Sector energético

LITSA se reorganiza y concentra el control en el grupo Neuss

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La empresa que opera líneas de transmisión asociadas al sistema eléctrico de Yacyretá quedó bajo un único accionista tras la aprobación del ENREGE. La resolución también amplía su objeto social, habilita nuevas herramientas de financiamiento y despeja un obstáculo contractual que exigía un concurso público para transferencias accionarias superiores al 49%.

El Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (ENREGE) autorizó una profunda reorganización de Líneas de Transmisión del Litoral S.A. (LITSA), una de las empresas que participan en la infraestructura de transmisión eléctrica vinculada al complejo hidroeléctrico Yacyretá. La medida, formalizada mediante la Resolución 159/2026, valida una reestructuración interna del grupo empresario Edison que culmina con la transformación de la compañía en una Sociedad Anónima Unipersonal (S.A.U.), además de ampliar significativamente sus facultades para obtener financiamiento y desarrollar nuevos negocios.

La decisión tiene relevancia para el mercado energético porque afecta a un operador de infraestructura considerada estratégica dentro del Sistema Argentino de Interconexión (SADI). Aunque el regulador sostuvo que no existe un cambio en el control económico final de la concesión, la resolución redefine la estructura jurídica y financiera desde la cual se administrará la empresa.

Reorganización sin cambio de control económico

La operación fue impulsada por Edison Energía S.A. y Edison Transmisión S.A., ambas integrantes del mismo grupo económico.

Hasta ahora, el paquete accionario de LITSA estaba distribuido entre tres sociedades:

  • Edison Energía S.A.: 92,5%
  • CODI S.A.: 5,5%
  • Grupo Eling S.A.: 2%

Tras una serie de compraventas intragrupo, Edison Transmisión S.A., constituida en marzo de 2026, pasó a controlar el 100% del capital social y de los derechos de voto, mientras que Edison Holding S.A. continúa siendo el controlador final del grupo.

Según la resolución, entre los accionistas finales de Edison Holding figura Juan Jorge Neuss, junto con otros vehículos de inversión nacionales e internacionales.

La excepción que evitó un concurso público

Uno de los aspectos más relevantes del expediente fue la interpretación del Contrato de Construcción, Operación y Mantenimiento (COM) firmado en 1994 para el sistema de transmisión de Yacyretá.

Ese contrato establece que cualquier transferencia superior al 49% del capital accionario debía realizarse mediante un Concurso Público Internacional.

Sin embargo, el Directorio del ENREGE concluyó que esa exigencia no resultaba aplicable, al considerar que la operación constituye una reorganización interna del mismo grupo económico y que el control efectivo de la empresa no cambia de manos.

Desde la óptica regulatoria, el organismo entendió que no existe ingreso de un nuevo operador independiente ni alteración del sujeto económico responsable de la concesión, razón por la cual autorizó la operación sin activar ese mecanismo competitivo.

No obstante, el regulador impuso una condición: LITSA deberá acreditar dentro de los 30 días hábiles la inscripción de la prenda sobre la totalidad de las acciones Clase A como garantía de las obligaciones asumidas en el contrato de operación y mantenimiento.

La resolución también aprueba una reforma estatutaria que modifica el perfil corporativo de la empresa.

A partir de ahora, LITSA S.A.U. podrá emitir obligaciones negociables y otros instrumentos financieros. Tomar y otorgar préstamos, incluso dentro del grupo empresario. Ceder créditos derivados del contrato de operación para respaldar financiamiento. Desarrollar servicios de ingeniería y consultoría. Participar en negocios de telecomunicaciones vinculados a infraestructura.

Para el mercado, esta ampliación del objeto social representa una herramienta para acceder a nuevas fuentes de capital sin modificar la concesión vigente.

El propio ENREGE aclaró que la cesión de los créditos provenientes del canon que percibe la empresa ya estaba prevista en el contrato original y, por lo tanto, no requiere autorizaciones regulatorias adicionales.

Impacto para el sistema eléctrico y el NEA

Aunque la resolución no modifica las condiciones de prestación del servicio ni altera el contrato de concesión, sí redefine la estructura financiera del operador responsable de parte de la infraestructura asociada a Yacyretá, uno de los activos energéticos más relevantes del noreste argentino.

Para provincias como Misiones y Corrientes, donde la estabilidad del sistema de transmisión resulta clave para el abastecimiento eléctrico y para proyectos industriales de mayor demanda energética, la capacidad de financiamiento de los transportistas constituye un elemento estratégico.

