SENADO

El Gobierno negocia la reforma laboral, pero se niega a cambiar Ganancias

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El Gobierno nacional mantiene una posición firme frente a la reducción del Impuesto a las Ganancias, pese al reclamo de los gobernadores, mientras habilita una revisión parcial del articulado de la reforma laboral, una de las prioridades legislativas del presidente Javier Milei. La discusión se intensificó durante un intercambio de mesa chica realizado el jueves pasado, convocado el miércoles a última hora en las oficinas del Ministerio del Interior, aunque hasta el momento no hay definiciones cerradas.

La estrategia oficial combina resistencia fiscal y flexibilidad política selectiva. Mientras la baja de Ganancias para sociedades —con impacto directo en la recaudación provincial— aparece como una línea roja, el Ejecutivo evalúa ceder en algunos puntos de la Reforma Laboral para asegurar los votos necesarios en el Congreso, en la antesala de su tratamiento legislativo.

Ganancias, gobernadores y una línea roja fiscal

Según trascendió del encuentro, la posición predominante dentro del círculo reducido que rodea al Presidente es no retroceder en la reducción del Impuesto a las Ganancias, pese a las advertencias de los mandatarios provinciales por el efecto sobre los recursos locales. “Los gobernadores están en contra de la baja de impuestos. Es un delirio, pero todavía no definimos”, admitió uno de los participantes del intercambio, que tuvo lugar en la planta baja del Ministerio del Interior.

La decisión de no ceder en Ganancias para sociedades se consolida como el eje de mayor tensión en la negociación política. En el oficialismo reconocen, sin embargo, la necesidad de conformar a los gobernadores para sostener el andamiaje legislativo del proyecto general, en un escenario de equilibrios frágiles y respaldos condicionados.

En ese marco, el ministro del Interior, Diego Santilli, quedó a cargo de receptar los reclamos provinciales y ofrecer soluciones limitadas, con el objetivo de sumar adhesiones que permitan al oficialismo anotarse un nuevo triunfo parlamentario.

Reforma Laboral: disposición a revisar el articulado

A diferencia del capítulo fiscal, la Reforma Laboral muestra mayor margen de negociación. La mesa política se muestra dispuesta a revisar parte del articulado, aunque el debate interno gira en torno a qué puntos ceder sin desnaturalizar el espíritu del proyecto, diseñado por los ministros Luis Caputo (Economía) y Federico Sturzenegger (Transformación y Desregulación del Estado).

En la articulación legislativa también intervienen la jefa de bloque de La Libertad Avanza (LLA) en el Senado, Patricia Bullrich, y el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, quienes mantienen contactos con legisladores aliados que expresaron reparos públicos sobre algunos aspectos del texto.

Mientras tanto, los interlocutores del Ejecutivo intensifican la militancia política del proyecto, no solo en reuniones con gobernadores, senadores y diputados, sino también a través de actividades destinadas a despejar dudas de los sectores involucrados. En ese contexto, LLA impulsó un conversatorio el jueves pasado para responder inquietudes de actores que manifiestan resquemores, en particular del sector empresarial.

Agenda legislativa y próximos pasos

De cara al calendario parlamentario, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, convocó a una nueva reunión de la mesa política para el próximo miércoles, una vez iniciado el período de sesiones extraordinarias, que comenzará el lunes. El encuentro se realizará en la previa al tratamiento de la ley previsto para el miércoles 11 de febrero.

Así, el Gobierno encara una semana clave con una hoja de ruta definida: defender el núcleo fiscal del proyecto, negociar ajustes puntuales en la Reforma Laboral y sostener un delicado equilibrio político para avanzar con una de las iniciativas centrales de la agenda presidencial.

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Reforma laboral: la CGT activa reuniones con gobernadores y manda a sus abogados al Senado

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Por Santiago Pérez Chiconi / NA – La CGT reactivará su estrategia para morigerar el contenido del proyecto de reforma laboral que el Gobierno busca aprobar el mes que viene en el Congreso, por lo que en los próximos días visitará a gobernadores para convencerlos de no acompañar la iniciativa a través de sus legisladores, o bien impulsar cambios en los artículos que más rechaza el sindicalismo.

