SEGURIDAD ALIMENTARIA

La guerra con Irán expone la fragilidad alimentaria del Golfo y tensiona el control del estrecho de Ormuz

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La guerra entre Estados Unidos e Israel con Irán ya no impacta solo en el mercado petrolero. El conflicto tensiona una variable estratégica menos visible pero igual de decisiva: la seguridad alimentaria de los países del Golfo Pérsico. Omán, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Barein y Kuwait importan alrededor del 85% de sus alimentos y más del 90% de sus cereales. Con el tráfico marítimo ralentizado en el estrecho de Ormuz y unas 200 embarcaciones varadas según Lloyd’s List, la vulnerabilidad estructural de la región quedó expuesta.

El dato central es contundente: en condiciones normales, unos 138 barcos cruzan diariamente Ormuz, según el Centro Conjunto de Información Marítima. No transportan solo petróleo y gas. Llevan buena parte del abastecimiento alimentario que sostiene a poblaciones urbanas altamente dependientes del comercio exterior. Si esa arteria se obstruye, el impacto no se mide en barriles sino en góndolas.

Dependencia estructural y geografía adversa

La ecuación es conocida pero pocas veces adquiere dimensión política. Las temperaturas estivales que alcanzan los 50 °C y una precipitación anual promedio inferior a 100 milímetros en la mayoría de los territorios hacen inviable la agricultura a gran escala. Incluso Omán, el más autosuficiente del grupo, importa la mayoría de sus alimentos.

Esa realidad convierte al comercio marítimo en infraestructura estratégica. El estrecho de Ormuz funciona como punto de estrangulamiento energético global, pero también como corredor alimentario. Iraq, Kuwait, Barein y Qatar tienen escasas alternativas logísticas: la mayor parte de los envíos marítimos debe atravesar ese paso.

Desde el inicio de la guerra y las represalias iraníes, el tráfico de petroleros se ralentizó drásticamente. La mayoría de las grandes navieras suspendió reservas hacia Medio Oriente. El cierre del espacio aéreo en varios países del Golfo añade presión y limita opciones de transporte alternativo.

La consecuencia inmediata no es el desabastecimiento automático, sino el aumento del riesgo sistémico. Cada día de interrupción tensiona cadenas logísticas diseñadas para flujos constantes.

Seguridad alimentaria y estabilidad política

Los gobiernos del Golfo llevan años intentando reducir esa dependencia mediante reservas estratégicas y diversificación de proveedores. Desde el inicio del conflicto, han buscado transmitir calma y asegurar que cuentan con reservas de emergencia de cereales y alimentos suficientes para varios meses.

Sin embargo, la dimensión política es evidente. En Estados donde la estabilidad interna descansa en contratos sociales basados en bienestar y provisión estatal, la seguridad alimentaria es un componente central de legitimidad. Una disrupción prolongada podría impactar en precios, subsidios y gasto público.

Además, el escenario internacional agrega presión. Si el conflicto se prolonga, los costos de transporte y seguros marítimos podrían escalar, trasladando tensiones al presupuesto estatal y al consumidor final.

Un equilibrio frágil bajo observación

La clave no está solo en si Ormuz se cierra formalmente, sino en cuánto se encarece y ralentiza su tránsito. Con 138 barcos diarios en tiempos normales y 200 buques actualmente varados, la señal es clara: el corredor no opera con normalidad.

En las próximas semanas habrá que observar tres variables: la duración de la guerra, la reacción de las grandes navieras y la capacidad de los Estados del Golfo para activar rutas o acuerdos alternativos. También será determinante si las reservas estratégicas alcanzan para amortiguar una crisis prolongada o si el conflicto obliga a redefinir la política alimentaria regional.

Por ahora, la guerra con Irán redefine el tablero más allá del petróleo. En el Golfo, la seguridad alimentaria dejó de ser un tema técnico para convertirse en una cuestión de poder y estabilidad.

