Secretaría de Finanzas

Furiase reivindica la estabilidad macro como motor del crecimiento y asegura que ya se financió la deuda de 2026 y 2027

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Durante su exposición en el Congreso Nacional PyME 2026, organizado por Somos Pymes en el Centro de Convenciones Buenos Aires, el secretario de Finanzas de la Nación, Federico Furiase, realizó una defensa integral del programa económico del Gobierno de Javier Milei y sostuvo que la estabilidad macroeconómica constituye la condición indispensable para consolidar el crecimiento, reducir la inflación y mejorar el acceso al financiamiento para las pequeñas y medianas empresas.

El funcionario planteó que el proceso de estabilización debe analizarse desde una visión de equilibrio general que combine disciplina fiscal, orden monetario, fortalecimiento de las reservas internacionales y sostenibilidad de la deuda pública. Según explicó, ese conjunto de variables es el que permite amortiguar tanto los shocks políticos internos como la volatilidad proveniente del escenario internacional.

Uno de los principales ejes de su presentación fue la fuerte acumulación de reservas por parte del Banco Central. Furiase señaló que, mientras a comienzos de año las proyecciones más optimistas estimaban compras cercanas a los USD 10.000 millones para todo 2026, en los primeros seis meses ya se acumularon cerca de USD 11.000 millones, un ritmo anualizado superior a los USD 23.000 millones.

Para el secretario de Finanzas, este proceso desmiente los pronósticos de quienes sostenían que era imprescindible abandonar el esquema de flotación administrada y aplicar una fuerte devaluación para recomponer reservas. “La acumulación se logró dentro del régimen cambiario vigente, evitando un salto del tipo de cambio que habría tenido un fuerte impacto inflacionario y sobre el poder adquisitivo de la población”, afirmó.

Deuda más larga y menores tasas

Furiase destacó además el trabajo realizado por la Secretaría de Finanzas para modificar el perfil de vencimientos de la deuda en pesos. Explicó que, a comienzos de año, apenas el 15% de los compromisos en moneda local vencían después de octubre de 2027, mientras que actualmente esa proporción se elevó a casi el 40%.

Según sostuvo, la extensión de los plazos se produjo simultáneamente con una importante reducción de las tasas de interés, que pasaron de niveles cercanos al 50% efectivo anual hasta ubicarse en torno al 24%, reflejando menores expectativas de inflación y una mayor confianza del mercado.

El funcionario recordó que la administración libertaria recibió una pesada herencia financiera en diciembre de 2023, caracterizada por una elevada concentración de pasivos de corto plazo entre deuda del Tesoro y pasivos remunerados del Banco Central, estimada en unos USD 75.000 a 80.000 millones con vencimientos prácticamente inmediatos.

En ese contexto, sostuvo que el nuevo perfil de deuda fortalece la posición financiera del Estado de cara al calendario electoral de 2027.

Riesgo país, financiamiento y reservas

Otro de los puntos centrales fue la evolución del riesgo país. Furiase explicó que la reducción del indicador constituye la forma “genuina” de ganar competitividad, ya que disminuye el costo del financiamiento para empresas y familias.

En esa línea, adelantó que el Tesoro ya tiene cubiertos los vencimientos en dólares correspondientes a 2026 y que también se encuentra prácticamente asegurado el programa financiero para 2027 mediante financiamiento proveniente de organismos multilaterales y otras fuentes internacionales, evitando así la necesidad de salir a los mercados voluntarios en condiciones que consideró menos favorables.

El funcionario resaltó además que actualmente el Tesoro mantiene depósitos por unos USD 4.000 millones en el Banco Central, suficientes para afrontar los próximos vencimientos inmediatos.

Exportaciones récord y crecimiento sostenible

En su análisis del desempeño económico, Furiase afirmó que el actual proceso de crecimiento presenta una diferencia estructural respecto de experiencias anteriores: combina niveles récord tanto de consumo privado como de exportaciones.

A diferencia de otros períodos, argumentó, el crecimiento ya no depende del atraso cambiario, el déficit fiscal financiado con emisión monetaria o el control artificial de tarifas, sino de un marco de equilibrio macroeconómico que permite sostener un elevado superávit comercial.

El secretario de Finanzas proyectó un saldo comercial cercano a los USD 20.000 millones para este año y sostuvo que las estimaciones privadas ya anticipan un superávit de cuenta corriente, descartando los temores de una crisis de balance de pagos que algunos analistas advertían un año atrás.

