para economías regionales fronterizas.

Misiones comparte más de 90% de sus límites con Brasil y Paraguay. Esa condición genera ventajas logísticas, pero también una competencia comercial permanente.

Las llamadas asimetrías fronterizas —diferencias cambiarias, tributarias y regulatorias entre países vecinos— impactan directamente en precios, consumo y posicionamiento de marcas.

Con este nuevo esquema, productos brasileños o paraguayos que tengan protección geográfica podrían obtener reconocimiento formal en Argentina y fortalecer su posicionamiento comercial.

Eso obliga a las cadenas productivas misioneras a acelerar procesos de diferenciación. Para el sector yerbatero, el desafío no es solamente productivo. También es reputacional.

La disputa futura ya no pasa únicamente por volumen o precio, sino por atributos: origen, calidad certificada, trazabilidad, sostenibilidad, e identidad territorial. En mercados premium, esos factores empiezan a definir márgenes.

Consulta pública, marcas y posibles conflictos

Uno de los puntos más sensibles del nuevo esquema es la posibilidad de oposición por parte de empresas o titulares de marcas registradas en Argentina. La normativa contempla expresamente conflictos con marcas preexistentes, nombres genéricos o denominaciones que puedan inducir a confusión.

Ese detalle introduce una variable jurídica relevante: el reconocimiento automático regional no será inmediato ni lineal, sino que dependerá de la compatibilidad con el régimen argentino de propiedad intelectual y denominaciones de origen.

El procedimiento también revela un cambio institucional más amplio dentro del Mercosur. El bloque empieza a incorporar herramientas típicas de acuerdos comerciales más sofisticados, donde los activos intangibles —marca país, origen, reputación y certificación— adquieren peso equivalente al arancel o al volumen exportador.

La resolución no crea nuevas estructuras administrativas ni implica partidas presupuestarias adicionales, pero sí abre una etapa de mayor complejidad regulatoria para productos agroalimentarios con identidad territorial.

La próxima variable a observar será qué indicaciones geográficas ingresarán primero al sistema de reconocimiento mutuo y si aparecerán objeciones empresariales o disputas vinculadas al uso comercial de determinadas denominaciones dentro del mercado argentino.

El impacto silencioso sobre exportaciones y valor agregado

Aunque el texto oficial no menciona economías regionales específicas, el trasfondo es comercial. La protección de Indicaciones Geográficas puede transformarse en una barrera de diferenciación con impacto directo en: precios de exportación, acceso a nichos premium, protección marcaria, y defensa comercial internacional.

Para Misiones, donde la matriz productiva depende de bienes primarios industrializados, el valor agregado territorial empieza a ser tan importante como el volumen exportado.

La yerba mate es el caso más evidente. Argentina domina ampliamente el mercado global, pero Brasil mantiene fuerte presencia regional y Paraguay sostiene una identidad consolidada en consumo tradicional.

La consolidación de sistemas de protección geográfica dentro del Mercosur puede reordenar estrategias comerciales en los próximos años.

La resolución también refleja un cambio conceptual en la política económica regional: pasar de competir solamente por costos a competir por identidad productiva. Eso abre oportunidades para: turismo gastronómico, exportaciones boutique, desarrollo regional, certificaciones ambientales, cadenas con trazabilidad.

Misiones tiene ventajas estructurales para ese modelo: biodiversidad, reconocimiento internacional de la selva paranaense y una matriz alimentaria vinculada al territorio.

El problema es que la construcción de valor intangible requiere coordinación público-privada y políticas de largo plazo, algo difícil en un contexto macroeconómico inestable.

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El Gobierno registra récord de exportaciones agroindustriales y marca un salto del 71% en marzo

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La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca informó que las Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior (DJVE) con embarque en marzo de 2026 alcanzaron un volumen récord de 12,6 millones de toneladas, el nivel más alto registrado para ese mes. El dato implica un incremento del 71% respecto a 2025 y del 36% frente al anterior máximo de 2022.

El registro, procesado por la Subsecretaría de Mercados Agroalimentarios e Inserción Internacional, consolida un punto de inflexión en la dinámica exportadora del complejo agroindustrial. La magnitud del salto introduce una señal política y económica: el sector muestra capacidad de reacción y planificación en un escenario internacional que, según lo informado, presenta oportunidades comerciales.

El rol de las DJVE en la política exportadora

Las DJVE son el instrumento mediante el cual el Estado nacional registra y valida las ventas externas del sector agroindustrial. Funcionan como un mecanismo clave para ordenar el flujo exportador y anticipar embarques, con impacto directo en la balanza comercial y en la disponibilidad de divisas.

