Seguridad

Presupuesto 2026: Misiones sostiene la inversión social y en la economía del conocimiento

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Este lunes comenzará el análisis del Presupuesto 2026 diseñado por el gobernador Hugo Passalacqua, que prevé recursos por más de 4,09 billones de pesos, lo que representa un incremento del 31,7 % respecto al ejercicio vigente. El texto mantiene la impronta de fuerte inversión social, con prioridad en educación, salud y programas de bienestar, al tiempo que incorpora nuevos instrumentos fiscales y de financiamiento para sostener la innovación y la actividad productiva.

El proyecto reivindica un “Estado Suficiente” que prioriza la inversión social y busca articular con el sector privado para amortiguar las asimetrías macro (tipo de cambio y frontera) y sostener actividad y empleo. Su rasgo distintivo es el alto sesgo social (69,17%) y la bajísima carga de deuda (0,34%), lo que otorga margen de maniobra para reasignar recursos hacia salud, educación y protección social.

La contracara es la marcada retracción del Estado nacional: el mensaje enumera la eliminación de aportes ANSES a la caja previsional provincial, FONID, programas de salud (Protección de Población Vulnerable ante Enfermedades Crónicas No Transmisibles, REDES), Fondo Compensador del Transporte, y parálisis/recorte de obras nacionales (inclusive sobre rutas nacionales) tras la eliminación de la Dirección Nacional de Vialidad. Este faltante ya generó perjuicios y, en algunos casos, debe ser suplido con fondos provinciales.

Función / Área2025 (en $)2026 (en $)Variación %
Apoyo a Municipios240.511.292.000307.068.437.000+27,7 %
Administración General76.349.541.000101.116.267.000+32,4 %
Seguridad225.332.164.000306.473.472+36,0 %
Salud732.440.356.0001.009.979.707.000+37,8 %
Bienestar Social653.211.733.000799.993.064.000+22,5 %
Cultura y Educación747.165.504.0001.021.072.661.000+36,6 %
Desarrollo de la Economía295.979.751.000349.392.230.000+18,0 %
Deuda Pública5.360.531.0004.861.431.000-9,3 %
Total del Presupuesto3.107.874.111.0004.092.995.715.000+31,7 %

Los recursos asignados a Salud alcanzarán los 1.009.979.707 pesos, con un aumento del 37,8 % interanual. Se establece además un mecanismo específico: el Poder Ejecutivo queda autorizado a destinar 135 pesos por mes por habitante para garantizar la atención primaria, con la posibilidad de articular con municipios e instituciones locales.

En Cultura y Educación, el presupuesto trepa a 1.021.072.661 pesos (+36,6 %). Allí se crea el Fondo de Financiamiento Educativo Provincial, con recursos de la coparticipación federal, que tendrá como fin sostener una educación de calidad y en condiciones equitativas.

En Seguridad, la previsión es de 306.473.472 pesos, un 36 % más que en 2025, reforzando el equipamiento y la operatividad de las fuerzas.

El área de Bienestar Social dispondrá de 799.993.064 pesos, con un aumento del 22,5 %. A esto se suma la continuidad del Programa Hambre Cero, que contará con un presupuesto específico de 5.391 millones de pesos distribuidos entre diferentes jurisdicciones del Estado provincial.

El texto también prorroga hasta diciembre de 2027 la emergencia alimentaria, y hasta diciembre de 2026 la suspensión de desalojos y remates para viviendas únicas y predios de producción agropecuaria familiar.

Una de las novedades es la autorización para que el Ejecutivo impulse un programa de promoción de la Economía del Conocimiento, destinado a fomentar startups y empresas que utilicen tecnología y digitalización. Se contemplan beneficios impositivos y subsidios para la radicación en parques industriales, con financiamiento adicional a través de fideicomisos alimentados por recursos ambientales e hídricos.

En paralelo, se habilita al Ministerio de Hacienda a realizar inversiones transitorias de fondos ociosos y a constituir mecanismos de crédito orientados a fortalecer la infraestructura productiva.

