Secretaría de Agricultura

El Gobierno registra récord de exportaciones agroindustriales y marca un salto del 71% en marzo

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La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca informó que las Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior (DJVE) con embarque en marzo de 2026 alcanzaron un volumen récord de 12,6 millones de toneladas, el nivel más alto registrado para ese mes. El dato implica un incremento del 71% respecto a 2025 y del 36% frente al anterior máximo de 2022.

El registro, procesado por la Subsecretaría de Mercados Agroalimentarios e Inserción Internacional, consolida un punto de inflexión en la dinámica exportadora del complejo agroindustrial. La magnitud del salto introduce una señal política y económica: el sector muestra capacidad de reacción y planificación en un escenario internacional que, según lo informado, presenta oportunidades comerciales.

El rol de las DJVE en la política exportadora

Las DJVE son el instrumento mediante el cual el Estado nacional registra y valida las ventas externas del sector agroindustrial. Funcionan como un mecanismo clave para ordenar el flujo exportador y anticipar embarques, con impacto directo en la balanza comercial y en la disponibilidad de divisas.

El dato difundido por la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca se inscribe dentro de ese esquema: no mide exportaciones efectivamente realizadas, sino compromisos de venta al exterior, lo que permite leer expectativas del mercado y decisiones empresariales en tiempo real.

Un salto en la escala de registros

El volumen de 12,6 millones de toneladas marca una diferencia significativa respecto de los últimos años. En 2025, el registro había sido de 7,4 millones de toneladas, mientras que en 2022 —hasta ahora el máximo reciente— se había ubicado en 9,3 millones.

El crecimiento no es marginal. La suba interanual del 71% y la mejora del 36% frente al récord previo configuran un cambio de escala en la operatoria del sector, al menos en términos de registros de ventas.

El comportamiento observado en marzo también consolida a ese mes como un período de alta actividad para el complejo agroindustrial, con mayor concentración de decisiones comerciales.

Capacidad de anticipación y señal al Gobierno

Desde una lectura institucional, el dato expone el posicionamiento del sector agroindustrial dentro de la economía argentina. La capacidad de anticipar ventas y acelerar registros en un contexto internacional favorable refuerza su peso en la generación de divisas.

Al mismo tiempo, el volumen alcanzado funciona como una señal hacia el Gobierno nacional: el sector responde con mayor dinamismo cuando identifica oportunidades externas, lo que puede incidir en la agenda económica y en la relación entre el Estado y los exportadores.

Divisas y actividad exportadora

Si bien las DJVE no implican exportaciones concretadas de manera inmediata, sí anticipan flujos comerciales relevantes. Un mayor nivel de registros suele traducirse, en el corto plazo, en mayor ingreso de divisas y actividad logística vinculada al comercio exterior.

El volumen informado refleja un nivel de actividad elevado en el complejo agroindustrial, con potencial impacto en transporte, puertos y cadena de valor asociada.

Posibles efectos en el NEA

Aunque el informe no discrimina por regiones, el dinamismo del complejo agroindustrial tiene efectos indirectos sobre economías regionales como las del NEA.

En términos potenciales, una mayor actividad exportadora puede traccionar demanda logística, servicios y encadenamientos productivos. Sin embargo, el alcance concreto dependerá de la participación específica de cada región en el esquema exportador, un dato no detallado en el reporte.

Continuidad o efecto puntual

El récord abre interrogantes sobre su sostenibilidad. Entre las variables a observar aparecen la evolución de los mercados internacionales, la continuidad de las condiciones comerciales y el comportamiento de los productores en los próximos meses.

También será clave monitorear si el nivel de registros se traduce efectivamente en exportaciones concretas y en ingreso de divisas, o si responde a un pico puntual de anticipación comercial.

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CRA anuncia Jonagro, impulsa el debate por la ley de semillas y lanza formación para dirigentes del agro

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En el escenario político y productivo de la Expoagro 2026, Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) activó una agenda que excede la lógica de una exposición rural: anunció una nueva edición de Jonagro, confirmó el 15º Congreso de Entes y Fundaciones de Lucha Sanitaria Animal y lanzó la tercera cohorte de la Diplomatura en Políticas Públicas Agropecuarias.

Las definiciones se presentaron durante una conferencia de prensa realizada el miércoles en la muestra agroindustrial de Expoagro, donde la dirigencia de CRA combinó anuncios institucionales con señales políticas hacia el Gobierno nacional.

