SENADO

El jefe de Guardaparques de Misiones rechazó la reforma de la ley de Tierras por “amenazar la soberanía”

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En medio del creciente debate por la reforma de la Ley de Tierras Rurales y los cambios propuestos en la Ley de Manejo del Fuego, el jefe del Cuerpo de Guardaparques de la Provincia de Misiones, Jorge Javier Bondar, hizo pública una carta abierta en la que manifiesta su rechazo a ambas iniciativas por considerar que representan un riesgo para la protección del patrimonio natural, la soberanía territorial y el futuro ambiental del país.

En el documento, Bondar sostiene que la discusión excede el plano jurídico y económico para involucrar conceptos vinculados a la soberanía nacional. En ese sentido, afirma que el control efectivo del territorio y de los recursos naturales constituye uno de los pilares de esa soberanía y advierte que las reformas podrían debilitar esa capacidad del Estado.

El guardaparque recuerda que Misiones ocupa una posición geográfica particularmente sensible por compartir cerca del 90% de sus límites con Brasil y Paraguay. Según plantea, esa condición fronteriza exige una protección especial sobre el territorio, especialmente considerando que la provincia concentra más de la mitad de la biodiversidad argentina y alberga uno de los principales remanentes de Selva Paranaense del continente.

Respecto de la reforma a la Ley de Tierras, Bondar advierte que la flexibilización de las restricciones vigentes podría generar un debilitamiento del control estatal en zonas de frontera y sobre recursos estratégicos, como las reservas de agua dulce y los bosques nativos. Además, sostiene que podría favorecer conflictos sociales derivados del desplazamiento de comunidades locales y pueblos originarios.

En relación con la Ley de Manejo del Fuego, el jefe del Cuerpo de Guardaparques cuestiona la posibilidad de flexibilizar las limitaciones actuales sobre el uso de los terrenos afectados por incendios. A su entender, ello abriría la puerta a cambios de uso del suelo que podrían derivar en monocultivos a gran escala o desarrollos inmobiliarios, incluso con capitales extranjeros, alterando el equilibrio ambiental y territorial.

Bondar también enfatiza que, si bien la Constitución Nacional reconoce el dominio originario de los recursos naturales a las provincias, ello implica una responsabilidad de preservarlos para las generaciones futuras. En ese marco, se pregunta qué ocurrirá con aquellas jurisdicciones que no prioricen políticas ambientales y destaca que Misiones ha construido durante décadas un perfil distintivo basado en la conservación de sus ecosistemas.

En el tramo final de la carta, el funcionario fija formalmente su posición institucional como jefe del Cuerpo de Guardaparques de Misiones. Allí expresa su rechazo a las modificaciones de ambas leyes por entender que “atentarán contra los recursos naturales, la soberanía territorial, los pueblos originarios y, sobre todo, las generaciones venideras”.

La postura de Bondar se suma a una serie de pronunciamientos surgidos en Misiones durante las últimas semanas. El Gobierno provincial, intendentes, organizaciones ambientales, entidades industriales y distintos sectores políticos ya habían manifestado reparos frente a la reforma de la Ley de Tierras, argumentando que una provincia de fuerte condición fronteriza requiere resguardar especialmente el control sobre su territorio y sus recursos estratégicos.

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Ley de Tierras en el senado: “Si se aprueba, será el fin de la familia agraria en Misiones”

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El dirigente agrario Hugo Sand, presidente de la Asociación de Productores Agropecuarios de Misiones (Apam), fue contundente al evaluar el impacto del proyecto de ley “De inviolabilidad de la propiedad privada”, cuyo tratamiento en el Senado está previsto para el próximo 6 de agosto. “Si se aprueba, será el fin de la familia agraria en Misiones”, sentenció.

“Es un proyecto tramposo que modificará la Ley de Tierras Rurales 26.737 y abrirá definitivamente las puertas a la extranjerización de nuestra Patria”, advirtió Sand en diálogo con Portal Misiones Radio. “No solo permite que los capitales privados se apropien de nuestros recursos, sino que también habilita a otros Estados a comprar tierras en la Argentina, delegando en las provincias la potestad de decidir a quién vender. Es un verdadero despojo a las poblaciones locales”, denunció.

