Sector Público Nacional

El Gobierno volvió a cerrar mayo con superávit financiero y acumula saldo positivo equivalente al 0,2% del PBI

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El Sector Público Nacional registró en mayo un superávit financiero de $478.613 millones y un resultado primario positivo de $1,92 billones. En los primeros cinco meses de 2026, el Gobierno acumuló un superávit financiero del 0,2% del PBI y reafirmó el equilibrio fiscal como principal ancla del programa económico.

El Gobierno nacional volvió a exhibir un resultado positivo en las cuentas públicas durante mayo y consolidó el superávit fiscal como uno de los pilares de su estrategia macroeconómica. De acuerdo con los datos difundidos por el Ministerio de Economía, el Sector Público Nacional (SPN) registró un superávit primario de $1.924.367 millones y un superávit financiero de $478.613 millones, incluso después de afrontar pagos de intereses de deuda por $1.445.754 millones, netos de las tenencias intra sector público.

Con este desempeño, el resultado acumulado de los primeros cinco meses de 2026 alcanza un superávit primario equivalente al 0,7% del Producto Bruto Interno (PBI) y un superávit financiero cercano al 0,2% del PBI, un dato que el Ejecutivo presenta como una ratificación de la política de equilibrio fiscal implementada desde el inicio de la gestión.

Los ingresos totales del Sector Público Nacional ascendieron durante mayo a $14,53 billones, con un incremento interanual nominal del 27,8%. Dentro de ese desempeño, los recursos tributarios crecieron un 30% respecto del mismo mes del año anterior.

El principal impulso provino del Impuesto a las Ganancias, cuya recaudación aumentó un 72,5% interanual, compensando parcialmente la caída observada en los Derechos de Exportación, que retrocedieron 17,4% como consecuencia de una menor recaudación por retenciones.

Desde el Palacio de Hacienda destacan que la evolución de los ingresos continúa respaldando el objetivo de sostener el equilibrio fiscal sin recurrir al financiamiento monetario del déficit.

El gasto primario cayó en términos reales, aunque crecieron las prestaciones sociales

Durante mayo, el gasto primario alcanzó los $12,61 billones, con un incremento nominal del 30,3% interanual. No obstante, descontando la inflación, el Gobierno sostiene que el gasto primario registró una reducción real del 2,2%.

Dentro de la estructura del gasto sobresale el comportamiento de las prestaciones sociales, que totalizaron $8,38 billones y crecieron 33,2% en términos nominales.

El informe oficial remarca que algunas partidas continuaron expandiéndose en términos reales. La Asignación Universal por Hijo (AUH) mostró un crecimiento real del 8,6%, mientras que las jubilaciones y pensiones contributivas registraron una mejora del 1,2%.

Las remuneraciones del sector público, por su parte, ascendieron a $1,62 billones, con una variación nominal del 26,9%.

Universidades, energía y transporte explicaron buena parte de las transferencias

Las transferencias corrientes totalizaron $4,49 billones durante mayo.

Dentro de ese universo, las destinadas al sector público crecieron 47,4% interanual, impulsadas principalmente por un incremento del 89,1% en las partidas asignadas a las universidades nacionales.

En materia de subsidios económicos, el Estado destinó $784.178 millones, con un aumento del 6,8% respecto del mismo período del año anterior.

La mayor parte de esos recursos correspondió al sector energético, que recibió $523.417 millones, mientras que el transporte absorbió otros $258.687 millones.

En paralelo, el gasto de capital se ubicó en $183.519 millones, manteniéndose prácticamente estable respecto del mes previo y reflejando la continuidad del criterio de fuerte contención de la inversión pública.

Transferencia extraordinaria del Banco Central para reducir deuda del Tesoro

Uno de los datos relevantes del informe fiscal fue la transferencia de utilidades realizada por el Banco Central correspondiente a los resultados del ejercicio 2025.

El monto alcanzó los $24,4 billones y, según precisó el Ministerio de Economía, esos recursos fueron destinados principalmente a cancelar deuda que el Tesoro mantenía con la autoridad monetaria, una estrategia orientada a mejorar la composición del balance del sector público sin incrementar el gasto corriente.

Desde el Ministerio de Economía sostienen que el resultado de mayo vuelve a confirmar la vigencia del denominado “ancla fiscal”, considerada por el Gobierno como la principal herramienta para sostener la desaceleración de la inflación y fortalecer la estabilidad macroeconómica.