Energía, minería y una nueva matriz exportadora

Furiase también puso el foco en el cambio estructural que, según el Gobierno, comenzará a experimentar la economía argentina con el crecimiento de los sectores energético y minero.

Según indicó, el superávit conjunto de energía y minería podría pasar de unos USD 12.000 millones este año hasta cerca de USD 49.000 millones hacia 2030, aportando una oferta sostenida de divisas que permitirá consolidar una moneda más fuerte y salarios reales más elevados.

En ese marco, aseguró que “se terminó la Argentina del dólar alto como mecanismo para ganar competitividad” y sostuvo que el nuevo modelo buscará mejorar la productividad mediante baja de impuestos, desregulación, apertura comercial inteligente, menor inflación y reducción del costo financiero.

Crédito PyME en máximos

El funcionario vinculó directamente la estabilidad macroeconómica con la recuperación del crédito para las pequeñas y medianas empresas. Destacó que el stock de préstamos al sector privado acumula un crecimiento real del 96% durante los primeros 29 meses de gestión, el mayor incremento registrado al comparar igual período con administraciones anteriores.

Asimismo, afirmó que las exportaciones PyME alcanzaron su mayor nivel desde 2013 y sostuvo que el nuevo contexto obliga a un cambio cultural dentro del sector empresario.

“Ya no conviene acumular inventarios ni trabajar con márgenes elevados como ocurría durante los años de alta inflación. El incentivo ahora es invertir, ganar eficiencia, reducir costos y competir”, señaló.

Finalmente, Furiase sostuvo que la continuidad del proceso dependerá de preservar los pilares del programa económico: superávit fiscal, disciplina monetaria, reducción del riesgo país, baja gradual de impuestos y profundización de las reformas estructurales. Según concluyó, esos elementos permitirán sostener el crecimiento, ampliar el acceso al crédito y continuar reduciendo la pobreza de manera permanente.

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El Tesoro convalidó una tasa de 7,83% en dólares y adjudicó apenas USD 100 millones frente a ofertas por USD 691 millones

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La Secretaría de Finanzas adjudicó este viernes apenas USD 100 millones en la segunda vuelta de la licitación del Bono del Tesoro Nacional en dólares con vencimiento en octubre de 2028 (AO28), pese a haber recibido ofertas por un total de USD 691 millones. La decisión implica que el Gobierno aceptó menos del 15% de la demanda presentada por los inversores, una señal que refleja la estrategia oficial de privilegiar el costo del financiamiento antes que maximizar la captación de divisas.

Según informó el organismo, las 325 ofertas recibidas representaron un valor nominal de USD 691 millones y un valor efectivo de USD 668 millones. Sin embargo, la adjudicación final alcanzó únicamente USD 100 millones de valor nominal, equivalentes a USD 97 millones de valor efectivo.

El instrumento adjudicado corresponde a la reapertura del Bonar 2028 (AO28), un título denominado en dólares que paga una tasa nominal anual (TNA) del 7,56% y cuya tasa interna de retorno efectiva anual (TIREA) quedó establecida en 7,83%. El precio de corte fue de USD 967 por cada USD 1.000 de valor nominal.

La elevada diferencia entre el volumen ofertado y el finalmente adjudicado obligó a aplicar un fuerte prorrateo entre las propuestas aceptadas. La Secretaría de Finanzas informó que el factor de adjudicación fue de apenas 14,47%, lo que significa que incluso quienes ofertaron al precio de corte recibieron solamente una pequeña proporción de los montos solicitados.

Desde el punto de vista financiero, el resultado constituye una señal relevante sobre la estrategia que viene adoptando el Ministerio de Economía en el mercado de deuda. Lejos de aprovechar la elevada demanda para ampliar el endeudamiento, el Tesoro optó por limitar la colocación y mantener acotado el volumen emitido, privilegiando la disciplina financiera y evitando validar rendimientos superiores a los considerados compatibles con su programa de financiamiento.

La operación también permite tomar el pulso del apetito inversor por activos soberanos argentinos denominados en dólares. Las ofertas superaron casi siete veces el monto finalmente colocado, un nivel de sobreoferta que evidencia la existencia de liquidez dispuesta a ingresar a instrumentos del Tesoro cuando las condiciones de rendimiento resultan atractivas.