Disciplina fiscal y deuda

El Presupuesto prevé una reducción del 9,3 % en el servicio de la deuda pública, que se ubica en 4.861.431 pesos. El texto faculta al Ejecutivo a restructurar compromisos y renegociar pasivos, incluyendo la posibilidad de diferir vencimientos de los Certificados de Cancelación de Deudas (CEMIS) hasta 2028.

Asimismo, se autoriza la contratación de créditos públicos por hasta 100 millones de dólares, destinados a obras de saneamiento, vialidad, energía y equipamiento productivo en municipios.

El proyecto ratifica un límite en las remuneraciones de la administración: ningún funcionario o empleado podrá percibir un salario superior al 90 % de lo que cobra un ministro del Poder Ejecutivo. En el caso de jubilaciones y haberes previsionales, se fija un máximo del 82 % del sueldo del Contador General de la Provincia.

Una hoja de ruta política

En contraste con la política nacional de ajuste que impacta con fuerza en áreas sociales sensibles —con recortes en educación, salud y transferencias a las provincias—, el Presupuesto 2026 de Misiones refuerza la inversión en esos mismos sectores. Mientras el Gobierno central concentra su estrategia fiscal en la reducción del gasto público, la administración provincial busca blindar los recursos destinados a escuelas, hospitales y programas sociales, sosteniendo un modelo de desarrollo con fuerte anclaje territorial y con el objetivo de garantizar equidad en un escenario económico adverso.

Con este esquema, el Ejecutivo provincial apunta a consolidar un presupuesto con fuerte anclaje social, disciplina fiscal y proyección estratégica en áreas claves como educación, salud y la economía del conocimiento. Al mismo tiempo, busca garantizar sustentabilidad financiera en un contexto nacional de incertidumbre y ajuste, reforzando la autonomía de la provincia en materia de gestión y financiamiento.

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Paraguay y Estados Unidos fortalecen cooperación en ciberdefensa y seguridad fluvial

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El presidente de Paraguay, Santiago Peña, recibió este sábado en el Palacio de Gobierno al comandante del Comando Sur de Estados Unidos, general Alvin Holsey, en un acto que consolidó la asociación estratégica bilateral en materia de defensa y seguridad. Durante la ceremonia, el mandatario condecoró al alto oficial estadounidense con la Orden del Mérito de las Fuerzas Militares “Gral. Bernardino Caballero”, máxima distinción militar del país, en reconocimiento a su apoyo permanente a las instituciones paraguayas.

La visita del jefe del Comando Sur se inscribe en un marco de 165 años de relaciones diplomáticas entre Paraguay y Estados Unidos. El presidente Peña subrayó que la alianza trasciende los intereses coyunturales y se apoya en valores compartidos como la igualdad, la libertad y los derechos humanos, con un fuerte componente de raíz cristiana.

“Esta ceremonia refleja la solidez de los vínculos históricos que nos unen y la visión compartida de un continente más integrado y seguro”, expresó Peña, destacando que la cooperación en defensa y seguridad constituye un eje central en la relación bilateral.

El mandatario señaló que el Comando Sur se consolidó como aliado estratégico en defensa, asistencia humanitaria y capacitación, lo que permitió fortalecer las instituciones paraguayas y ampliar su capacidad operativa en situaciones críticas.

Seguridad fluvial y ciberdefensa, ejes de cooperación

En su discurso, el general Holsey enfatizó que la cooperación se basa en respeto mutuo, confianza y estrecha amistad, factores esenciales para garantizar seguridad, estabilidad y prosperidad en la región.

El jefe del Comando Sur detalló algunos de los programas conjuntos:

  • Resiliencia en seguridad fluvial: destinado a desarrollar capacidades para interdicciones en vías navegables, claves en la lucha contra el contrabando y el narcotráfico.
  • Ciberseguridad: instalación de centros de operaciones para contrarrestar amenazas digitales.
  • Capacidades especiales: orientadas a enfrentar organizaciones criminales transnacionales que operan en el Cono Sur.

Holsey remarcó que “las relaciones entre nuestras naciones y fuerzas armadas se basan no solo en la cultura, la historia y la economía, sino también en la confianza mutua. Esa confianza es la base de nuestro compromiso con el mantenimiento y la expansión de la democracia y sus valores fundamentales”.

