Seguridad

Operativo Alto Paraná: así fue el decomiso de droga de más de $1.200 millones en Puerto Libertad

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Prefectura incautó 335 kilos de droga valuados en más de $1.200 millones en un operativo clave sobre el río Paraná

La Prefectura Naval Argentina decomisó más de 335 kilos de estupefacientes en Puerto Libertad, en el marco del Operativo de Frontera Alto Paraná. La carga, valuada en $1.216 millones, fue detectada en una zona estratégica del río Paraná y representa uno de los golpes más importantes del año contra las organizaciones criminales que operan en la frontera misionera.

Operativo en zona crítica: cómo fue el procedimiento que permitió el secuestro del cargamento

El operativo se desarrolló en el kilómetro 1.871,4 del río Paraná, un sector conocido como Pique Corredera, históricamente utilizado para cruces irregulares por la facilidad de acceso a territorio argentino desde la costa paraguaya.

La acción comenzó cuando una patrulla de Prefectura detectó, mediante un visor nocturno, la entrada de un bote a motor que trasladaba “varias personas y bultos a bordo” hacia la costa nacional. Ante la alerta, se desplegó una patrulla fluvial, acompañada por personal de la Delegación de Inteligencia Criminal e Investigaciones, que se sumó al seguimiento terrestre.

Tras un amplio rastrillaje, los efectivos encontraron 19 bultos abandonados en la ribera. En su interior, contabilizaron 626 panes de estupefacientes, que pesaron en total más de 335 kilos. Según la estimación oficial, el valor del cargamento asciende a $1.216 millones, una cifra que confirma el elevado nivel de actividad de las redes narcotraficantes en la zona.

Uno de los decomisos más relevantes del año en Alto Paraná

En la causa intervienen la Fiscalía Federal de Puerto Iguazú, a cargo del Dr. Marcelo José Bernachea, y el Juzgado Federal de Iguazú, del Dr. Marcelo Alejandro Cardozo, que ordenaron las actuaciones procesales correspondientes.

El procedimiento se inscribe dentro del Operativo de Frontera Alto Paraná, un esquema de control reforzado que incluye monitoreo tecnológico, patrullajes fluviales y tareas de inteligencia en áreas particularmente sensibles del corredor fronterizo.

El decomiso tiene implicancias directas en:

La dinámica del crimen organizado en Misiones

La utilización de lanchas rápidas, cruces nocturnos y la modalidad de abandono de bultos confirma la creciente profesionalización de las organizaciones transfronterizas.

La seguridad en una zona estratégica del país

El Alto Paraná es uno de los puntos con mayor presión del narcotráfico. Por su conexión directa con rutas fluviales y senderos secundarios que atraviesan Puerto Libertad, Iguazú y la Triple Frontera.

El fortalecimiento institucional

La detección mediante visor nocturno y la rápida articulación entre patrullas de superficie y áreas de inteligencia dan cuenta del refuerzo tecnológico y operativo que la Prefectura viene aplicando en la región.

Repercusiones y próximos pasos en el corredor Alto Paraná

El operativo se suma a otras acciones recientes en Misiones y refuerza la tendencia de incrementar la vigilancia en zonas ribereñas. Donde las bandas criminales suelen realizar maniobras rápidas para ingresar cargamentos.

Las autoridades judiciales avanzarán ahora con: La identificación de los responsables del traslado. El análisis de los bultos y la trazabilidad del cargamento. La articulación con fuerzas nacionales para determinar si el operativo se vincula a redes previamente investigadas.

En términos más amplios, el secuestro de $1.216 millones en estupefacientes refuerza la necesidad de continuar ampliando los controles. En un contexto donde la actividad del narcotráfico ejerce presión constante sobre las fronteras fluviales y terrestres del NEA.

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Golpe a la criminalidad en Posadas: cinco detenidos, armas secuestradas y un centro de acopio desmantelado

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A partir de una investigación enfocada en bienes robados, la Policía de Misiones desplegó esta mañana cinco allanamientos simultáneos en los barrios comprendidos por las Chacras 243, 246 y 252, por orden del Juzgado de Instrucción N.º 2. El objetivo del procedimiento fue desarticular un presunto centro utilizado para el acopio, clasificación y distribución de bienes denunciados como sustraídos en distintos hechos contra la propiedad.