El desafío regulatorio será verificar que la mayor flexibilidad financiera no afecte las garantías operativas exigidas para una infraestructura considerada crítica.

La resolución refleja una tendencia hacia estructuras societarias más simples y vehículos financieros más flexibles dentro del sector energético. Para inversores y operadores, el dato central no es únicamente el cambio accionario sino la posibilidad de utilizar activos regulatorios como respaldo para futuras operaciones de financiamiento.

En adelante, el foco estará puesto en cómo LITSA utiliza estas nuevas herramientas para financiar inversiones, preservar los estándares de operación exigidos por la concesión y sostener la confiabilidad del sistema de transmisión vinculado a Yacyretá.

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La recuperación salarial se frenó en casi todo el país

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La desaceleración de la inflación y la estabilidad macroeconómica todavía no lograron traducirse en una recuperación sostenida de los salarios privados. Los datos del primer trimestre de 2026 muestran que el ingreso de los trabajadores formales volvió a perder terreno frente al costo de vida en la mayoría de las provincias argentinas, profundizando además las brechas regionales que caracterizan al mercado laboral nacional.

De acuerdo con un informe elaborado por Politikon Chaco sobre la base de estadísticas del Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial (OEDE), el salario bruto promedio del sector privado registrado alcanzó en marzo los $2.207.129 a nivel nacional. Sin embargo, detrás de ese promedio se esconde una Argentina salarial partida en dos.

Las provincias vinculadas a la energía y los recursos naturales continúan liderando el ranking de remuneraciones. Neuquén encabezó la tabla con un salario bruto promedio de $3.808.627, seguida por Santa Cruz con $3.768.615 y Chubut con $2.958.750. Completan el lote de privilegio la Ciudad de Buenos Aires y Tierra del Fuego, únicas jurisdicciones que también superaron holgadamente la media nacional.

Salarios privados: Misiones en el lote más bajo del país

Salario bruto promedio del sector privado formal. Marzo 2026.

Jurisdicción Salario promedio Variación real interanual Lectura
Total país $2.207.129 -0,9% Promedio nacional
Neuquén $3.808.627 -0,5% Mayor salario del país
Santa Cruz $3.768.615 -1,0% Alta incidencia minera y energética
Misiones $1.410.385 -1,8% Entre los salarios más bajos
Corrientes $1.437.891 -3,3% Baja real superior al promedio
Chaco $1.448.454 -2,4% También debajo de la media nacional
Formosa $1.525.717 +0,3% Una de las tres subas reales
Fuente: Politikon Chaco en base a OEDE-STEySS e INDEC. Elaboración: Economis.

En el otro extremo aparecen las economías regionales y las provincias con menor desarrollo industrial. La Rioja registró el salario promedio más bajo del país con $1.308.235, seguida por Santiago del Estero, Tucumán y Misiones, donde la remuneración promedio alcanzó apenas $1.410.385 mensuales. Corrientes quedó apenas por encima, con $1.437.891.

La situación misionera presenta una doble preocupación. Por un lado, la provincia ocupa el quinto lugar entre las jurisdicciones con menores salarios privados registrados. Por otro, los ingresos continuaron perdiendo capacidad de compra durante el primer trimestre.

Según el informe, el salario privado formal promedio de Misiones cayó 1,8% en términos reales respecto del mismo período de 2025, una baja superior al promedio nacional, que fue de 0,9%. La provincia se ubicó entre los distritos donde la recuperación salarial todavía no logra consolidarse.

El dato adquiere relevancia porque apenas tres jurisdicciones lograron mostrar mejoras reales interanuales: Catamarca (+5%), San Juan (+0,8%) y Formosa (+0,3%). El resto del país continuó registrando retrocesos o estancamiento.

La energía paga mejor; el agro, menos

El informe también permite observar cómo la estructura productiva condiciona los ingresos.

En Misiones, el sector de Electricidad, Gas y Agua es el que paga los salarios más altos dentro del empleo privado formal. Sin embargo, se trata de una actividad con baja incidencia en la generación de puestos de trabajo, ya que representa apenas 1,8% del empleo privado provincial.

Por el contrario, Agricultura, Ganadería, Caza y Silvicultura aparece como la actividad con los salarios promedio más bajos de la provincia. La situación resulta especialmente significativa porque ese sector concentra 7,2% del empleo privado formal misionero, una participación considerablemente superior a la de los sectores de mayores remuneraciones.

