La crisis política en torno a Manuel Adorni sumó este miércoles un nuevo capítulo en el Senado. Los bloques dialoguistas y parte de los aliados del oficialismo resolvieron postergar hasta el 25 de junio la sesión ordinaria prevista para este jueves, en una decisión que busca otorgarle una última ventana de negociación al Gobierno antes de que avance un pedido formal de censura contra el jefe de Gabinete.
La presión ya no proviene únicamente del peronismo. En las últimas horas comenzaron a escucharse voces críticas dentro de sectores que hasta ahora habían acompañado al Ejecutivo. Entre ellas sobresalió la del senador misionero Enrique Goerling, presidente del bloque PRO en la Cámara alta, quien aseguró públicamente que acompañaría una eventual remoción de Adorni si la situación escala a una votación de censura.
“No da para más. Si llega esa instancia, el PRO va a acompañar el pedido de censura o remoción”, sostuvo el legislador en declaraciones periodísticas. La frase fue interpretada como una señal de alarma para la Casa Rosada, que hasta ahora había logrado sostener el respaldo de buena parte de los bloques dialoguistas.
La tensión creció luego de la reciente entrevista televisiva brindada por Adorni, que terminó de consolidar la decisión opositora de impulsar una moción de censura. El tema iba a ser planteado este jueves durante una sesión que originalmente tenía en agenda el tratamiento de pliegos judiciales y la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. Sin embargo, la negociación política terminó imponiendo una tregua temporal.
Durante la reunión de labor parlamentaria, encabezada por la vicepresidenta Victoria Villarruel, los bloques opositores aceptaron posponer el debate una semana. A cambio, dejaron en claro que esperan una definición política del presidente Javier Milei respecto de la continuidad de su principal funcionario político.
Desde el peronismo, el senador José Mayans ratificó que impulsará la censura por considerar que Adorni “le mintió al pueblo argentino” y reúne las causales necesarias para ser removido del cargo.
En los pasillos del Congreso ya circula una fecha concreta: el 2 de julio. Ese día Adorni tiene previsto presentarse ante la Cámara alta para brindar su informe de gestión. Si para entonces no hubo una salida negociada, distintos sectores de la oposición creen que podría prosperar una moción de censura formal.
Fuentes legislativas señalaron que el Gobierno enfrenta una disyuntiva compleja: desplazar al funcionario para evitar una derrota parlamentaria o sostenerlo y arriesgarse a una votación que podría dejar expuesta una creciente pérdida de respaldo político.
Mientras tanto, el oficialismo intenta contener a sus aliados y ganar tiempo. La próxima semana será decisiva para determinar si la crisis se resuelve con una salida política acordada o si desemboca en una de las confrontaciones institucionales más importantes que enfrenta la administración Milei desde su llegada al poder.
El jefe del bloque del PRO en el Senado, Martín Goerling Lara, aseguró que el futuro de Manuel Adorni como jefe de Gabinete se definirá luego de que se presente su informe en la Cámara alta el próximo 2 de julio, aunque ratificó que el partido amarillo reclama su remoción en el cargo.
En diálogo con Infobae, Goerling Lara sostuvo que la permanencia de Adorni en el cargo “no da para más”, y criticó la negativa del oficialismo a habilitar la sesión parlamentaria destinada a tratar el desempeño del jefe de Gabinete.
Consultado sobre la postura del PRO ante una eventual moción de censura o remoción, el senador macrista fue tajante: “Si llega esa instancia, el PRO va a acompañar el pedido de censura o remoción”. Incluso si la iniciativa partiera de bloques opositores más duros, como el kirchnerismo: “Acá el que nos está sometiendo a todos los que ayudamos a este gobierno es el mismo Gobierno, insistiendo a esta altura que es un capricho de mantenerlo al jefe de Gabinete”.
Goerling Lara llamó la atención que la polémica en torno al jefe de Gabinete continúa, incluso cuando gran parte de la atención se la lleva el Mundial de Fútbol: “Arrancó el Mundial y seguimos hablando de Adorni. Yo pensé que a esta altura el Presidente habría tomado como decisión correrlo del cargo. Es lo que estamos pidiendo desde nuestro espacio”.