En ese contexto, los equipos tácticos e investigativos, integrados por la Dirección General de Infantería y la división de investigaciones de la Unidad Regional I, actuaron de forma simultánea sobre inmuebles estratégicamente ubicados. En la Chacra 243, sobre las calles Japón y 125, se intervinieron tres departamentos donde fueron detenidos Juan C. (29), Axel F. (28) y Arturo C. (37), secuestrándose en esos domicilios electrodomésticos, equipos de audio, cámaras de seguridad, teléfonos celulares y una hidrolavadora con denuncia por robo.

A su vez, y en continuidad operativa, en el sector conocido como La Chanchería, en la Chacra 246, fue aprehendido Alexis S. (23), donde se incautaron herramientas, tablets, una motoguadaña y un dron, elementos cuya procedencia se documenta para ampliar la investigación. Finalmente, en la Chacra 252, sobre la calle 106, fue detenido Marcos J. (20), lográndose además la recuperación de una motocicleta con pedido de secuestro vigente y la incautación de un rifle tipo Mauser calibre .22 con 16 municiones, junto a parlantes, televisores, celulares y otros bienes vinculados a robos recientes.

Por disposición judicial, los cinco detenidos y la totalidad de los elementos secuestrados fueron trasladados y alojados en la Comisaría 13.ª. Asimismo, las evidencias fueron remitidas a la Dirección de Policía Científica para pericias criminalísticas y análisis de vinculación, mientras los investigadores continúan el relevamiento de prueba para establecer roles y posibles conexiones con terceros.

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Reforma del Código Penal: el Gobierno endurece penas y el 82% de los delitos será de cumplimiento efectivo

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El Gobierno impulsa una reforma integral del Código Penal, subirán penas en casi 20 delitos y el 82% tendrá cumplimiento efectivo

El Gobierno presentó este lunes una reforma estructural del Código Penal que endurece las penas en casi veinte delitos, elimina la prescripción para crímenes considerados de alta gravedad y establece que el 82% de los delitos deberán cumplirse de manera efectiva. La iniciativa, anunciada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, redefine el régimen penal argentino con impacto directo en el funcionamiento judicial, el sistema penitenciario y la política criminal del Estado.

Endurecimiento de penas y ampliación de figuras agravadas

Según explicaron Adorni y Bullrich, el proyecto eleva de forma significativa los mínimos y máximos de una amplia gama de delitos, comenzando por el homicidio simple, cuya escala pasará de los actuales 8 a 25 años a 10 a 30 años. Para el homicidio agravado, que ya contempla la prisión perpetua, se sumarán nuevos supuestos, incluyendo: víctimas que sean Presidente, Jefe de Gabinete o ministros, personal educativo asesinado por su condición de tal, víctimas menores de 16 años o mayores de 65, hechos cometidos en lugares de concurrencia masiva o con armas aptas para causar muertes múltiples, crímenes perpetrados por miembros de organizaciones criminales o dentro de centros de detención.

La reforma también modifica delitos de alta incidencia cotidiana. Lesiones leves: de 1 mes–1 año a 1–3 años. Lesiones por conducción imprudente: la figura simple será de 2–6 años y la agravada de 3–6 años. Abuso de armas: máximo de 6 años. Omisión de auxilio: pasa de multa a 1–6 años, con agravante de 2–8 años si la víctima es menor de 13 o mayor de 65. Hurto: se eleva a 3 años. Robo: nuevas escalas diferenciadas y figuras específicas para modalidades como “motochorros”, “viudas negras” y robos en lugares de concurrencia masiva. El robo simple será de 3–8 años con fuerza en las cosas y de 3–10 años cuando haya violencia.

En delitos vinculados a integridad sexual y menores, la reforma endurece significativamente las penas. Pornografía infantil: de 3–6 años a 3–12 años. Posesión con fines de distribución: pasa de 6 meses–2 años a 4–12 años. Trata de personas: límite máximo de 10 años en la figura básica y 15 años en la agravada.

Para delitos contra la administración pública, se intensifica el castigo por cohecho, que será de 3–10 años, con un tercio adicional en contrataciones públicas. Cuando el autor sea Presidente, Vicepresidente o Jefe de Gabinete, la escala sube a 5–15 años.

La usurpación, delito de alto impacto territorial, tendrá una pena de 10 años en su figura simple y 12 años en la agravada, además de multas.