En paralelo, la central obrera resolvió enviar sólo a los abogados laboralistas de su equipo de asesores a las reuniones que se iniciarán el viernes próximo en el Senado para analizar algunos cambios a la iniciativa antes de que la Cámara alta comience a tratarla formalmente los primeros días de febrero.  

“Esta semana no, solo nuestros equipos técnicos en Senado. La semana que viene, se retoman reuniones con bloques y quizás vayan algunos dirigentes”, detalló un representante de la central obrera en declaraciones a la Agencia Noticias Argentinas.

Desde este viernes funcionará una comisión técnica en la Cámara Alta que analizará los planteos del sindicalismo y del sector empresarial, con la intención de introducir cambios que luego se llevarán al recinto el 10 de febrero.

Cómo viene la negociación

Esta instancia se abrió por iniciativa de la jefa del bloque de La Libertad Avanza (LLA) en la Cámara alta, Patricia Bullrich, quien en diciembre había postergado la idea inicial de debatir la reforma debido la dura resistencia de la CGT, que ese mes hizo una movilización masiva a Plaza de Mayo.

En tanto,  referentes de la central visitarán varias provincias en los próximos días para reunirse con gobernadores y que escuchen de primera mano sus críticas a la iniciativa que la gestión de Javier Milei considera medular para la segunda mitad de su mandato.

“La idea es ir a cada provincia”, dijeron las mismas fuentes a la Agencia Noticias Argentinas, aunque no está claro que vayan a tener tiempo de verse con todos los mandatarios provinciales antes de que el debate comience en el Senado.

Se trata de un movimiento similar a la ronda de encuentros que viene llevando adelante el ministro del Interior, Diego Santilli, pero con sentido contrario, ya que el funcionario busca sumar consensos y futuros apoyos a la “modernización laboral”.

La lista de rechazos

La CGT apunta a diluir el impacto de algunos puntos, como la ampliación de las actividades consideradas ‘esenciales’, lo que lleva a garantizar servicios mínimos durante los paros.

Tampoco aceptan que quede tal como está el apartado de la eliminación de la ultraactividad de los convenios colectivos, que derivaría en acuerdos por empresa, dejando de lado los acuerdos sectoriales y licuando así el poder de las conducciones de los sindicatos.

También resisten los cambios en la llamada cuota solidaria que aportan los trabajadores no afiliados al gremio, algo fijado por convenio, y el Fondo de Asignación Laboral (FAL) en reemplazo del actual sistema de indemnizaciones.

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Santilli avanza con la reforma laboral y consigue el aval político de Chaco

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En una señal política clave para la agenda legislativa del Gobierno, el ministro del Interior, Diego Santilli, se reunió este lunes en Chaco con el gobernador Leandro Zdero, quien expresó su apoyo explícito a la reforma laboral que impulsa La Libertad Avanza (LLA) y que comenzará a tratarse en el Senado a principios de febrero. El encuentro se inscribe en la estrategia oficial para asegurar votos provinciales y avanzar con un proyecto que el Ejecutivo considera central para bajar el Riesgo País, sostener el equilibrio fiscal y modernizar el mercado de trabajo.

Si miramos la reforma laboral y hacia dónde quiere ir el país, que es bajar el Riesgo País y equilibrio fiscal, sinceramente estamos en sintonía”, afirmó Zdero tras la reunión, al tiempo que remarcó que “aportar a una nueva ley laboral es importante porque las recetas del pasado nos llevan a los mismos resultados de siempre”.

Reforma laboral y alineamientos políticos: el respaldo chaqueño

La reunión se desarrolló en la sede del Ejecutivo provincial y forma parte de la ronda de encuentros federales que Santilli activó para consolidar respaldos entre los gobernadores, con el objetivo de que los legisladores que les responden acompañen el proyecto en el Congreso. La iniciativa, definida por el oficialismo como de “modernización laboral”, enfrenta resistencias del sindicalismo y del peronismo, pero suma adhesiones entre mandatarios provinciales aliados.