El senador recordó que fue el bloque PRO fue el que solicitó que vaya a comparecer al informe de gestión ante la Cámara alta, y que se llegó a una situación de punto límite tras el informe del funcionario en la Cámara de Diputados. “Le ha mentido al Congreso y a toda la Argentina”, aseguró. Y que la presión política y social se incrementó después de la declaración jurada de Adorni y la falta de respuestas claras. “No da para más, está rompiendo un vínculo con la sociedad y está paralizando la gestión de todos los argentinos”, remarcó.
La agenda parlamentaria
El jefe del bloque PRO subrayó la diferencia la moción de censura y la remoción del cargo, que son las distintas que están sobre la mesa de los bloques opositores y cercanos al oficialismo. “La censura es un acto político fuerte que le dice al presidente que ambas cámaras no quieren que este sea el ministro de gabinete, pero el presidente puede desoír. Ahora, la remoción tiene un efecto jurídico: el presidente tiene que correrlo”, deslizó.
Goerling Lara explicó que, para avanzar con la remoción en el Senado, se requiere mayoría absoluta de 37 votos de la totalidad de los miembros. Remarcó también que, para el oficialismo, “sesionar es riesgoso” en este contexto “porque si se abre el recinto van a suceder cosas”.
La reunión de labor parlamentaria prevista para las 18, señaló, será decisiva para definir si hay sesión este jueves. “La idea era sesionar mañana. Hay un grupo de diputados del oficialismo que no quiere la sesión porque se puede dar la moción de censura o remoción”, contó.
El senador insistió que la permanencia de Adorni como jefe de Gabinete “le está haciendo un daño tremendo” al Gobierno y “está impactando en la imagen presidencial”, donde cuestiones como la “lucha contra la casta” se estaría perdiendo por los escándalos de presunta corrupción. “Era un activo de este Gobierno y lo está dilapidando”, planteó.
Goerling Lara describió la relación del PRO con el Gobierno en dos etapas. “El PRO ha tenido una actitud de acompañar a este gobierno desde el balotaje”, afirmó, recordando el rol clave del partido en la sanción de la Ley Bases: “La ley más importante que mandó este gobierno, que era la herramienta para empezar su gestión, la desempató (la vicepresidenta, Victoria) Villarruel. Si no le daba votos el PRO, esa ley no salía”.
Sin embargo, anticipó que la actual coyuntura está vinculada a una “segunda etapa” donde el oficialismo “tiene que demostrar cómo quiere gobernar la Argentina”. “Nosotros nos tenemos que preparar porque el año que viene también hay elecciones”, dijo. Sin embargo, ratificó que “el PRO no es oposición al Gobierno en el sentido kirchnerista”.
“Nos vamos a oponer cuando las cosas están mal, cuando se está desviando el rumbo, cuando se debilitan las instituciones. Vamos a acompañar los procesos de transformación económica, la baja de la inflación y del déficit. Lo que está bien acompañaremos y lo que está mal nos vamos a oponer con total claridad”, amplió.
El senador enfatizó que la crisis con el caso de Adorni entorpece la agenda legislativa, ya que se tendrían que estar tratando varios proyectos que envió el Poder Ejecutivo y “no podemos avanzar”. “Si no hay sesión es por el tema Adorni. Es un riesgo y le está perjudicando la gobernabilidad y la gestión, día a día. No puede ser que hace tres meses estemos discutiendo este tema”, lamentó Goerling Lara.
“Si el Presidente quiere evitar eso, lo tiene que correr. De otra manera, me parece que es una grave señal para la Argentina y sobre todo para la economía, porque esto mete ruido”, concluyó.
Las diferencias sobre la reforma política y el futuro del PRO
El senador también se refirió a la reforma electoral que presentó el Gobierno, en la que anticipó “la mayoría de los senadores no va a eliminar las PASO como competencia electoral previa”. “Podemos sacar la obligatoriedad, discutir el piso para que los partidos participen, el financiamiento, pero que haya primaria”, expresó. Además, defendió el mantenimiento de los debates presidenciales obligatorios porque es una “obligación de los que quieren gobernar la Argentina debatir ideas”.
Sobre el futuro del PRO, Goerling Lara expresó que le encantaría que Mauricio Macri sea candidato a presidente en 2027. “Creo que en una segunda oportunidad, después de la experiencia acumulada, sería un gran presidente. Pero va a depender de él”, planteó, y confió en la reconstrucción partidaria de cara a 2027: “Mauricio está trabajando y poniendo el cuerpo en todo el país, reorganizando nuestra fuerza política. El PRO va a ser protagonista el año que viene, o encabezando una fórmula presidencial o acompañando un frente electoral”.