La administración de Javier Milei argumenta que el mantenimiento del superávit permite avanzar gradualmente en la reducción de la presión tributaria y devolver recursos al sector privado, en línea con la estrategia oficial de consolidación fiscal y menor intervención del Estado en la economía.

Con cinco meses consecutivos de resultados acumulados positivos, el Gobierno busca consolidar una señal de disciplina fiscal en un contexto donde la evolución de la actividad económica, la recaudación y el financiamiento seguirán siendo variables determinantes para sostener el equilibrio de las cuentas públicas durante el resto del año.

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Desregulación fallida: El Estado declara fracasada la licitación de combustibles para la flota oficial

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La Jefatura de Gabinete, mediante la Decisión Administrativa 17/2026, declaró desierta y fracasada la licitación pública nacional para la provisión de combustibles a la flota oficial. La desestimación de las ofertas de YPF y Trafigura por incumplimientos técnicos expone las dificultades de implementar el nuevo régimen de libre competencia en un mercado aún condicionado por estructuras de costos rígidas.

El Gobierno Nacional dio un paso administrativo en falso en su estrategia de eliminar las prerrogativas de las empresas estatales. A través de la normativa publicada hoy, se confirmó que el proceso licitatorio bajo la modalidad de Acuerdo Marco no logró adjudicar ninguno de los doce renglones previstos. La descalificación de YPF Sociedad Anónima y Trafigura Argentina S.A. (operadora de Puma Energy) deja al Sector Público Nacional sin un contrato centralizado de suministro para los próximos dos años, forzando una revisión de los pliegos o una extensión de la precariedad en las contrataciones directas.

El fin del privilegio y el choque con la realidad operativa

Desde la derogación del Decreto 1189/2012, que obligaba a los organismos públicos a comprar exclusivamente a YPF, el Ejecutivo busca “procedimientos de selección competitivos”. Sin embargo, el dictamen de evaluación revela que los oferentes no lograron adaptarse a las nuevas especificaciones técnicas y requisitos económicos exigidos por la Oficina Nacional de Contrataciones.

Renglones fracasados: Ocho categorías que incluían combustibles para automotores y aeronaves fueron declaradas fracasadas por ofertas inadmisibles.

Ausencia de competencia: Cuatro renglones resultaron desiertos por falta total de interesados, evidenciando el escaso atractivo del pliego para los actores privados en el contexto actual.

Fallas formales: YPF fue excluida por condicionar especificaciones técnicas y no subsanar omisiones; Trafigura, por incumplir el requisito económico-financiero estipulado.

Logística de frontera y asimetrías

Para la provincia de Misiones, la falta de un acuerdo marco nacional tiene implicancias que exceden la mera burocracia de Buenos Aires. El funcionamiento de las fuerzas de seguridad federales (Gendarmería y Prefectura) y organismos como Parques Nacionales o Vialidad Nacional depende críticamente de la disponibilidad de combustible a granel en zonas remotas de la tierra colorada.

En una provincia signada por asimetrías fronterizas, donde el precio del combustible es un factor de competitividad sistémica, la atomización de las compras oficiales podría encarecer los costos logísticos del Estado en el interior. Mientras en el centro del país la logística es fluida, en el NEA la capilaridad de las estaciones de servicio y la infraestructura de almacenamiento a granel son limitadas, lo que requiere acuerdos de largo plazo para garantizar el abastecimiento en la frontera con Brasil y Paraguay.

Perspectivas para el sector productivo

La incapacidad del Estado para consolidar un proveedor único bajo reglas de mercado abierto envía una señal de alerta al sector empresarial:

Incertidumbre en Precios: La falta de un contrato de referencia podría generar disparidad de costos en los servicios que el Estado presta o concesiona.

Oportunidad para Privados: Si el Gobierno flexibiliza los pliegos en un segundo llamado, se abre una ventana para que petroleras con fuerte presencia regional en el NEA logren penetrar en un mercado antes cautivo de la petrolera estatal.

Presión sobre el surtidor: El desabastecimiento de flotas oficiales por vía mayorista suele trasladar la demanda a las estaciones de servicio minoristas, tensionando el stock disponible para el consumidor final y el sector productivo local.

Lo que hay que seguir de cerca

Es inminente un nuevo llamado a licitación con pliegos corregidos. La clave para los tomadores de decisiones será observar si el Ministerio de Economía autoriza una segmentación regional de la provisión. Esto permitiría a operadores locales participar en renglones específicos, evitando que las exigencias de una licitación nacional terminen, nuevamente, en un escenario de ofertas inadmisibles que paralice la operatividad del Estado en las provincias.