Impacto geopolítico en la región y para Misiones

La visita tiene un alcance más amplio que la relación bilateral: Paraguay refuerza su papel como socio estratégico de Estados Unidos en el Cono Sur, en un contexto de crecientes disputas por la influencia regional en materia de seguridad, energía y recursos naturales.

Para la provincia de Misiones, fronteriza con Paraguay y parte del corredor del Paraná, el fortalecimiento de las capacidades paraguayas en seguridad fluvial y ciberdefensa puede derivar en efectos colaterales positivos en materia de control de fronteras y combate al crimen organizado.

Analistas regionales destacan que el encuentro en Asunción reafirma el rol de Paraguay como pivote estratégico en el esquema de seguridad hemisférica de Estados Unidos, en contraposición a la influencia de otros actores globales en América Latina.

De cara a los próximos años, la asociación estratégica entre Paraguay y Estados Unidos podría profundizarse en entrenamiento militar, intercambio tecnológico y operaciones conjuntas en la Hidrovía Paraná-Paraguay, un corredor logístico clave para el comercio regional.

El desafío será equilibrar esta cooperación con los intereses internos y la dinámica política regional, donde conviven proyectos de integración latinoamericana con alianzas bilaterales de fuerte impronta geopolítica.

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Prefectura secuestró un cargamento de fentanilo proveniente de Paraguay

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En un operativo conjunto, personal de la Prefectura Naval Argentina y del Grupo Operativo Conjunto de Lucha contra el Narcotráfico del Noreste Argentino (GOC-NEA) impidió el ingreso ilegal de ampollas de fentanilo en la ciudad de Posadas, Misiones.

El procedimiento se inició cuando efectivos de la Prefectura realizaban tareas de vigilancia nocturna y detectaron, a través de visores especiales, el cruce de una embarcación proveniente del Paraguay que, tras arribar a la costa argentina en la zona conocida como “Costero de Gurapá”, retornó a su país de origen.

Ante la presunción de encontrarse frente a un hecho delictivo, personal de la Autoridad Marítima nacional, acompañado por integrantes del GOC-NEA, se dirigió al lugar y halló un bulto abandonado en la ribera.

Como resultado de la requisa, se decomisaron 300 ampollas de vidrio de fentanilo de 0.05 mg/ml, de solución inyectable, rotuladas con la leyenda “Prinosil”.

El cargamento, cuyo valor supera los 60 millones de pesos, quedó secuestrado por orden de la Fiscalía Federal N° 2 de la Ciudad de Posadas a cargo de la Dra. Silvina Flavia Gutiérrez.

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Bienes del narcotráfico y delitos federales financiarán programas sociales y de seguridad

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El Gobierno crea un nuevo régimen para administrar bienes incautados al crimen organizado y destinar recursos a programas sociales y de seguridad

Entra en vigencia el Decreto 575/2025, que centraliza en el Ministerio de Justicia la gestión de bienes decomisados en causas federales y de extinción de dominio, con un Consejo interinstitucional para garantizar transparencia y uso social.

El Poder Ejecutivo Nacional puso en marcha, desde el 12 de agosto de 2025, el Régimen de Conservación, Administración y Disposición de Bienes Provenientes de Actividad Ilícita Cautelados y Recuperados en procesos penales de competencia nacional y federal y de extinción de dominio. La medida, publicada en el Boletín Oficial mediante el Decreto N° 575/2025, otorga al Ministerio de Justicia la autoridad principal para administrar estos bienes, función que antes estaba bajo la órbita de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE).

El cambio se fundamenta en la necesidad de agilizar, transparentar y potenciar el uso social de los activos decomisados, en un contexto de creciente complejidad del crimen organizado. Según el texto oficial, el objetivo es “frenar el poder económico de las organizaciones ilícitas y garantizar que los recursos mal habidos se reintegren a la sociedad”.

Consejo de Bienes Recuperados: composición y funciones

El Consejo de Bienes Recuperados en Favor del Estado Nacional será el órgano colegiado encargado de coordinar la asignación, uso y control de los bienes incautados. Funcionará bajo la presidencia del Ministerio de Justicia y sesionará al menos una vez cada tres meses.

