SENADO

Ley de Propiedad Privada: Sturzenegger defendió la reforma mientras organizaciones protestan frente al Congreso

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El Senado comenzó a debatir este jueves una versión acotada del proyecto de Ley de Propiedad Privada, luego de que el Gobierno nacional resignara uno de sus capítulos más controvertidos: la flexibilización de los límites para la compra de tierras rurales por parte de extranjeros. La decisión respondió a la falta de respaldo legislativo entre gobernadores y bloques aliados, pero no evitó la tensión política ni las protestas convocadas frente al Congreso.

En la previa de la sesión, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, defendió públicamente el espíritu de la iniciativa y lamentó que el capítulo referido a la Ley de Tierras quedara fuera del dictamen. A través de sus redes sociales, sostuvo que la discusión planteaba “elegir entre el miedo y la prosperidad”, al insistir en que la reforma buscaba facilitar inversiones productivas en distintas regiones del país.

Para reforzar su argumento, el funcionario vinculó la reciente inversión anunciada en San Juan por la empresa minera Vicuña con las reformas impulsadas por el Gobierno en materia regulatoria. Según expresó, la flexibilización de normas como la Ley de Glaciares permitió destrabar proyectos de infraestructura y desarrollo, y consideró que una modificación de la Ley de Tierras habría generado oportunidades similares en todo el territorio nacional.

La eliminación de ese capítulo representó una concesión política del oficialismo para preservar el tratamiento del proyecto. La Libertad Avanza aceptó retirar la propuesta luego de que senadores vinculados a los gobernadores de Salta, Tucumán y Neuquén anticiparan que no acompañarían la flexibilización del régimen que limita la tenencia de tierras rurales por parte de personas y empresas extranjeras.

Pese a ese cambio, el proyecto mantiene reformas de alcance significativo. Entre ellas sobresalen la creación de un procedimiento de desalojo más ágil para inmuebles usurpados, modificaciones al régimen de expropiaciones, cambios en la Ley de Manejo del Fuego y nuevas herramientas para la regularización dominial y la digitalización de los registros de propiedad.

Mientras el debate se desarrolla en el recinto, organizaciones sociales, gremiales y políticas se concentran frente al Congreso para manifestar su rechazo al conjunto de la iniciativa. Bajo una intensa lluvia, columnas del Movimiento Evita, Libres del Sur, Izquierda Socialista, la Unión Argentina de Trabajadores Rurales (UATRE) y otras organizaciones se movilizaron hacia el Palacio Legislativo.

El operativo de seguridad incluyó vallados y una fuerte presencia policial en los accesos al Congreso, especialmente sobre las avenidas Entre Ríos, Callao y Rivadavia, además de la calle Hipólito Yrigoyen. Diversas columnas avanzaron desde la Avenida 9 de Julio por Avenida de Mayo para confluir frente al Parlamento.

Las organizaciones sostienen que, aunque el Gobierno retiró el capítulo referido a la extranjerización de tierras, el resto del proyecto continúa afectando derechos vinculados al acceso a la vivienda, la regulación del uso del suelo y la protección de determinados bienes públicos. Por esa razón decidieron mantener la convocatoria y expresar su rechazo integral a la propuesta oficial.

La discusión vuelve a poner en evidencia las dificultades del Gobierno para construir mayorías legislativas en proyectos estructurales. Si bien el oficialismo logró preservar el tratamiento de la iniciativa mediante modificaciones, el retiro de uno de sus ejes centrales refleja el peso de las provincias en el debate sobre los recursos estratégicos y la propiedad de la tierra, un tema que continúa generando tensiones entre la búsqueda de inversiones y la defensa de la soberanía territorial.

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Propiedad privada: qué cambia con los desalojos exprés y la reforma

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El Senado volverá a debatir este jueves una versión acotada del proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada, luego de que el oficialismo retirara los capítulos que proponían flexibilizar la adquisición de tierras por parte de extranjeros y modificar el régimen de barrios populares. El eje que llega al recinto es una reforma que busca acelerar los mecanismos de desalojo y, al mismo tiempo, redefine aspectos vinculados con expropiaciones, manejo del fuego, digitalización registral y regularización de escrituras.