Imprescriptibilidad, fin de la excarcelación automática y nuevas reglas para la ejecución de condenas

El proyecto incorpora cambios profundos en materia de prescripción. Según el Gobierno, existen delitos cuya gravedad “no puede verse condicionada por el tiempo”. Por ello, se declara imprescriptible una amplia lista de conductas, entre ellas: homicidio agravado, abuso sexual y grooming, producción y distribución de material de abuso sexual infantil, corrupción de menores, trata de personas, secuestro extorsivo, terrorismo y su financiamiento, tráfico y contrabando de estupefacientes, procesos contra organizaciones criminales, atentados al orden constitucional.

La reforma también suma nuevos actos que interrumpen el plazo de prescripción, como la orden de captura o el pedido de extradición.

En cuanto al cumplimiento efectivo de las penas, el proyecto elimina la posibilidad de ejecución condicional en un conjunto amplio de delitos. Según la presentación oficial, el sistema actual habilita la “puerta giratoria”, ya que condenas menores a tres años pueden cumplirse en libertad. Con los nuevos mínimos más altos, el 82% de los delitos deberá cumplirse efectivamente.

Entre los delitos que ya no permitirán excarcelación condicional se encuentran: estragos agravados, robos especialmente agravados, tenencia de arma de guerra sin autorización, portación ilegal de armas de fuego de uso civil.

También se modifican las reglas de libertad anticipada, excluyendo: homicidio, robo seguido de muerte, robo con armas, delitos dolosos cometidos por funcionarios en ejercicio.

Respecto de la ejecución de condenas, se establece que comenzarán a cumplirse cuando el tribunal rechace el recurso extraordinario federal, sin esperar indefinidamente la intervención de la Corte Suprema.

La reforma incluye dos medidas de alto impacto institucional. La pérdida de la jubilación de privilegio para funcionarios públicos condenados por cualquier delito. Y la confirmación de que la prisión perpetua “implicará para siempre”.

El proyecto también fortalece el marco de la legítima defensa, introduciendo una presunción favorable a quien responde ante un ataque.

Impacto institucional y reacciones esperadas

El Gobierno presenta la reforma como un salto cualitativo en política criminal, enfocado en la prevención, la disuasión y el castigo efectivo. La ministra Patricia Bullrich ubicó los cambios dentro de una estrategia de “tolerancia cero” frente al delito, mientras que Adorni enmarcó el proyecto como parte de un rediseño normativo integral.

El nuevo esquema tendrá consecuencias directas en: el sistema penitenciario, que deberá albergar más condenados y por plazos más extensos; la Justicia penal, que incorporará nuevas figuras, escalas y causales de interrupción de prescripción; la función pública, dado el impacto de la pérdida de jubilaciones de privilegio; la sociedad civil y las víctimas, que adquieren nuevas instancias de participación en decisiones vinculadas con beneficios penitenciarios.

También se prevé una reconfiguración del mapa delictivo, especialmente en delitos urbanos como robo, hurto y abuso de armas, y en delitos federales como narcotráfico y trata.

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Misiones amplía su red de videovigilancia e instala cámaras de última generación sobre la Ruta Provincial 19

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El Ministerio de Gobierno, a través de la Policía de Misiones, está reforzando la seguridad vial y la prevención del delito con la instalación de cámaras domo, lectores de patentes y sistemas de monitoreo de alta definición en la Ruta Provincial 19, corredor que une Wanda con Comandante Andresito y continúa hasta el empalme con la Ruta 101. Los trabajos técnicos ya se encuentran en ejecución.La RP 19 es un tramo estratégico de la zona norte, utilizado por tránsito turístico, productivo y de frontera. Por ello, la instalación de estas cámaras forma parte del anillo digital provincial, que conecta rutas y centros urbanos con el Centro Integral de Operaciones 911, desde donde se realizará el monitoreo continuo.Los equipos técnicos avanzan con la colocación de torres de cámaras, tendido de fibra óptica y enlaces inalámbricos, además de la configuración del sistema que permitirá transmitir imágenes en tiempo real al CIO-911 de Posadas y Wanda. El equipamiento incluye cámaras domo con zoom óptico, visión nocturna, sensores de movimiento, y LPR para la lectura automática de matrículas.Estas tecnologías permitirán detectar maniobras peligrosas, vehículos vinculados a ilícitos, transporte irregular, emergencias viales y otras situaciones de riesgo a lo largo de uno de los corredores más transitados del norte provincial.Con este refuerzo tecnológico, el Gobierno provincial consolida un corredor seguro y monitoreado, optimizando la prevención, la detección temprana de incidentes y la trazabilidad vehicular en tiempo real. Las tareas continuarán en los próximos días hasta completar el montaje total de los equipos previstos.