La fotografía revela una característica estructural de muchas economías regionales: las actividades que generan más empleo no necesariamente son las que ofrecen mejores salarios.

La geografía de los salarios

El mapa salarial argentino sigue mostrando una fuerte relación entre recursos naturales y remuneraciones.

Las provincias petroleras y mineras exhiben los salarios más elevados gracias al peso de actividades de alta productividad y fuerte demanda de mano de obra calificada. Neuquén, Santa Cruz y Chubut constituyen el ejemplo más claro de este fenómeno. En Santa Cruz, por caso, la minería explica más del 20% del empleo privado formal y sostiene los ingresos más altos del país.

En cambio, las provincias con economías más diversificadas o basadas en actividades agroindustriales tradicionales muestran salarios considerablemente inferiores y una mayor vulnerabilidad frente a los ciclos económicos.

La consecuencia es una brecha salarial que supera ampliamente el 190% entre la provincia con mayores remuneraciones y la que exhibe los ingresos más bajos.

Los datos del primer trimestre dejan una conclusión contundente: la desaceleración inflacionaria aún no alcanza para recomponer plenamente el poder adquisitivo de los trabajadores formales.

La caída real de los salarios privados registrada en la mayoría de las provincias muestra que la recuperación económica sigue siendo heterogénea y que las mejoras macroeconómicas todavía no llegan con la misma intensidad a todas las regiones.

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Mercuria se quedó con el negocio de Raízen Argentina: el detrás de escena legal de una de las mayores transacciones del mercado

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La venta del negocio de downstream de Raízen en Argentina a Mercuria Energy Group por un valor preliminar de US$ 1.420 millones no solo representa una de las mayores operaciones corporativas registradas en el país en los últimos años. También constituye una señal relevante sobre el interés de grandes jugadores globales por activos estratégicos vinculados a la energía, la logística y la comercialización de combustibles en Argentina.

Detrás de la transacción existe además una compleja ingeniería legal y financiera que involucró a algunos de los estudios jurídicos más importantes de América Latina y Estados Unidos. En ese esquema, el estudio Marval, O’Farrell & Mairal tuvo un rol central como asesor de Raízen en la estructuración y negociación de la operación, mientras que Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen (PAGBAM) representó a Mercuria Energy Group en la adquisición.

La operación fue anunciada oficialmente el 4 de junio ante la Bolsa de San Pablo y contempla la compra del 100% del negocio de downstream de Raízen en Argentina, una decisión que implica un cambio de control sobre una porción significativa de la infraestructura energética nacional.

La estructura jurídica diseñada para concretar la compraventa incluyó la adquisición total del capital accionario de Raízen Argentina S.A.U., Raízen Energía S.A., Estación Lima S.A. y Deheza S.A.I.C.F. e I., además de una participación estratégica en Terminales Marítimas Patagónicas S.A. (TERMAP), una pieza clave para la logística de hidrocarburos en el sur del país.

Con esta adquisición, Mercuria —uno de los mayores traders independientes de energía y materias primas del mundo— incorpora una red de activos que le permite integrarse verticalmente en el mercado argentino. El paquete incluye la refinería de Dock Sud, una planta de lubricantes en la Ciudad de Buenos Aires, terminales de almacenamiento de combustibles en Arroyo Seco y Santa Fe, instalaciones de abastecimiento aeronáutico y más de 800 estaciones de servicio que operan bajo la marca Shell.

La magnitud del negocio adquiere una dimensión estratégica al considerar que esa red representa aproximadamente el 18% del mercado argentino de despacho de combustibles. A ello se suman unidades de comercialización para clientes corporativos, provisión de combustibles para aviación y negocios vinculados al suministro de asfaltos y productos químicos para uso industrial.

La operación refleja además una tendencia que viene consolidándose en el mercado energético global: el creciente interés de compañías especializadas en trading y comercialización por expandir su presencia sobre activos físicos de infraestructura, asegurando control sobre toda la cadena de valor, desde la logística hasta la llegada al consumidor final.

Desde el punto de vista jurídico, la complejidad del proceso exigió la intervención de equipos multidisciplinarios especializados en derecho societario, regulatorio, tributario, ambiental, laboral, financiero y de propiedad intelectual.

En representación de Raízen, el equipo de Marval fue liderado por los socios Santiago Soria, Diego Chighizola y Bárbara Ramperti, acompañados por las asociadas Delfina Majdalani y Julia Mulville. La firma movilizó además especialistas de diversas áreas para abordar los desafíos técnicos de una transacción que involucra activos regulados, permisos ambientales, contratos laborales, financiamiento y cuestiones impositivas de elevada complejidad.