Al mismo tiempo, el resultado muestra que el Gobierno conserva margen para administrar el ritmo de emisión sin depender de colocar la totalidad de la demanda disponible, una diferencia significativa respecto de etapas anteriores en las que las necesidades de financiamiento obligaban a aceptar mayores costos o ampliar el endeudamiento.

Tras esta reapertura, el Bonar 2028 elevó su volumen nominal en circulación hasta los USD 2.000 millones, consolidándose como uno de los principales instrumentos en dólares dentro de la curva de deuda soberana de mediano plazo.

El desempeño de esta licitación será seguido de cerca por el mercado, ya que constituye una referencia sobre el costo al que el Estado argentino puede obtener financiamiento voluntario en moneda dura y sobre la percepción de riesgo que mantienen los inversores respecto del programa económico. La combinación de una fuerte demanda con una colocación acotada sugiere que el Tesoro continúa priorizando la sostenibilidad financiera y el control del costo de la deuda por encima del ingreso inmediato de divisas.

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El Tesoro logró colocar $13,2 billones y refinanció vencimientos en una licitación con fuerte demanda por bonos de largo plazo

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La Secretaría de Finanzas concretó una nueva licitación de deuda en la que adjudicó instrumentos por un valor efectivo de $13,22 billones, tras recibir ofertas por $14,93 billones. El resultado implicó un rollover del 81,26% sobre los vencimientos que enfrentaba el Tesoro, en una operación que volvió a mostrar un importante interés del mercado por los títulos públicos, aunque sin alcanzar una refinanciación total de los compromisos.

La colocación combinó instrumentos a tasa fija, bonos ajustados por inflación (CER), títulos vinculados a la tasa TAMAR, bonos duales CER/TAMAR, instrumentos dólar linked y deuda denominada directamente en dólares estadounidenses. La estrategia del Ministerio de Economía volvió a apuntar a diversificar las alternativas de financiamiento y extender los plazos de vencimiento, consolidando la curva de deuda en moneda local.

Uno de los datos más relevantes fue el marcado interés de los inversores por los bonos de mayor duración. El instrumento con mayor volumen adjudicado fue la nueva Lecap con vencimiento el 13 de noviembre de 2026, que captó $4,18 billones con una tasa efectiva mensual del 2,10%, equivalente a una Tasa Interna de Retorno Efectiva Anual (TIREA) del 28,32%.

Sin embargo, el mayor protagonismo volvió a concentrarse en los instrumentos indexados. El bono dual CER/TAMAR con vencimiento en diciembre de 2029 absorbió $3,77 billones, mientras que el nuevo bono a tasa TAMAR con vencimiento en julio de 2027 obtuvo colocaciones por $2,43 billones. A ellos se sumaron tres emisiones ajustadas por CER con vencimientos entre 2027 y 2028 que, en conjunto, captaron más de $2,1 billones.

La preferencia por este tipo de activos refleja que una parte importante del mercado continúa buscando cobertura frente a la evolución futura de la inflación y de las tasas de interés, aun cuando el Gobierno sostiene que el proceso de desinflación continuará durante los próximos meses.

En el segmento vinculado al tipo de cambio, el Tesoro adjudicó aproximadamente $694.000 millones equivalentes mediante dos títulos dólar linked con vencimientos en agosto de 2026 y diciembre de 2028, instrumentos que permiten a los inversores protegerse frente a eventuales movimientos del dólar oficial.

Por otra parte, el Gobierno volvió a salir al mercado internacional de deuda en moneda dura mediante la reapertura del Bonar 2028 (AO28). En esta licitación recibió ofertas por USD 527 millones y finalmente adjudicó USD 257 millones de valor efectivo, equivalentes a un Valor Nominal Original (VNO) de USD 266 millones, con un rendimiento del 7,83% anual y una tasa nominal del 7,56%.

La demanda superó ampliamente el monto finalmente adjudicado, por lo que se aplicó un fuerte prorrateo sobre las ofertas presentadas al precio de corte, fijado en USD 967 por cada USD 1.000 de valor nominal. Además, la Secretaría de Finanzas anunció que el próximo lunes realizará una segunda vuelta exclusivamente para el AO28, por hasta USD 100 millones adicionales, manteniendo el mismo precio de corte.

