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El número de muertos en Irán supera los 2.500 según organizaciones de derechos humanos

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La represión estatal en Irán dejó al menos 2.571 muertos en protestas extendidas en Irán, según organizaciones de derechos humanos con sede en Estados Unidos, en un contexto de apagón informativo, advertencias del presidente Donald Trump y crecientes repercusiones geopolíticas y económicas. El aumento acelerado de víctimas, frente a unas 500 registradas a inicios de la semana, confirma una escalada sin precedentes recientes y vuelve a colocar a la República Islámica en el centro de la agenda internacional.

De acuerdo con Human Rights Activists News Agency (HRANA), la cifra de fallecidos se incrementó de manera abrupta hasta este miércoles, mientras persisten las dudas sobre el número real de víctimas ante las restricciones a las comunicaciones y la falta de datos oficiales. El gobierno iraní no difundió cifras propias y se limitó a reconocer que el saldo ha sido “considerable”.

Represión, apagón informativo y advertencias desde Washington

El aumento de muertes se produce en paralelo a un apagón nacional de internet que ya ingresó en su sexto día, según el grupo independiente NetBlocks, lo que dificulta documentar los hechos y verificar información desde el interior del país. La agencia semioficial Fars, vinculada al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, informó que las restricciones podrían mantenerse “hasta que cesen las acciones de las células terroristas”, y dejó abierta la posibilidad de una revisión del acceso dentro de una o dos semanas.

Desde Estados Unidos, el presidente Donald Trump endureció su discurso. El martes instó a los disidentes iraníes a “continuar protestando” y a “tomar el control de sus instituciones si es posible”, y advirtió que “actuará en consecuencia” tras evaluar cuántos manifestantes han sido asesinados. Días antes, había publicado en Truth Social el mensaje “LA AYUDA VA EN CAMINO”, sin precisar su alcance, luego de que trascendiera que fue informado sobre opciones para atacar Irán.

En el plano económico, Trump anunció un arancel del 25% a los bienes provenientes de países que mantengan negocios con la República Islámica, una señal que agrega presión externa al conflicto interno. Al mismo tiempo, Arabia Saudita y Catar presionaron a Washington para evitar una acción militar contra Teherán, según informó The Wall Street Journal.

Origen de las protestas y acusaciones cruzadas

Las protestas estallaron a finales del año pasado, luego de que una caída de la moneda nacional a un mínimo histórico desencadenara manifestaciones entre comerciantes de Teherán. Con el correr de los días, la conflictividad derivó en un movimiento más amplio contra el régimen teocrático del líder supremo Alí Jamenei, con enfrentamientos mortales que activistas describen como la represión más letal contra la disidencia en décadas.

Las autoridades iraníes acusaron a Estados Unidos e Israel de armar a los manifestantes y de orquestar la agitación, en un contexto de alta tensión regional que incluye el antecedente de 12 días de ataques aéreos contra instalaciones nucleares iraníes ocurridos siete meses atrás.

Este miércoles, el fiscal general Mohammad Movahedi Azad advirtió que el Estado endurecerá la represión mediante la incautación de activos de “terroristas y alborotadores”. En la misma línea, el jefe del poder judicial, Gholam-Hossein Mohseni Ejei, afirmó que “quienes decapitaron personas en las calles o las quemaron vivas deben ser juzgados y castigados lo más rápido posible”.

Impacto económico, petróleo y balance de víctimas

La crisis también tuvo repercusiones en los mercados energéticos. Los precios del petróleo subieron ante el temor de que la agitación interrumpa el suministro iraní. El Brent recortó ganancias este miércoles hacia los US$65 por barril, tras registrar el mayor avance de cuatro días en más de seis meses.

En cuanto al balance humano, HRANA informó que 12 de las muertes correspondieron a menores de 18 años y que 147 fallecidos estaban afiliados al gobierno. Además, el grupo reportó más de 18.000 detenciones vinculadas a las protestas. Funcionarios advirtieron que los detenidos podrían ser acusados de “enemistad contra Dios”, una figura de la ley islámica castigada con pena de muerte.