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Cosecha de pimientos en El Alcázar refuerza arraigo rural y desarrollo económico local

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La productora local Carmen Estachesen alcanzó un hito clave en su actividad agrícola al concretar una cosecha de pimientos fruto de un proyecto hortícola desarrollado de manera gradual en su chacra. La iniciativa, respaldada por el Ministerio de Agricultura Familiar y articulada con el municipio y el mercado de la soberanía alimentaria de El Alcázar, no solo garantiza continuidad productiva, sino que también promueve el arraigo rural y la generación de ingresos en la comunidad.

Articulación institucional y apoyo comunitario

Según explicaron desde el Ministerio de Agricultura Familiar, el proyecto contó con acompañamiento técnico y logístico permanente, lo que permitió consolidar la producción bajo estándares de sostenibilidad y eficiencia. “La coordinación con el municipio y la participación activa de las integrantes del mercado de la soberanía alimentaria fueron fundamentales para fortalecer la propuesta productiva y asegurar su continuidad en el tiempo”, destacaron desde el organismo provincial.

El proyecto se inscribe dentro de un marco de políticas públicas orientadas a la Agricultura Familiar, con énfasis en la provisión de recursos, capacitación técnica y promoción de la organización comunitaria. Este enfoque permite a los productores locales no solo mejorar la productividad de sus chacras, sino también acceder a canales de comercialización que favorecen el circuito local de alimentos frescos.

Impacto económico y social en la región

La cosecha de pimientos, destinada principalmente al consumo interno y la venta en mercados locales, constituye un ejemplo de cómo la articulación entre productores, Estado y comunidad puede generar beneficios económicos directos para las familias. La estrategia busca fomentar el arraigo rural, reducir la migración hacia centros urbanos y consolidar un modelo de producción familiar sustentable.

Especialistas en desarrollo rural señalan que iniciativas como la de Carmen Estachesen fortalecen la economía regional, al promover la diversificación de cultivos y abrir posibilidades de generación de ingresos complementarios. Además, se destaca el efecto multiplicador que tiene la capacitación y la organización comunitaria en el mediano plazo, creando redes de apoyo que trascienden la actividad agrícola individual.

Perspectivas y continuidad del proyecto

El respaldo institucional y la articulación territorial son clave para garantizar la sostenibilidad de proyectos hortícolas familiares. En este marco, el Ministerio de Agricultura Familiar prevé ampliar programas de acompañamiento técnico y financiamiento, consolidando experiencias como la de El Alcázar y replicando modelos exitosos en otras localidades de la provincia. La continuidad de la cosecha y la participación activa de las comunidades locales serán determinantes para asegurar el impacto económico y social esperado.

El caso de El Alcázar se presenta como un modelo de integración entre política pública, trabajo comunitario y producción familiar, que contribuye a fortalecer la seguridad alimentaria local y la economía regional.

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SENASA actualiza la regulación de fitosanitarios: simplificación, control científico y transparencia

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SENASA actualiza el marco regulatorio para productos fitosanitarios: más control científico, menos burocracia y un nuevo registro para la “Línea Jardín”

El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) aprobó la Resolución 843/2025, publicada en el Boletín Oficial el 4 de noviembre de 2025, que introduce una profunda actualización del Manual de Procedimientos y Criterios para la autorización, registro, importación y fiscalización de productos fitosanitarios. La medida redefine el régimen de control de insumos agroquímicos, bioinsumos y coadyuvantes, incorpora una Guía Pública de Procedimientos y establece que los productos de “Línea Jardín” deberán inscribirse en el Registro Nacional de Productos Fitosanitarios.

La norma entra en vigencia el 5 de enero de 2026 y complementa la Resolución 458/2025, en el marco del proceso de simplificación y desregulación administrativa impulsado por el Gobierno nacional.

Modernización regulatoria: un SENASA más ágil y transparente

La Resolución 843/2025 actualiza los artículos centrales del régimen aprobado en junio, ajustando criterios técnicos y administrativos para mejorar la trazabilidad, el control y la eficiencia en el uso de los recursos públicos.

