Secretaría de Agricultura

Actualizan las reglas para la leche UHT: la nueva norma del Mercosur impacta en la industria láctea

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La Secretaría de Agricultura y la ANMAT incorporaron al Código Alimentario Argentino un nuevo reglamento técnico del Mercosur para la leche UAT (Ultra Alta Temperatura o UHT). La medida actualiza los estándares de identidad, calidad, rotulado y control sanitario, alineando la normativa argentina con los criterios regionales y otorgando mayor previsibilidad para la producción y el comercio de productos lácteos.

La Resolución Conjunta 7/2026, publicada en el Boletín Oficial, reemplaza las normas vigentes desde la década de 1990 e incorpora al ordenamiento argentino la Resolución GMC 13/23 del Mercosur. El cambio no introduce una nueva categoría de producto, sino que moderniza las especificaciones técnicas y los parámetros de calidad exigibles para la leche UHT, un segmento clave dentro del mercado de lácteos de larga vida.

Para las empresas del sector, la principal implicancia es la unificación de criterios regulatorios con los demás socios del bloque, reduciendo diferencias normativas que pueden generar costos adicionales en procesos industriales, certificaciones y comercio intrarregional.

Una actualización técnica con impacto en la competitividad

La nueva regulación redefine las condiciones bajo las cuales un producto puede comercializarse como leche UAT (UHT). El Código Alimentario Argentino establece ahora que deberá elaborarse mediante un proceso continuo de calentamiento de entre 135°C durante 10 segundos y 150°C durante 2 segundos, o tratamientos equivalentes que garanticen la estabilidad microbiológica durante toda su vida útil.

Además, mantiene la clasificación en tres categorías: Leche entera; Leche semidescremada o parcialmente descremada y Leche descremada.

La resolución también actualiza los parámetros físico-químicos mínimos para cada categoría, incorpora referencias internacionales de análisis (ISO y AOAC), redefine exigencias microbiológicas y establece nuevos criterios sobre acondicionamiento, rotulado e higiene industrial.

Desde la perspectiva empresarial, la resolución apunta principalmente a homogeneizar estándares de producción dentro del Mercosur más que a modificar procesos industriales ya consolidados.

Entre los aspectos relevantes aparecen:

  • Actualización del Código Alimentario Argentino conforme al reglamento técnico del Mercosur.
  • Armonización regional de requisitos de identidad y calidad.
  • Nuevos parámetros técnicos para composición, estabilidad microbiológica y controles analíticos.
  • Ratificación del uso de estabilizantes autorizados, incluyendo fosfatos y citrato de sodio bajo las condiciones establecidas.
  • Actualización del régimen de rotulado, incorporando precisiones sobre las distintas categorías comerciales y la información obligatoria sobre contenido graso.

Un marco regulatorio más uniforme para exportar

La resolución señala que la incorporación del reglamento responde al compromiso asumido por los países del Mercosur de armonizar normas técnicas para favorecer la libre circulación de bienes dentro del bloque.

Para las industrias lácteas con operaciones de exportación, disponer de especificaciones equivalentes reduce la necesidad de adaptaciones regulatorias entre mercados regionales y facilita los procesos de certificación sanitaria.

Aunque la medida no modifica aranceles ni condiciones comerciales, sí fortalece la previsibilidad regulatoria para empresas que comercializan leche larga vida tanto en Argentina como en otros países del Mercosur.

La actualización normativa resulta relevante para distribuidores, industrias alimenticias, cadenas comerciales y operadores logísticos que comercializan productos lácteos provenientes de otras provincias.

La estandarización también beneficia a fabricantes de envases, laboratorios de control de calidad y proveedores tecnológicos vinculados al procesamiento UHT, ya que establece un marco regulatorio uniforme sobre el cual desarrollar inversiones y procesos industriales.

La actualización representa un cambio eminentemente regulatorio, pero con efectos sobre la competitividad de mediano plazo. El desafío para la industria será adaptar la documentación técnica, los protocolos de calidad y los sistemas de control a las nuevas exigencias, mientras el Mercosur continúa avanzando hacia normas alimentarias cada vez más armonizadas, un factor que adquiere relevancia para las empresas con estrategia exportadora.