El dato más inmediato es el calendario: Jonagro se realizará el 12 de mayo en la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, mientras que el Congreso de Entes Sanitarios tendrá lugar el 3 y 4 de junio en la Sociedad Rural de Gualeguaychú.

Detrás de esa agenda aparece una estrategia más amplia: reposicionar al agro como actor político en la discusión sobre competitividad, sanidad animal y regulación productiva. Y, al mismo tiempo, sostener canales de diálogo con el Ejecutivo en temas sensibles como la ley de semillas, un debate que lleva años sin resolución legislativa.

La pregunta que empieza a emerger es si el movimiento del ruralismo organizado busca influir en la agenda de políticas públicas del sector o si se trata de un intento por ordenar al propio entramado agropecuario frente a un contexto económico y regulatorio todavía incierto.

Jonagro, el foro político del agro

El presidente de CRA, Carlos Castagnani, fue el encargado de confirmar la nueva edición de Jonagro, el encuentro que la entidad define como la “jornada nacional del campo argentino”.

El congreso tendrá como lema “Producir para el mundo, competir con inteligencia” y convocará a productores, empresarios, técnicos y referentes del ámbito político y económico para debatir el posicionamiento del agro en los mercados internacionales.

Según adelantó Castagnani, cinco gobernadores provinciales ya confirmaron su presencia, un dato que anticipa que el evento volverá a funcionar como espacio de articulación entre el sector productivo y la política territorial.

Jonagro se ha convertido en los últimos años en uno de los ámbitos donde el ruralismo intenta instalar agenda. Allí suelen discutirse cuestiones estructurales como competitividad, infraestructura, presión impositiva y acceso a mercados.

La elección de la Bolsa de Cereales como sede también tiene una lectura institucional: el evento se realiza en uno de los centros históricos de representación del comercio agrícola argentino.

Sanidad animal y estructura federal del agro

El vicepresidente primero de CRA, José Colombatto, presentó otro de los encuentros clave del calendario rural: el 15º Congreso de Entes y Fundaciones de Lucha Sanitaria Animal.

El evento se realizará el 3 y 4 de junio en la Sociedad Rural de Gualeguaychú y reunirá a las organizaciones que gestionan programas sanitarios ganaderos en todo el país.

Colombatto subrayó que estos encuentros cumplen una función federal dentro del sistema agropecuario. Según explicó, permiten intercambiar experiencias, revisar avances y proyectar el futuro de la sanidad animal en Argentina.

El sistema de entes sanitarios es una estructura particular dentro del modelo agropecuario argentino: combina organismos públicos y organizaciones del sector privado para ejecutar políticas de control sanitario en el territorio.

Por eso, cada congreso se convierte también en un espacio donde se revisan los equilibrios institucionales entre productores, entidades y organismos estatales vinculados a la sanidad animal.

La ley de semillas vuelve al centro del debate

En paralelo a los anuncios, el secretario de CRA, Adrián Luna Vázquez, reveló que la entidad y la Comisión de Enlace de Entidades Agropecuarias mantuvieron una reunión con el secretario de Agricultura para discutir el futuro de la ley de semillas.

La dirigencia rural presentó un documento elaborado desde noviembre e invitó al Gobierno a participar de una mesa técnica para avanzar en el tema.

“Encontramos muy buena predisposición para continuar trabajando y encontrar puntos en común”, señaló Luna Vázquez.

El punto es relevante porque la normativa sobre semillas permanece en debate desde hace años. La dificultad para alcanzar una síntesis refleja tensiones entre productores, empresas biotecnológicas y el propio Estado respecto a la regulación del uso de semillas y los derechos asociados a su desarrollo.

CRA planteó que el objetivo debe ser una política pública construida por consenso, una señal de que el sector busca influir en el proceso legislativo antes de que cualquier iniciativa avance en el Congreso.

Formación política para el sector agropecuario

Otro de los anuncios estuvo a cargo del economista Ernesto O’Connor, quien presentó la edición 2026 de la Diplomatura en Políticas Públicas Agropecuarias.

La capacitación es organizada en conjunto por Universidad Católica Argentina, CRA y la Fundación CRA.

El programa abrirá su tercera edición con el objetivo de formar dirigentes agropecuarios con formación en economía, políticas públicas y desarrollo territorial.

La iniciativa refleja una tendencia creciente dentro del sector rural: profesionalizar el vínculo entre producción y política pública.

En otras palabras, no se trata solo de representar intereses sectoriales, sino de formar cuadros capaces de intervenir en el diseño de políticas agrícolas.