La participación de Marval se complementó con el asesoramiento internacional de los estudios Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP y Pinheiro Neto Advogados, este último uno de los principales estudios jurídicos de Brasil, país donde Raízen tiene su casa matriz.

Por el lado comprador, PAGBAM encabezó la representación de Mercuria a través de un equipo liderado por el socio Alan Arntsen junto a Manuel Benites, Pedro Eugenio Aramburu y Juan Ignacio Dighero, con apoyo de especialistas en áreas regulatorias, litigios, financiamiento, real estate, seguros y comercio exterior.

Mercuria también contó con asesoramiento internacional de los estudios Sullivan & Cromwell LLP, Herbert Smith Freehills Kramer y Lefosse, conformando una estructura legal global acorde a una transacción de esta magnitud.

Aunque el acuerdo ya fue anunciado públicamente, la operación aún debe atravesar diversas instancias regulatorias antes de su cierre definitivo. Entre ellas figuran autorizaciones gubernamentales, aprobaciones judiciales y evaluaciones regulatorias en distintas jurisdicciones, un proceso habitual en adquisiciones que involucran activos estratégicos y posiciones relevantes de mercado.

Para el mercado energético argentino, el ingreso de Mercuria marca un movimiento de peso. La compañía suiza, con presencia global en comercialización de petróleo, gas, electricidad y materias primas, suma ahora una plataforma operativa integrada que le permitirá participar de manera directa en uno de los segmentos más relevantes de la economía argentina.

La dimensión de la operación también envía una señal hacia el mundo financiero. En un contexto donde Argentina busca recuperar inversiones y reconstruir credibilidad macroeconómica, una transacción superior a los US$ 1.400 millones aparece como una de las apuestas corporativas más importantes registradas desde el inicio del actual ciclo económico.

Más allá del cambio de manos, el verdadero dato de fondo es que uno de los principales activos energéticos del país logró atraer capital internacional de gran escala. Y detrás de esa negociación, la arquitectura jurídica diseñada por estudios como Marval y PAGBAM resultó determinante para transformar una compleja red de activos industriales, comerciales y logísticos en una de las operaciones corporativas más relevantes de la historia reciente argentina.

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Milei adjudicó Transener y profundizó la salida del Estado del sistema eléctrico

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El Gobierno nacional formalizó la privatización de Transener, la principal empresa de transporte eléctrico de la Argentina, al adjudicar el 100% de la participación estatal en Citelec S.A. —la sociedad controlante de la compañía— al consorcio integrado por Genneia y Edison Energía. La operación fue oficializada mediante una resolución del Ministerio de Economía firmada por Luis Caputo y se concretó por USD 356 millones, una cifra que superó ampliamente el precio base de USD 206 millones fijado para la licitación.

La decisión representa un nuevo avance del programa de desinversión estatal impulsado por el presidente Javier Milei y marca la salida definitiva del Estado de una empresa considerada estratégica dentro del Sistema Argentino de Interconexión (SADI). La tensión de fondo no es sólo financiera: el Gobierno busca consolidar un cambio estructural en el rol estatal dentro de la infraestructura energética, trasladando al sector privado la responsabilidad de inversión y operación bajo regulación pública.

Un activo clave para el sistema energético

Transener opera más de 12.600 kilómetros de líneas de alta tensión en 500 kV y articula buena parte del transporte eléctrico nacional, con una red que conecta desde Jujuy hasta Santa Cruz. Su infraestructura es central para el funcionamiento del sistema eléctrico argentino y para la distribución de energía entre regiones productivas e industriales.

Hasta esta operación, Citelec estaba controlada en partes iguales por ENARSA y Pampa Energía, mientras que ANSES también conservaba participación accionaria en la transportista. Con la adjudicación, el Estado se desprende completamente de ese esquema societario.

La licitación tuvo participación de tres oferentes que, según informó el Gobierno, cumplieron los requisitos técnicos y financieros establecidos en los pliegos. Finalmente se impuso la propuesta encabezada por Genneia y Edison Energía, que ofertó USD 356 millones.

El nuevo bloque empresario detrás de Transener

La adjudicación también reconfigura el tablero empresario del sector energético. Genneia tiene entre sus principales accionistas a Jorge Brito, presidente del Banco Macro, mientras que el Grupo Edison reúne a empresarios con fuerte presencia en energía, finanzas y consumo masivo.

