SEGURIDAD SOCIAL

Argentina y Corea del Sur ponen en marcha el acuerdo operativo de Seguridad Social

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La Argentina dio un nuevo paso para fortalecer la protección social de los trabajadores con actividad internacional. El Gobierno oficializó la entrada en vigor del Acuerdo Administrativo para la aplicación del Convenio de Seguridad Social entre la República Argentina y la República de Corea, un instrumento que establece los procedimientos concretos para hacer operativo el tratado previsional entre ambos países.

La medida fue publicada este lunes en el Boletín Oficial por el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, en el marco de la Ley 24.080, que regula la difusión de tratados internacionales. El acuerdo entró en vigor para la Argentina el 28 de enero de 2026, tras la firma de los organismos competentes de ambos países.

Más que un trámite diplomático, la implementación del acuerdo tiene efectos prácticos para cientos de trabajadores, profesionales y empresas que desarrollan actividades entre Argentina y Corea del Sur. El objetivo es evitar que una persona deba realizar aportes previsionales simultáneamente en ambos sistemas cuando es trasladada temporalmente por su empleador o desarrolla tareas comprendidas por el convenio.

En términos concretos, el mecanismo permite coordinar la aplicación de las normas previsionales de ambos países, facilitando la certificación de la legislación aplicable, el intercambio de información entre organismos y la gestión de beneficios jubilatorios cuando una persona acumuló años de aportes en las dos jurisdicciones.

Para los trabajadores argentinos que son enviados a Corea del Sur, o para los ciudadanos coreanos que cumplen funciones en Argentina, el acuerdo brinda mayor previsibilidad jurídica y reduce costos administrativos. También representa una herramienta para proteger derechos previsionales en un contexto donde la movilidad laboral internacional crece impulsada por inversiones, tecnología, industria automotriz, energía, comercio y economía del conocimiento.

El impacto también alcanza a las empresas con operaciones binacionales. La existencia de reglas claras sobre qué sistema previsional corresponde aplicar disminuye conflictos administrativos, evita la doble imposición de contribuciones y simplifica la gestión de recursos humanos en proyectos internacionales.

La publicación oficial confirma que el acuerdo fue suscripto entre el Ministerio de Capital Humano de la República Argentina y el Ministerio de Salud y Bienestar de la República de Corea, organismos responsables de coordinar su implementación administrativa. Asimismo, establece que los textos en español, coreano e inglés poseen igual validez, aunque en caso de divergencias interpretativas prevalecerá la versión en inglés.

La entrada en vigencia de este instrumento consolida la cooperación bilateral en materia de Seguridad Social y se suma al conjunto de acuerdos internacionales que buscan garantizar la continuidad de los derechos previsionales de los trabajadores, independientemente del país donde desarrollen parte de su carrera laboral. En un escenario de creciente internacionalización del empleo y de las inversiones, este tipo de mecanismos ofrece mayor seguridad jurídica tanto para las personas como para las empresas que operan entre ambos mercados.

Acuerdo Argentina Corea del Sur by CristianMilciades

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ARCA amplía el alivio fiscal al sector salud: prestadores podrán regularizar deudas hasta el 30 de octubre

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La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) amplió el alcance del régimen especial de facilidades de pago para contribuyentes del sistema sanitario. A través de la Resolución General 5874/2026, el organismo dejó de limitar el beneficio a establecimientos con internación e incorporó al conjunto de los prestadores de salud, atendiendo un pedido formulado por la Confederación Argentina de Prestadores de Salud (CAPS).

La modificación también extiende el plazo para adherirse al programa hasta el 30 de octubre de 2026, otorgando más tiempo para que clínicas, sanatorios, centros de diagnóstico, consultorios y otros actores del sistema regularicen obligaciones vencidas al 31 de mayo de 2026.

La resolución modifica el régimen creado por la Resolución General 5858, que originalmente estaba destinado a establecimientos de salud con internación. Con el nuevo esquema, el beneficio alcanza a un universo mucho más amplio de contribuyentes vinculados a la prestación de servicios sanitarios.