El dato difundido por la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca se inscribe dentro de ese esquema: no mide exportaciones efectivamente realizadas, sino compromisos de venta al exterior, lo que permite leer expectativas del mercado y decisiones empresariales en tiempo real.

Un salto en la escala de registros

El volumen de 12,6 millones de toneladas marca una diferencia significativa respecto de los últimos años. En 2025, el registro había sido de 7,4 millones de toneladas, mientras que en 2022 —hasta ahora el máximo reciente— se había ubicado en 9,3 millones.

El crecimiento no es marginal. La suba interanual del 71% y la mejora del 36% frente al récord previo configuran un cambio de escala en la operatoria del sector, al menos en términos de registros de ventas.

El comportamiento observado en marzo también consolida a ese mes como un período de alta actividad para el complejo agroindustrial, con mayor concentración de decisiones comerciales.

Capacidad de anticipación y señal al Gobierno

Desde una lectura institucional, el dato expone el posicionamiento del sector agroindustrial dentro de la economía argentina. La capacidad de anticipar ventas y acelerar registros en un contexto internacional favorable refuerza su peso en la generación de divisas.

Al mismo tiempo, el volumen alcanzado funciona como una señal hacia el Gobierno nacional: el sector responde con mayor dinamismo cuando identifica oportunidades externas, lo que puede incidir en la agenda económica y en la relación entre el Estado y los exportadores.

Divisas y actividad exportadora

Si bien las DJVE no implican exportaciones concretadas de manera inmediata, sí anticipan flujos comerciales relevantes. Un mayor nivel de registros suele traducirse, en el corto plazo, en mayor ingreso de divisas y actividad logística vinculada al comercio exterior.

El volumen informado refleja un nivel de actividad elevado en el complejo agroindustrial, con potencial impacto en transporte, puertos y cadena de valor asociada.

Posibles efectos en el NEA

Aunque el informe no discrimina por regiones, el dinamismo del complejo agroindustrial tiene efectos indirectos sobre economías regionales como las del NEA.

En términos potenciales, una mayor actividad exportadora puede traccionar demanda logística, servicios y encadenamientos productivos. Sin embargo, el alcance concreto dependerá de la participación específica de cada región en el esquema exportador, un dato no detallado en el reporte.

Continuidad o efecto puntual

El récord abre interrogantes sobre su sostenibilidad. Entre las variables a observar aparecen la evolución de los mercados internacionales, la continuidad de las condiciones comerciales y el comportamiento de los productores en los próximos meses.

También será clave monitorear si el nivel de registros se traduce efectivamente en exportaciones concretas y en ingreso de divisas, o si responde a un pico puntual de anticipación comercial.

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CRA anuncia Jonagro, impulsa el debate por la ley de semillas y lanza formación para dirigentes del agro

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En el escenario político y productivo de la Expoagro 2026, Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) activó una agenda que excede la lógica de una exposición rural: anunció una nueva edición de Jonagro, confirmó el 15º Congreso de Entes y Fundaciones de Lucha Sanitaria Animal y lanzó la tercera cohorte de la Diplomatura en Políticas Públicas Agropecuarias.

Las definiciones se presentaron durante una conferencia de prensa realizada el miércoles en la muestra agroindustrial de Expoagro, donde la dirigencia de CRA combinó anuncios institucionales con señales políticas hacia el Gobierno nacional.

El dato más inmediato es el calendario: Jonagro se realizará el 12 de mayo en la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, mientras que el Congreso de Entes Sanitarios tendrá lugar el 3 y 4 de junio en la Sociedad Rural de Gualeguaychú.

Detrás de esa agenda aparece una estrategia más amplia: reposicionar al agro como actor político en la discusión sobre competitividad, sanidad animal y regulación productiva. Y, al mismo tiempo, sostener canales de diálogo con el Ejecutivo en temas sensibles como la ley de semillas, un debate que lleva años sin resolución legislativa.

La pregunta que empieza a emerger es si el movimiento del ruralismo organizado busca influir en la agenda de políticas públicas del sector o si se trata de un intento por ordenar al propio entramado agropecuario frente a un contexto económico y regulatorio todavía incierto.

Jonagro, el foro político del agro

El presidente de CRA, Carlos Castagnani, fue el encargado de confirmar la nueva edición de Jonagro, el encuentro que la entidad define como la “jornada nacional del campo argentino”.

El congreso tendrá como lema “Producir para el mundo, competir con inteligencia” y convocará a productores, empresarios, técnicos y referentes del ámbito político y económico para debatir el posicionamiento del agro en los mercados internacionales.

Según adelantó Castagnani, cinco gobernadores provinciales ya confirmaron su presencia, un dato que anticipa que el evento volverá a funcionar como espacio de articulación entre el sector productivo y la política territorial.