En la Argentina, la designación de jueces federales y nacionales es un procedimiento solemne: propuesta del Ejecutivo, acuerdo del Senado y decreto presidencial. Tres pasos que conforman un acto complejo y que garantizan equilibrio entre poderes. Pero cuando el Presidente, tras enviar el pliego y obtener el acuerdo, se abstiene de firmar el decreto, se produce una lesión republicana que erosiona la credibilidad institucional y vulnera derechos fundamentales.
La contradicción institucional
El Ejecutivo activa el procedimiento, compromete al Senado y expone al candidato. Luego, se “hace el distraído”. Esa omisión no es neutra: es un veto encubierto que contradice la lógica republicana.
Como señala Bidart Campos en su Tratado Elemental de Derecho Constitucional Argentino, la discrecionalidad presidencial no puede transformarse en arbitrariedad, porque ello desnaturaliza la división de poderes.
Derechos vulnerados
El candidato que atravesó concurso y obtuvo acuerdo queda en un limbo.
– Se vulnera el derecho a la igualdad y al acceso a cargos públicos (art. 16 CN). – Se viola el principio de razonabilidad (art. 28 CN).
– Se afecta el servicio de justicia, privando a la sociedad de jueces naturales.
La Corte Suprema, en el fallo Rosza (2007), “Rosza, Carlos Alberto” del 23 de mayo de 2007, declaró inconstitucional el sistema de jueces subrogantes (suplentes) que utilizaba el Consejo de la Magistratura. El tribunal determinó que la designación de estos jueces temporales violaba la garantía del juez natural y la independencia del Poder Judicial, ya que el proceso omitía la participación conjunta y necesaria del Consejo, el Poder Ejecutivo Nacional y el Senado, tal como exige la Constitución para los jueces titulares y que cualquier desviación afecta el principio republicano y el derecho al juez natural.
Motivaciones subalternas
La sospecha de parentescos incómodos o vínculos con periodistas críticos del gobierno agrava la percepción de arbitrariedad. Como advierte Sagüés, la desviación de poder es incompatible con el sistema republicano y con el deber de garantizar justicia. Tal como se desprende de la doctrina de Néstor Pedro Sagüés en sus estudios sobre la patología de la arbitrariedad, la desviación de poder resulta intrínsecamente incompatible con el diseño republicano. Para el autor, el desvío de las finalidades normativas desnaturaliza la legitimidad del ejercicio del poder, imponiendo a los magistrados el deber imperativo de intervenir para restablecer la supremacía constitucional y garantizar una justicia efectiva.”
El juez ya es juez del sistema
El concurso y el acuerdo del Senado no son trámites vacíos: reconocen que el candidato reúne las condiciones para integrar el Poder Judicial. Aunque el juzgado aún no esté creado, el juez ya es juez del sistema. Negar la designación equivale a vaciar de contenido el concurso y frustrar la finalidad republicana.
Ecos de la doctrina constitucional comparada
Alexander Hamilton, Federalist No. 78 (1788): “La independencia de los jueces es esencial para la preservación de la Constitución y de los derechos de los individuos”. La omisión presidencial contradice este principio, porque convierte la designación en rehén de intereses políticos.
John Marshall, Marbury v. Madison (1803): estableció que “es deber del Poder Judicial decir qué es la ley”. La independencia judicial es la garantía de que la Constitución no se convierta en letra muerta.
Alexis de Tocqueville, La Democracia en América: advirtió que los jueces son “los árbitros de la Constitución” y que su independencia es el baluarte contra la tiranía de las mayorías.
La comparación revela que, tanto en Argentina como en Estados Unidos, la independencia judicial es el núcleo de la República. La discrecionalidad presidencial que bloquea designaciones erosiona ese núcleo y convierte la justicia en un terreno de sospechas.