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El Gobierno activa el Presupuesto 2027 y ordena la hoja de ruta fiscal hasta 2029

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El Ministerio de Economía puso en marcha el armado del Presupuesto 2027 con una señal política clara: ordenar desde ahora las variables fiscales y macroeconómicas en un horizonte de tres años. A través de la Resolución 446/2026, publicada el 31 de marzo, el Gobierno fijó un cronograma detallado para la elaboración del proyecto que deberá enviarse al Congreso antes del 15 de septiembre, al tiempo que formalizó la construcción del Presupuesto Plurianual 2027-2029. La decisión abre una pregunta de fondo: ¿es un intento de consolidar previsibilidad fiscal o un movimiento para blindar la estrategia económica en un escenario de tensión de ingresos?

La medida no se limita a una cuestión técnica. Define tiempos, actores y responsabilidades en un proceso que, en la práctica, ordena la discusión política sobre gasto, inversión y financiamiento del Estado para los próximos años.

Un cronograma que estructura el poder presupuestario

El diseño aprobado por Economía establece un calendario preciso que arranca el 6 de abril con la coordinación inicial del proceso y culmina el 14 de septiembre con la remisión del proyecto de ley al Congreso.

Entre esos hitos, el esquema organiza una secuencia que combina definiciones técnicas y decisiones políticas: desde la proyección de variables macroeconómicas (entre el 20 de abril y el 4 de mayo) hasta la elaboración del proyecto final entre el 18 de agosto y el 4 de septiembre.

En paralelo, el cronograma incluye la preparación de “techos presupuestarios” entre el 5 y el 30 de junio, un momento clave porque fija los límites de gasto para cada jurisdicción. Esa instancia suele ser donde se materializan las tensiones internas del Gobierno sobre prioridades y asignación de recursos.

El proceso también incorpora la elaboración del Presupuesto Plurianual 2027-2029, que se extenderá hasta el 30 de octubre, con el objetivo de proyectar el resultado primario, el financiamiento y los niveles de endeudamiento del Sector Público Nacional.

Un engranaje institucional que centraliza decisiones

Para ejecutar este esquema, la resolución crea el Grupo de Apoyo para la Elaboración del Presupuesto (GAEP), coordinado por la Subsecretaría de Presupuesto y compuesto por áreas clave del Ministerio de Economía.

El GAEP no es un detalle administrativo. Es el espacio donde confluyen las áreas de ingresos, financiamiento, coordinación fiscal, relaciones internacionales y análisis macroeconómico. En términos prácticos, funciona como el núcleo técnico-político que define la arquitectura del presupuesto.

Además, la normativa refuerza la centralización del proceso: las jurisdicciones y entidades del Estado deben remitir la información requerida y ajustar sus anteproyectos a los lineamientos que fije Economía. El mensaje es claro: la construcción del presupuesto no es una suma de demandas sectoriales, sino un proceso coordinado desde el nivel central.

El uso de sistemas como el eSIDIF y el SIFEP para la formulación presupuestaria también apunta a estandarizar y controlar la información, reduciendo márgenes de discrecionalidad en la carga de datos.

Impacto político: el presupuesto como herramienta de orden

La activación temprana del Presupuesto 2027 tiene implicancias que exceden lo administrativo. En un contexto donde la recaudación muestra señales de desaceleración y las finanzas públicas enfrentan presión, el Gobierno busca anticiparse y fijar reglas de juego.

El cronograma obliga a todas las áreas del Estado a definir prioridades en plazos acotados, lo que tiende a ordenar la interna del gasto. Al mismo tiempo, la elaboración del presupuesto plurianual introduce un marco que condiciona decisiones futuras, especialmente en materia de inversión y financiamiento.

También aparece un factor institucional clave: el cumplimiento del plazo del 15 de septiembre para enviar el proyecto al Congreso. Ese momento marcará el inicio de la negociación política con las distintas fuerzas, donde el contenido del presupuesto se convierte en una herramienta central de construcción de alianzas o de conflicto.

Un proceso técnico con consecuencias abiertas

El armado del Presupuesto 2027 ya está en marcha, pero su resultado está lejos de ser definitivo. El cronograma establece los tiempos; la política definirá los contenidos.