Una agenda que mezcla institucionalidad y poder sectorial

Más allá de los anuncios formales, la presencia de CRA en Expoagro incluyó reuniones con organismos y actores clave del sistema agropecuario.

Durante los cuatro días de la muestra, la dirigencia rural mantuvo encuentros con SENASA, la Secretaría de Agricultura de la Nación, legisladores nacionales y el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina, además de reuniones comerciales con empresas del sector.

Ese despliegue confirma que Expoagro funciona no solo como feria productiva, sino también como plataforma política del agro argentino, donde se negocian agendas regulatorias, se construyen alianzas y se marcan posiciones frente al Gobierno.

Lo que se jugará en los próximos meses

La agenda presentada por CRA deja abiertos varios frentes.

Jonagro podría convertirse nuevamente en un escenario de definiciones políticas si los gobernadores y dirigentes del sector utilizan el encuentro para fijar posiciones sobre competitividad, regulación o impuestos.

El debate por la ley de semillas, en tanto, seguirá siendo una prueba para medir hasta dónde el Gobierno está dispuesto a construir consensos con las entidades agropecuarias.

Y la diplomatura impulsada junto a la UCA introduce otra dimensión: la formación de dirigentes con capacidad de intervenir en la discusión de políticas públicas.

En conjunto, los anuncios realizados en Expoagro sugieren que el ruralismo organizado intenta reforzar su peso institucional en un momento donde las decisiones regulatorias y productivas vuelven a ocupar el centro del debate económico.

La incógnita es si esa estrategia logrará traducirse en incidencia concreta sobre la agenda legislativa y las políticas agropecuarias del país.

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El Gobierno activa el RIMI y redefine el tablero laboral y fiscal del agro

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El 2 de marzo de 2026, en el marco de la reciente Ley de Modernización Laboral, la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Economía puso en marcha el Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI), un esquema que apunta a movilizar capital productivo en el agro con beneficios fiscales y cambios en las reglas laborales. El nuevo instrumento complementa al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y fija un rango de acceso que va desde US$ 150.000 para microempresas hasta US$ 9.000.000 para medianas tramo 2.

El movimiento no es técnico. Es político. El Gobierno busca ampliar la base de inversión más allá de los grandes proyectos y enviar una señal directa a las PyMEs agroindustriales. La pregunta es si el paquete fiscal y laboral alcanza para traducirse en desembolsos concretos o si quedará condicionado por el contexto macro.

Incentivos fiscales: amortización acelerada y alivio en IVA

El RIMI concentra su foco en inversiones productivas: adquisición, fabricación o importación de bienes muebles nuevos amortizables en el impuesto a las ganancias y obras afectadas a la producción. La novedad es doble.

Por un lado, no fija mínimos para inversiones estratégicas en sistemas y equipos de riego, bienes de alta eficiencia energética, mallas antigranizo y bienes semovientes. Por otro, establece una amortización acelerada: una cuota para inversiones estratégicas sin mínimo y dos cuotas para bienes muebles.

Además, habilita el cómputo de créditos fiscales de IVA a los tres períodos fiscales mensuales, reduciendo el plazo financiero habitual. En paralelo, baja la alícuota de IVA para la energía eléctrica utilizada en equipos de riego destinados al sector agroindustrial.

El esquema incorpora también una modificación en la valuación de hacienda para establecimientos de invernada y engorde a corral, con impacto directo en el cálculo del impuesto a las ganancias. La medida reduce el resultado por tenencia en cada ejercicio, lo que mejora el flujo impositivo de esas explotaciones.

En términos prácticos, el Ejecutivo combina alivio fiscal, mejora en liquidez y señales sectoriales específicas. La estrategia apunta a incentivar inversión real, no solo planificación tributaria.

Reforma laboral: cambios en subcontratación y contratos temporarios

El RIMI se inscribe en una reforma más amplia del régimen de trabajo agrario. La legislación modificó la subcontratación y cesión, estableciendo relación directa con quien registre el vínculo laboral y limitando la responsabilidad solidaria.

También amplió el período de prueba a ocho meses y aseguró la temporalidad de contratos sucesivos en tareas estacionales. Las remuneraciones mínimas fijadas por la Comisión Nacional de Trabajo Agrario quedaron eliminadas como referencia autónoma y pasaron al esquema de convenciones colectivas, incluyendo remuneración por rendimiento.

Además, el nuevo marco establece compatibilidad entre trabajo rural temporario y prestaciones sociales, garantizando la continuidad en la percepción de asignaciones familiares.

