Senado: la suspensión de las PASO obtuvo dictamen y quedó lista para ser sancionada la semana próxima

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Consiguió 11 firmas -tres, en disidencia- entre el oficialismo y la oposición dialoguista. El kirchnerismo no se pronunció. Fuerte puja de cara al recinto para llegar al mínimo obligatorio de 37 votos

El oficialismo libertario logró avanzar esta tarde con la suspensión de las PASO en el Senado, tras obtener un dictamen de mayoría en la comisión de Asuntos Constitucionales, que tiene una nueva titular: la cordobesa Alejandra Vigo (Córdoba) quedó al frente de dicho Cuerpo en reemplazo del expulsado peronista disidente Edgardo Kueider (Entre Ríos), detenido en un paso fronterizo en Paraguay con más de USD 200.000 sin declarar.

Mientras transcurría el debate sobre el proyecto, que ya aprobó Diputados la semana pasada, 11 de los 19 senadores de la comisión firmaron el despacho de mayoría, aunque tres lo hicieron en disidencia: los radicales Pablo Blanco (Tierra del Fuego) y Maximiliano Abad (Buenos Aires), y la legisladora del PRO Guadalupe Tagliaferri (PRO). Por este motivo, el Gobierno tendrá que dar lo mejor de sí de cara a la sesión que se piensa para el jueves de la semana próxima.

Por tratarse de una ley electoral, el oficialismo tendrá que comprometer a 37 senadores para que den quorum el 20 de febrero, y misma cifra -como mínimo- para sancionar el proyecto, que precisa la mayoría absoluta del Cuerpo. Es decir, Villarruel no podrá desempatar. Por eso serán clave las potenciales abstenciones o rechazos de algunos dialoguistas y el eventual acompañamiento que se espera de un puñado de kirchneristas, en una definición que será para el infarto.

De hecho, el Frente de Todos casi que evitó hablar de la iniciativa en cuestión y aprovechó para quejarse por la convocatoria de la comisión, así como la decisión de votar a Vigo en reemplazo de Kueider. Por momentos desorganizado, el bloque que comanda José Mayans utilizó la comisión para criticar la gestión económica de Javier Milei. Sí fueron atinadas algunas observaciones reglamentarias realizadas por el peronista pampeano Pablo Bensusán.

Una de las firmas en disidencia fue la del radical Blanco, que señaló: “Es cierto que las PASO, como están funcionando, no son efectivas. Salvo algunos pocos espacios políticos, se usan como una encuesta cara para toda la sociedad y no cumplen el objetivo para el cual fue sancionada la ley”.

El senador fueguino, crítico de la gestión libertaria, luego dijo: “El fundamento principal del Gobierno es el gasto ocasionado. Hablaban de USD 150 millones de dólares que se ahorrarían, y me pregunto si es menor o mayor. Si no tenemos presupuesto, ¿dónde van a ir a parar?”.

La mayoría indica que en este momento sería lo correcto, que lo indicado es la suspensión. No me gusta, por eso no voy a acompañar, pero sí no puedo imposibilitar que el Senado, en su conjunto, tome la decisión”, finalizó Blanco.

Antes de la reunión de la comisión de Asuntos Constitucionales, la vicepresidenta y titular de la Cámara alta, Victoria Villarruel, expresó en la red X: “La suspensión de las PASO le simplificará la vida a todos los argentinos y les ahorrará USD 150 millones. La política debe dirimir sus internas con su propio dinero y no con el bolsillo del pueblo argentino que no llega a fin de mes”.

Con la suspensión de las PASO ya dictaminada, el próximo desafío del oficialismo será a las 18 horas, cuando la comisión de Justicia -la maneja el libertario riojano Juan Carlos Pagotto– analice la iniciativa que refuerza la reincidencia y reiterancia, para evitar el efecto penal de la denominada “puerta giratoria”; y el proyecto que activa el juicio en ausencia. Los dos fueron aprobados por Diputados la semana pasada.

Ambos textos contarían con aval y se espera que también consigan los despachos correspondientes, con el fin de llevarlos al recinto el jueves 20. Minutos antes de la reunión de Asuntos Constitucionales, apareció el dictamen que propone al magistrado federal Ariel Lijo como integrante de la Corte Suprema, que podría sumarse al debate de la semana próxima.