Desde el entorno oficial se informó que ambos funcionarios “conversaron sobre la importancia de que se apruebe la Ley de Reforma Laboral para modernizar el mercado de trabajo, fomentar la creación de empleo y acompañar el desarrollo productivo del país y las provincias”. En esa línea, Santilli sostuvo que “no creo que ningún gobernador pueda estar en contra de una reforma laboral en la Argentina” y subrayó que el cambio normativo “va a dinamizar sectores claves” como energía, minería, agro e industria del conocimiento, con impacto directo en la generación de empleo.

Zdero, por su parte, definió a la reforma como una herramienta central para recuperar competitividad y generar empleo formal, al considerar que permitirá adecuar normas pensadas para otra realidad productiva. “Necesitamos reglas que acompañen a quienes quieren invertir, incorporando flexibilidad, capacitación y modernización”, completó.

Estrategia legislativa y agenda federal del Gobierno

El desembarco de Santilli en Chaco fue la segunda parada del rally federal que el ministro del Interior inició tras la aprobación del Presupuesto 2026, con la intención de replicar el método de negociación política que le permitió al Gobierno reunir los votos necesarios en el plano legislativo. La semana pasada, la gira había comenzado en Chubut, con una visita al gobernador Ignacio Torres.

La agenda oficial continuará esta semana con nuevas escalas: el miércoles, Santilli volverá a Chubut para monitorear la lucha contra los incendios forestales; el jueves, viajará a Mendoza para reunirse con Alfredo Cornejo. Además, este martes recibirá en la Casa Rosada al gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, un mandatario de perfil opositor que mantiene diálogo con la administración nacional.

En el plano chaqueño, el respaldo de Zdero tiene un valor político adicional. El gobernador radical selló un acuerdo electoral con LLA, con el que lograron imponerse tanto en comicios nacionales como provinciales. En ese contexto, el oficialismo espera contar con el acompañamiento de los senadores Juan Cruz Godoy y Silvana Schneider, representantes de Chaco en la Cámara alta.

Durante la reunión también participaron el secretario de Interior, Gustavo Coria; la secretaria general de la Gobernación, Carolina Meiriño; el secretario de Coordinación de Gabinete, Livio Gutiérrez; el ministro de Gobierno, Justicia, Trabajo y Derechos Humanos, Julio Ferro; y el diputado nacional Guillermo Agüero.

Repercusiones económicas y reclamos provinciales

Además del debate laboral, Zdero aprovechó el encuentro para poner sobre la mesa reclamos estructurales de la provincia. Habló de un “cambio de matriz para dinamizar la economía de Chaco”, pidió la reprogramación de la deuda heredada para encaminar un trabajo conjunto con Nación y agradeció la obra del acueducto del norte, financiada por el Gobierno nacional por $80.000 millones. También planteó la situación de las rutas y la necesidad de avanzar en un segundo puente Resistencia–Corrientes.

Desde la Casa Rosada, Santilli enfatizó las “profundas coincidencias” con Zdero para promover empleo privado genuino, al que definió como un factor clave para ordenar las cuentas públicas, y aseguró que la reforma laboral y el nuevo esquema productivo forman parte de una misma estrategia.

En paralelo, el próximo encuentro con Sergio Ziliotto tendrá un eje distinto. En La Pampa aclararon que no prestarán respaldo a la reforma laboral, al considerarla “una reforma impositiva encubierta” que impacta sobre el Impuesto a las Ganancias y podría restarle a la provincia entre $20.000 millones y $35.000 millones anuales. El diálogo con Nación, en ese caso, se concentra en la deuda previsional, estimada en $62.500 millones en el acuerdo inicial —con un primer pago de $2.500 millones y 12 cuotas mensuales de $5.000 millones desde enero de 2026—, mediado por la Corte Suprema.

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El Ejecutivo demora la reforma laboral ante la falta de apoyos y la presión sindical

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El Gobierno nacional decidió postergar el debate de la reforma laboral y trasladarlo para febrero de 2026, en una jugada política orientada a asegurar respaldos legislativos y evitar que la iniciativa se convierta en una nueva herramienta de presión de los gobernadores en plena negociación presupuestaria, según la consultora Ecolatina. La decisión se tomó luego de las complicaciones surgidas durante la discusión del Presupuesto, que dejaron en evidencia dudas sobre el acompañamiento de aliados clave, especialmente en el Senado, y un escenario de alta fragilidad política para avanzar con cambios estructurales en el mercado de trabajo.