Estará integrado por siete representantes:

  • Un delegado de la Autoridad de Aplicación del régimen.
  • Un representante del Poder Judicial de la Nación (designado por el Consejo de la Magistratura).
  • Un representante del Ministerio de Seguridad.
  • Un delegado del Ministerio Público Fiscal.
  • Un representante del Ministerio Público de la Defensa.
  • Un miembro de la Unidad de Información Financiera (UIF).
  • Un representante de la SEDRONAR, dependiente del Ministerio de Salud.

Entre sus funciones destacadas se incluyen: resolver solicitudes de asignación de bienes, evaluar proyectos y permisos de uso precario por parte de ONG, supervisar la distribución del producido de las ventas, aprobar protocolos de buenas prácticas y proponer modificaciones al régimen vigente. Las decisiones se tomarán por mayoría simple, con voto de desempate del presidente.

Financiamiento y destino de los recursos

El decreto establece que la AABE solo podrá utilizar recursos asignados por el Presupuesto Nacional, leyes especiales, donaciones, aportes no reembolsables, intereses de fondos propios y un porcentaje por enajenación o aranceles que no podrá superar el 5% del valor del bien.

En cuanto al destino, en casos de delitos como trata de personas, explotación sexual o laboral y lavado de activos, los fondos provenientes de la venta o explotación de los bienes se dirigirán a programas de asistencia a las víctimas y al refuerzo de la lucha contra el narcotráfico. Asimismo, se modificó el esquema de financiamiento de la UIF, que podrá recibir recursos de multas y de la administración de bienes incautados, además de partidas presupuestarias.

Hasta ahora, la administración de estos activos estaba en manos de la AABE, pero el Gobierno argumenta que el incremento en el volumen y valor de los bienes incautados —vehículos de alta gama, inmuebles, embarcaciones, aeronaves y sumas millonarias— exige una gestión especializada y coordinada con el sistema judicial y los organismos de seguridad.

La creación del Consejo y el cambio de jurisdicción responden a experiencias internacionales en las que la reutilización de bienes del crimen organizado se ha convertido en una herramienta clave para financiar políticas de seguridad y reparación social.

El Gobierno proyecta que el nuevo esquema permitirá acortar los tiempos entre el decomiso y la reasignación de los bienes, evitando su deterioro y pérdida de valor. También se busca incrementar el volumen de recursos que se reinvierten en políticas públicas, mejorando la trazabilidad y control del proceso.

Sin embargo, especialistas en derecho penal y gestión pública advierten que el éxito del régimen dependerá de la capacidad de coordinación interinstitucional, la rapidez en la resolución judicial de las causas y la transparencia en la distribución de los activos.

En los próximos meses, el Ministerio de Justicia deberá dictar la reglamentación complementaria, establecer los protocolos operativos y convocar la primera reunión del Consejo de Bienes Recuperados. Se espera además la publicación de los primeros informes públicos sobre inventario, valuación y destino de los bienes bajo este nuevo régimen.

De avanzar según lo previsto, la medida podría convertirse en una herramienta estratégica contra el crimen organizado, debilitando su base económica y fortaleciendo el financiamiento de programas sociales y de seguridad.

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Fentanilo contaminado: ya son 97 los muertos y detectaron casos en Formosa, Córdoba, Santa Fe y Bahía Blanca

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Crece el número de muertos por la inoculación del opioide. Ya son 97 los fallecidos por la inoculación de fentanilo contaminado, producido por los laboratorio HLB Pharma y Ramallo, según informaron fuentes del caso.

La cifra fue actualizada desde el juzgado federal de la Plata, a cargo de Ernesto Kreplak. Los pacientes fueron tratados con el medicamento de HLB Pharma. Se complica la situación procesal de 24 sospechosos que tienen prohibido salir del país

En el juzgado del juez federal de La Plata a cargo de Ernesto Kreplak, los peritos y colaboradores no descansan. La tarea para revisar cada una de las historias clínicas que llegan a su despacho desde más de 200 hospitales de todo el país es ardua. Ese análisis minucioso sobre los pacientes internados que recibieron tratamiento con el lote contaminado del fentanilo número 31.202, producido el 18 de diciembre de 2024 por Laboratorios Ramallo S.A., elaborador exclusivo de HLB Pharma Group S.A., hizo posible que la cifra de fallecidos se elevara de 76 a 97. Para los investigadores, el número, escalofriante, no es el techo, lo que habla de la magnitud de la tragedia a la que algunos ya llaman el “Cromañón sanitario”.