El mensaje institucional es claro: modernizar la contratación en el campo, reducir litigiosidad potencial y flexibilizar mecanismos para adaptarlos a ciclos productivos.

Correlación de fuerzas y agenda productiva

El RIMI refuerza la posición del Gobierno frente a sectores productivos que reclamaban reglas más previsibles para invertir. Las PyMEs agroindustriales aparecen como el actor central del esquema.

Al mismo tiempo, la modificación del régimen laboral puede reordenar equilibrios en la negociación colectiva y reconfigurar el vínculo entre empleadores y trabajadores rurales.

En el plano económico, la reducción de cargas y la amortización acelerada implican resignación de recursos fiscales en el corto plazo. El Ejecutivo apuesta a que la mayor inversión compense esa merma vía expansión de producción y formalización.

El complemento con el RIGI sugiere una estrategia integral: captar grandes proyectos y, en paralelo, dinamizar el entramado de medianas y pequeñas empresas. El desafío será que ambos regímenes no generen distorsiones competitivas internas.

Inversión real o ventana fiscal

La efectividad del RIMI dependerá de variables que exceden el texto legal: estabilidad macroeconómica, acceso al crédito y expectativas de rentabilidad.

En las próximas semanas será clave observar el volumen de proyectos presentados y la velocidad de adhesión de PyMEs. También cómo impactan los cambios laborales en la dinámica de contratación en plena campaña productiva.

El Gobierno movió una ficha relevante en el tablero agroindustrial. El marco normativo ya está definido. Falta comprobar si el sector responde con inversión efectiva o si el incentivo funciona como herramienta defensiva en un contexto todavía en transición.

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La Tasa de Fiscalización de la yerba mate no se actualiza y sigue en $25 por kilo

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El Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) informó que no se incrementó el valor de la estampilla correspondiente a la Tasa de Fiscalización y Control, que continúa fijada en $25 por kilogramo de yerba mate elaborada y envasada para consumo interno. La decisión tiene impacto directo sobre la estructura de costos del sector yerbatero y se da en un contexto de debate institucional sobre el financiamiento del organismo y la regulación de la actividad.

La confirmación despeja, al menos en el corto plazo, un factor de presión sobre los precios y los márgenes de la cadena productiva, en un escenario marcado por tensiones entre productores, industriales y autoridades nacionales respecto del funcionamiento del mercado yerbatero.

La decisión del INYM y el marco normativo vigente

Según informó el INYM, el valor de la Tasa de Fiscalización y Control se mantiene sin modificaciones en $25 por kilogramo, monto que se aplica a cada kilo de yerba mate elaborada y envasada destinada al consumo interno. La tasa se materializa a través de la estampilla obligatoria y constituye una de las principales fuentes de financiamiento del organismo.

Si bien el Directorio del INYM solicitó una actualización del valor, ese pedido no fue aprobado y deberá ser evaluado por la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, que es la autoridad competente para autorizar o rechazar cualquier modificación. Esta atribución se encuentra expresamente contemplada en el artículo 21 de la Ley 26.564, norma que creó el Instituto Nacional de la Yerba Mate y estableció el esquema de financiamiento y control del sector.

De este modo, la continuidad del valor actual implica que cualquier cambio futuro dependerá exclusivamente de una decisión administrativa del área nacional correspondiente.

Impacto económico e institucional en la cadena yerbatera

El mantenimiento del valor de la tasa tiene implicancias económicas relevantes para toda la cadena yerbatera. Para la industria y los envasadores, la decisión evita un aumento inmediato de costos en un contexto de márgenes ajustados y consumo sensible a los precios. Para los productores, en tanto, el debate de fondo remite al rol del INYM, su capacidad operativa y los recursos disponibles para fiscalizar la actividad.

Desde el plano institucional, la situación vuelve a poner en primer plano el alcance de las facultades del organismo y su dependencia de decisiones de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca. El hecho de que el Directorio haya solicitado una actualización, pero que esta no haya prosperado, refleja las tensiones existentes en torno al esquema regulatorio del sector.

Repercusiones y escenarios posibles

En el corto plazo, la continuidad de la tasa en $25 por kilo contribuye a evitar nuevos incrementos en los costos regulados de la yerba mate, un producto de consumo masivo y de fuerte arraigo regional. Sin embargo, el debate sobre la suficiencia de los recursos del INYM queda abierto y podría reactivarse si el organismo considera necesario reforzar sus tareas de control y fiscalización.