Conclusión
La omisión presidencial tras el acuerdo del Senado no es un acto administrativo menor: es una lesión republicana, una vulneración de derechos y una contradicción institucional que mina la credibilidad del sistema. En palabras de Hamilton, “no hay libertad si el poder de juzgar no está separado del legislativo y del ejecutivo”. Y en la visión de Tocqueville, la democracia se sostiene en jueces independientes que limitan el poder. Porque el poder, sin límites, se convierte en sombra; y la democracia, sin justicia independiente, se disuelve en apariencia. Jerarquizar la República es recordar que el límite del poder es la condición de la libertad. Y la libertad, encendida y plena, no es sólo la ausencia de cadenas: es la posibilidad de elegir con dignidad, de vivir sin miedo y de confiar en que la justicia será siempre más fuerte que la arbitrariedad
La industria argentina del biodiésel atraviesa otro año marcado por la baja utilización de su capacidad instalada, la caída de las exportaciones y una creciente dependencia del mercado interno. Aunque los datos del primer cuatrimestre de 2026 muestran una leve recuperación interanual en los niveles de producción, el sector continúa muy lejos de los volúmenes que supo alcanzar en sus años de mayor expansión y mantiene expectativas centradas en una eventual reforma del régimen de biocombustibles que permita recomponer la demanda.
De acuerdo con cifras de la Secretaría de Energía, entre enero y abril de este año se produjeron 308.565 toneladas de biodiésel, un 16% más que en igual período de 2025. Sin embargo, el dato adquiere otra dimensión cuando se compara con el promedio de los últimos cinco años: la producción actual se ubica un 25% por debajo de ese nivel y constituye el tercer registro más bajo desde 2010.
La producción de biodiesel en Argentina sigue limitada en el comienzo de 2026, a pesar de una leve mejora interanual. Se opera muy por debajo de su capacidad y se depende cada vez más del mercado interno dada las limitadas posibilidades de exportación.
La producción de biodiesel en Argentina transita un nuevo año de una actividad limitada. De acuerdo con datos de la Secretaría de Energía, la producción acumulada en primer cuatrimestre del año alcanzó 308.565 toneladas, 16% por encima del año pasado, pero aún 25% por debajo del promedio de los últimos 5 años y el tercer total más bajo desde 2010.
Esta tendencia declinante de la industria de biodiesel en Argentina no es reciente. En términos anuales, la producción nacional alcanza un máximo histórico en 2017 con 2,8 Mt, situación que se comienza a revertir desde entonces, hasta alcanzar un piso de 0,83 Mt en el año 2023. Si bien ese año estuvo afectado por una sequía histórica, tras la recuperación en la producción de soja entre 2024 y 2025, el total producido de biodiesel fue de 1,1 y 0,97 Mt para dichos años.
Si se considera la capacidad instalada de producción de biodiesel a nivel nacional, que se ubica en torno a 3,8 Mt anuales y mayormente en la provincia de Santa Fe, los volúmenes producidos dejan una capacidad ociosa anual en torno al 75%. Más allá de que siempre fue un desafío incrementar el uso de la capacidad instalada, la producción de los últimos dos años se ubica 50% por debajo del promedio histórico para la industria y el 2026 parece que no logrará un repunte relevante en términos de actividad.
Es importante mencionar que, la industria de biodiesel en Argentina funciona con un sistema dual, con empresas mayormente pyme que operan y abastecen exclusivamente el mercado doméstico según la tasa de corte establecida y, por otro lado, se encuentra las empresas integradas que abastecen exclusivamente la demanda de exportación sin poder abastecer el corte de gasoil a nivel local.
Si se considera la producción destinada a las ventas al corte y el resto de las ventas que, en conjunto consolidan la demanda doméstica, en el año 2025 se alcanzó una comercialización total de 703.304 toneladas, por encima del promedio de los últimos 5 años, aunque levemente por detrás del 2024 cuando se alcanzaron las 777.218 toneladas. Mientras que, el volumen de exportación de 2025 fue de tan solo 273.386 toneladas, el total más bajo desde el comienzo de la serie. Teniendo en cuenta que los stocks de la industria son relativamente acotados, las ventas domésticas y de exportación explican, en conjunto, cerca del 100% de la producción anual.
Tal como se puede ver en el siguiente gráfico, desde 2022 se comenzó a disparar el share de las ventas locales respecto al total hasta representar un máximo del 72% en 2025 y del 90% en el primer cuatrimestre de 2026, lo cual da cuenta de que la caída en la producción se explica mayormente por la merma en las exportaciones del sector. Igualmente, se destaca que las ventas domésticas de los últimos años están 30% por debajo de los mejores años entre 2015 y 2019.