Entre los integrantes del consorcio aparecen los hermanos Patricio y Juan Neuss; empresarios vinculados al fondo Inverlat como Carlos Giovanelli, Damián Pozzoli, Guillermo Stanley y Federico Salvai; además de Rubén Cherñajovsky y Luis Galli, propietarios de Newsan.

El grupo ya venía expandiéndose dentro del mercado energético nacional tras adquirir participaciones en distribuidoras y empresas de transmisión y generación, entre ellas EDET, EJESA, LITSA y CEMPSA. La incorporación de Transener fortalece ese posicionamiento en un segmento considerado estratégico por su incidencia sobre toda la cadena eléctrica.

Privatización, regulación y nueva lógica estatal

La operación se inscribe dentro del marco previsto por la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, que habilitó la privatización de activos y sociedades vinculadas a Energía Argentina S.A. (ENARSA).

Desde el Gobierno sostienen que el objetivo es que el Estado abandone funciones empresariales y se concentre en tareas regulatorias. Bajo esa lógica, la administración nacional plantea que el ingreso de capital privado permitirá reforzar inversiones en infraestructura y evitar el deterioro del sistema energético.

El discurso oficial también busca instalar una lectura política: presentar la privatización como parte de una normalización económica y fiscal, en un contexto donde la Casa Rosada intenta sostener el equilibrio de cuentas públicas y reducir el peso operativo del Estado nacional.

Un proceso que recién empieza

La venta de Transener aparece como uno de los movimientos más relevantes del programa privatizador del Gobierno en 2026. Sin embargo, el efecto real de la operación dependerá de variables todavía abiertas: el ritmo de inversiones, la evolución tarifaria, la capacidad regulatoria del Estado y la estabilidad macroeconómica.

El mercado energético seguirá de cerca si el nuevo esquema acelera obras de infraestructura o si el cambio se concentra principalmente en la transferencia accionaria. También quedará bajo análisis cómo impactará la mayor concentración empresaria dentro de un sector clave para la economía argentina.

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El salto del GNL por la guerra complica la hoja de ruta de Milei

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La escalada en Medio Oriente golpeó en un punto sensible de la estrategia energética de Javier Milei: justo cuando el Gobierno buscaba trasladar al sector privado la importación de Gas Natural Licuado (GNL), el ataque a las instalaciones de Ras Laffan, en Qatar, disparó 30% el precio internacional y puso bajo presión un esquema que todavía no terminó de cerrarse. Con 20 buques proyectados para cubrir la demanda del invierno y sin definición aún sobre quién será el comercializador, la administración libertaria enfrenta una tensión que excede lo técnico: sostener el ajuste de subsidios sin abrir un nuevo frente de conflicto sobre tarifas, abastecimiento y costos industriales. La pregunta ya no es solo cómo importar gas, sino quién absorberá el impacto de una crisis externa que llegó antes de que el modelo terminara de implementarse.

Una decisión oficial que quedó expuesta antes de madurar

La decisión política ya estaba tomada. Según el texto base, el Gobierno oficializó en el Boletín Oficial del 6 de febrero que las adjudicaciones de GNL para este año pasarían al sector privado, rompiendo con un esquema en el que durante los últimos 18 años esa diferencia de precio había sido absorbida por el Estado Nacional a través de subsidios energéticos. El giro no era menor: implicaba descargar sobre los usuarios del sistema un costo que hasta ahora se amortiguaba con recursos del Tesoro.

La definición encaja con el programa económico de Milei y con la línea de ajuste que empuja Luis Caputo, decidido a recortar aún más el peso de los subsidios. Pero el nuevo contexto internacional alteró el tablero. El precio internacional del GNL, que ya supera los US$20 por millón de BTU, quedó muy por encima de los valores pagados por Enarsa en 2025, cuando adjudicó 27 buques a precios de entre US$11,477 y US$13,666 por millón de BTU. Esa brecha no es un dato abstracto: es el corazón del problema político y regulatorio.

La propia María Tettamanti, secretaria de Energía, explicitó el criterio oficial. “Estamos tomando la decisión de que pague el GNL el que lo usa”, sostuvo en el evento Vaca Muerta Insights, al señalar que el costo recaería mayormente sobre la generación, que el año pasado explicó el 60% del consumo, y el resto se repartiría entre industria y residenciales. Sin embargo, también introdujo una condición: avanzarían en esa línea si en la licitación encontraban “valores razonables”. Esa aclaración muestra que el Gobierno defiende el cambio de esquema, pero no desconoce que el precio internacional puede volverlo políticamente más costoso.