La iniciativa será tratada desde las 14 y retoma una discusión que había quedado suspendida el 16 de julio por las diferencias políticas en torno a la extranjerización de tierras. El nuevo texto conserva parte del esquema original impulsado por el Gobierno nacional, pero con un alcance considerablemente más limitado. Para propietarios e inquilinos, el cambio más relevante está en las nuevas reglas previstas para recuperar inmuebles ocupados o para iniciar acciones ante incumplimientos contractuales.

El denominado desalojo “exprés” quedaría reservado para inmuebles usurpados o situaciones de tenencia precaria. En esos casos, el juez podría disponer la entrega inmediata del inmueble cuando considere verosímil el derecho invocado y previa caución juratoria. A pedido del propietario, además, podría intimar la devolución dentro de las 72 horas, siempre que el titular acredite documentalmente su derecho sobre el terreno, vivienda o campo.

El proyecto diferencia esa situación de la de un inquilino que mantiene una relación contractual pero acumula deudas. Para estos casos, el propietario deberá enviar una carta documento y otorgar un plazo mínimo de diez días corridos desde la recepción de la notificación para que el ocupante pueda regularizar la deuda.

La comunicación deberá realizarse en el domicilio denunciado en el contrato y también podrá efectuarse mediante correo electrónico. Además, deberá indicar con precisión el lugar donde debe concretarse el pago. Si el incumplimiento persiste, el propietario podrá iniciar la acción de desalojo, que según el dictamen se tramitará en un plazo de diez días hábiles.

Otro aspecto busca ordenar una situación frecuente al finalizar los contratos de alquiler. El propietario no podrá rechazar la entrega de las llaves ni imponer condiciones para recibirlas. Sí podrá dejar constancia escrita de que existen obligaciones pendientes y reservarse el derecho de reclamar posteriormente las deudas que correspondan.

El texto incorpora además una salvaguarda específica para situaciones de vulnerabilidad. Cuando existan menores de edad o adultos en situación de desamparo, el juez deberá dar intervención obligatoria a los organismos locales de protección y al Ministerio Público Tutelar. En esos casos, deberá establecerse un plazo prudencial, de hasta diez días, para procurar una alternativa habitacional transitoria, sin que eso implique necesariamente detener la continuidad del proceso.

El segundo eje de importancia está relacionado con las expropiaciones. El dictamen establece que la declaración de utilidad pública deberá interpretarse de manera restrictiva y que el Estado tendrá que fundamentar claramente los motivos que justifican la medida. La intención es elevar el estándar de justificación requerido para avanzar sobre un inmueble de propiedad privada.

También se modifica el esquema de compensación. El proyecto fija un límite del 30% para la indemnización correspondiente al lucro cesante, mientras que la tasa de interés aplicable estará vinculada con la variación del Índice de Precios al Consumidor más la tasa del Banco Nación a 30 días.

La transferencia del inmueble no podrá concretarse sin el pago de la indemnización, aunque el Estado podrá solicitar judicialmente la posesión del bien. Si existe una controversia respecto de la valuación, el juez podrá requerir un dictamen del Tribunal de Tasaciones de la Nación.

Otro capítulo modifica las reglas vinculadas con terrenos afectados por incendios. El proyecto elimina la disposición que impedía durante 30 años modificar el uso de superficies rurales incendiadas en zonas agropecuarias, praderas, pastizales, matorrales y áreas periurbanas.

En el caso de los bosques nativos, en cambio, se mantiene la prohibición de cambiar el uso y destino de las superficies afectadas por incendios, pero se elimina el plazo de 60 años previsto en la legislación vigente.

El proyecto también introduce modificaciones que pueden tener impacto sobre quienes todavía no cuentan con la escritura de su vivienda. La reforma de la denominada Ley Pierri amplía el mecanismo de regularización dominial para que familias que acrediten una posesión pública durante los diez años anteriores puedan acceder a la escritura de su vivienda única.

A esto se suma la digitalización de los registros. El texto habilita la presentación de documentos digitales ante los Registros de la Propiedad de todo el país, aunque algunas jurisdicciones ya cuentan con mecanismos de este tipo. La medida busca reducir trámites físicos y adaptar el sistema registral a una gestión documental más ágil.

La discusión parlamentaria llega después de una serie de modificaciones que redujeron sustancialmente el alcance inicial del proyecto. El capítulo sobre extranjerización de tierras fue eliminado tras el rechazo de gobernadores a flexibilizar las restricciones para la compra de tierras rurales por parte de extranjeros. También quedó fuera la reforma de la ley de barrios populares, cuestionada por el potencial impacto sobre familias que habitan esos territorios.