El mapa de la extranjerización actual

La actual Ley de Tierras Rurales pone un tope del 15% al territorio nacional que puede estar en manos extranjeras (unos 40 millones de hectáreas). “Hoy, bajo esa norma, los extranjeros poseen el 5% —cerca de 13 millones de hectáreas—, por lo que aún queda un 10% disponible. Es decir, legalmente la venta podría expandirse a una superficie equivalente a las provincias de Buenos Aires y Corrientes juntas”, detalló el dirigente.

Sand alertó sobre la ubicación estratégica de los capitales extranjeros actuales: zonas de frontera, nodos logísticos clave, regiones mineras, tierras sobre el Acuífero Guaraní y áreas de bosques nativos. Al enumerar a los propietarios, precisó: “Los estadounidenses tienen 2,7 millones de hectáreas, una superficie similar a Misiones; los italianos tienen 2 millones, equivalente a Tucumán; los españoles poseen 1,7 millones, y Gran Bretaña tiene 1,1 millones de hectáreas ilegales porque nos robaron las Malvinas, de las cuales 246 mil hectáreas pertenecen a Joe Lewis en Lago Escondido”. Lo más preocupante, señaló, es que “el presidente Javier Milei quiere dar luz verde para extender, sin límites, esa superficie”.

El titular de Apam advirtió que el interés extranjero se concentra en áreas críticas: “El 90% de los límites de Misiones son fronteras con Paraguay y Brasil a través de los ríos Uruguay y Paraná. Hoy en día, un total de 36 municipios del país ubicados en estas zonas de seguridad ya superan el 15% de extranjerización, y cuatro de ellos exceden el 50%, lo que significa que más de la mitad del municipio corresponde a un dueño extranjero”.

El origen y el engranaje de la entrega

Al rastrear el origen de esta problemática, Sand recordó que el proceso comenzó en 1996, bajo la presidencia de Carlos Menem, cuando se autorizó la venta de 8 millones de hectáreas en zonas de seguridad de frontera. “Fue en ese momento cuando desembarcó en la región la empresa forestal de capitales chilenos”, recordó.

Frente al escenario actual, el dirigente cuestionó los intereses políticos vigentes: “¿Por qué hoy Javier Milei, la UCR, el PRO y algunas bancas provinciales insisten en habilitar más territorio para los extranjeros? ¿Por qué quieren vender la Patria?”. Para Sand, este debate legislativo no es un hecho aislado, sino parte de un engranaje más amplio de desmantelamiento soberano.

En ese sentido, enumeró las recientes medidas del Gobierno nacional:

*La derogación de la Ley de Emergencia Territorial Indígena (26.160), que frenaba los desalojos.

*La quita de facultades al Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), desprotegiendo a productores y tareferos.

*El desguace del INTA y el INTI, pilares del desarrollo científico y productivo.

*La modificación de la Ley de Glaciares para habilitar la minería.

*La implementación del RIGI, que otorga beneficios impositivos y aduaneros por 30 años para la explotación de bienes comunes.

*La concesión por 25 años de la Vía Navegable Troncal Paraná-Paraguay al consorcio privado belga Jan De Nul, por donde sale el 80% de la producción del país.

Por todo esto, concluyó: “Queda claro que esta reforma busca la extranjerización de la tierra, el agua y los minerales. Solo les falta este paso legal para avanzar con la ocupación del territorio”.

El impacto en la tierra roja

Trasladando la problemática a la realidad misionera, Sand expuso un escenario preocupante: “En Misiones, una sola empresa forestal de capitales chilenos concentra el 27% del territorio, asentada sobre las tierras rojas más profundas y fértiles, ideales para la producción de alimentos. Los misioneros necesitamos producir comida, pero si esta norma prospera, este esquema de concentración no hará más que crecer”.