La eventual decisión de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca será clave para definir el rumbo de la política yerbatera en materia de regulación y financiamiento institucional, en un sector estratégico para las economías regionales.

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Once empresas accederán al cupo 2026 para exportar lácteos a Colombia

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La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca distribuyó 2.214,4 toneladas de productos lácteos con destino a Colombia para el ciclo 2026, en el marco del Acuerdo de Complementación Económica N° 72. La medida define el acceso a preferencias arancelarias clave para once empresas argentinas y ordena el uso de un contingente estratégico para el comercio regional.

La Resolución 3/2026 del Ministerio de Economía, publicada el 14 de enero de 2026 en el Boletín Oficial, oficializó la asignación del cupo de exportación de productos lácteos hacia la República de Colombia correspondiente al año 2026. El esquema se inscribe en el Acuerdo de Complementación Económica N° 72 (ACE 72), vigente entre los Estados Parte del MERCOSUR y Colombia, y mantiene las condiciones previamente establecidas para el comercio de lácteos en el marco del histórico ACE 59.

Un cupo estratégico con preferencias arancelarias

El contingente arancelario asignado corresponde a las partidas 0402.10, 0402.2 y 0402.9 de la NALADISA, que comprenden leche y nata (crema) en polvo o en formas sólidas, tanto con contenido graso inferior o igual al 1,5% como superior a ese umbral. Estas exportaciones acceden a preferencias arancelarias otorgadas por Colombia sobre el arancel vigente para terceros países.

El cupo anual fue fijado originalmente en 1.500 toneladas métricas, con un incremento progresivo del 3% anual durante 15 años, conforme a lo previsto en los acuerdos bilaterales. Para 2026, el volumen total disponible asciende a 2.268 toneladas métricas, de las cuales 2.214,4 toneladas fueron efectivamente asignadas mediante la resolución.

La medida se sustenta en el ACE 72, suscripto el 21 de julio de 2017, cuya entrada en vigor entre Argentina y Colombia se produjo el 20 de diciembre de 2017, tras el depósito de los instrumentos de ratificación ante la ALADI. Los capítulos vinculados al comercio de lácteos se mantienen sin modificaciones respecto del ACE 59, firmado el 18 de octubre de 2004 y vigente entre ambos países desde el 1 de febrero de 2005.

Asignación, redistribución y fondo de libre disponibilidad

El proceso de asignación se realizó conforme al mecanismo establecido por la Resolución 21/2018, prorrogada por la Resolución 5/2023, que regula el acceso al contingente mediante criterios objetivos y verificables. Entre el 1 y el 15 de diciembre de 2025 se abrió el período de inscripción para el ciclo comercial 2026 a través de la plataforma de Trámites a Distancia (TAD).

En total, once empresas solicitaron licencias de exportación. La autoridad verificó que todas se encontraran debidamente inscriptas en el Sistema de Información de Operadores de Carnes y Lácteos (SIOCAL) y contaran con las habilitaciones sanitarias correspondientes otorgadas por el SENASA.

Tres firmas —La Varense S.R.L., Lácteos Ramolac S.A. y García Hermanos Agroindustrial S.R.L.— solicitaron un volumen inferior al que les correspondía por criterio distributivo, lo que obligó a ajustar sus adjudicaciones al tonelaje efectivamente requerido. El remanente resultante fue redistribuido entre los demás participantes hasta alcanzar el máximo permitido y la diferencia no asignada pasó a integrar el Fondo de Libre Disponibilidad.

Este fondo quedó establecido en 53,6 toneladas métricas, que se asignarán bajo el sistema de “Primero Llegado, Primero Servido”, constituyendo un margen operativo adicional para eventuales exportaciones durante el año.

Impacto sectorial y vigencia del régimen

Las exportaciones autorizadas deberán ingresar a Colombia antes del 31 de diciembre de 2026, fecha límite establecida por la resolución. La medida resulta relevante para el sector lácteo argentino en tanto garantiza previsibilidad comercial, acceso preferencial a un mercado regional y continuidad institucional en la administración de contingentes arancelarios.

Desde el punto de vista económico e institucional, la asignación consolida el uso de los acuerdos comerciales vigentes como herramienta para la inserción internacional del sector agroindustrial, al tiempo que refuerza los mecanismos administrativos de control, trazabilidad y cumplimiento sanitario.

La Resolución 3/2026 entró en vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial y fue firmada por el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Sergio Iraeta, en uso de las facultades conferidas por el Decreto 50/2019 y sus modificatorios.

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