Seguridad

Monteoliva impulsa un sistema unificado de información para medir la gestión en seguridad

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El Ministerio de Seguridad avanzó en la creación de un nuevo sistema de información que amplía las responsabilidades operativas de las fuerzas federales más allá del combate directo contra el delito. A partir de la Resolución 108/2026, publicada en el Boletín Oficial, cada fuerza policial y de seguridad deberá relevar, clasificar y cargar datos de su gestión en siete categorías obligatorias, que luego serán procesadas con fines estadísticos. La medida apunta a unificar criterios, mejorar la comparabilidad de la información y fortalecer la toma de decisiones, aunque también incorpora nuevas cargas administrativas para el personal operativo.

Un sistema estadístico centralizado para la gestión de la seguridad

La resolución firmada por la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, crea el Sistema de Información Estadística de las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales (SIEFFSS), que funcionará en la órbita de la Dirección Nacional de Estadística Criminal. El objetivo formal es ordenar y sistematizar la información vinculada a la gestión de la seguridad en distintos niveles, ante la falta de estándares comunes que caracterizaba hasta ahora a la provisión de datos por parte de las fuerzas.

Según se establece en la norma, el SIEFFSS deberá contener al menos siete componentes de información, cuya carga quedará a cargo de las distintas reparticiones de las fuerzas federales. Entre ellos se incluyen las intervenciones ordinarias y extraordinarias realizadas en tareas de prevención del delito, respuesta ante hechos delictivos, mantenimiento del orden público y acciones de contención o rescate. En la práctica, esto implica que cada procedimiento ejecutado por personal de seguridad federal deberá ser informado y clasificado dentro del sistema.

A ese núcleo operativo se suman otros ejes relevantes: recursos humanos disponibles y su condición actual, cantidad y tipo de incautaciones, capacidades logísticas y materiales, agentes fallecidos o heridos en servicio y cantidad de civiles abatidos y terceros damnificados en procedimientos. La amplitud de las categorías refleja un enfoque integral de la gestión, que excede la estadística criminal tradicional y abarca dimensiones operativas, humanas y materiales.

Más responsabilidades sin costo fiscal y con exigencias de resguardo

La resolución aclara que la creación del SIEFFSS no implica erogaciones para el Estado Nacional, ya que la implementación recae exclusivamente sobre las propias fuerzas de seguridad. En ese marco, cada organismo deberá adecuar sus procedimientos y normativas internas y designar un área de referencia única encargada de poner en funcionamiento el sistema.

El esquema incorpora obligaciones concretas para el personal: resguardar la información por un plazo mínimo de 20 años, establecer procedimientos específicos para la obtención y carga de datos, monitorear desvíos o errores en la información registrada y garantizar la disponibilidad periódica y oportuna de los datos. De este modo, a las tareas operativas habituales se suma una capa administrativa y técnica que busca sostener la calidad y consistencia de la información.

Hasta ahora, el Ministerio de Seguridad recibía datos producidos bajo criterios clasificatorios heterogéneos, lo que dificultaba su agregación y comparación. Ese diagnóstico quedó explicitado en la resolución, donde se señala que “el relevamiento de dicha información presenta criterios clasificatorios heterogéneos, lo cual dificulta su agregación y comparabilidad”, fundamento central para avanzar hacia un sistema unificado.

En cuanto al acceso, la norma establece que la información será confidencial y de manejo interno, aunque podrá utilizarse para presentaciones estadísticas que disponga la propia gestión, dejando en manos del Ministerio la decisión sobre su eventual difusión pública.

Seguridad, datos y territorio: el respaldo político al Plan Bandera

La creación del SIEFFSS se inscribe en un contexto de fuerte énfasis del Gobierno nacional en la gestión de la seguridad, con foco territorial en zonas críticas. En ese marco, Monteoliva mantuvo una reciente visita a Rosario, uno de los principales ejes de la estrategia libertaria en la materia, donde participó de un acto encabezado por el gobernador Maximiliano Pullaro y acompañó la entrega de nuevos vehículos a las fuerzas en el marco del Plan Bandera.

Durante esa actividad, la ministra remarcó que “Rosario y Santa Fe siguen siendo una prioridad” y sostuvo que “enero fue el mes menos violento desde la implementación del Plan Bandera”, atribuyendo los resultados a la intensificación de los operativos y a una mayor coordinación entre Nación y provincia.