El fundamento de la decisión se apoya en las dificultades económicas y financieras planteadas por las entidades representativas del sector y en la necesidad de preservar el funcionamiento de una actividad considerada de interés público.

Para ARCA, facilitar la regularización tributaria también constituye una herramienta para mejorar el cumplimiento voluntario de las obligaciones fiscales sin recurrir a procesos de ejecución o litigios.

Qué cambia para los prestadores

La norma introduce modificaciones operativas que simplifican el acceso al programa.

Los principales cambios son:

  • El régimen se amplía a todos los contribuyentes del sector salud, ya no únicamente a establecimientos con internación.
  • Se crea la caracterización “533 – Protección transitoria y Alivio Fiscal para el Sector Salud” dentro del Sistema Registral.
  • La adhesión se prorroga hasta el 30 de octubre de 2026.
  • El trámite se realiza mediante “Mis Facilidades”, utilizando el plan denominado “Plan Especial Sector Salud – Obligaciones vencidas al 31/05/2026”.

La nueva caracterización convivirá con el código 481, correspondiente a establecimientos con internación, ampliando así el universo de contribuyentes habilitados para ingresar al régimen.

Para el entramado sanitario privado, el principal efecto económico radica en la posibilidad de reordenar pasivos fiscales sin afectar de manera inmediata el flujo de fondos.

En una actividad intensiva en recursos humanos, equipamiento médico y tecnología, la regularización de obligaciones tributarias permite liberar capacidad financiera para sostener operaciones, afrontar inversiones y preservar la cadena de pagos con proveedores.

El beneficio también reduce el riesgo de medidas cautelares o restricciones derivadas del incumplimiento fiscal, un aspecto relevante para prestadores que mantienen contratos con obras sociales, empresas de medicina prepaga y organismos públicos.

La posibilidad de acceder a un plan especial de regularización contribuye a disminuir tensiones de liquidez en un sector que enfrenta elevados costos operativos y una estructura de ingresos frecuentemente condicionada por los plazos de pago de financiadores.

La ampliación del régimen refleja una estrategia de administración tributaria orientada a privilegiar la regularización antes que la ejecución fiscal. El desafío estará en medir cuántos prestadores se incorporan efectivamente al programa y si el alivio financiero logra traducirse en una mejora de la capacidad operativa del sistema de salud sin deteriorar la recaudación futura.

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ARCA flexibiliza el plan de pagos para empresas concursadas y en quiebra

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La Resolución General 5873/2026 de ARCA, que entrará en vigencia el 15 de julio de 2026, modifica el esquema vigente para facilitar la regularización de obligaciones impositivas, aduaneras y de la seguridad social, incorporando herramientas que buscan compatibilizar los procesos concursales con el cumplimiento tributario.

Para compañías que atraviesan procesos de reorganización judicial, la posibilidad de acceder a planes más extensos y con menor costo financiero puede convertirse en un elemento relevante dentro de la estrategia de recuperación, especialmente en sectores intensivos en capital de trabajo como la industria, la construcción, el transporte y algunas economías regionales.

La principal modificación consiste en una flexibilización integral de las condiciones de adhesión al régimen especial.

Entre los cambios más relevantes se destacan:

  • Planes de hasta 120 cuotas, dependiendo de la naturaleza de la deuda.
  • Tasa de financiación equivalente al 50% de la tasa de interés resarcitorio vigente, reduciendo el costo financiero respecto del esquema anterior.
  • Incorporación de deudas originadas en verificaciones tardías dentro del proceso concursal.
  • Ampliación del universo de sujetos alcanzados por el beneficio.
  • Gestión completamente digital mediante Presentaciones Digitales y el sistema Mis Facilidades.

La reducción de la tasa representa uno de los cambios de mayor impacto económico. En la práctica, disminuye el costo de refinanciar pasivos fiscales, un componente que suele condicionar la viabilidad de los acuerdos preventivos y los planes de continuidad empresaria.