En línea con la Ley 27.233, que declara de interés nacional la sanidad vegetal y animal, y con el Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023, que promueve la libre concurrencia y la simplificación del aparato estatal, SENASA establece nuevos procedimientos automáticos de autorización para establecimientos y personas físicas o jurídicas vinculadas a la producción, elaboración o comercialización de fitosanitarios.

“La presentación de la Declaración Jurada otorgará automáticamente la autorización para iniciar las actividades, quedando sujetos a la fiscalización posterior del SENASA”, precisa el nuevo texto del Artículo 2°.

El organismo también dispone que se aceptarán resultados de ensayos provenientes de laboratorios nacionales o extranjeros, siempre que acrediten el cumplimiento de Buenas Prácticas de Laboratorio (BPL o GLP), alineando la regulación argentina con estándares internacionales.

Otro punto clave es la incorporación del Artículo 14 bis, que aprueba una Guía de Procedimientos para la Gestión de Productos Fitosanitarios, disponible públicamente en el sitio oficial del SENASA. Este documento busca dar transparencia y previsibilidad a los procesos técnicos y administrativos del sector.

Importación, reevaluación y control de riesgos

La resolución redefine el esquema de importación de productos fitosanitarios, diferenciando entre países con “convergencia normativa” —detallados en el nuevo Anexo IV— y aquellos que no integran ese grupo.

Los productos ya comercializados en Argentina podrán ingresar mediante una Declaración Jurada, mientras que los que no tengan antecedentes en el país deberán presentar un registro transitorio de hasta dos años, durante el cual deberán realizar ensayos de eficacia agronómica y toxicidad.

El SENASA podrá denegar o cancelar el registro de un producto si surgen evidencias científicas de riesgo para la salud humana, animal o ambiental, o si el fitosanitario deja de estar autorizado en su país de origen.

Asimismo, se crea un procedimiento formal de “Reevaluación de Productos Fitosanitarios Registrados” (Anexo VII), que se activará ante nueva información científica o cambios en la normativa internacional.

En materia de bioseguridad, la resolución establece que los Organismos Genéticamente Modificados (OGM) y las Nuevas Técnicas de Mejoramiento (NBT) sin antecedentes en el país quedarán excluidos del régimen simplificado, y su análisis quedará sujeto a aprobación de la CONABIA (Comisión Nacional Asesora de Biotecnología Agropecuaria).

Inclusión de la “Línea Jardín” y adecuación toxicológica

Uno de los cambios más significativos es la incorporación de los productos de la “Línea Jardín” —utilizados en ámbitos domésticos o de jardinería— al Registro Nacional de Productos Fitosanitarios. Hasta ahora, estos productos estaban regulados por la Resolución 871/2010 en el Registro Nacional de Terapéutica Vegetal, pero a partir de esta modificación deberán ajustarse a los nuevos criterios técnicos y de seguridad establecidos por el SENASA.

Por otra parte, las empresas dispondrán de tres años para adecuar el etiquetado de sus productos al Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos (SGA), adoptado por las Naciones Unidas. Esta transición busca homogeneizar la información toxicológica y facilitar la interpretación de riesgos en toda la cadena productiva.

La actualización incluye además ocho anexos técnicos, que van desde los formularios de autorización y registro hasta los protocolos de ensayo, clasificación toxicológica y límites máximos de residuos.

Impacto y proyección: hacia un mercado agroquímico más competitivo y seguro

La reforma consolida una estrategia de armonización regulatoria con estándares internacionales, particularmente con países de alta vigilancia epidemiológica, lo que facilitará las operaciones de importación y exportación del sector agroquímico argentino.

Desde el punto de vista operativo, la adopción de autorizaciones automáticas, gestión digital y guías públicas de procedimientos permitirá reducir tiempos administrativos y dar previsibilidad a los actores privados, sin comprometer los estándares de seguridad ambiental ni sanitaria.