En ese sentido, el nuevo sistema estadístico aparece como una herramienta complementaria: ordenar datos, medir resultados y sostener con información la narrativa de gestión en un área políticamente sensible. Al mismo tiempo, abre interrogantes sobre el impacto operativo de sumar tareas de carga y control de información a fuerzas que ya enfrentan una alta demanda en el territorio.

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El 65 % de las empresas apuesta por más tecnología para fortalecer su seguridad

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Con las vacaciones, los hogares, al quedar inusualmente vacíos, se vuelven blancos fáciles para la delincuencia, mientras que las empresas afrontan un aumento en crímenes cada vez más sofisticados impulsados por la efervescencia en la actividad comercial. 

Durante el período de vacaciones, incrementa la vulnerabilidad corporativa. Los líderes de seguridad deben salvaguardar activos, maquinaria e información sensible ante la “desaceleración” de actividades, protegiendo también a colaboradores. Los riesgos incluyen desde crímenes físicos (robos, vandalismo), accidentes, emergencias naturales y hasta ciberdelitos (como la extorsión, el fraude o el ransomware), que buscan colapsar operaciones y exigir rescates.

Proteger a las personas, la propiedad y los lugares se posiciona como una prioridad para todo empresario que necesita asegurar la continuidad del negocio. No sorprende que el sector de la seguridad privada, según analistas, haya logrado un “crecimiento explosivo” en su valoración proyectada del mercado de seguridad física que podría superar los $16 mil millones de dólares para 2030 en América Latina. La inversión en seguridad se consolida como un pilar para la continuidad del negocio y se convierte en una inversión esencial, impulsada por un aliado clave: la tecnología.

Ante esto, la prevención y la anticipación son el camino a seguir. La columna vertebral es la comunicación instantánea y clara. Soluciones como la próxima generación de radios, que cuentan con interoperabilidad y supresión de ruido asistida por inteligencia artificial (IA), permiten que un mensaje de emergencia en un ambiente ruidoso (por ejemplo, un aeropuerto o un almacén) se reciba con total nitidez. Esta confiabilidad es crítica cuando cada segundo cuenta para neutralizar amenazas.

En este ecosistema tecnológico, las cámaras corporales (body cameras) también ocupan un lugar particularmente relevante. Si bien ayudan a fomentar el comportamiento apropiado tanto de individuos como de guardias, reducen conflictos y facilitan la reconstrucción fáctica de los eventos. En sectores como el retail, la seguridad bancaria, los eventos masivos o en la protección de infraestructura crítica, su uso contribuye a reducir pérdidas, apoyar decisiones operacionales y fortalecer la confianza con clientes, comunidad y autoridades.

Asimismo, los sistemas de videoseguridad inteligente y administración unificada (video management software o VMS) integran analíticas de IA que permiten procesar miles de horas de video ininterrumpidamente, alertando solo ante anomalías reales. Esto transforma el rol de los analistas de video en elementos proactivos y estratégicos, eliminando las limitaciones humanas (como fatiga visual o distracción) y acelera drásticamente el tiempo de respuesta y la mitigación de pérdidas.

Hoy en día, es posible que todas estas tecnologías se integren. Por ejemplo, los sensores de intrusión pueden enviar una alerta directa y silenciosa al radio del guardia, convirtiendo el dispositivo de comunicación en un centro de control del Internet de las Cosas (IoT). Esto permite al personal tomar medidas inmediatas y activar protocolos como el bloqueo de accesos o la alerta a las autoridades de manera coordinada.

Sin duda, la temporada de vacaciones es un momento para capitalizar la alta demanda comercial; sin embargo, también representa un pico de riesgo que ninguna compañía puede ignorar. Invertir en soluciones tecnológicas enfocadas en seguridad que promuevan la comunicación clara, herramientas ágiles para la comunicación segura, administración remota, video inteligente y la integración total con los dispositivos de la empresa no es solo una medida de precaución; es una declaración de resiliencia hacia el futuro.

Priorizar la continuidad operativa con tecnología hoy, mientras el mundo celebra, permitirá a su negocio mantenerse seguro y listo para competir en el nuevo año, y, por qué no, evolucionar el rol del guardia de seguridad de un vigía a agente empoderado por la tecnología para lograr una mejor y más rápida toma de decisiones y acciones.