Las empresas que ingresan en concurso preventivo suelen enfrentar una doble restricción: renegociar sus compromisos con acreedores privados y, simultáneamente, mantener al día las obligaciones tributarias para evitar nuevas contingencias.

Al ampliar la cantidad de cuotas y reducir el costo financiero, el nuevo régimen mejora la capacidad de estructurar planes de saneamiento con menor presión sobre el flujo de caja.

También resulta significativa la incorporación de créditos fiscales derivados de verificaciones tardías, una situación frecuente en procesos concursales complejos donde determinadas acreencias tributarias son reconocidas con posterioridad al inicio del expediente judicial.

Para empresas del NEA —donde sectores como la forestoindustria, el comercio mayorista, el transporte, la producción primaria y la construcción presentan alta dependencia del financiamiento operativo— estas herramientas pueden facilitar procesos de reorganización sin incrementar la litigiosidad fiscal.

Menor costo financiero, mayor previsibilidad

La decisión de fijar la financiación en el 50% de la tasa resarcitoria modifica uno de los principales incentivos del régimen.

Hasta ahora, muchas empresas optaban por postergar la regularización debido al elevado costo financiero acumulado durante los extensos procesos concursales. La reducción del interés busca revertir ese comportamiento incentivando acuerdos tempranos y mayor cumplimiento voluntario.

Desde la óptica de la administración tributaria, el objetivo es mejorar la recuperación de créditos fiscales sin recurrir exclusivamente a mecanismos judiciales de ejecución.

El nuevo esquema mantiene la estrategia de digitalización impulsada por ARCA.

Las solicitudes deberán canalizarse mediante Presentaciones Digitales y posteriormente formalizar los planes a través del sistema Mis Facilidades, reduciendo tiempos administrativos y centralizando la gestión documental.

Para estudios contables, síndicos concursales y asesores empresariales, la simplificación administrativa puede traducirse en una tramitación más ágil de expedientes que suelen involucrar múltiples organismos públicos.

Resolución General 5873/2026 by CristianMilciades

La eficacia del nuevo régimen dependerá de la adhesión efectiva de las empresas en concurso y de la coordinación entre ARCA, la Justicia comercial y los síndicos concursales. Si logra acelerar la regularización de pasivos fiscales sin comprometer la continuidad operativa de las compañías, el esquema podría convertirse en una herramienta relevante para reducir litigiosidad y preservar capacidad productiva en sectores que aún enfrentan restricciones financieras.

Anexo 1 Resolución General 5873/2026 by CristianMilciades

Anexo 2 Resolución General 5873/2026 by CristianMilciades

Anexo 3 Resolución General 5873/2026 by CristianMilciades

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ANSES relanza su programa de atención en empresas y organismos

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La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) actualizó el programa “ANSES Va a Tu Trabajo”, una herramienta que permite gestionar trámites previsionales y de seguridad social directamente desde empresas, organismos públicos, entidades intermedias y organizaciones del tercer sector. La modificación no implica nuevos beneficios económicos, pero sí reorganiza la estructura operativa y amplía el alcance institucional del esquema, con impacto potencial en la reducción de tiempos administrativos para empleadores y trabajadores.

La Resolución 178/2026 transfiere la administración del programa a la Coordinación de Atención a Organismos Públicos, Empresas y Entidades Intermedias, dependiente de la Dirección Central de Gestión y Soporte Operativo. La medida también actualiza los convenios de adhesión y las condiciones generales que deberán cumplir las entidades participantes.

Menos trámites presenciales, más gestión dentro de las empresas

El objetivo central del programa sigue siendo descentralizar la atención de ANSES mediante un esquema mixto, presencial y remoto, que permita iniciar consultas y trámites sin que los trabajadores deban trasladarse a oficinas del organismo. El alcance incluye no sólo a empleados en relación de dependencia, sino también a sus cónyuges, convivientes e hijos menores de 18 años.