Anexo Resolución Conjunta 7/2026 by CristianMilciades

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Argentina abre la consulta pública para reconocer 130 Indicaciones Geográficas de Brasil: una decisión clave para la yerba mate

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La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca inició el proceso para reconocer y proteger en Argentina un total de 130 Indicaciones Geográficas (IG) y Denominaciones de Origen (DO) de Brasil, en cumplimiento del acuerdo del Mercosur aprobado por la Ley N° 27.765. La medida abre un período de consulta pública de 30 días durante el cual empresas, productores y entidades podrán presentar objeciones fundadas. Para las economías regionales del Nordeste Argentino (NEA), especialmente la cadena de la yerba mate, el procedimiento adquiere una relevancia estratégica porque involucra la protección de activos de propiedad intelectual vinculados al origen geográfico de los alimentos y bebidas dentro del mercado regional.

La convocatoria, publicada por la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Economía, constituye uno de los primeros pasos operativos derivados del Acuerdo para la Protección Mutua de las Indicaciones Geográficas originarias de los Estados Parte del Mercosur, instrumento que busca fortalecer la protección jurídica de productos con identidad territorial dentro del bloque.

Aunque el procedimiento alcanza productos agrícolas, alimentos, vinos y productos vínicos brasileños, el impacto excede el aspecto registral: establece reglas comunes para la valorización comercial de productos regionales y genera un precedente que también alcanza a las economías regionales argentinas que cuentan con Indicaciones Geográficas o Denominaciones de Origen.

Un mecanismo que fortalece la competencia basada en el origen

Brasil remitió oficialmente a la Argentina un listado integrado por 130 Indicaciones Geográficas, distribuidas entre Indicaciones de Procedencia (IP) y Denominaciones de Origen (DO).

El reconocimiento no será automático. La Resolución SAGyP N° 67/2026 establece un procedimiento administrativo que contempla la participación de terceros mediante una consulta pública.

Durante 30 días corridos desde la publicación de la convocatoria, cualquier persona humana o jurídica que acredite un interés legítimo podrá formular observaciones u oposiciones por escrito si considera que alguno de los nombres protegidos puede afectar derechos existentes o inducir a error al consumidor.

La normativa contempla diversas causales de objeción. Entre ellas se incluyen que el nombre sea considerado genérico en Argentina, que coincida con una marca registrada previamente, que resulte idéntico o similar a otra denominación protegida, que pueda generar confusión respecto del verdadero origen geográfico del producto o que entre en conflicto con variedades vegetales o razas animales.

Las presentaciones deberán incorporar la identificación completa del interesado, los fundamentos jurídicos y técnicos correspondientes, la documentación probatoria y un domicilio legal constituido en el país. Las solicitudes que no cumplan con esos requisitos podrán ser rechazadas conforme a la Ley Nacional de Procedimiento Administrativo N° 19.549.

Una herramienta con impacto para la yerba mate y otras producciones regionales

Más allá del trámite administrativo, la decisión tiene implicancias económicas para las producciones regionales del NEA.

Las Indicaciones Geográficas funcionan como instrumentos de diferenciación comercial porque vinculan la calidad, reputación o características de un producto con un territorio determinado. Ese reconocimiento permite agregar valor, proteger denominaciones tradicionales y reducir riesgos de utilización indebida de nombres asociados a determinadas regiones productivas.

Para cadenas agroindustriales como la yerba mate, uno de los principales productos identitarios de Misiones y el nordeste argentino, el fortalecimiento del sistema regional de protección representa un elemento relevante dentro de la estrategia de posicionamiento en mercados internacionales.

El acuerdo de reconocimiento mutuo dentro del Mercosur también busca otorgar mayor previsibilidad al comercio intrabloque al establecer criterios homogéneos sobre la protección de nombres geográficos y productos con identidad territorial.

La publicación oficial aclara que las fichas técnicas correspondientes a las 130 Indicaciones Geográficas brasileñas estarán disponibles para consulta pública en el portal de Alimentos Argentinos, donde los interesados podrán analizar las características de cada producto antes de formular eventuales observaciones.

Un paso institucional dentro de la integración del Mercosur

La convocatoria se enmarca en la implementación de la Ley N° 27.765, mediante la cual Argentina aprobó el Acuerdo para la Protección Mutua de las Indicaciones Geográficas originarias en los territorios de los Estados Parte del Mercosur.

El procedimiento representa una etapa previa al reconocimiento formal de cada denominación brasileña dentro del sistema argentino de protección de Indicaciones Geográficas y Denominaciones de Origen.

Desde una perspectiva institucional, el mecanismo incorpora transparencia al proceso mediante la consulta pública y permite compatibilizar la protección internacional de las denominaciones con los derechos previamente adquiridos por productores, empresas y titulares de marcas registradas en Argentina.

Para el sector productivo del NEA, el seguimiento de esta instancia resulta relevante porque el fortalecimiento del régimen regional de Indicaciones Geográficas puede convertirse en una herramienta adicional para consolidar el valor diferencial de productos vinculados al territorio y ampliar la protección jurídica de activos estratégicos asociados a las economías regionales.