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El Gobierno incorporó la baja de la edad de imputabilidad al temario de las sesiones extraordinarias

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El Poder Ejecutivo amplió formalmente el temario de las sesiones extraordinarias del Congreso para habilitar el tratamiento del Régimen Penal Juvenil. La decisión quedó plasmada en el Decreto 53/2026, publicado en el Boletín Oficial el 27 de enero de 2026, y establece que, a partir del 2 de febrero, el Parlamento podrá debatir los proyectos vinculados a la baja de la edad de imputabilidad, hoy fijada en 16 años. La medida ordena el marco institucional para un debate que el Presidente había anticipado horas antes en Mar del Plata, con fuerte impacto político y social.

El decreto, firmado por el Presidente y por Manuel Adorni, amplía el alcance de las sesiones extraordinarias convocadas bajo las facultades de los artículos 63 y 99, inciso 9, de la Constitución Nacional, y formaliza un eje central de la agenda de seguridad y justicia del Gobierno.

Marco legal y alcance del Decreto 53/2026

El texto normativo es breve y preciso. En su Artículo 1°, dispone: “Inclúyese en el temario a tratar por el H. Congreso de la Nación, durante el período de Sesiones Extraordinarias convocadas a partir del 2 de febrero de 2026, la consideración de los Proyectos de Ley vinculados al Régimen Penal Juvenil”. El Artículo 2° ordena su publicación y archivo.

La ampliación del temario resulta clave desde el punto de vista institucional: sin esta inclusión expresa, el Congreso no podía abordar el tema durante el período extraordinario. Con el decreto, el Ejecutivo habilita el debate legislativo y traslada la discusión al ámbito parlamentario, donde deberán definirse los alcances, consensos y eventuales modificaciones al régimen vigente.

Antecedentes, fundamentos y señal política

La iniciativa apunta a modificar el régimen actual, vigente desde la última dictadura militar, que establece en 16 años el piso de punibilidad. El proyecto que el Ejecutivo prevé enviar —impulsado por las áreas de Seguridad y Justicia— propone reducir esa edad para permitir que menores que cometan delitos graves puedan ser juzgados y condenados bajo un nuevo esquema penal juvenil.

El decreto llega pocas horas después de un anuncio político realizado en Mar del Plata, donde el Presidente sintetizó el enfoque del Gobierno con una consigna que busca marcar rumbo: “En Argentina el que las hace las paga; delito de adulto, pena de adulto”. Esa definición discursiva encuentra ahora respaldo jurídico-administrativo, al abrir formalmente el debate legislativo.

Repercusiones y escenarios de debate

La inclusión del tema en extraordinarias anticipa un debate de alto voltaje político e institucional. Por un lado, coloca a la seguridad y al sistema penal juvenil en el centro de la agenda parlamentaria del inicio de 2026. Por otro, reabre una discusión histórica sobre responsabilidad penal, derechos de los menores y eficacia del sistema de justicia.

El tratamiento en el Congreso permitirá medir alineamientos, resistencias y posibles consensos, además de definir si la reforma avanza durante el período extraordinario o si queda sujeta a un debate más prolongado. En términos prácticos, el decreto no modifica por sí mismo el régimen vigente, pero habilita el escenario para una discusión que puede derivar en un cambio estructural del marco penal juvenil en la Argentina.

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Urge nacionalizar las Fuerzas Armadas, tercera parte

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Fuerzas de Defensa o tropas de ocupación al servicio de la antipatria

Desde la revolución fusiladora hasta el “proceso”.

El muy cruento golpe de Estado de 1955, tuvo al menos dos prolegómenos, que anunciaban las fuertes reacciones de sectores de las FFAA muy vinculados o cooptados por la oligarquía tradicional, la cual a su vez históricamente muestra marcada afinidad, rayana en la subordinación explícita, respecto a los mandatos emanados del Reino Unido; y subordinación total a EEUU en las últimas décadas.

En 1951 el General Benjamín Menéndez lideró un alzamiento, que fue rápidamente sofocado.

En junio de 1955, aviones de la Marina, secundados por algunos de la Fuerza Aérea, perpetraron el vergonzoso bombardeo de Plaza de Mayo, en el cual masacraron con alevosía al propio pueblo, provocando numerosas muertes, mutilados y heridos; incluyendo un impacto directo en un ómnibus que llevaba escolares, falleciendo todos ellos.

Posiblemente en la Historia Mundial no se registre otra acción de similar cobardía, crueldad y desprecio por el propio pueblo, como lo hicieron en ese vergonzoso bautismo de fuego esos pilotos y sus apoyaturas en sus bases.