Para las empresas, el beneficio más relevante es la posibilidad de canalizar gestiones previsionales y de seguridad social a través de representantes técnicos especialmente designados, quienes actuarán como interlocutores directos con ANSES.

Desde una perspectiva productiva, la iniciativa apunta a disminuir costos indirectos asociados a ausencias laborales por trámites presenciales, un aspecto especialmente sensible para industrias, comercios y empresas de servicios con alta dotación de personal.

Las nuevas condiciones establecen que cada entidad adherida podrá designar hasta dos representantes técnicos, encargados de gestionar consultas y trámites mediante canales digitales específicos y bajo supervisión de operadores designados por ANSES.

El organismo, por su parte, otorgará claves corporativas para acceder a información vinculada con empleados activos asociados al CUIT del empleador y pondrá a disposición operadores de enlace para acompañar los procesos administrativos.

La adhesión será evaluada según capacidad operativa de ANSES. Cantidad de empleados de la entidad solicitante. Extensión territorial de la organización. Prioridad para organismos públicos.

Para empresas con establecimientos alejados de grandes centros urbanos, la posibilidad de canalizar trámites previsionales mediante representantes internos puede traducirse en una reducción de tiempos administrativos y una mejora en la gestión documental de recursos humanos.

Sectores como la forestoindustria, la agroindustria, el comercio regional y los servicios podrían encontrar en este esquema una herramienta útil para simplificar procesos vinculados con asignaciones familiares, historia laboral, consultas previsionales y otras prestaciones administradas por ANSES.

Seguridad de la información: un eje central

La actualización incorpora exigencias específicas en materia de protección de datos personales y seguridad informática. Las entidades adheridas deberán implementar mecanismos de control de acceso, sistemas de protección de información, políticas de confidencialidad y protocolos de monitoreo de redes.

Además, el intercambio de información entre ANSES y las organizaciones se realizará mediante el Sistema Integrado de Transferencia, Almacenamiento y Control de Información (SITACI), mientras que determinados datos previsionales requerirán consentimiento expreso del titular.

La actualización del programa no modifica prestaciones ni introduce nuevos beneficios previsionales, pero fortalece un mecanismo de vinculación directa entre ANSES y el sector empleador. El indicador relevante será el nivel de adhesión que logre entre empresas privadas y entidades intermedias.

Si el esquema consigue ampliar cobertura territorial y reducir la carga administrativa para trabajadores y empleadores, podría transformarse en una herramienta de gestión laboral con impacto concreto sobre la productividad, especialmente en regiones donde el acceso físico a oficinas nacionales continúa siendo un factor de costo operativo.

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Promoción del Empleo Registrado: ARCA reglamentó el blanqueo laboral con condonación de hasta el 90% de la deuda previsional

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La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) puso en marcha la reglamentación operativa del Régimen de Promoción del Empleo Registrado (PER), creado por la Ley 27.802 de Modernización Laboral. La medida habilita a las empresas privadas a regularizar trabajadores no registrados o deficientemente registrados con una condonación de hasta el 90% de las deudas previsionales, además de planes de pago de hasta 72 cuotas para los saldos remanentes.

La resolución general 5862, publicada este jueves en el Boletín Oficial, transforma en un mecanismo concreto uno de los capítulos más relevantes de la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional. Para el sector productivo, la norma abre una ventana temporal para corregir contingencias laborales acumuladas sin enfrentar la totalidad de las cargas históricas, reduciendo significativamente el costo de formalización.

Una herramienta para reducir pasivos laborales ocultos

El régimen alcanza a relaciones laborales iniciadas hasta el 5 de marzo de 2026 y que permanezcan vigentes al momento de la adhesión. El plazo para regularizar se extenderá hasta el 28 de noviembre de 2026.