Jonagro se ha convertido en los últimos años en uno de los ámbitos donde el ruralismo intenta instalar agenda. Allí suelen discutirse cuestiones estructurales como competitividad, infraestructura, presión impositiva y acceso a mercados.

La elección de la Bolsa de Cereales como sede también tiene una lectura institucional: el evento se realiza en uno de los centros históricos de representación del comercio agrícola argentino.

Sanidad animal y estructura federal del agro

El vicepresidente primero de CRA, José Colombatto, presentó otro de los encuentros clave del calendario rural: el 15º Congreso de Entes y Fundaciones de Lucha Sanitaria Animal.

El evento se realizará el 3 y 4 de junio en la Sociedad Rural de Gualeguaychú y reunirá a las organizaciones que gestionan programas sanitarios ganaderos en todo el país.

Colombatto subrayó que estos encuentros cumplen una función federal dentro del sistema agropecuario. Según explicó, permiten intercambiar experiencias, revisar avances y proyectar el futuro de la sanidad animal en Argentina.

El sistema de entes sanitarios es una estructura particular dentro del modelo agropecuario argentino: combina organismos públicos y organizaciones del sector privado para ejecutar políticas de control sanitario en el territorio.

Por eso, cada congreso se convierte también en un espacio donde se revisan los equilibrios institucionales entre productores, entidades y organismos estatales vinculados a la sanidad animal.

La ley de semillas vuelve al centro del debate

En paralelo a los anuncios, el secretario de CRA, Adrián Luna Vázquez, reveló que la entidad y la Comisión de Enlace de Entidades Agropecuarias mantuvieron una reunión con el secretario de Agricultura para discutir el futuro de la ley de semillas.

La dirigencia rural presentó un documento elaborado desde noviembre e invitó al Gobierno a participar de una mesa técnica para avanzar en el tema.

“Encontramos muy buena predisposición para continuar trabajando y encontrar puntos en común”, señaló Luna Vázquez.

El punto es relevante porque la normativa sobre semillas permanece en debate desde hace años. La dificultad para alcanzar una síntesis refleja tensiones entre productores, empresas biotecnológicas y el propio Estado respecto a la regulación del uso de semillas y los derechos asociados a su desarrollo.

CRA planteó que el objetivo debe ser una política pública construida por consenso, una señal de que el sector busca influir en el proceso legislativo antes de que cualquier iniciativa avance en el Congreso.

Formación política para el sector agropecuario

Otro de los anuncios estuvo a cargo del economista Ernesto O’Connor, quien presentó la edición 2026 de la Diplomatura en Políticas Públicas Agropecuarias.

La capacitación es organizada en conjunto por Universidad Católica Argentina, CRA y la Fundación CRA.

El programa abrirá su tercera edición con el objetivo de formar dirigentes agropecuarios con formación en economía, políticas públicas y desarrollo territorial.

La iniciativa refleja una tendencia creciente dentro del sector rural: profesionalizar el vínculo entre producción y política pública.

En otras palabras, no se trata solo de representar intereses sectoriales, sino de formar cuadros capaces de intervenir en el diseño de políticas agrícolas.

Una agenda que mezcla institucionalidad y poder sectorial

Más allá de los anuncios formales, la presencia de CRA en Expoagro incluyó reuniones con organismos y actores clave del sistema agropecuario.

Durante los cuatro días de la muestra, la dirigencia rural mantuvo encuentros con SENASA, la Secretaría de Agricultura de la Nación, legisladores nacionales y el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina, además de reuniones comerciales con empresas del sector.

Ese despliegue confirma que Expoagro funciona no solo como feria productiva, sino también como plataforma política del agro argentino, donde se negocian agendas regulatorias, se construyen alianzas y se marcan posiciones frente al Gobierno.

Lo que se jugará en los próximos meses

La agenda presentada por CRA deja abiertos varios frentes.

Jonagro podría convertirse nuevamente en un escenario de definiciones políticas si los gobernadores y dirigentes del sector utilizan el encuentro para fijar posiciones sobre competitividad, regulación o impuestos.

El debate por la ley de semillas, en tanto, seguirá siendo una prueba para medir hasta dónde el Gobierno está dispuesto a construir consensos con las entidades agropecuarias.

Y la diplomatura impulsada junto a la UCA introduce otra dimensión: la formación de dirigentes con capacidad de intervenir en la discusión de políticas públicas.

En conjunto, los anuncios realizados en Expoagro sugieren que el ruralismo organizado intenta reforzar su peso institucional en un momento donde las decisiones regulatorias y productivas vuelven a ocupar el centro del debate económico.