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Kueider pidió apartar a la jueza Arroyo Salgado de la causa y solicitó la eximición de prisión

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El dirigente entrerriano denunció una “persecución política” por parte de la magistrada. Es investigado en la Argentina por enriquecimiento ilícito y en Paraguay por contrabando.

El exsenador Edgardo Kueider y su secretaria, Iara Guinsel Costa, presentaron una solicitud este jueves para recusar a la jueza Sandra Arroyo Salgado y pedir la eximición de prisión.

El pedido lo formalizó el abogado de ambos, quien solicitó que la investigación que se realice en la Argentina sea con ambos acusados estando en libertad. Hasta ahora, tanto Kueider como Guinsel Costa cumplen prisión domiciliaria en un hotel de lujo de Paraguay.

Por otra parte, los imputados pidieron apartar a Arroyo Salgado de la investigación que se abrió en la Argentina porque entienden que se trata de una persecución política por parte de la magistrada.

La jueza federal había enviado el martes un exhorto internacional en la causa contra el exsenador por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, en el que pidió la extradición de Kueider y de su secretaria para tomarles indagatoriaen la Argentina.

Arroyo Salgado solicitó el traslado de ambos acusados en calidad de “detenidos comunicados” a su Juzgado Federal de San Isidro. También pidió el secuestro de sus celulares, equipos electrónicos y otros objetos que tenían en su poder cuando fueron detenidos.

En el exhorto también solicitó que se realice un allanamiento en el departamento de lujo que comparten Kueider y Guinsel Costa para cumplir la prisión domiciliaria que dictó la justicia paraguaya.

Rodolfo González, socio y dueño del vehículo en el que fue detenido el exsenador Edgardo Kueider en Paraguay, se presentó este miércoles en los Tribunales de Concordia para realizar los trámites de identificación en la jefatura policial.

El empresario, conocido como “Gonzalito” o “Pajarito”, se presentó en el marco de la causa abierta contra Kueider en Entre Ríos donde se lo investiga por presunto enriquecimiento ilícito y otros delitos económicos. Estuvo acompañado por su abogado Juan Grimberg y comparecieron ante el fiscal José Arias.

González, de 63 años, figura como empleado del Senado de la Nación, asignado en la Biblioteca del Congreso, y su nombre aparece en operaciones inmobiliarias por la compra de tres departamentos de lujo en una exclusiva torre de Paraná. Además, es el titular de la camioneta Chevrolet Trailblazer.

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El Senado declaró Duelo Nacional al 18 de julio en homenaje a las víctimas del atentado de la AMIA

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En la sesión pública especial de este jueves, los senadores Carlos Arce y Sonia Rojas Decut, de Innovación Federal, acompañaron la declaración del 18 de julio como “Duelo Nacional” en homenaje a las víctimas del atentado terrorista de 1994 en la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), con el firme compromiso de encontrar justicia.

A su vez, se aprobaron los pliegos de ascenso de funcionarios diplomáticos de carrera y personal militar, reconociendo su dedicación y compromiso con la Nación.

En la misma sesión, la Cámara alta debatió sobre las modificaciones al Código Penal para combatir la sustracción y comercialización de menores, propuesta que terminó siendo aprobada en general y regresando a la instancia de comisiones el articulado donde se seguirá trabajando con especialistas para encontrar una redacción consensuada.

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Villarruel presentó una denuncia ante la Justicia por los daños sufridos en el Senado en la marcha del miércoles

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La vicepresidenta pidió ser querellante en la causa. En ocasión del tratamiento de la Ley de Bases se registraron graves incidentes, con más de 30 detenidos.

La vicepresidenta Victoria Villarruel informó que presentó una denuncia ante la Justicia por los daños sufridos en los edificios del Senado en la marcha realizada el miércoles pasado, que culminó con serios incidentes y la detención de unos 33 manifestantes, y señaló que “quien comete un delito debe responder” por los mismos.

A través de las redes sociales, Villarruel, quien hoy está cargo del Poder Ejecutivo por el viaje del presidente Javier Milei para participar del G7, comunicó que “presentamos hoy ante el Juzgado de la jueza (María) Servini de Cubría nuestra denuncia y la solicitud para ser querellantes por los daños sufridos en los edificios históricos del Senado de la Nación hace 2 días. Se terminó el país de los violentos. Quién comete un delito, debe responder.”.