En las próximas semanas, el foco estará en las proyecciones macroeconómicas y en la definición de los techos de gasto. Allí se jugará buena parte del equilibrio entre ajuste, inversión y sostenibilidad fiscal.

La hoja de ruta está trazada. Lo que resta ver es cómo se llenan esos casilleros y qué tensiones emergen cuando los números empiecen a traducirse en decisiones concretas.

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Ajuste fiscal: el gasto primario cayó 4,2% real y marcó un mínimo histórico en enero

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El gasto público primario devengado del Gobierno nacional volvió a mostrar una contracción significativa en enero de 2026 y alcanzó uno de los niveles más bajos de las últimas décadas en términos reales. De acuerdo con el Monitor de Gasto Primario Mensual elaborado por Analytica, el gasto cayó 4,2% interanual en valores constantes, profundizando la estrategia de ajuste fiscal del Ejecutivo.

El informe, con información disponible al 3 de febrero de 2026, detalla que el gasto devengado —que refleja la obligación de pago del Estado— se ubicó en niveles históricamente bajos, incluso por debajo de los registros observados en años de fuerte restricción presupuestaria Monitor de gasto enero 2026.

Obra pública y transferencias, los recortes más profundos

El mayor ajuste se concentró en la obra pública, que se desplomó un 97,1% interanual en términos reales. Dentro de ese rubro, las construcciones cayeron 95,8% y las transferencias de capital fueron prácticamente nulas, marcando un virtual congelamiento de la inversión estatal en infraestructura Monitor de gasto enero 2026.

También se registraron fuertes reducciones en las transferencias a provincias, que retrocedieron 64,5% real interanual, profundizando las tensiones fiscales entre la Nación y los gobiernos subnacionales. En paralelo, los programas sociales exhibieron una caída del 35,7%, con recortes significativos en Potenciar Trabajo (-25,6%), políticas alimentarias (-24,9%) y otros programas (-59,6%) Monitor de gasto enero 2026.

Jubilaciones, asignaciones y subsidios: comportamientos dispares

En contraste con el ajuste general, algunas partidas mostraron incrementos reales. Los subsidios económicos crecieron 139,2% interanual, explicados en gran medida por una baja base de comparación. Las asignaciones familiares aumentaron 1,1%, impulsadas por la suba de la Asignación Universal por Hijo (AUH), que avanzó 5,4%, aunque las asignaciones familiares tradicionales cayeron 6,1%. Por su parte, las jubilaciones y pensiones registraron una suba real moderada del 0,8% Monitor de gasto enero 2026.

Asistencia excepcional a provincias

El informe también señala que, durante enero, solo dos provincias recibieron Aportes del Tesoro Nacional (ATN). Chubut percibió 4.000 millones de pesos como asistencia financiera ante los incendios, mientras que Corrientes recibió 3.000 millones de pesos para atender las inundaciones en los municipios de San Luis del Palmar, San Roque y Santa Lucía Monitor de gasto enero 2026.

Un ajuste que redefine el rol del Estado

La dinámica del gasto primario confirma que el ajuste fiscal se apoya principalmente en la licuación de la inversión pública, la reducción de transferencias a provincias y el recorte de programas sociales, mientras se preservan —aunque con incrementos acotados— las prestaciones previsionales y algunas transferencias directas a los hogares.

El Monitor de Analytica advierte que el nivel de gasto observado en enero de 2026 se encuentra entre los más bajos de la serie histórica, consolidando un cambio estructural en el tamaño y la composición del gasto público nacional.

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Fuerte ajuste fiscal: el gasto cayó 27,2% real y el Gobierno cumplió la meta con el FMI en 2025

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El Sector Público Nacional (SPN) cerró diciembre de 2025 con un déficit primario de $2,88 billones y un déficit financiero de $3,29 billones, en un contexto de fuerte consolidación del ajuste fiscal iniciado en 2024. Según el informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), la contracción real del gasto —14,4% interanual en diciembre y 27,2% en la comparación 2025 versus 2023— compensó la caída de los ingresos y permitió cumplir holgadamente la meta fiscal comprometida con el FMI, aunque a costa de una reducción significativa en prestaciones sociales, subsidios, obra pública, salarios estatales y transferencias a universidades.