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Alarma nacional: 210 femicidios en 2025 y Misiones registra su cifra más alta en cinco años

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Femicidios en alza: en 2025 ya se registraron 210 casos en el país y Misiones muestra una tendencia preocupante con 10 asesinatos hasta noviembre

El crimen de Débora Bulacio en Necochea volvió a exponer la gravedad de la violencia machista en la Argentina. Según los datos del Observatorio “Ahora Que Sí Nos Ven”, en lo que va del año una mujer o persona trans es asesinada cada 36 horas. En Misiones, los registros oficiales indican 10 femicidios hasta el 10 de noviembre, la cifra más alta de los últimos cinco años.

El informe provincial de Misiones y los datos nacionales del Observatorio “Ahora Que Sí Nos Ven” revelan un escenario de violencia persistente y de alcance estructural. La conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el próximo 25 de noviembre, encuentra al país frente a un desafío urgente: convertir las políticas de género en acciones efectivas y sostenibles que permitan salvar vidas y construir una sociedad más igualitaria.

210 femicidios en Argentina: una mujer asesinada cada 36 horas

El hallazgo del cuerpo de Débora Bulacio, madre de tres hijos. Asesinada y enterrada a orillas del Lago de los Cisnes en Necochea. Se sumó a una lista que ya contabiliza 210 femicidios en la Argentina durante 2025. Según el Observatorio “Ahora Que Sí Nos Ven”, el promedio nacional refleja una víctima cada 36 horas. Consolidando una problemática estructural que persiste a pesar de los avances legislativos e institucionales en materia de género.

El informe nacional detalla que la mayoría de los crímenes fueron cometidos por parejas o exparejas, en contextos de violencia doméstica y relaciones de control. En un 71% de los casos, las víctimas habían denunciado previamente a su agresor o existían antecedentes de violencia. Además, el 60% de los femicidios se perpetraron en el hogar compartido.

El caso de Débora Bulacio —de 39 años, desaparecida durante 72 horas antes de ser hallada muerta— refleja la persistencia de patrones de violencia que se repiten en todo el país. Su pareja fue detenida el lunes 10 de noviembre al intentar escapar por la ruta. En el último año, otros hechos resonantes, como el triple femicidio de Florencio Varela o el doble asesinato en Córdoba de Luna Giardina y Mariel Zamudio, conmocionaron a la opinión pública, visibilizando la magnitud del problema y la necesidad de políticas de prevención efectivas.

Misiones: suba de casos y distribución territorial de la violencia

En la provincia de Misiones, los datos del Instituto Provincial de Estadísticas y Censos (IPEC), elaborados junto a la Policía de la Provincia, muestran una evolución alarmante. 10 femicidios registrados hasta el 10 de noviembre de 2025, frente a 8 en 2023 y 6 en 2024. Se trata del valor más alto de los últimos cinco años, superando también los 7 casos reportados en 2020.

El informe provincial incluye además un relevamiento de denuncias por violencia de género por municipio, correspondiente a 2024. Garupá (39 denuncias por cada 1.000 habitantes) y Posadas (38) encabezan el listado, seguidos por Aristóbulo del Valle (34) y Leandro N. Alem (31). En contraste, localidades como El Soberbio, Santa Rita y Dos Arroyos presentan los índices más bajos, con entre 6 y 8 denuncias por cada 1.000 habitantes.

Las conclusiones estadísticas del IPEC advierten sobre un perfil reiterado de los agresores y las formas de violencia:

  • El 70,7% de los casos de violencia registrados en 2023 fueron cometidos por varones.
  • En el 61,1% de los casos, la violencia ejercida fue de tipo psicológica, seguida por la física.
  • El 54,4% de los agresores tenía entre 20 y 39 años, lo que ubica al fenómeno dentro de una franja etaria activa laboralmente y con alta exposición social.

Estos datos confirman una tendencia sostenida en la provincia y refuerzan la necesidad de reforzar la red de contención institucional. Tanto en el ámbito judicial como en los sistemas de atención y acompañamiento de víctimas.

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