La incógnita es si esa estrategia logrará traducirse en incidencia concreta sobre la agenda legislativa y las políticas agropecuarias del país.

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El Gobierno activa el RIMI y redefine el tablero laboral y fiscal del agro

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El 2 de marzo de 2026, en el marco de la reciente Ley de Modernización Laboral, la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Economía puso en marcha el Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI), un esquema que apunta a movilizar capital productivo en el agro con beneficios fiscales y cambios en las reglas laborales. El nuevo instrumento complementa al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y fija un rango de acceso que va desde US$ 150.000 para microempresas hasta US$ 9.000.000 para medianas tramo 2.

El movimiento no es técnico. Es político. El Gobierno busca ampliar la base de inversión más allá de los grandes proyectos y enviar una señal directa a las PyMEs agroindustriales. La pregunta es si el paquete fiscal y laboral alcanza para traducirse en desembolsos concretos o si quedará condicionado por el contexto macro.

Incentivos fiscales: amortización acelerada y alivio en IVA

El RIMI concentra su foco en inversiones productivas: adquisición, fabricación o importación de bienes muebles nuevos amortizables en el impuesto a las ganancias y obras afectadas a la producción. La novedad es doble.

Por un lado, no fija mínimos para inversiones estratégicas en sistemas y equipos de riego, bienes de alta eficiencia energética, mallas antigranizo y bienes semovientes. Por otro, establece una amortización acelerada: una cuota para inversiones estratégicas sin mínimo y dos cuotas para bienes muebles.

Además, habilita el cómputo de créditos fiscales de IVA a los tres períodos fiscales mensuales, reduciendo el plazo financiero habitual. En paralelo, baja la alícuota de IVA para la energía eléctrica utilizada en equipos de riego destinados al sector agroindustrial.

El esquema incorpora también una modificación en la valuación de hacienda para establecimientos de invernada y engorde a corral, con impacto directo en el cálculo del impuesto a las ganancias. La medida reduce el resultado por tenencia en cada ejercicio, lo que mejora el flujo impositivo de esas explotaciones.

En términos prácticos, el Ejecutivo combina alivio fiscal, mejora en liquidez y señales sectoriales específicas. La estrategia apunta a incentivar inversión real, no solo planificación tributaria.

Reforma laboral: cambios en subcontratación y contratos temporarios

El RIMI se inscribe en una reforma más amplia del régimen de trabajo agrario. La legislación modificó la subcontratación y cesión, estableciendo relación directa con quien registre el vínculo laboral y limitando la responsabilidad solidaria.

También amplió el período de prueba a ocho meses y aseguró la temporalidad de contratos sucesivos en tareas estacionales. Las remuneraciones mínimas fijadas por la Comisión Nacional de Trabajo Agrario quedaron eliminadas como referencia autónoma y pasaron al esquema de convenciones colectivas, incluyendo remuneración por rendimiento.

Además, el nuevo marco establece compatibilidad entre trabajo rural temporario y prestaciones sociales, garantizando la continuidad en la percepción de asignaciones familiares.

El mensaje institucional es claro: modernizar la contratación en el campo, reducir litigiosidad potencial y flexibilizar mecanismos para adaptarlos a ciclos productivos.

Correlación de fuerzas y agenda productiva

El RIMI refuerza la posición del Gobierno frente a sectores productivos que reclamaban reglas más previsibles para invertir. Las PyMEs agroindustriales aparecen como el actor central del esquema.

Al mismo tiempo, la modificación del régimen laboral puede reordenar equilibrios en la negociación colectiva y reconfigurar el vínculo entre empleadores y trabajadores rurales.

En el plano económico, la reducción de cargas y la amortización acelerada implican resignación de recursos fiscales en el corto plazo. El Ejecutivo apuesta a que la mayor inversión compense esa merma vía expansión de producción y formalización.

El complemento con el RIGI sugiere una estrategia integral: captar grandes proyectos y, en paralelo, dinamizar el entramado de medianas y pequeñas empresas. El desafío será que ambos regímenes no generen distorsiones competitivas internas.

Inversión real o ventana fiscal

La efectividad del RIMI dependerá de variables que exceden el texto legal: estabilidad macroeconómica, acceso al crédito y expectativas de rentabilidad.

En las próximas semanas será clave observar el volumen de proyectos presentados y la velocidad de adhesión de PyMEs. También cómo impactan los cambios laborales en la dinámica de contratación en plena campaña productiva.

El Gobierno movió una ficha relevante en el tablero agroindustrial. El marco normativo ya está definido. Falta comprobar si el sector responde con inversión efectiva o si el incentivo funciona como herramienta defensiva en un contexto todavía en transición.

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