Impactos para el sector productivo se abre una consulta pública por 30 días para el reconocimiento de 130 Indicaciones Geográficas brasileñas. Productores, empresas y cámaras podrán presentar objeciones si consideran afectados derechos adquiridos. El procedimiento fortalece la aplicación del Acuerdo Mercosur sobre Indicaciones Geográficas, aprobado por la Ley N° 27.765. La medida involucra productos agrícolas, alimentos, vinos y productos vínicos. Para el NEA, el avance del sistema regional de protección adquiere importancia por su potencial incidencia sobre productos con identidad territorial como la yerba mate y otras economías regionales.

Concluido el período de consulta pública, la autoridad de aplicación deberá analizar las oposiciones que eventualmente se presenten antes de avanzar con el reconocimiento definitivo de las Indicaciones Geográficas brasileñas. El desarrollo de este procedimiento marcará un antecedente para futuras solicitudes dentro del Mercosur y será observado por los sectores productivos que buscan consolidar la protección internacional de productos asociados al origen geográfico.

Aviso MIN DE ECONOMÍA – SEC AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA by CristianMilciades

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Agricultura actualiza el marco regulatorio para microorganismos genéticamente modificados y acelera los procesos de evaluación

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La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca oficializó un nuevo régimen para la evaluación y autorización de actividades vinculadas con microorganismos genéticamente modificados (MGM), con el objetivo de modernizar el sistema regulatorio argentino, reducir la dispersión normativa y brindar mayor previsibilidad a las empresas e instituciones que desarrollan proyectos de biotecnología aplicada al agro.

La medida fue establecida mediante la Resolución 96/2026, publicada este lunes en el Boletín Oficial, y reemplaza las resoluciones 5/2018 y 52/2019, que hasta ahora regulaban los ensayos experimentales y los procesos de liberación comercial de microorganismos genéticamente modificados.

La decisión se inscribe dentro del nuevo marco general para organismos genéticamente modificados fijado por el Ministerio de Economía a comienzos de este año y busca adecuar la regulación a los avances científicos registrados durante los últimos años, incorporando tecnologías que no estaban contempladas en la normativa anterior.

Uno de los principales cambios consiste en la creación de un procedimiento único para tres tipos de trámites: la autorización de ensayos experimentales en condiciones controladas con microorganismos genéticamente modificados viables, la evaluación de bioseguridad como requisito previo a la autorización comercial y la certificación de ausencia de microorganismos viables en productos derivados de estos desarrollos.

La resolución establece que todas las evaluaciones continuarán siendo realizadas por la Comisión Nacional Asesora de Biotecnología Agropecuaria (CONABIA), con intervención de la Coordinación de Innovación y Biotecnología de la Dirección Nacional de Bioeconomía. El análisis deberá efectuarse caso por caso, considerando evidencia científica y técnica específica para cada desarrollo.

Plazos definidos y mayor previsibilidad para las empresas

Uno de los aspectos centrales de la nueva regulación es la incorporación de un plazo máximo de 90 días hábiles administrativos para concluir la evaluación técnica de las solicitudes, aunque el cómputo podrá suspenderse cuando el organismo requiera información adicional al solicitante o existan modificaciones sustanciales del proyecto presentado.

El Gobierno sostiene que la fijación de plazos claros busca otorgar mayor previsibilidad a empresas, universidades y centros de investigación que desarrollan proyectos biotecnológicos, reduciendo tiempos administrativos sin alterar los estándares de bioseguridad.

La resolución también incorpora mecanismos de consulta previa opcionales, que permitirán a los desarrolladores presentar proyectos preliminares para resolver criterios regulatorios antes del inicio formal del trámite. Estas consultas deberán responderse en un máximo de 30 días hábiles.

Bioseguridad y control durante todo el proceso

El nuevo régimen mantiene un fuerte énfasis en los controles de bioseguridad. Toda liberación experimental requerirá autorización previa y estará sujeta a inspecciones del SENASA antes, durante y después del ensayo. Asimismo, los responsables deberán informar cualquier incidente, desviación o escape del microorganismo dentro de plazos específicos y ejecutar los protocolos de contingencia previamente aprobados.

La normativa también obliga a llevar registros permanentes de actividades y existencias mediante libros rubricados, informar avances semestrales y presentar un informe final una vez concluido cada ensayo experimental.