La postergación busca descomprimir el frente legislativo y ganar tiempo en un contexto donde no existe una voluntad firme de acompañamiento por parte de los aliados circunstanciales, lo que llevó a La Libertad Avanza (LLA) en el Senado a recalibrar su estrategia y evitar una derrota o un costo político innecesario.

Presupuesto, gobernadores y reforma laboral: un delicado equilibrio político

La discusión del Presupuesto actuó como detonante de la decisión oficial. Según el análisis interno del Ejecutivo, avanzar en paralelo con la reforma laboral hubiera expuesto al Gobierno a una doble negociación con los gobernadores, que podrían haber utilizado su apoyo —o su rechazo— a la iniciativa laboral como moneda de cambio adicional en la puja por recursos y partidas presupuestarias.

En ese marco, el Gobierno evaluó que el debate laboral podía quedar rehén de las tensiones fiscales y políticas, debilitando su capacidad de ordenar mayorías estables. La ausencia de señales claras de acompañamiento por parte de los gobernadores aliados terminó de inclinar la balanza hacia la postergación.

Con este movimiento, el oficialismo busca recomponer condiciones políticas, reducir el margen de presión externa y encarar la discusión laboral en un momento de mayor previsibilidad parlamentaria.

CGT en la calle y disputa por el contenido de la reforma

La decisión del Ejecutivo coincidió temporalmente con una movilización de la CGT a la Plaza de Mayo, organizada como una demostración de fuerza para forzar una negociación sobre los contenidos de la reforma laboral. La central sindical activó una estrategia múltiple para intentar frenar o moderar los cambios: protesta en la calle, diálogo con bloques aliados en el Congreso y la advertencia de recurrir a la Justicia en caso de que la reforma sea sancionada.

Desde la CGT descuentan que no es viable frenar la totalidad de la ley, pero apuntan a bloquear o atenuar los artículos que consideran más perjudiciales para los trabajadores. La postergación del debate amplía el margen de maniobra sindical y fortalece el trabajo de lobby sobre los sectores dialoguistas.

El Congreso como campo de disputa: aliados, rechazos y bloques clave

Con el nuevo calendario, el escenario legislativo aparece más definido. El oficialismo y sus aliados más afines a la reforma, en particular el PRO, mantienen su respaldo al proyecto. En el extremo opuesto, el peronismo opositor ratifica su rechazo.

La verdadera disputa, tanto para el Gobierno como para la CGT, se concentra ahora en los bloques dialoguistas y en los gobernadores, que se consolidan como los árbitros del debate. Allí se jugará la posibilidad de sancionar la reforma, modificarla sustancialmente o bloquear sus puntos más sensibles.

La postergación, lejos de clausurar el conflicto, lo traslada en el tiempo y lo intensifica en términos de negociación política, en un año donde la agenda legislativa seguirá atravesada por tensiones fiscales, reformas estructurales y disputas de poder entre Nación, provincias y actores sociales.

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Presupuesto 2026: La Libertad Avanza suma apoyo peronista y se encamina a su aprobación en el Senado

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El oficialismo logró un respaldo clave del peronismo y quedó a un paso de aprobar en el Senado el Presupuesto 2026, un hito institucional para el gobierno de Javier Milei, que desde su asunción en diciembre de 2023 administró el Estado nacional con la prórroga del presupuesto sancionado en 2022. Con el acompañamiento de cuatro senadores del bloque Convicción Federal, La Libertad Avanza tendría los votos necesarios para la aprobación en general del proyecto el viernes 26 de diciembre, aunque persiste una fuerte disputa política por el artículo 30, vinculado al financiamiento educativo, científico y técnico.

La definición del Presupuesto no solo ordena el esquema de gastos y recursos del próximo año, sino que también expone una reconfiguración de alianzas en la Cámara alta, con un primer quiebre visible dentro del peronismo entre los gobernadores provinciales y el sector que responde a la conducción parlamentaria de José Mayans.