Con esta medida, el SENASA avanza hacia un modelo de “Estado regulador inteligente”, que combina simplificación administrativa, control científico y trazabilidad digital, en sintonía con la política de desburocratización y eficiencia promovida por el Ejecutivo nacional.

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El Gobierno extiende un año el plazo para aplicar el nuevo sello de seguridad en juguetes alimentarios

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Industria prorroga un año la exigencia del Marcado de Conformidad para juguetes que se comercialicen junto con alimentos

La medida, publicada en el Boletín Oficial, posterga hasta octubre de 2026 la aplicación obligatoria del nuevo sello de seguridad en productos que contengan o acompañen alimentos. El objetivo es permitir la adecuación del sector a los nuevos estándares técnicos y regulatorios.

Prórroga de la aplicación del Marcado de Conformidad

El Ministerio de Economía, a través de la Secretaría de Industria y Comercio, dispuso mediante la Resolución 428/2025 suspender hasta el 1° de octubre de 2026 la exigibilidad del “Marcado de Conformidad” para los juguetes que se comercialicen junto con alimentos o cuyo envase o envoltorio primario esté en contacto directo con alimentos.

La resolución, firmada por el secretario de Coordinación de Producción Pablo Agustín Lavigne, extiende en un año el plazo originalmente establecido en el marco general de evaluación de la conformidad aprobado por la Resolución 237/2024, con el fin de dar tiempo a los fabricantes e importadores a adecuarse a las nuevas exigencias de seguridad y rotulado.

El Marcado de Conformidad constituye el nuevo estándar técnico que reemplazará progresivamente los distintos sellos de seguridad existentes, unificando criterios en el mercado local y mejorando la trazabilidad y control sobre los productos. Este distintivo garantiza que los artículos cumplan con las normas de calidad, seguridad e inocuidad establecidas por la autoridad competente.

La medida alcanza de manera específica a los juguetes que pueden entrar en contacto con alimentos —por ejemplo, aquellos incluidos en productos de confitería o promociones comerciales—, considerados de riesgo sanitario elevado debido a la posibilidad de transferencia de sustancias nocivas o piezas no aptas para consumo.

Un marco regulatorio en transición

El Marcado de Conformidad fue introducido como requisito en 2024 mediante la Resolución 237/24, que creó un sistema unificado de evaluación de la conformidad aplicable a todos los reglamentos técnicos dictados en el ámbito de la Secretaría de Industria y Comercio.

Dicho esquema busca modernizar la política de control de productos y alinearla con los estándares internacionales de seguridad y comercio, en línea con el Decreto 274/2019 sobre defensa del consumidor y el Decreto 50/2019, que establece las competencias de la cartera económica.

La resolución aclara que, durante el período de prórroga, los fabricantes e importadores podrán mantener el sello de seguridad actualmente utilizado o, de manera optativa, adoptar el nuevo Marcado de Conformidad antes de su entrada en vigencia obligatoria.

Además, se establece que quienes aún no cuenten con el nuevo distintivo deberán publicarlo en su sitio web o exhibirlo en los puntos de venta antes del 28 de noviembre de 2025, de modo que los consumidores puedan acceder a la información sobre el cumplimiento de los estándares de seguridad.

El nuevo esquema técnico había sido complementado por la Disposición 1/2024 de la Dirección Nacional de Reglamentos Técnicos, que definió los procedimientos de evaluación, certificación y control aplicables a los productos de consumo regulados por el Ministerio de Economía.

Entre ellos se incluyen artículos como electrodomésticos, juguetes, envases y utensilios en contacto con alimentos, que deben cumplir requisitos estrictos en materia de composición, rotulado y calidad de materiales.

Implicancias para la industria y los consumidores

La decisión de prorrogar la entrada en vigencia del Marcado de Conformidad responde a las dificultades manifestadas por los operadores del mercado, principalmente pymes dedicadas a la importación y distribución de juguetes y productos combinados con alimentos.