En paralelo, se establecen obligaciones adicionales para los ensayos con animales de producción, que deberán cumplir las normas vigentes sobre bienestar animal y garantizar la correcta identificación de los ejemplares utilizados.

Impulso a la bioeconomía y articulación regulatoria

Desde la Secretaría de Agricultura argumentan que la actualización normativa permitirá fortalecer el desarrollo de la bioeconomía, facilitar la transferencia tecnológica hacia el sector productivo y mejorar la coordinación entre los distintos organismos competentes en materia de bioseguridad, inocuidad alimentaria, bioinsumos y productos fitosanitarios.

El texto oficial destaca que la experiencia acumulada durante los últimos años evidenció la necesidad de unificar procedimientos, eliminar superposiciones regulatorias y adaptar la normativa a las nuevas herramientas biotecnológicas que comenzaron a utilizarse tanto en la producción agropecuaria como en procesos agroindustriales.

En esa línea, el Gobierno busca consolidar un esquema regulatorio que combine mayores niveles de previsibilidad para la inversión privada con criterios técnicos uniformes para la evaluación de riesgos, en un contexto donde la biotecnología aparece como uno de los sectores estratégicos para incrementar la productividad y el valor agregado de las cadenas agroalimentarias argentinas.

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Redefinen el reconocimiento de Indicaciones Geográficas del Mercosur para vinos y fortalecen el rol del INV

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La Secretaría de Agricultura incorporó formalmente al Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) al procedimiento de reconocimiento de las Indicaciones Geográficas (IG) de vinos y productos vínicos provenientes de los países del Mercosur. La medida busca ordenar la aplicación del acuerdo regional, centralizar la evaluación técnica y dotar de mayor seguridad jurídica a un segmento donde el origen geográfico constituye un activo comercial de alto valor.

La Resolución 94/2026, publicada este lunes en el Boletín Oficial, establece que las Indicaciones Geográficas reconocidas en los Estados Parte del Mercosur para productos vínicos deberán atravesar el procedimiento previsto por la normativa argentina antes de obtener protección en el país. La novedad central es que ese análisis quedará bajo la órbita del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) cuando se trate exclusivamente de vinos y productos de origen vínico.

La decisión complementa la reglamentación aprobada en mayo de este año para implementar el Acuerdo de Protección Mutua de las Indicaciones Geográficas del Mercosur, incorporado al derecho argentino mediante la Ley 27.765.

Un cambio institucional para un activo estratégico

Las Indicaciones Geográficas constituyen un sistema de protección intelectual que vincula la reputación y determinadas características de un producto con su lugar de origen. En el negocio vitivinícola representan mucho más que una denominación: funcionan como un diferencial competitivo que agrega valor comercial, facilita el posicionamiento internacional y protege a productores frente al uso indebido de nombres geográficos.

Con la nueva resolución, el Gobierno determina que el INV será el organismo técnico encargado de evaluar las solicitudes vinculadas a vinos y productos vínicos, utilizando el marco previsto por la Ley 25.163, que regula las denominaciones de origen e indicaciones geográficas del sector vitivinícola argentino.

La medida no modifica el acuerdo regional ni crea nuevos derechos, sino que define con mayor precisión cuál será la autoridad competente para llevar adelante las evaluaciones técnicas dentro del país.

Para las bodegas y exportadores, la resolución aporta previsibilidad institucional en un mercado donde la certificación del origen constituye un elemento central para acceder a segmentos de mayor valor agregado.

Entre los principales efectos se destacan mayor especialización técnica en la evaluación de Indicaciones Geográficas vinculadas al sector vitivinícola. Unificación de criterios bajo el organismo que ya administra las denominaciones de origen y las IG argentinas. Mayor seguridad jurídica para el reconocimiento de denominaciones provenientes del Mercosur. Sin impacto fiscal ni creación de nuevas estructuras administrativas, ya que la resolución aclara que las funciones serán absorbidas por el INV con los recursos existentes.

Alcance regional y oportunidades

Aunque el NEA no posee una industria vitivinícola comparable con otras regiones del país, la resolución adquiere relevancia para las empresas vinculadas al comercio exterior, la distribución de vinos, la gastronomía premium y el turismo, actividades que incorporan productos certificados por origen como parte de su estrategia comercial.

También fortalece el proceso de armonización regulatoria dentro del Mercosur, un aspecto relevante para las economías regionales que buscan proteger productos diferenciados mediante sistemas de calidad e identidad territorial.

La decisión refleja una tendencia creciente en el comercio internacional: los atributos vinculados al origen, la trazabilidad y la autenticidad ganan peso como herramientas de diferenciación frente a mercados cada vez más exigentes.