Desde la perspectiva financiera, la licitación vuelve a mostrar que el Tesoro mantiene acceso al mercado doméstico de deuda pese a no alcanzar un rollover pleno. La decisión de refinanciar poco más del 81% de los vencimientos implica que el resto podrá cubrirse con parte de la liquidez acumulada por el Gobierno, una estrategia que el equipo económico viene utilizando en los últimos meses para administrar el perfil de vencimientos sin incrementar significativamente el stock de deuda.

Al mismo tiempo, la composición de la demanda ofrece una señal relevante sobre las expectativas del mercado. Mientras los títulos a tasa fija continúan encontrando compradores, la mayor concentración de colocaciones en instrumentos indexados por inflación o vinculados a tasas variables refleja que los inversores todavía privilegian mecanismos de cobertura ante un escenario macroeconómico que, aunque muestra señales de estabilización, continúa transitando un proceso de normalización.

Para el Ministerio de Economía, la continuidad de licitaciones con elevados niveles de participación constituye un componente central de la estrategia de financiamiento del Tesoro, en un esquema que busca sostener el equilibrio fiscal sin recurrir a la emisión monetaria del Banco Central y consolidar un mercado de deuda en pesos cada vez más profundo.

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Economía refinancia vencimientos con el Banco Central y posterga pagos por USD 3,8 millones hasta 2031

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La Secretaría de Finanzas y la Secretaría de Hacienda dispusieron a través de la Resolución Conjunta 35/2026 la emisión de una nueva Letra del Tesoro intransferible por USD 3,88 millones, destinada al Banco Central (BCRA), para refinanciar parte de los intereses de una letra emitida en 2022. La operación extiende el compromiso financiero hasta junio de 2031 y se enmarca en el esquema previsto por la Ley de Presupuesto 2026 para la administración de la deuda entre el Tesoro y la autoridad monetaria.

Aunque el monto involucrado es reducido frente al volumen total de la deuda pública argentina, la medida refleja una estrategia que sigue siendo central en la gestión financiera nacional: reemplazar vencimientos con nuevos instrumentos para evitar desembolsos inmediatos de caja y sostener el equilibrio fiscal de corto plazo.

Un mecanismo que preserva liquidez del Tesoro

La resolución establece que el 60% de los intereses correspondientes al séptimo cupón de una letra intransferible emitida en dólares y con vencimiento en 2032 será cancelado mediante la entrega de una nueva letra a cinco años de plazo.

El instrumento tendrá las siguientes características:

  • Monto máximo: USD 3.878.320.
  • Vencimiento: 30 de junio de 2031.
  • Amortización: íntegra al vencimiento.
  • Colocación: directa al BCRA.
  • Intereses: vinculados al rendimiento de las reservas internacionales del Banco Central, con un tope asociado a la tasa internacional SOFR.

La normativa responde a lo dispuesto por el artículo 55 de la Ley de Presupuesto 2026, que habilita al Estado nacional a reemplazar parte de los servicios financieros de las letras intransferibles en cartera del Banco Central por nuevos títulos públicos.

Desde una perspectiva financiera, la decisión implica transformar una obligación exigible en el corto plazo en un compromiso de mayor duración, reduciendo la presión sobre las cuentas públicas durante el ejercicio en curso.

Qué significa para la economía real

Para el sector privado, este tipo de operaciones no genera un impacto directo sobre la actividad productiva. Sin embargo, sí constituye una señal relevante sobre la administración de la deuda pública y la relación financiera entre el Tesoro y el Banco Central.

La refinanciación de vencimientos internos permite preservar recursos fiscales que pueden destinarse a otras obligaciones presupuestarias sin incrementar el financiamiento en el mercado. Al tratarse de deuda intraestado, la operación tampoco implica una salida de divisas ni modifica la exposición frente a acreedores privados o internacionales.

Los analistas financieros suelen observar estos movimientos porque permiten medir el grado de dependencia del Tesoro respecto de los mecanismos de financiamiento provistos por organismos públicos, particularmente el Banco Central.

La capacidad del Gobierno nacional para administrar vencimientos sin tensionar las cuentas públicas es un elemento observado por los sectores productivos, especialmente en actividades exportadoras que dependen de condiciones macroeconómicas previsibles para planificar inversiones y financiamiento.