En términos absolutos, en el primer cuatrimestre de 2026 se realizaron ventas en el mercado doméstico por 271.751 toneladas y exportaciones por solo 30.360 toneladas. Para igual período de años anteriores, este registro de exportaciones es el más bajo desde que comenzó la producción de biodiesel en Argentina hacia el año 2008. De esta manera, se logra observar cómo una industria que nació más bien enfocada en la exportación actualmente está supeditada al nivel de ventas del mercado interno y donde las empresas que operan en la exportación no pueden participar de las ventas al corte doméstico. A esto se agrega que, la Unión Europea, nuestro único mercado para las exportaciones de biodiesel, podría adoptar una resolución que dejaría vedada nuestras posibilidades de seguir haciendo envíos a dicho destino. (Ver)
¿Cuál es la propuesta oficial para actualizar la Ley de Biocombustibles que ingresó al Senado?
Tal como se mencionó anteriormente, el desempeño de la industria de biodiesel en Argentina no atraviesa su mejor momento y, con un esquema en el cual la tasa de corte de biodiesel en gasoil es relativamente baja en comparación histórica y mercados importadores que buscan limitar nuestras exportaciones.
Es en este contexto que la discusión legislativa adquiere un rol central. Un nuevo régimen que brinde previsibilidad al promover mayores tasas de corte y mejore las condiciones de comercialización podría generar un piso de demanda más sólido para la industria y disminuir la gran capacidad ociosa que existe actualmente. Esto, en sintonía con las políticas que vienen aplicando los principales países productores y competidores de aceites vegetales, que fomentan la expansión de las cadenas de valor agroindustriales y de biocombustibles en particular, en post de diversificar las matrices energéticas y consolidar la Seguridad Energética de sus propios países.
El oficialismo ingresó un proyecto para discutir un nuevo marco regulatorio para el biodiesel que proyecta un incremento de la tasa de corte al 10% luego de 12 meses desde la sanción de la ley. En perspectiva comparada, dicha tasa de corte volvería a niveles previos con los cuales funcionó la industria en ciertos períodos, pero aun mostrando cierta distancia de lo que rige en el caso de Brasil y lo que se podría efectivizar hacia adelante en dicho país.
Más allá del nivel de corte, uno de los cambios tiene que ver con el mecanismo propuesto para la comercialización de biodiesel. El proyecto contempla reducir progresivamente la porción de abastecimiento que se determina vía cupos coordinados por el Estado, mientras se incrementan proporcionalmente la participación que se negociaría libremente a través del “Mercado Electrónico Transparente” donde podrían participar tanto las empresas integradas como las no integradas. Esta migración del sistema de cupos hacia un mercado más flexible está estipulada para comenzar a partir de la entrada en vigor del corte del 10%, cuando la mitad del corte será abastecido por la negociación libre entre partes. Este proceso continuará progresivamente hasta 2030, momento en el que 3 puntos porcentuales (p.p) del corte obligatorio estarán garantizados para las empresas no integradas y los 7 p.p restantes se negociarán en el mercado libre, donde las mezcladoras –que realizan coprocesamiento– podrán acaparar hasta 3 puntos porcentuales.
Por otro lado, las operaciones en este Mercado Electrónico contemplarían regiones geográficas para optimizar costos logísticos, y se tendría libertad contractual para celebrar acuerdos de abastecimiento a futuro. Finalmente, se estipula un precio máximo que estará condicionado por el valor de paridad de importación de biodiesel, el cuál será calculado periódicamente por un organismo independiente y siempre en base a fuentes reconocidas del mercado internacional.
El proyecto contempla la posibilidad de que empresas mezcladoras, por voluntad propia, puedan añadir biodiesel al gasoil en porcentajes superiores a los obligatorios. Además, prevé la habilitación de la circulación de vehículos flex fuel que utilicen mezclas con porcentajes superiores. En esta sintonía, se permitiría la instalación de surtidores exclusivos en las estaciones de servicio para despachar estos cortes incrementales al público. Además, se abre la posibilidad de importar biocombustibles para mezclas superiores al corte o en los casos donde hubiese faltante de oferta para satisfacer la demanda por corte obligatorio.
En términos del impacto que se podría tener en términos productivo, teniendo en cuenta el consumo promedio anual de gasoil en Argentina durante los últimos cinco años, se necesitarían alrededor de 1,3 Mt de biodiesel anuales de aprobarse el corte del 10%, un 33% más que el escenario donde se mantiene la tasa de corte actual del 7,5%. Esto podría ponerle un piso a la producción más allá de las posibilidades de exportación.
El oficialismo solicitó aplazar el tratamiento del proyecto del Poder Ejecutivo de inviolabilidad de la propiedad privada, que defendió en su momento en comisión el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger.