Asimismo, manifestó su temor por la explotación intensiva y desregulada del patrimonio natural, ejemplificando con el predio del INTA en San Antonio, que alberga valiosos ejemplares semilleros del milenario Pino Paraná: “Bajo este modelo, ese espacio podría privatizarse y reconvertirse al monocultivo de especies exóticas”.

Entre las consecuencias directas, el dirigente anticipó el desplazamiento de pueblos originarios y productores, la reprimarización de la economía y la pérdida total de autonomía alimentaria y ambiental. De aprobarse la norma en el Senado, sentenció: “Estaremos ante la desaparición de las comunidades guaraníes y de la familia agraria misionera”.

El dirigente fue enfático al recordar que los recursos de la provincia tienen un valor que trasciende lo mercantil: “La tierra, el agua, los ecosistemas, las semillas nativas y criollas, y las fuentes de energía tienen una función social, no meramente económica. De ellos depende la subsistencia tanto de las familias urbanas como de las rurales. Todo lo que garantiza el equilibrio ambiental y la producción de alimentos está en juego con este proyecto tramposo”.

Un mensaje a los senadores misioneros

Respecto a la postura que adoptarán los senadores nacionales por Misiones, Sonia Rojas Decut, Carlos Arce y Martín Goerling, el próximo 6 de agosto, Sand fue tajante: “Por la forma en que vienen votando, dando luz verde a leyes que destruyen al pueblo, dudo de su patriotismo y de su amor por la tierra roja. Si aprueban este proyecto, la historia los recordará como vendepatrias”.

Para finalizar, rescató la histórica consigna de la Asociación que fundó a principios del año 2000 al calor de los tractorazos agrarios: “La chacra no se vende, la chacra es Patria”.

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Senadores misioneristas rechazarán artículo clave de la ley de Tierras, pero Goerling votará a favor

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Los senadores por Misiones, Carlos Arce y Sonia Rojas Decut, evalúan votar en contra del capítulo 3 del proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que modifica el régimen de adquisición de tierras rurales por parte de personas o empresas extranjeras, mientras que el PRO-libertario Martín Goerling ratificó que votará a favor de la ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada.

La postura de Arce y Rojas Decut no implicaría rechazar la totalidad del proyecto, sino el apartado referido a la extranjerización de tierras, tras considerar que una flexibilización de las restricciones podría afectar a una provincia de frontera como Misiones.

La posición está alineada con el planteo que les hizo el gobernador Hugo Passalacqua, con quien se reunieron en las últimas horas. El mandatario sostiene la necesidad de preservar el territorio provincial, los recursos naturales, la biodiversidad, los cursos de agua y las áreas productivas estratégicas. 

Aunque la decisión aún no fue oficializada, la evaluación apunta a mantener las herramientas de protección territorial vigentes y evitar cambios que puedan facilitar una mayor concentración o extranjerización de las tierras rurales. El tema genera expectativa entre sectores productivos, sociales y ambientales de la provincia.

En contraste, el senador Martín Göerling confirmó que votará a favor de la iniciativa y salió a cuestionar con dureza los argumentos del oficialismo misionero.

En una entrevista con Open 101.7, el legislador del PRO, alineado con el oficialismo nacional, sostuvo que la polémica en la provincia se construyó sobre “información falsa” y aseguró que el texto que llegará al recinto el próximo 6 de agosto es muy distinto al proyecto original, luego de múltiples modificaciones durante el debate parlamentario.

“La polémica se armó en Misiones faltando totalmente a la verdad sobre lo que se está discutiendo”, afirmó. Incluso vinculó las críticas a “una interna del oficialismo” provincial y aseguró que muchos de los cuestionamientos públicos no se corresponden con el contenido definitivo del proyecto.

Uno de los principales argumentos del Gobierno de Misiones es que la reforma elimina barreras para la compra de tierras por parte de extranjeros, especialmente en una provincia fronteriza y con importantes recursos naturales.