Uno de los aviones atacantes fue tripulado por un civil -Zavala Ortiz-, quien después sería ministro del gobierno radical de Illia, y personaje relevante en los largos períodos de gobiernos pretorianos y los de “democracia condicionada” por la exclusión del peronismo.

Hubo aviones leales al gobierno, que dilataron y seguramente hicieron abortar más oleadas de bombardeos a Buenos Aires. Cobró relevancia el accionar del piloto leal Ernesto “Muñeco” Adradas, quien enfrentó a los agresores, logrando el derribo de uno de los bombarderos genocidas.

Ese deleznable accionar por parte de sectores de las Fuerzas Armadas, rápidamente fue minimizado y luego ocultado, para desconocimiento programado de las siguientes generaciones de argentinos.

En setiembre de 1955 se dio el golpe de Estado, auto denominado por los perpetradores, como la Revolución Libertadora, el cual tuvo en la Marina un rol preponderante.

Como se había detectado que el alzamiento era muy probable, las naves de la Marina fueron dejadas sin municiones y con escaso combustible.

Pero en alta mar, las naves insurrectas fueron abastecidas por la Royal Navy, de combustible y municiones. Prueba irrefutable del accionar intervencionista de la marina imperial. Circuló la versión que Churchill festejó el derrocamiento de Perón.

Un alevoso atentado contra el patrimonio y la dignidad nacional, fue el bombardeo por parte de buques insurrectos, contra los depósitos de combustibles en Mar Del Plata; y la amenaza principal de los alzados era destruir la refinería de La Plata, de enorme importancia para Argentina, siendo por esos años la mayor de Sudamérica.

Esos hechos son demostrativos del nulo patriotismo puesto en evidencia por los instigadores y perpetradores del golpe de Estado.

En cuanto a las motivaciones sociales de los golpistas, cabe recordar que el Contraalmirante Arturo Rial expresó las retrógradas intenciones de abortar toda movilidad social ascendente, con su vergonzosa opinión cargada de clasismo: “sepan ustedes que la Revolución Libertadora se hizo para que, en este bendito país, el hijo del barrendero muera barrendero”.

Claramente, ese deleznable pensamiento, está en línea con las ideas fuertemente clasistas, no exentas de dosis de racismo, de la oligarquía tradicional, como también coinciden con el cerrado anti industrialismo practicado por los usurpadores del poder formal.

Apenas perpetrado el golpe de Estado de 1955, dentro de las FFAA se practicó una fuerte exclusión de todos sus integrantes que mostraran afinidades con el sector Nacional y Popular, y en particular, del peronismo. Los uniformados identificados con el peronismo, fueron expulsados de Las Fuerzas, y muchos de ellos soportaron encarcelamientos y malos tratos.

Cabe considerar que “la fusiladora” marcó el inicio informal pero muy claro, del “partido militar liberal”, el cual define en forma excluyente el “pensamiento militarmente correcto” establecido cuan dogma indiscutido de fe, para los uniformados.

1955 significó el comienzo de la proscripción del peronismo, por 18 largos años, en los que hubo gobiernos militares, y civiles de “democracias condicionadas” bajo la sombra omnipresente del poder pretoriano, de crudo perfil “gorila”, concepto que define al visceral antiperonismo violento. Todo eso con los apoyos de la oligarquía tradicional y sectores afines.

Fueron 18 años de imposición forzosa casi ininterrumpida del poder político – económico liberal, doctrina que es un poderoso instrumento de sumisión a los grandes poderes financieros transnacionales.

En 1956 un levantamiento cívico militar de clara orientación nacionalista, fue duramente reprimido, fusilándose al General Juan José Valle, al Teniente Coronel Lorenzo Cogorno, y perpetrándose fusilamientos masivos en Lanús y en los basurales de José León Suárez.

Una anécdota que muestra el grado de soberbia y miserabilidad de los usurpadores del poder, fue la negativa del presidente de facto Aramburu, a recibir a la esposa del General Valle, quien previsiblemente quería pedir clemencia. El guardia que impidió el paso a la dama, tuvo la excusa de “el general está durmiendo”. Aramburu no tuvo el coraje ni la dignidad de recibir a esa dama.

Ese gobierno, de Aramburu e Isaac Rojas, con el beneplácito de la Sociedad Rural y otros entes empresarios ultra conservadores, aplicó medidas económicas anti industriales, buscando volver al inviable país granja de años del Centenario.