El tema figuraba en primer lugar para el debate de este jueves, pero pasó para después de resolverse la cuestión de los pliegos judiciales. A la hora en que debía abrirse el debate, pidió la palabra el senador Agustín Coto, presidente de Asuntos Constitucionales, quien mocionó aplazar el tratamiento del tema, sin dar razones. El pedido fue aprobado por el pleno a mano alzada.
Fuentes oficialistas consultadas aclararon que el proyecto sería tratado en la sesión de la semana que viene. Para la oposición, la decisión de bajar el tema este jueves fue “porque no tenían los votos”. Así lo señaló en redes sociales la santacruceña Ana Marks, quien sostuvo que en LLA “no consiguieron los votos, pero el modelo económico de saqueo que llevan adelante nos obliga a estar atentos, seguir informando y concientizando”.
Marks fue más lejos al señalar que “por eso debemos redoblar los esfuerzos para informar, concientizar y construir una amplia mayoría social que defienda el derecho a la tierra, a la vivienda y a nuestros bienes naturales comunes frente a la especulación, la concentración y la extranjerización”, y concluyó: “No vamos a permitir que Milei y este gobierno de cipayos nos entreguen al capital global”.
Qué dice el proyecto
El proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada tuvo correcciones en la reunión en la que se le dio dictamen, el miércoles 20 de mayo. Entre ellos se concedió la eliminación del Capítulo III que derogaba artículos de la Ley 27.453 (Régimen de Regularización Dominial para la Integración Socio Urbana) y dejaba abierta la posibilidad de desalojos inmediatos.
Asimismo hubo una serie de modificaciones al Capítulo IV que propone 8 artículos con cambios y derogaciones a la Ley sobre el Régimen de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de las Tierras Rurales (26.737).
Entre las modificaciones a la Ley de Expropiaciones (N° 21.499), se incorpora expresamente la exigencia de que la declaración de utilidad pública, que será de interpretación restrictiva, cumpla con los estándares de idoneidad, necesidad y proporcionalidad.
También se establecen criterios objetivos para la determinación del valor del bien, tomando como referencia la fecha inmediatamente anterior a cualquier acto estatal que pueda influir en su cotización. “De este modo, se evitará que la propia actuación estatal distorsione el valor del bien en perjuicio del expropiado, con lo cual se garantiza un justiprecio real”, sostuvo el PEN.
Asimismo, se regula con mayor precisión el alcance de la indemnización, con inclusión del lucro cesante cuando sea consecuencia directa e inmediata de la expropiación y se encuentre debidamente acreditado.
Se incorpora, además, un mecanismo de actualización del monto indemnizatorio que contempla la evolución de los precios y una tasa de interés comercialmente razonable, con el objeto de preservar su valor real hasta el momento del efectivo pago. “Esta previsión resulta indispensable en contextos inflacionarios, a fin de evitar que la indemnización se torne ilusoria”, señaló el Gobierno en los considerandos.
Finalmente, se refuerza el rol del control judicial, se asegura la valoración fundada de la prueba técnica y se garantiza el debido proceso.
Por otra parte, el proyecto de ley redefine el régimen de ocupación temporánea y establece límites claros que preserven su carácter excepcional; y se modifica la figura de la expropiación irregular, mediante la incorporación de supuestos en los que el Estado, sin transferir formalmente el dominio, priva sustancialmente al titular de las facultades esenciales del derecho de propiedad.
El PEN manifestó que en esta propuesta “se pone el foco en que la protección del derecho de propiedad demanda la existencia de mecanismos procesales eficaces. La demora en la restitución de un inmueble frente a una ocupación ilegítima implica, en los hechos, una privación del derecho sin indemnización, lo cual resulta incompatible con la garantía de inviolabilidad dispuesta por nuestra Ley Suprema”.
En este sentido, el proyecto introduce reformas al Código Procesal Civil y Comercial y al Código Civil y Comercial de la Nación, a fin de establecer la tramitación por vía sumarísima del proceso de desalojo e incorporar mecanismos de restitución anticipada del inmueble en supuestos de verosimilitud del derecho, bajo caución juratoria y con control judicial suficiente.
Asimismo, se modernizan los sistemas de notificación, por medio de la incorporación del domicilio electrónico, y se fortalecen las facultades del juez para identificar ocupantes y asegurar la eficacia de las decisiones.