Goerling rechazó esa interpretación. Explicó que la iniciativa no modifica la legislación vigente desde 1944 que declara a Misiones zona de seguridad de frontera, por lo que cualquier adquisición de inmuebles por parte de ciudadanos extranjeros continuará requiriendo autorización estatal.

“Ningún extranjero va a poder comprar un metro de tierra en Misiones sin autorización. Eso no cambia”, sostuvo.

El senador también negó que la reforma implique una desprotección de los recursos hídricos, los bosques o las áreas de conservación.

El eje central de la defensa de Goerling es que la reforma elimina la intervención directa del Estado nacional en la fijación de límites generales y devuelve a cada provincia la capacidad de definir su propia política sobre la propiedad rural.

Según explicó, la actual ley, sancionada en 2011, estableció un límite del 15% para la propiedad extranjera tanto a nivel nacional como por departamento, sin contemplar la participación de las provincias en esas decisiones.

“La ley vigente define desde Buenos Aires quién puede comprar tierras en Misiones. Esta reforma les devuelve explícitamente esa potestad a las provincias”, afirmó.

Como ejemplo, recordó que departamentos como Iguazú, Wanda, Puerto Libertad y Esperanza ya superan ampliamente ese porcentaje debido a propiedades adquiridas antes de la sanción de la norma o pertenecientes a empresas extranjeras como Arauco.

A su criterio, el nuevo esquema permitirá que cada provincia autorice o rechace inversiones según sus propios intereses estratégicos.

Goerling también cuestionó las declaraciones de intendentes que en las últimas semanas se pronunciaron contra la reforma.

Dijo que muchos de los planteos realizados por los jefes comunales ya están contemplados en el texto que llegará al Senado.

“Escuché a varios intendentes pedir exactamente lo que establece esta ley: que la provincia tenga injerencia, que proteja los recursos naturales y que pueda decidir sobre su territorio. Todo eso está previsto en el proyecto”, afirmó.

En ese contexto, sostuvo que el Gobierno provincial debería comenzar a trabajar en una legislación específica para regular esas facultades en caso de que la reforma sea aprobada.

“Le diría al gobernador Passalacqua que, en lugar de pedir que rechacemos el proyecto, nos pongamos a trabajar en una ley provincial que establezca todas esas protecciones”, planteó.

Un debate que divide a Misiones

Las declaraciones del senador profundizan un escenario de fuerte confrontación política.

En las últimas semanas el Gobierno provincial impulsó un amplio frente institucional contra la reforma. Además del pronunciamiento del gobernador, también expresaron su rechazo la Asociación de Intendentes del Norte Misionero (ADINM), la Comisión de Desarrollo Estratégico e Integral de Municipios (CODEIM), el Movimiento Industrial Misionero y la Red de Mujeres del Movimiento, encabezada por Viviana Rovira.

Todos coinciden en advertir que la eliminación de los límites nacionales a la compra de tierras por extranjeros podría facilitar la concentración de superficies estratégicas vinculadas a recursos hídricos, biodiversidad y zonas de frontera.

Goerling, en cambio, sostiene exactamente lo contrario: afirma que la reforma fortalece el federalismo, devuelve competencias a las provincias y no elimina ninguno de los controles específicos sobre las zonas fronterizas.

Con la sesión prevista para el 6 de agosto, el Senado se prepara para una votación que trasciende el debate jurídico y expone una diferencia política de fondo entre el Gobierno nacional y la conducción de Misiones sobre quién debe tener la última palabra en una cuestión considerada estratégica: el control del territorio provincial.

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Sturzenegger prepara otra revolución desreguladora con un megaproyecto de 350 artículos

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El Gobierno nacional no espera a que se resuelva uno de los debates legislativos más sensibles del año. Mientras el Senado mantiene en suspenso el tratamiento del proyecto de “Inviolabilidad de la Propiedad Privada” —rechazado por intendentes, legisladores, organizaciones sociales y el Gobierno de Misiones por considerar que debilita los límites a la compra de tierras por extranjeros—, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, ya prepara una nueva ofensiva legislativa destinada a profundizar el proceso de liberalización económica.