Más allá del monto puntual de esta operación, el dato relevante es la continuidad de una estrategia de refinanciación de obligaciones entre organismos públicos. La sostenibilidad fiscal no dependerá de estas operaciones aisladas, sino de la capacidad del Estado para reducir necesidades de financiamiento futuras y fortalecer el perfil de vencimientos de la deuda pública. Para el sector privado, la variable a monitorear sigue siendo si esa estrategia contribuye a consolidar un entorno macroeconómico más estable y previsible para la inversión.

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Canje de deuda: el Gobierno logró refinanciar el 58% de un bono dólar linked que vencía a fin de mes

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La Secretaría de Finanzas consiguió extender vencimientos por el equivalente a USD 3.123 millones nominales mediante una operación de conversión del bono dólar linked TZV26, que expiraba el próximo 30 de junio. La adhesión alcanzó al 58% del valor nominal en circulación, un resultado que reduce las necesidades de pago de corto plazo del Tesoro y ofrece una señal sobre la disposición del mercado a continuar financiando al Estado bajo instrumentos atados al dólar oficial.

La operación permitió canjear títulos próximos a vencer por dos alternativas: una letra dólar linked con vencimiento en julio de 2026 y un bono similar con vencimiento en diciembre de 2028. El dato central para el mercado no es únicamente el porcentaje de adhesión, sino que el Tesoro logró desplazar parte de sus compromisos sin recurrir a emisión monetaria ni a financiamiento externo.

Un resultado que alivia la caja del Tesoro

De acuerdo con los datos oficiales, se adjudicaron USD 2.561 millones en la Letra del Tesoro dólar linked con vencimiento el 31 de julio de 2026. Y USD 318 millones en el Bono dólar linked con vencimiento el 15 de diciembre de 2028.

La conversión implicó rescatar aproximadamente USD 2.805 millones del bono TZV26, cuyo precio de referencia fue fijado en USD 998,20 por cada USD 1.000 de valor nominal.

Para el Ministerio de Economía, la licitación cumple un objetivo recurrente de la estrategia financiera actual: reducir la concentración de vencimientos y administrar el perfil de deuda sin incrementar el stock en moneda extranjera.

Qué está leyendo el mercado

La elevada preferencia por la letra con vencimiento a un mes revela que los inversores mantienen una postura cautelosa respecto de los horizontes más largos. Mientras la opción de julio absorbió más del 88% de los montos adjudicados, el bono a diciembre de 2028 captó una porción significativamente menor.

Esa distribución sugiere que los tenedores continúan demandando cobertura cambiaria, pero todavía privilegian instrumentos de duración reducida para preservar flexibilidad frente a eventuales cambios en la política económica o en la dinámica cambiaria.

Para los administradores de fondos y bancos, el atractivo de los títulos dólar linked radica en que permiten cubrirse ante movimientos del tipo de cambio oficial sin necesidad de acceder directamente al mercado de divisas.

Aunque se trata de una operación financiera, sus efectos alcanzan a la economía real. La capacidad del Tesoro para refinanciar vencimientos sin generar tensiones adicionales sobre el mercado cambiario o monetario constituye una variable observada por empresas exportadoras, importadoras e industrias con alta dependencia de insumos dolarizados.

Entre los principales efectos potenciales se destacan menor presión financiera de corto plazo sobre el Estado, reduciendo riesgos de volatilidad en el mercado de deuda. Mayor previsibilidad para empresas que operan con financiamiento en pesos, al evitar episodios de estrés asociados a grandes vencimientos. Sostenimiento de instrumentos de cobertura cambiaria, una referencia importante para sectores vinculados al comercio exterior. Señal de continuidad del financiamiento doméstico, clave en un contexto donde el Gobierno busca consolidar el equilibrio fiscal sin recurrir a asistencia monetaria.

Un esquema financiero nacional con menor incertidumbre sobre los vencimientos contribuye a estabilizar variables que impactan en toda la cadena productiva, especialmente en empresas que planifican operaciones vinculadas al comercio internacional.

El dato positivo para Economía es haber refinanciado más de la mitad del bono que vencía a fin de mes. El desafío aparece ahora en el 42% que no ingresó al canje y deberá ser atendido según el cronograma original. La próxima prueba será determinar si el Tesoro puede sostener niveles similares de renovación en futuras licitaciones y, al mismo tiempo, extender plazos sin incrementar el costo financiero implícito de la deuda.

La respuesta del mercado durante el segundo semestre será un indicador clave para medir la solidez del programa financiero y la capacidad del Gobierno para transitar un año de vencimientos relevantes sin alterar la estabilidad macroeconómica.

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