Según pudo establecer Infobae, el nuevo reporte de víctimas fatales incluye tres casos del Hospital Interdistrital Evita de Formosa, un nuevo caso en la Clínica Vélez Sarsfield de la ciudad de Córdoba, siete víctimas fatales en el Instituto de Diagnóstico de la ciudad de Santa Fe y nueve en el Hospital Regional Español de Bahía Blanca.

De esa totalidad, en el Juzgado Federal de La Plata ponen un asterisco a los 9 casos de Bahía Blanca, una localidad ubicada en la provincia de Buenos Aires. Allí falta contrastar con información complementaria que se podría haber perdido en la última inundación, aunque sí se sabe con certeza que los pacientes fallecidos fueron tratados en la Unidad de Terapia Intensiva con dosis de fentanilo contaminado. En estos casos, en concreto, aún falta establecer que los internados hayan dado positivo en los hemocultivos —análisis microbiológico de sangre, con las bacterias Klebsiella pneumoniae y Ralstonia pickettii. En ese caso, la cifra de muertos sería de 87. Una cifra alarmante si se tiene en cuenta que la causa se abrió por una denuncia del Hospital Italiano de La Plata después de descubrir un brote de neumonía producido por esas dos bacterias resistentes a antibióticos y que había causado la infección de 18 pacientes, de los cuales 15 fallecieron.

“Estamos trabajando a fondo, avanzamos rápido y buscamos establecer las responsabilidades que corresponde”, le dijo el juez Kreplak a Infobae en una entrevista exclusiva. Y en esa línea de investigación se orienta la pesquisa. De hecho, el magistrado habilitó la feria judicial y ordenó pericias muy específicas a los integrantes del Cuerpo Médico Forense para que establezcan de forma unívoca que los microorganismos detectados en las ampollas de fentanilo de HLB Pharma son idénticos en su genotipo y fenotipo a los hallados en los hemocultivos de los pacientes fallecidos y otros que se recuperaron.

La información que llega al juzgado suele demorarse. Por ejemplo, el viernes el magistrado ordenó el allanamiento de la Clínica Vélez Sarsfield de la ciudad de Córdoba en busca del historial médico de los pacientes internados allí desde el 1 de abril hasta el viernes 8 de agosto pasado, ya que hasta el momento las autoridades del sanatorio privado solo habían entregado cuatro, entre ellas la del hasta entonces único paciente muerto. Hoy se sumó un segundo.

Kreplak y su equipo estiman que hay una cifra negra de fallecidos que no se reportan. En esa clínica, por ejemplo, se habían administrado más de unas 1.700 dosis de fentanilo contaminado, pero se habían reportado 4 casos, entre ellos Giovanni, un bebé de tan solo tres meses que sigue en estado grave. El magistrado quiere establecer, a través de las historias clínicas que los responsables del centro médico no enviaban, si la totalidad del fentanilo adquirido fue aplicada a pacientes o se podría haber desviado al mercado ilegal o informal. Un hecho que aún no se estableció.

“Estamos trabajando sin ningún tipo de restricción, sin ningún tipo de compromiso que no sea el descubrimiento de la verdad y el establecimiento de las responsabilidades que se correspondan con esa verdad. Estamos yendo a fondo, en primer lugar, para que las víctimas sepan qué fue lo que pasó y se pueda establecer las responsabilidades que corresponden”, respondió el magistrado al ser consultado por este medio y aseveró que hay unos 200 hospitales y clínicas en todo el país que adquirieron ampollas del lote contaminado de HLB Pharma.

El juez también confirmó que hasta el momento hay 24 personas sospechadas de haber tenido algún grado de responsabilidad en la fabricación y venta del medicamento adulterado. A todas se les trabó una inhibición general de bienes y se les prohibió la salida del país para evitar posibles fugas.

La decisión judicial sobre cada una de ellas se tomará una vez que finalicen los peritajes y se establezca —a eso se aspira— en qué parte del proceso se contaminaron las ampollas con las bacterias.

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