Cancelaron líneas de producción de automotores, que eran producidos por el complejo industrial estatal radicado en Córdoba. En los hechos maltrataron a la empresa Mercedes Benz, que iba a concretar una importante inversión para producir camiones y ómnibus, la cual esa empresa desvió hacia Brasil, de donde importaríamos después los vehículos que deberían haber sido de industria argentina.

La empresa IKA, creada poco antes del golpe de 1955, no habría tenido mayores inconvenientes, presumiblemente por ser parte de su capital de propiedad de la empresa norteamericana Kaiser, y por esos años los sectores ultra conservadores de Argentina, mostraban mutar de la alineación subordinada al Reino Unido, volcándose hacia el poder de EEUU.

En 1958 hubo elecciones, que ganó Arturo Frondizi, creando un partido que se desprendió del tronco del radicalismo “ortodoxo”, llamado UCRI.

Hubo un pacto entre Perón y Frondizi, por medio de sus delegados A. Jauretche y R. Frigerio, por el cual el proscripto peronismo dio sus votos al que sería nuevo presidente. Pero Frondizi no cumplió, al no aplicar una política económica similar a la vigente en el período peronista. Con ello, Frondizi quedó careciente de apoyatura política, siendo permanentemente jaqueado por planteos militares de clara catadura “gorila”, a lo que se añadía la fuerte oposición del radicalismo tradicional.

Un nuevo golpe militar, en 1962, derribó al frondizismo, antes de cumplir cuatro años en el gobierno. Fue otro golpe de Estado claramente vengativo, encarcelando sin probar delitos o con procesos manipulados, tanto a Frondizi como a diversos otros funcionarios, a lo ancho y largo del país.

Pese a esas limitaciones de poder político real, Frondizi dio fuerte impulso a la producción petrolera, alcanzando el autoabastecimiento (que se perdería poco después), y dio muy fuerte impulso a la industria automotriz y a la producción de tractores, cuyos efectos positivos permanecieron, pese a sucesivos gobiernos de orientación liberal.

Cabe señalar que entre 1957 y 1960, con muy poca difusión, hubo instructores de las Fuerzas Armadas de Francia, “capacitando” a sus pares locales, en técnicas de “interrogatorios forzosos”, con las metodologías aplicadas en Argelia, cuando los franceses intentaron impedir la independencia del país norafricano.

Alrededor de 1960, probablemente con el activo accionar del “General de empresa” Alcides López Aufranc (por varios años gestionó Acindar), impulsor de cambios acentuados en las FFAA, la Doctrina de la Defensa Nacional dejó de ser prioritaria, poniendo en su lugar a la doctrina de la seguridad nacional, cuya excluyente prioridad es defender al sistema, cuyos enemigos son -en esa visión particular-, el comunismo y la subversión.

Ese profundo cambio de objetivos básicos de las FFAA, se complementó para peor, con los muy escasos o nulos conocimientos de Geopolítica, Historia y Economía, impartidos en los Institutos de Formación Militar. Eso dio lugar a aberraciones, como la de “sentirse consustanciados totales” (subordinados explícitos) a EEUU y al bloque “libre, occidental y cristiano” (que no es ni libre, ni occidental ni menos aun cristiano).

Preludiando mayor violencia, se estaban gestando grupos guerrilleros, que provocaron atentados e intentos de establecer “focos liberados” (teoría foquista, de Regis Debray); y todo eso llevaría a los años de violencia exacerbada, en un contexto similar a una guerra civil, cuyo objetivo último era destruir los notables avances logrados por Argentina desde 1946 en adelante, según la clara definición del británico Harry S. Ferns. Los odios profundos que produjo todo eso, lamentablemente perduran.

En 1963 se volvió a convocar a elecciones, con las que llegó a la presidencia Arturo Umberto Illia, de la UCRP (radicalismo “ortodoxo”), con muy bajo porcentaje de votos, pues Perón dio instrucciones a sus partidarios, de votar en blanco.

Sin dejar de lado que el gobierno de Illia fue otro de “democracia condicionada” por la proscripción del peronismo, se le atribuyen méritos destacables, como la honestidad, prolijidad de sus acciones, logrando crecimiento económico. Pero incluyó personajes muy discutibles, como Zavala Ortiz.

Illia fue depuesto por otro golpe de Estado, esta vez encabezado por el General Onganía, en 1966, comenzando otro período militar, inicialmente pensado para retener el poder por largo tiempo. Pero los alzamientos populares, en particular el Cordobazo (1969), produjeron cambios, entre ellos dos sucesivos reemplazos presidenciales, con los Generales Levingston y Lanusse, en el cargo.