El resultado es una iniciativa concentrada en la protección y recuperación de inmuebles, la delimitación del poder expropiatorio del Estado, la administración de tierras afectadas por incendios y la regularización de situaciones dominiales. Su impacto dependerá ahora de la reglamentación y, especialmente, de cómo los tribunales apliquen los nuevos procedimientos en casos concretos.

La discusión de fondo excede, por lo tanto, la velocidad de un desalojo. El desafío institucional consiste en encontrar un punto de equilibrio entre la protección efectiva del derecho de propiedad, la seguridad jurídica de los contratos y la necesidad de evitar que una aceleración de los procedimientos termine trasladando el costo de los conflictos habitacionales a quienes se encuentran en situaciones de mayor vulnerabilidad.

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Los gremios sostienen la marcha pese a los cambios en la Ley de Tierras

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Si bien el Gobierno dio de baja la cláusula de venta de tierras a extranjeros para salvar la sesión en el Senado, eso no cambió la movilización estipulada al Congreso por parte de gremios y organizaciones sociales, que rechazan la totalidad de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada.

“Se sostiene la movilización”, le expresaron a Agencia Noticias Argentinas desde el entorno de uno de los dirigentes de la CGT, una de las centrales obreras que confirmó presencia en Parlamento para este jueves a las 14. 

En el Frente de Sindicatos Unidos (Fresu), grupo de gremios distanciados de la conducción cegetista, el diagnóstico es similar al de la calle Azopardo: van a protestar frente el Parlamento a partir del mediodía ya que continúan en el texto aquellos artículos que consideran “nocivos”.

Este grupo de “duros” del gremialismo mencionó las partes del texto que determinan desalojos exprés para inquilinos, comunidades indígenas y campesinos, la limitación de la capacidad del Estado de realizar expropiaciones y las modificaciones en la ley de fuego para habilitar la venta de tierras quemadas, entre otros puntos. Con esas normativas en pie, el Fresu considera imprescindible mantener la movilización.

En la CTA Autónoma también apuestan a sostener lo planificado para este jueves y en las organizaciones sociales la idea es la misma: construir una gran marcha que refleje el malestar social contra el gobierno de Javier Milei. “Se mantiene la convocatoria hasta nuevo aviso”, expresaron, a su vez, en la UTEP.

Este miércoles a la mañana en la calle Azopardo, las tres centrales obreras armaron una conferencia de prensa para rechazar la normativa. Allí estuvieron el triunvirato cegetista compuesto por Jorge Sola, Cristian Jerónimo y Octavio Argüello, además de Hugo Godoy (CTA-A) y Hugo Yasky (CTA-T), quienes denunciaron que la iniciativa oficialista de flexibilizar los topes de venta de tierras a extranjeros es un intento de “ponerle un cartel de venta al país” para beneficiar a “unos pocos millonarios”.

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Passalacqua ratificó su rechazo a la reforma de la Ley de Tierras: “No acompañaremos ninguna iniciativa que facilite la extranjerización”

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El gobernador Hugo Passalacqua, volvió a fijar una posición contundente contra el proyecto de reforma de la Ley Nacional de Tierras Rurales N.º 26.737, al advertir que Misiones no acompañará ninguna iniciativa que facilite la extranjerización de las tierras misioneras.

A través de un mensaje dirigido a la ciudadanía, el mandatario provincial reafirmó que la defensa del territorio constituye una política de Estado para Misiones y marcó distancia de la iniciativa que se debate en el Congreso nacional.

“Queridos misioneros, como gobernador y como ciudadano a pie, quiero dejar clarísima mi posición contraria al proyecto de ley de extranjerización del suelo misionero”, expresó Passalacqua.

El gobernador sostuvo que la provincia mantendrá una postura firme en defensa de su patrimonio territorial y de sus recursos naturales.

“Misiones siempre va a defender su territorio y el derecho de las provincias a proteger sus recursos estratégicos”, afirmó.

En ese marco, dejó en claro que el Ejecutivo provincial rechaza cualquier modificación normativa que implique flexibilizar los límites vigentes para la adquisición de tierras por parte de capitales extranjeros.