El autoabastecimiento avanza, pero no llega a tiempo para este invierno

El trasfondo de esta discusión es conocido: Vaca Muerta mejoró la producción local y las obras de infraestructura avanzan, pero el autoabastecimiento total todavía no alcanza para cubrir el pico invernal. Por eso, los analistas prevén que Argentina deberá importar 20 buques de GNL este invierno. El problema es que el nuevo sistema se estrena en medio de una crisis global, con precios más altos y un cronograma apretado.

A esa fragilidad se suma una limitación estructural que el propio texto expone con claridad. La distribuidora Ecogas, en una carta enviada a un cliente industrial, advirtió que para el invierno 2026 las distribuidoras no dispondrán de transporte firme suficiente para abastecer totalmente la demanda no prioritaria. Traducido al lenguaje político: la prioridad seguirá siendo garantizar el servicio residencial y esencial, mientras la industria vuelve a quedar expuesta a cortes o a la necesidad de comprar gas importado para sostener actividad.

El antecedente inmediato también pesa. Tanto en 2024 como en 2025 hubo cortes a industrias con contratos interrumpibles y escasez de GNC durante el invierno. En el sector, incluso, anticipan un escenario similar para este año. Eso convierte a la discusión sobre el GNL en algo más que un debate tarifario: también es una discusión sobre administración de escasez, competitividad industrial y capacidad del Gobierno para evitar que un conflicto externo erosione su discurso de normalización energética.

La correlación de fuerzas: ajuste fiscal, sector privado y usuarios bajo presión

Lo que está en juego es una redistribución del costo energético. El Estado quiere retirarse de una cobertura que sostuvo durante casi dos décadas. El sector privado debe asumir la importación, pero todavía no se definió quién será el comercializador. Y los usuarios que efectivamente consuman ese gas —usinas térmicas, industrias y eventualmente residenciales— quedan en la línea de impacto de un precio internacional que se disparó.

Ese reparto condiciona a todos los actores. Para el Gobierno, el desafío es sostener consistencia fiscal sin provocar un salto desordenado en costos energéticos que termine filtrándose a precios o afectando la actividad. Para las industrias, la amenaza no es solo pagar más caro, sino enfrentar restricciones de abastecimiento si la logística no llega a tiempo o si el sistema prioriza otros consumos. Para el sector privado, la licitación de comienzos de abril y la adjudicación prevista hacia fines de ese mes abren una ventana de decisión muy estrecha en un mercado internacional alterado por la guerra.

Por eso no sorprende que el Gobierno no descarte compras a través de Enarsa en estos días. Sería, en los hechos, una válvula de contingencia frente a un esquema privatizador que todavía no logró consolidarse. Allí aparece una tensión estratégica: el oficialismo busca retirarse, pero la emergencia internacional lo obliga a mantener herramientas de intervención que creía en retirada.

Un movimiento táctico bajo fuego externo

El plan energético oficial no quedó anulado, pero sí entró en una zona más incómoda. El argumento estructural del Gobierno sigue en pie: hay mayor producción local, mejor disponibilidad de transporte y una expectativa de sistema “mucho más robusto”, con un superávit comercial energético que, según el texto, en 2026 se estima por encima de los US$7.000 millones. Esa mejora de fondo le da a la administración Milei un respaldo político para sostener que el país ya no está en la misma fragilidad que en años anteriores.

Sin embargo, el invierno no se gestiona con proyecciones de largo plazo, sino con decisiones inmediatas. Y ahí el conflicto en Medio Oriente volvió más áspera la transición entre un sistema subsidiado y otro con mayor exposición privada y traslado de costos. La ampliación del gasoducto Perito Moreno, a cargo de Transportadora de Gas del Sur (TGS), promete mejorar aún más la disponibilidad de transporte en 2027. Pero esa respuesta llega después del cuello de botella actual.

En las próximas semanas habrá que mirar tres variables. Primero, si la licitación logra atraer interesados en condiciones compatibles con la estrategia oficial. Segundo, si el Gobierno termina usando a Enarsa como respaldo operativo ante la urgencia. Y tercero, cómo se distribuye finalmente el costo de un GNL más caro en un sistema que ya admite tensiones entre abastecimiento, subsidios y competitividad. Milei quiso convertir la importación de gas en una señal de mercado. La guerra, por ahora, la devolvió al terreno más clásico de la política: quién decide, quién cede y quién paga.

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