El antecedente inmediato refuerza la gravedad del escenario: tras las protestas de 2022 por la muerte bajo custodia policial de Mahsa Amini, de 22 años, las autoridades utilizaron cargos de seguridad similares para ejecutar al menos a nueve personas, según Amnistía Internacional, con sede en Londres.

La televisión estatal iraní anunció que este miércoles se realizará en Teherán un funeral público para más de 300 civiles y miembros de las fuerzas de seguridad fallecidos en días recientes, sin detallar un desglose de víctimas. En paralelo, el acceso a internet sigue siendo un factor crítico. SpaceX, de Elon Musk, ofreció acceso gratuito al servicio satelital Starlink para personas con receptores en Irán, según Ahmad Ahmadian, director ejecutivo del grupo estadounidense Holistic Resilience, que trabaja para garantizar conectividad en el país.

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La UIF congela activos por financiamiento de armas de destrucción masiva

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En una decisión sin precedentes a nivel nacional y regional, la Unidad de Información Financiera (UIF) ordenó el primer congelamiento administrativo de activos en la Argentina por presunto financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. La medida, dispuesta a partir de información de inteligencia financiera proveniente del exterior y ampliada con una investigación local, marca un punto de inflexión en el sistema de prevención de delitos financieros graves y refuerza el alineamiento del país con los estándares internacionales en materia de seguridad y control financiero.

Una medida inédita basada en inteligencia financiera internacional

La resolución fue firmada por el titular de la UIF, Paul Starc, y alcanza a personas residentes en la Argentina bajo sospecha de estar vinculadas al financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. Según se informó oficialmente, el organismo actuó tras recibir información de inteligencia financiera de organismos del exterior, la cual fue posteriormente analizada y complementada mediante tareas de investigación propias.

Con esos elementos, la UIF resolvió aplicar de manera preventiva el congelamiento administrativo de activos, mientras continúa la investigación sobre posibles vínculos con organizaciones delictivas internacionales. Se trata de una decisión excepcional dentro del marco normativo argentino y constituye un hecho sin antecedentes en América Latina, de acuerdo con fuentes oficiales.

El respaldo legal: Ley 27.739 y compromisos internacionales

Es la primera vez que la UIF aplica una medida de estas características desde la sanción de la Ley 27.739, aprobada en marzo de 2024, que incorporó al Código Penal argentino el delito de Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (FP). Esta norma amplió de manera sustancial las herramientas del Estado para prevenir y sancionar conductas consideradas una amenaza directa a la seguridad internacional.

La legislación se inscribe en los compromisos asumidos por la Argentina ante las Naciones Unidas, que facultan al Consejo de Seguridad a imponer sanciones obligatorias cuando se identifican amenazas a la paz y la seguridad internacionales. Entre esas sanciones, se incluyen medidas financieras restrictivas, como el congelamiento de activos y la prohibición de acceso a recursos económicos.

En paralelo, los estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) establecen que los países deben contar con sanciones financieras específicas, inmediatas y eficaces para impedir que personas o entidades vinculadas al FP utilicen el sistema financiero formal. La medida adoptada por la UIF se ajusta estrictamente a esos lineamientos.

Impacto institucional y señales al sistema financiero

Con esta decisión, la UIF fortaleció el sistema nacional de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, ampliándolo a uno de los delitos más sensibles a nivel global. El congelamiento administrativo de activos, aplicado de manera preventiva, envía una señal clara al sistema financiero, a los sujetos obligados y a la comunidad internacional sobre el endurecimiento de los controles y la tolerancia cero frente a delitos transnacionales de alto riesgo.

Desde el plano institucional, la Argentina pasa a integrar el reducido grupo de jurisdicciones que ya aplicaron medidas concretas contra el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, un fenómeno que el propio GAFI incorporó como prioridad estratégica en los últimos años.

En términos económicos y regulatorios, la decisión también refuerza la credibilidad del sistema financiero argentino, al demostrar capacidad de respuesta frente a amenazas complejas y alineamiento con los estándares internacionales, un aspecto clave en evaluaciones externas y procesos de cooperación financiera global.

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