“Nuestra posición es clara: no acompañaremos ninguna iniciativa que facilite la extranjerización de nuestras tierras. Defender la tierra es defender a los misioneros y a las generaciones que vienen”, enfatizó.

La posición institucional de Misiones

La declaración del gobernador se suma a una serie de pronunciamientos realizados por distintos actores políticos e institucionales de la provincia en rechazo al capítulo del proyecto denominado “Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada”, que modifica la Ley de Tierras Rurales.

En las últimas horas, el senador nacional Carlos Arce también anunció que votará en contra de la totalidad del Capítulo III de la iniciativa, al considerar que las inversiones deben promoverse con seguridad jurídica, pero preservando el interés público, el ambiente y la soberanía sobre los recursos estratégicos.

La postura de Passalacqua consolida la estrategia institucional de Misiones de defender un régimen que preserve el control sobre el territorio provincial, especialmente por su condición de provincia fronteriza y por el valor ambiental, productivo y estratégico de sus tierras.

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Reflexiones de un Ingeniero Forestal sobre la tierra: desafío estructural para el desarrollo sostenible y la soberanía

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La política de tierras como base del desarrollo territorial, el arraigo rural y la sostenibilidad de las economías regionales.

La política de tierras constituye uno de los pilares sobre los cuales se construyen el desarrollo territorial, el arraigo rural y la sostenibilidad de las economías regionales. En un país de profundas diversidades geográficas, productivas, ambientales y sociales como la Argentina, las decisiones relacionadas con el acceso, la tenencia, el uso y la protección de la tierra requieren políticas públicas estables, concebidas como políticas de Estado, con visión federal y planificación estratégica de largo plazo.

En ese marco, la tierra trasciende su condición de bien económico para constituirse en un recurso natural estratégico, estrechamente vinculado con la producción, la conservación de los ecosistemas, la seguridad alimentaria, la gestión del agua, el ordenamiento territorial y la soberanía nacional. Estas reflexiones procuran contribuir a ese debate desde la experiencia en la gestión pública y el ejercicio profesional de la ingeniería forestal, promoviendo una mirada integral sobre uno de los desafíos estructurales más relevantes para el desarrollo sostenible de la Argentina y, en particular, de la provincia de Misiones.

Ley N.º 26.737: una política de protección territorial

La Ley N.º 26.737, denominada _”Régimen de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de Tierras Rurales”, constituyó un importante avance institucional en materia de política territorial y administración estratégica del territorio nacional.

Su sanción fue producto de un amplio debate político y federal, reconociendo a la tierra como un recurso natural estratégico y estableciendo límites a la adquisición de tierras rurales por parte de personas físicas y jurídicas extranjeras.

El espíritu de esta norma no fue impedir inversiones ni aislar al país del mundo, sino preservar la capacidad del Estado para planificar el territorio, proteger recursos estratégicos y garantizar que el desarrollo económico sea compatible con el interés nacional.

Por ello, cualquier modificación de este régimen debería surgir de un debate amplio, federal y responsable, que contemple no solo las variables económicas, sino también las dimensiones sociales, ambientales, territoriales y geopolíticas.

El desafío consiste en encontrar un equilibrio entre la promoción de inversiones y la preservación de la capacidad soberana del Estado para administrar sus recursos estratégicos.

La cuestión de la tierra como desafío estructural

La cuestión de la tierra constituye uno de los desafíos estructurales más importantes para el desarrollo territorial, el ordenamiento del territorio y el fortalecimiento de la soberanía nacional, especialmente en provincias como Misiones.

El acceso, la distribución y la regularización de la tenencia no representan únicamente cuestiones jurídicas o administrativas. Son componentes fundamentales de una política de Estado orientada al desarrollo y al ordenamiento territorial.

La tierra no puede ser considerada exclusivamente como un activo económico o financiero. Es un recurso natural estratégico que sostiene la producción, preserva la biodiversidad, protege los recursos hídricos y forma parte de la identidad cultural y social de las comunidades.

La forma en que una sociedad administra este recurso condiciona su modelo de desarrollo, su equilibrio territorial y su capacidad de construir un futuro sostenible.

El territorio como construcción social

El territorio no es solamente un espacio físico; es el ámbito donde se articulan las relaciones sociales, económicas, culturales, políticas e institucionales. 