La vicepresidenta ayer había anticipado iban a “denunciar a los delincuentes que atentaron contra las instituciones de la democracia. Vamos a hacerles pagar todos los daños materiales dirigidos hacia los edificios históricos y veredas del Congreso Nacional. La Argentina de la sedición y la anarquía terminó”.

Militantes gremiales y políticos de Unión por la Patria y la izquierda realizaron una marcha el miércoles pasado para protestar contra la sanción de las leyes Bases y Paquete Fiscal , donde se produjeron graves incidentes entre las fuerzas de seguridad y los manifestantes que tuvo como consecuencia la detención de 33 detenidos, incendio de vehículos

En un comunicado se informa que “la causa de la denuncia es por el intento de interrumpir la sesión que estaba llevando a cabo en el Honorable Senado de la Nación,  el día miércoles 12 de junio, cuando estaba en curso la sesión ordinaria donde se trataba el “Dictamen en el proyecto de ley venido en revisión, sobre Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos”.

También se informó que el Senado de la Nación realizó un relevamiento presupuestario  por los daños ocasionados al edificio de la Honorable Cámara de  Senadores y al anexo  del mismo.

Precisó que “los delitos que se le adjudican a los  responsables son  daños simples y  agravados, delitos en la contra la seguridad pública, instigación  a cometer delitos intimidación publica, incitación a la violencia colectiva en contra de las instituciones organizaciones o pertenencias  que tengan por objeto  imponer ideas o cometerlas por la fuerza o por el temor”.

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Paquete fiscal en el Senado: el Gobierno perdió Ganancias y bienes personales en la votación en particular

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Su aprobación en general fue por 37 votos afirmativos y 35 votos negativos. Se esperan varias modificaciones propuestas por el Gobierno.

El Senado de la Nación aprobó el paquete fiscal con 37 votos afirmativos y 35 votos negativos e inició la votación en particular con varias modificaciones en marcha propuestas por el oficialismo y el foco puesto sobre el futuro de la restitución de la cuarta categoría de Ganancias

Su debate inició a las 3 de la madrugada de este jueves con el anuncio del dictamen de mayoría por parte del senador oficialista Ezequiel Atauche (Jujuy), miembro informante de La Libertad Avanza y titular de la comisión de Presupuesto y Hacienda.

A diferencia de la ley de Bases, que ya obtuvo la luz verde antes, la mayoría en favor del proyecto en general fue con el apoyo del senador Martín Lousteau (CABA). Los santacruceños José María Carambia Natalia Gadano votaron de manera negativa y se plegaron a los 33 kirchneristas. 

Si bien Lousteau aportó su voto positivo, aclaró que fue por pedido de los gobernadores correligionarios y fustigó: “Este Gobierno elige la austeridad y responsabilidad fiscal cuando mira a los jubilados, pero después opta por ser populista y degenerado fiscal con los más privilegiados”. 

Uno de los defensores férreos que tuvo el proyecto en la ronda de disertantes fue el senador y líder de Cambio Federal, Juan Carlos Romero (Salta), quien sostuvo que el paquete fiscal puede “brindar” estabilidad a la Argentina y, en su criterio, “ver si definitivamente” se termina “con la decadencia argentina”.

En esa misma línea fue el senador Francisco Paoltroni (Formosa), de La Libertad Avanza, que fue optimista con las acciones que podría ejecutar el presidente Javier Milei de concretarse la aprobación en particular de todo el proyecto. Para Paoltroni, Milei podría bajar impuestos y cerró con una frase llamativa: “Seremos potencia”.

La votación en particular: duras derrotas para el Gobierno

En la votación en particular, la sorpresa la dio bienes personales. Tras aprobar por unanimidad el Régimen de Regularización de Obligaciones Tributarias, Aduaneras y de Seguridad Social, más el blanqueo de capitales, el título de bienes personales del dictamen de mayoría fue rechazado con 37 votos contra 35 positivos. 

La restitución de la cuarta categoría del impuesto a las Ganancias ya tenía como destino la derrota. Fue por 41 votos negativos contra 31 positivos. Al oficialismo no le alcanzó con la exención del 22 por ciento dispuesta para las provincias de la Patagonia como carnada para abrochar más voluntades. 

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