El anteproyecto, al que accedió El Cronista, consta de casi 350 artículos y modifica decenas de leyes nacionales. La iniciativa será enviada al Senado en los próximos días y representa una segunda etapa de la agenda desreguladora iniciada con la Ley Bases y los decretos impulsados desde el comienzo de la gestión de Javier Milei.

La coincidencia política no pasa inadvertida. El mismo Congreso que todavía no logra consensuar la polémica reforma sobre la propiedad de la tierra deberá discutir ahora un paquete mucho más amplio que modifica regulaciones en sectores estratégicos de la economía.

Una nueva ola de desregulación

La lógica del proyecto mantiene el sello de Sturzenegger: eliminar regulaciones, reducir requisitos administrativos, abrir mercados y limitar la intervención estatal en actividades económicas que, según la visión oficial, permanecen excesivamente reguladas.

La propuesta alcanza prácticamente todos los sectores: mercado inmobiliario, farmacias, transporte marítimo y fluvial, mercado de capitales, garantías financieras, fideicomisos, agro, energía, vinos, carne vacuna, comercio electrónico y diversas actividades profesionales.

Uno de los aspectos políticamente más relevantes es que el Ejecutivo solicita al Congreso declarar una emergencia administrativa y de competencia por seis meses, con nuevas facultades delegadas para modificar o eliminar normas que considere obstáculos para la competencia o el desarrollo económico.

Se trata, en los hechos, de un intento por extender el proceso desregulador una vez vencidas las facultades extraordinarias otorgadas durante la aprobación de la Ley Bases.

Cambios en el mercado inmobiliario

Uno de los capítulos más sensibles elimina la exigencia nacional de matrícula profesional para ejercer como corredor inmobiliario.

De aprobarse, bastará con ser mayor de edad y contar con título secundario para desarrollar la actividad. Además, las personas jurídicas podrán actuar como corredoras, se habilita expresamente la intermediación mediante plataformas digitales y se limita la capacidad de provincias y colegios profesionales para imponer aranceles mínimos, restricciones territoriales o incompatibilidades laborales.

La reforma impactaría directamente sobre el esquema actual de regulación profesional y anticipa un fuerte rechazo de los colegios inmobiliarios.

Farmacias y venta online de medicamentos

El proyecto también profundiza la liberalización del mercado farmacéutico. Entre las principales modificaciones figura la autorización para comercializar medicamentos por canales digitales con entrega a domicilio, la participación de plataformas tecnológicas como intermediarias y la ampliación de la venta de medicamentos de venta libre en otros comercios, bajo las condiciones que establezca el Ministerio de Salud.

También se flexibilizan horarios de atención, se digitalizan registros obligatorios y se habilita que las farmacias adopten cualquier tipo de estructura societaria.

Apertura del cabotaje nacional

Otro de los capítulos más extensos apunta al transporte marítimo y fluvial. La iniciativa permite una mayor participación de embarcaciones extranjeras en el cabotaje argentino, flexibiliza las exigencias sobre tripulación nacional, modifica el régimen laboral marítimo, simplifica registros, digitaliza documentación y reduce restricciones para la importación de buques.

Además, elimina parte de las normas históricas de protección de la marina mercante nacional, un punto que ya anticipa resistencia sindical y empresarial.

Reforma financiera y activos digitales

En materia financiera, Sturzenegger impulsa una actualización integral del mercado de capitales. El proyecto incorpora activos virtuales como garantías prendarias, crea un sistema federal digital para registrar garantías, moderniza el régimen de warrants y prendas, reconoce jurídicamente títulos digitales y tecnología blockchain, amplía el uso de fideicomisos financieros y adapta la legislación para la tokenización de activos.

El objetivo oficial es facilitar el acceso al financiamiento y reducir costos para empresas e inversores.

Cambios para el agro y la producción

El paquete también alcanza a distintas actividades productivas.