Apoyo peronista y números para la votación en general

Según confirmaron fuentes parlamentarias, cuatro de los cinco senadores del bloque Convicción Federal votarán a favor del Presupuesto 2026 en general. Se trata de Fernando Salino (San Luis), Carolina Moisés (Jujuy), Guillermo Andrada (Catamarca) y Sandra Mendoza (Tucumán). En tanto, Fernando Rejal (La Rioja) aún no definió su posición, debido al rechazo del gobernador Ricardo Quintela a la iniciativa.

Andrada y Mendoza responden políticamente a los gobernadores Raúl Jalil y Osvaldo Jaldo, respectivamente, ambos alineados con el oficialismo nacional en esta instancia presupuestaria. El respaldo de este sector peronista permitiría al Gobierno alcanzar hasta 48 votos en la votación en general, despejando el principal interrogante que enfrentaba el proyecto en el Senado.

La Libertad Avanza cuenta con 21 senadores propios, incluyendo a Luis Juez, y suma además el apoyo de una decena de legisladores radicales, tres del PRO, dos del Frente de la Concordia de Misiones, uno de Independencia (Tucumán), uno por Salta, uno de La Neuquinidad, otro de Chubut y cinco de Provincias Unidas.

Este armado parlamentario permitiría sancionar la ley de Presupuesto, siempre y cuando se logre también el respaldo artículo por artículo, una condición indispensable para su conversión definitiva en ley.

El artículo 30, el punto crítico del debate

La principal incertidumbre para el oficialismo se concentra en el artículo 30, que propone la derogación de los artículos que fijan pisos mínimos de inversión en áreas estratégicas del Estado. En concreto, el texto elimina:

  • La obligación de destinar el 6% del PBI al sistema educativo.
  • El 1% del PBI al Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología.
  • El 0,2% de los gastos del Sector Público a las escuelas técnicas.

En este punto, Convicción Federal anticipó que no acompañará la iniciativa, a diferencia de la votación en general. Para este artículo, el oficialismo solo cuenta con el respaldo del PRO, la mayoría del radicalismo y algunos bloques provinciales, por lo que la aprobación dependerá en gran medida de la presencia efectiva de los senadores opositores en el recinto al momento de la votación.

Voceros parlamentarios admitieron que la definición del artículo 30 es hoy el único aspecto que genera preocupación en el oficialismo, ya que su rechazo podría obligar a reabrir negociaciones o introducir modificaciones al texto.

Tensiones internas en el peronismo y negociaciones abiertas

El respaldo parcial de Convicción Federal marca uno de los primeros quiebres relevantes dentro del peronismo en el Senado, diferenciando a los legisladores que responden a gobernadores del Partido Justicialista de la bancada conducida por José Mayans, alineada con la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner.

A esta fragmentación se suma la incógnita sobre la posición del Frente Cívico de Santiago del Estero, integrado por el ex gobernador Gerardo Zamora y Elia del Carmen Moreno. En la Cámara de Diputados, de los siete legisladores vinculados a Zamora, cinco votaron en contra del Presupuesto y dos se ausentaron, lo que mantiene abierta la expectativa sobre su comportamiento en el Senado.

Las negociaciones continuarán hasta el mismo viernes, incluso durante la sesión, con el objetivo de asegurar los votos necesarios para cada uno de los artículos. El oficialismo ya definió que no incluirá el Capítulo 11, rechazado previamente en Diputados, que contemplaba la derogación de las leyes de Emergencia en Discapacidad y Financiamiento Universitario.

Un presupuesto clave para el Gobierno

La eventual aprobación del Presupuesto 2026 representará un hito político e institucional para el Gobierno de Javier Milei, al tratarse del primer presupuesto propio sancionado por el Congreso desde el inicio de su gestión. Al mismo tiempo, el debate expone las tensiones estructurales en torno al rol del Estado, el financiamiento de áreas estratégicas y la relación entre Nación y provincias, en un escenario de fuerte ajuste fiscal y reconfiguración del sistema político.

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