En 1973, Lanusse se vio forzado a llamar a elecciones sin proscripciones, con lo cual el peronismo se impuso por amplio margen.

Cabe precisar que el gobierno de la autodenominada Revolución Argentina, se diferenció claramente de las asonadas militares de 1955 y de 1976, pues a diferencia de ellas, no aplicó excluyentes políticas de liberalismo económico, posiblemente por las influencias de personalidades identificadas con el Pensamiento Nacional, como el economista Aldo Ferrer, y el especialista en Geopolítica General J.E. Guglialmelli, los que habrían neutralizado en buena parte el accionar liberal que tenía a Krieger Vasena como su exponente más visible.

Caben destacar las fuertes inversiones en grandes obras públicas, como caminos; el Complejo Hidroeléctrico Chocón – Cerros Colorados; el llamado Plan Europa, para reequipar a las Fuerzas Armadas y de Seguridad, con fuertes inversiones en equipamientos producidos acá, y los desarrollos locales de materiales de defensa, como los aviones Pucará; y también los fuertes impulsos a la industria y a los entes tecnológicos, en particular el nuclear, comenzándose Atucha 1. Muy diferente a las destrucciones del sistema neoliberal que perpetraría el “proceso”, siguiente golpe de Estado, que se dio después del interregno del Tercer Gobierno Peronista.

Hubo tres presidencias, en el tercer período presidencial peronista; de Cámpora, Perón, y María Estela Martínez de Perón.

Los indicadores económicos y sociales fueron buenos, continuando el desarrollo. La desocupación era considerada “friccional” (no era crónica ni grave), del orden del 4 %, y el PBI aumentaba, oscilando en el 4 % anual acumulativo.

Pero a los serios problemas que ocasionaba el accionar violento de las extremas izquierdas (siempre funcionales a los sectores antinacionales), se agregaban las tareas de zapa para crear descontento general, buscado eso por los sectores oligárquicos antinacionales.

Fallecido Perón el 01/07/74, hubo claramente un vacío de poder. Antes de transcurridos dos años, se perpetró otro golpe de Estado, el cual tuvo desastrosas consecuencias, al meternos a punta de bayonetas, en el perverso sistema socio económico neoliberal; de lo cual aún hoy, la mayoría de los uniformados no tienen ni idea, a consecuencia del cerrado adoctrinamiento antinacional, con ignorancias casi totales en Historia, Economía y Geopolítica, que sigue vigente.

Se ampliará el tema en la cuarta parte.

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Un agricultor intentó escaparse de un control vial con más de 193 kilos de marihuana

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En la ciudad de San Vicente, los funcionarios realizaban controles viales y efectuaron las señalizaciones de detención al conductor de un vehículo particular.

El ciudadano aceleró la marcha y emprendió una huida, trasponiendo el dispositivo de la Fuerza.

Se decomisó 300 paquetes rectangulares que contenían la sustancia vegetal, dinero en efectivo y elementos importantes para la causa, como así también se detuvo al involucrado por el tráfico de estupefacientes.

Ayer, sobre la Ruta Nacional N° 14 a la altura del kilómetro 977, los integrantes del Escuadrón 49 “San Vicente” llevaron a cabo las señales de tránsito para que el chofer de un vehículo Chevrolet Corsa disminuyera la velocidad y se detuviera sobre la banquina, pero el mismo hizo caso omiso y aceleró la marcha, trasponiendo el dispositivo de la Fuerza.

Ante ello, los uniformados iniciaron un seguimiento controlado y lograron interceptar el automóvil en cercanías a la rotonda de acceso a la ciudad de San Vicente, donde solicitaron que el sospechoso descendiera del rodado.

Se procedió a registrar la documentación del hombre, quien se trataría de un agricultor procedente de la localidad misionera de San Pedro. Luego, en presencia de testigos, los gendarmes inspeccionaron el interior del vehículo y descubrieron que estaba cargado con 20 bultos, los cuales acondicionaba 300 ladrillos que emanaba un fuerte olor a marihuana.

Las pruebas de campo Narcotest confirmaron la existencia de 193 kilos 880 gramos de cannabis sativa.

Intervinieron en este operativo, el Juzgado Federal y la Fiscalía Federal de Oberá, que dispusieron el labrado de las actuaciones como así también la incautación de la droga, dinero en efectivo y demás elementos de interés para la causa. Mientras que, el involucrado quedó detenido en infracción a la Ley 23.737.

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