Cada comunidad construye sentidos de pertenencia a partir de su historia, su cultura y sus prácticas sociales. Por ello, un mismo espacio puede adquirir significados diferentes para los distintos grupos sociales o pueblos originarios que lo habitan.

Comprender esta dimensión resulta indispensable para diseñar políticas públicas capaces de armonizar producción, conservación ambiental, inclusión social y desarrollo.

La ecuación del desarrollo territorial

El desarrollo territorial sostenible depende de un conjunto de políticas que deben actuar de manera integrada.

La ecuación comprende los componentes básicos que permiten transformar la tierra en un factor de desarrollo económico, inclusión social y sostenibilidad ambiental:

Acceso a la tierra + Distribución equitativa + Regularización dominial + Uso responsable basado en Buenas practicas de manejo y Conservación de los suelos.

A estas variables deben incorporarse otros instrumentos estratégicos:

– Planificación y ordenamiento territorial.

– Parámetros claros de tenencia.

– Uso del suelo según su aptitud.

– Mecanismos eficaces de control.

– Asistencia técnica y financiera.

– Infraestructura rural (vivienda, caminos, electrificación, conectividad, educación y salud).

– Fortalecimiento de la competitividad de las economías regionales.

Ninguna de estas políticas, por sí sola, resulta suficiente. Su eficacia depende de una visión integral del territorio y de una adecuada articulación entre los distintos niveles del Estado.

Tierra, soberanía y planificación estratégica

La extranjerización de la tierra no puede analizarse exclusivamente desde la titularidad registral de los inmuebles rurales. También requiere considerar el control efectivo sobre recursos estratégicos: accesos, cursos de agua, nacientes, costas, corredores ambientales, áreas forestales y territorios ubicados en zonas de frontera.

La soberanía en el siglo XXI no se limita exclusivamente a la delimitación física de las fronteras. También comprende la capacidad del Estado para decidir sobre el uso del suelo, garantizar el acceso al agua, proteger los ecosistemas, evitar concentraciones que generen posiciones dominantes y orientar el aprovechamiento de los recursos naturales en función del interés colectivo.

Por ello, el debate sobre la tierra es esencialmente un debate político: expresa distintas concepciones sobre el desarrollo, la propiedad, el territorio y el rol del Estado.

No se trata de rechazar inversiones ni de negar la importancia del capital privado para el crecimiento económico. El desafío consiste en promover inversiones productivas que generen empleo, innovación y agregado de valor, preservando al mismo tiempo la capacidad estratégica del Estado.

Una mirada geopolítica sobre los recursos estratégicos

En un escenario internacional marcado por crecientes disputas por el agua, los alimentos, la energía, los bosques y la biodiversidad, la tierra adquiere una relevancia estratégica creciente.

Por eso, la discusión no debería limitarse al funcionamiento del mercado inmobiliario rural, sino ampliarse hacia una pregunta fundamental: ¿Qué modelo de desarrollo y qué proyecto de país queremos construir?

El problema no reside exclusivamente en la nacionalidad de quien posee una determinada superficie, sino en la combinación de factores que pueden comprometer el interés nacional:

》La concentración territorial;

》La localización estratégica de determinados inmuebles;

》El acceso y control sobre recursos naturales; y

》La capacidad regulatoria del Estado.

La tierra como política de Estado

La tierra constituye uno de los principales activos estratégicos de una Nación. Su administración responsable permite fortalecer las economías regionales, proteger el patrimonio natural, promover un desarrollo equilibrado y consolidar la soberanía territorial.

En definitiva, la tierra es mucho más que un bien patrimonial o el objeto de un debate sobre intereses sectoriales. Constituye el soporte físico del desarrollo, la producción, la conservación ambiental y la identidad territorial de una Nación. Administrarla con visión estratégica no significa restringir el progreso, sino garantizar que ese progreso responda al interés general y fortalezca las oportunidades de las generaciones presentes y futuras.

El desafío de la dirigencia política es transformar la política de tierras en una verdadera Política de Estado: con visión federal, perspectiva intergeneracional y compromiso permanente con el interés nacional, el desarrollo sostenible y el bienestar de las generaciones presentes y futuras. Solo desde una visión estratégica e integral será posible garantizar que la tierra continúe siendo un factor de producción, de cohesión territorial y de soberanía para la Nación.

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