El próximo paso será observar cómo se implementa el procedimiento de evaluación y reconocimiento de las Indicaciones Geográficas provenientes de Brasil, Uruguay y Paraguay, así como el impacto que esta coordinación institucional tendrá sobre futuras solicitudes de protección dentro del bloque. Para la vitivinicultura argentina, consolidar reglas homogéneas en materia de propiedad intelectual constituye un componente estratégico para sostener el posicionamiento de sus productos en el mercado regional.

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La producción de leche alcanzó un récord de una década y las exportaciones tocaron máximos desde 2014

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Durante el primer cuatrimestre del año, la producción nacional de leche alcanza máximos en por lo menos diez años. Las exportaciones del complejo están en el nivel más alto desde 2014 con Brasil importando 40% más.

En lo que va del 2026 la producción acumulada de leche en Argentina corre en máximos desde que se lleva una base de datos comparables. Según las estimaciones de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca (SAGyP), hacia abril del 2026, la producción nacional de leche alcanza los 3,5 millones de litros, 9,3% por delante del promedio para la última década a esta altura del año y récord para una serie que comienza en 2015. Por otra parte, la producción media diaria por tambo en 2026 promedia 3.287 litros de leche, 27% más alto que durante los últimos cinco años. 

Según el Registro Nacional Sanitario de Productores Agropecuarios (RENSPA), actualmente hay 8.813 tambos registrados en Argentina, de los cuáles el 83% están localizados, en orden de relevancia, sobre las provincias de Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires. Entre estas tres provincias también se puede encontrar la mayor proporción de bovinos en establecimiento, con 90% de los más de 3 millones de cabezas con los que actualmente cuenta el sector.

Siguiendo con la estructura de la producción láctea argentina, SAGyP releva la producción mensual por cuenca lechera para 14 de las 18 cuencas nacionales. Estas representaron el 75% de la producción láctea estimada por la secretaría en lo que va del 2026. 

En términos agregados, la provincia de Córdoba es la principal productora de leche en lo que va del año, aportando casi un millón de litros entre sus cuatro cuencas lecheras, manteniendo un promedio de 3.666 litros por tambo por día.

En Santa Fe se relevaron en promedio 2.735 tambos activos en el año, de los cuales 2.540 pertenecen a la cuenca centro y el resto a la cuenca sur. La cuenca central santafesina ha sido la más relevante en términos de aporte de litros de leche en lo que va del año, explicando el 25% del total de la producción con unos 663 millones de litros. Algo similar ocurre con las cuencas bonaerenses, siendo la de Mar y Sierras, la cuenca con menor número de establecimientos en la provincia De las tres grandes provincias productoras de leche, Buenos Aires es la que cuenta con el menor número de tambos informados, pero es la que tiene mayor producción diaria por tambo.

La correlación entre productividad de las cuencas del centro y número de establecimientos es parte de una dinámica estructural del sector que ya lleva varios años: la tendencia a la concentración productiva en tambos de mayor escala. Según el Observatorio de la Cadena Láctea Argentina (OCLA) durante el año 2010, los establecimientos que producían más de 10.000 litros de leche por día representaban apenas 5% de la producción nacional de leche. Hacia abril del 2026 esa proporción alcanza casi 30%, mientras que los tambos de menor escala, que producen por debajo de los 2.000 litros de leche al día, han mermado 11 p.p. en la participación relativa de la producción nacional. 

Exportaciones en máximos de 14 años

En línea con un buen ritmo productivo e incremento en la productividad media nacional, que ya viene gestándose desde años atrás, las exportaciones del complejo lácteo corren en máximos desde el 2012. Hasta abril se exportaron hacia el resto del mundo 130.000 toneladas de productos lácteos, siendo leche en polvo el más relevante de todos, explicando más de un tercio del total. 

El principal destino de la cadena láctea argentina viene siendo Brasil, país hacia donde se han exportado más de 60.000 toneladas, excediendo en 40% los volúmenes exportados el año pasado a esta altura y más que duplicando el ritmo promedio de ventas lácteas hacia el país vecino. Argelia, Chile y China completan el podio de principales destinos. En términos interanuales, el único comprador que hasta ahora viene rezagado en el ritmo de importaciones de productos lácteos argentinos es el gigante asiático, con un 35% menos que durante enero – abril del 2025; el resto de los principales importadores están comprando por lo menos un 23% que el año anterior. 

El total de las exportaciones realizadas por el sector hasta ahora alcanza un valor FOB de US$ 455 millones, 17% más que el promedio para los últimos cinco años, un 50% que durante la última década y máximos desde el año 2014.

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