Desde la óptica empresarial, la principal novedad es la magnitud de la condonación sobre aportes y contribuciones adeudados:

  • 90% de reducción para micro y pequeñas empresas y entidades sin fines de lucro.
  • 80% para medianas empresas tramo 1 y 2.
  • 70% para el resto de los empleadores.

Además, el régimen elimina el total de la deuda vinculada al Seguro de Salud, Riesgos del Trabajo y Seguro Colectivo de Vida Obligatorio para los trabajadores regularizados.

La decisión apunta a resolver uno de los principales obstáculos para la formalización: el elevado costo acumulado de las obligaciones previsionales retroactivas, que en muchos casos termina convirtiéndose en una barrera económica para blanquear personal.

Para provincias con una fuerte presencia de pequeñas empresas familiares, cooperativas, establecimientos agroindustriales y comercios de escala reducida, como Misiones y el resto del NEA, la medida adquiere una relevancia especial.

Gran parte del empleo regional se concentra en actividades intensivas en mano de obra, donde históricamente coexistieron situaciones de informalidad parcial o registraciones deficientes vinculadas a antigüedad o remuneraciones declaradas por debajo de los ingresos reales.

Sectores como: Agroindustria, Producción forestal, Yerba mate, Té, Comercio fronterizo, Servicios turísticos, Transporte y logística, podrían encontrar en este esquema una oportunidad para regularizar personal con un costo significativamente inferior al que implicaría afrontar la totalidad de las obligaciones acumuladas.

Financiamiento accesible para completar la regularización

La resolución también reglamenta un plan especial de facilidades de pago para la deuda que no resulte condonada.

Las condiciones son diferenciadas según el tamaño de la empresa:

  • 72 cuotas y anticipo del 3% para micro y pequeñas empresas.
  • 48 cuotas y anticipo del 4% para medianas empresas.
  • 36 cuotas y anticipo del 5% para grandes empleadores.

La tasa de financiación será del 1% mensual, un costo financiero relativamente bajo en comparación con los niveles históricos de financiamiento empresarial en Argentina.

Para los tomadores de decisiones, este punto resulta central: la combinación de condonación parcial y financiamiento extendido reduce el impacto inmediato sobre la caja de las compañías que opten por regularizar personal.

La lógica económica detrás del régimen busca desplazar el enfoque sancionatorio tradicional hacia un esquema de incentivos.

La reglamentación contempla incluso situaciones detectadas mediante inspecciones laborales que aún se encuentren en discusión administrativa o judicial, permitiendo su incorporación al programa siempre que las deudas no hayan sido canceladas.

Desde el punto de vista de la gestión empresaria, esto podría contribuir a disminuir contingencias laborales futuras, mejorar la trazabilidad de las relaciones laborales y fortalecer el acceso al crédito, especialmente para empresas que requieren demostrar cumplimiento normativo ante entidades financieras o programas de promoción productiva.

Lo que deberán evaluar las empresas

La adhesión no es automática. Los empleadores deberán rectificar altas laborales, corregir fechas de ingreso o actualizar remuneraciones mediante los sistemas digitales de ARCA y presentar las declaraciones juradas correspondientes.

La disponibilidad operativa comenzará el 16 de junio de 2026, fecha desde la cual podrán iniciarse los trámites de regularización.

Para muchas pymes, la decisión pasará por comparar el costo actual del blanqueo con el riesgo potencial de mantener situaciones irregulares en un contexto donde los sistemas de fiscalización y cruce de información muestran una creciente digitalización.

La efectividad del PER no dependerá únicamente de los beneficios fiscales. El indicador clave será la capacidad de las empresas para transformar una regularización excepcional en empleo formal sostenible. En economías regionales donde la competitividad continúa condicionada por costos laborales, tributarios y logísticos, la medida puede convertirse en una herramienta relevante para reducir informalidad. El verdadero impacto se medirá a partir de cuántas pymes decidan aprovechar esta ventana antes del cierre previsto para noviembre.

Resolución General 5862 ARCA by CristianMilciades

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