El texto oficial señala que la extensión busca “facilitar la adecuación de los procesos productivos y de control sin afectar la continuidad de las operaciones comerciales”, en un contexto en el que la industria enfrenta ajustes logísticos y de certificación vinculados a los nuevos requerimientos técnicos.

Durante el período transitorio, el Estado mantendrá las tareas de verificación y seguimiento a través de la Dirección Nacional de Reglamentos Técnicos, dependiente de la Secretaría de Industria y Comercio, con el objetivo de garantizar el cumplimiento progresivo del régimen.

En términos prácticos, la medida otorga certidumbre al sector industrial y comercial respecto de los plazos de adaptación, al tiempo que asegura la continuidad del control sanitario y de seguridad en productos que tienen un contacto potencial con alimentos, como juguetes incluidos en promociones alimenticias.

La Resolución 428/2025 entró en vigencia el 27 de octubre de 2025, tras su publicación en el Boletín Oficial, y complementa el marco normativo de seguridad del consumidor establecido por las Resoluciones 313/2025 (Reglamento Técnico de productos de consumo) y 237/2024 (Evaluación de la conformidad).

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Argentina obtiene préstamo del BCIE por USD 100 millones para reforzar la Prestación Alimentar

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Argentina asegura financiamiento por USD 100 millones del BCIE para reforzar la seguridad alimentaria

El Gobierno aprobó el contrato de préstamo con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) para financiar la cuarta fase del Programa de Apoyo a la Seguridad Alimentaria en Argentina. Los fondos estarán destinados principalmente a sostener la Prestación Alimentar y serán ejecutados por el Ministerio de Capital Humano.

Un préstamo clave para sostener políticas alimentarias

Mediante el Decreto 687/2025, publicado el 26 de septiembre en el Boletín Oficial, el Poder Ejecutivo aprobó el Contrato de Préstamo BCIE N° 2355, por el cual el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) otorgará hasta USD 100 millones a la República Argentina.

El financiamiento respaldará la continuidad del Programa de Apoyo a la Seguridad Alimentaria. Fase IV, cuyo objetivo es garantizar recursos para la Prestación Alimentar, una de las principales herramientas de asistencia directa a familias en situación de vulnerabilidad.

El programa se organizará en cuatro componentes: 1) Apoyo a la Prestación Alimentar, 2) Auditoría Externa, 3) Imprevistos y 4) Comisión BCIE. La ejecución quedará bajo la órbita del Ministerio de Capital Humano, a través de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia y de la Dirección General de Programas y Proyectos Sectoriales y Especiales.

Condiciones financieras y marco institucional

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) evaluó la operación y concluyó que el préstamo tendrá un impacto limitado en la balanza de pagos, al considerarlo consistente con la dinámica prevista para las operaciones externas.

En paralelo, la Oficina Nacional de Crédito Público informó que el costo financiero resulta inferior al que el país podría obtener en el mercado, lo que justifica el acuerdo en términos de eficiencia del endeudamiento.

El decreto faculta al Ministro de Economía y al Secretario de Finanzas a firmar el contrato y su documentación complementaria. Asimismo, se autorizó al titular de Economía a introducir modificaciones que no impliquen cambios sustanciales en el destino de los fondos ni en los montos.

La aprobación del préstamo del BCIE refleja la estrategia del Gobierno de recurrir a organismos multilaterales para reforzar programas sociales clave en un contexto de restricciones fiscales.

El apoyo financiero permitirá sostener la Prestación Alimentar, política que apunta a garantizar la cobertura alimentaria básica de millones de familias en situación de pobreza. El desembolso, además, funcionará como un alivio fiscal al cubrir parte del costo de este programa en el presupuesto nacional.

El decreto, suscripto por el presidente Javier Milei, el ministro del Interior Guillermo Francos y el ministro de Economía Luis Caputo, marca la continuidad de la cooperación con el BCIE, organismo que ya financió fases anteriores del mismo programa.

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