Ajuste fiscal consolidado y resultado financiero “oculto” por capitalización de intereses

Durante diciembre de 2025, los ingresos totales del SPN alcanzaron los $12,07 billones, con una caída interanual real del 7,1%, mientras que el gasto total sumó $14,95 billones, con un leve incremento interanual del 1,7%. En términos reales, el ajuste se evidencia con claridad al comparar contra 2023: el gasto se contrajo 16,1% en diciembre y 27,2% en el acumulado anual, frente a una reducción de los ingresos del 0,3% y 8,1%, respectivamente.

El informe advierte, sin embargo, sobre un déficit financiero implícito. El Tesoro priorizó en sus licitaciones la emisión de títulos en pesos capitalizables —LECAP, BONCAP y DUALES—, cuyos intereses no se registran como gasto corriente. Así, aunque el resultado financiero mensual fue negativo en $3,29 billones, al incorporar los intereses capitalizados por $4,08 billones, el rojo ascendería a $7,37 billones en diciembre. En el acumulado anual, el déficit financiero implícito alcanzaría los $28,59 billones.

Este mecanismo permitió sostener un resultado fiscal formalmente consistente con el programa financiero, pero introduce tensiones hacia adelante en materia de sostenibilidad de la deuda en pesos.

Ingresos en retroceso y presión tributaria reconfigurada

La evolución de los ingresos muestra un desempeño dispar. La caída interanual real del 7,1% en diciembre se explica principalmente por:

  • Bienes Personales: -23,1% interanual, afectado por la base de comparación tras la prórroga de pagos en 2024.
  • Impuesto a las Ganancias: -2,4% interanual.
  • Resto de tributos: -11,8% interanual, por la eliminación del Impuesto PAIS a fines de 2024, que en 2025 habría aportado $9,09 billones a valores reales.
  • Derechos de Exportación: -57,7% interanual, tras liquidaciones anticipadas y la aplicación del Decreto 682/2025, que redujo transitoriamente las retenciones al 0%. El informe anticipa nuevas caídas en los próximos meses.

En contraste, los Derechos de Importación crecieron 9,0% interanual, impulsados por un aumento de las importaciones, especialmente de bienes de consumo y vehículos, mientras que el IVA volvió a caer en términos reales (-4,2%), reduciendo su participación sobre el total de recursos.

Gasto público: recorte social, obra pública paralizada y universidades ajustadas

El ajuste del gasto impactó de manera heterogénea. Las Prestaciones Sociales crecieron 6,0% interanual en diciembre, pero al comparar ejercicios completos (2025 vs. 2023) registran una caída real del 11,5%. Dentro del rubro, solo la Asignación Universal para Protección Social mostró un aumento significativo (+71,2%), mientras que se verificaron fuertes reducciones en Asignaciones Familiares (-24,3%), Pensiones no contributivas (-12,6%) y “Otros programas” (-51,4%), donde se incluyen Tarjeta Alimentar, comedores, ex Potenciar Trabajo, Acompañar y Becas Progresar.

Los subsidios económicos se redujeron 52,4% interanual en términos reales, con una baja del 42,9% en transporte, asociada a la discontinuidad de compensaciones tarifarias en el AMBA vía SUBE, y un derrumbe del 98,5% en el subrubro “Otras funciones”.

La obra pública profundizó su parálisis: el gasto de capital cayó 47,7% interanual en diciembre y 78,8% en el acumulado de 2025 frente a 2023, sin señales de recuperación. En paralelo, los salarios de la administración pública nacional continuaron perdiendo contra la inflación, con una caída real del 36,0% respecto de 2023.

En Universidades Nacionales, diciembre de 2025 no registró el pago de aguinaldos —a diferencia de 2024— y, de haberse abonado, el gasto adicional habría sido de $0,60 billones. En términos acumulados, el recorte alcanza el 32,8% frente a 2023.

Meta fiscal con el FMI cumplida y tensiones hacia adelante

Pese al déficit de diciembre, el SPN acumuló en 2025 un superávit fiscal de $11,77 billones, superando en $1,25 billones la meta de diciembre acordada con el FMI tras la revisión de agosto de 2025, que fijó un objetivo estricto de $10,88 billones.

El cumplimiento de la meta refuerza la consistencia del programa fiscal ante el organismo internacional y habilita la continuidad de los desembolsos previstos. No obstante, el informe del CEPA subraya que el equilibrio se sostiene sobre un ajuste profundo y persistente del gasto real y una estrategia financiera que posterga el reconocimiento de intereses, lo que plantea interrogantes sobre su sostenibilidad económica, social e institucional en el mediano plazo.

CEPA Informe iscal 2025 Argentina by CristianMilciades

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