Entre las modificaciones previstas figuran la eliminación gradual de los aportes obligatorios al Instituto de Promoción de la Carne Vacuna (IPCVA), la derogación del régimen de arrendamientos rurales, cambios en la regulación de alcoholes y vinos, reformas al régimen del gas licuado de petróleo (GLP) y modificaciones en actividades vinculadas a traductores públicos, la industria editorial y el sector cultural.

Según el Ministerio de Desregulación, todas estas reformas buscan reducir costos regulatorios y eliminar normas consideradas obsoletas o innecesarias.

El desafío legislativo aparece en un momento particularmente sensible para el Gobierno. La experiencia reciente con la denominada ley de “Inviolabilidad de la Propiedad Privada” -que ya acumula más de una decena de versiones y continúa sin consenso- dejó en evidencia las dificultades para avanzar sobre reformas que afectan intereses económicos, productivos y territoriales.

En ese contexto, el megaproyecto de Sturzenegger promete abrir un nuevo escenario de debate con provincias, colegios profesionales, sindicatos, cámaras empresarias y sectores productivos que ya comenzaron a manifestar preocupación por el alcance de las modificaciones.

Para Misiones, donde el debate por la propiedad de la tierra continúa ocupando el centro de la agenda política, la llegada de este nuevo paquete legislativo agrega otro capítulo a la discusión sobre el alcance de la desregulación impulsada por la administración de Javier Milei.

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Goerling defendió el proyecto para eliminar el límite a la compra de tierras por extranjeros y cuestionó a intendentes de Misiones

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El senador nacional, en diálogo con El Show de los Impactos, ratificó que votará a favor de la iniciativa que elimina el tope nacional del 15% de propiedad extranjera sobre tierras rurales. El Gobierno provincial e intendentes misioneros rechazan la reforma por considerar que pone en riesgo la soberanía territorial.

El proyecto de ley que propone eliminar el límite nacional a la compra de tierras rurales por parte de extranjeros sigue generando un fuerte debate en Misiones. Mientras el Gobierno provincial, intendentes y distintos sectores políticos expresaron su rechazo a la iniciativa, el senador nacional Martín Goerling confirmó que acompañará la reforma cuando sea tratada en el Senado.

La propuesta elimina el tope del 15% de tierras rurales que actualmente pueden estar en manos extranjeras a nivel nacional, provincial y departamental. Para el oficialismo misionero, la modificación debilita una herramienta creada para resguardar el control sobre el territorio y los recursos estratégicos de las provincias fronterizas.

En ese contexto, Goerling rechazó las críticas y aseguró que la iniciativa no implica una pérdida de soberanía. Según sostuvo, el proyecto transfiere a las provincias la facultad de definir su propia política sobre la venta de tierras y permite que cada jurisdicción establezca las restricciones que considere necesarias.

El senador también cuestionó la postura adoptada por el Gobierno de Misiones y por los intendentes que firmaron una solicitada contra la reforma. Los acusó de “desinformar y mentir a la población” y afirmó que el proyecto fue interpretado de manera incorrecta.

Otro de los argumentos planteados por Goerling fue que la reforma no modifica la Ley de Fronteras, normativa que mantiene restricciones específicas para la adquisición de inmuebles por parte de extranjeros en zonas limítrofes. En ese sentido, sostuvo que esos controles continuarán vigentes aun cuando se apruebe la modificación del régimen nacional de tierras.

Durante la entrevista, el legislador afirmó además que Misiones ya figura entre las provincias con mayor porcentaje de tierras en manos extranjeras y mencionó al departamento Iguazú como ejemplo para cuestionar la eficacia del sistema actual.

La discusión llega en un momento de fuerte tensión política en la provincia. El gobernador Hugo Passalacqua, intendentes de distintos municipios y organizaciones políticas manifestaron públicamente su rechazo al proyecto y reclamaron mantener el límite nacional vigente, al considerar que constituye una protección para el territorio y la soberanía provincial.

En ese escenario, el voto de Goerling profundiza las diferencias entre el senador y el Gobierno de Hugo Passalacqua sobre una iniciativa que promete convertirse en uno de los debates políticos más relevantes de las próximas semanas en el Senado.

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