SENADO

El Senado hará dos audiencias públicas para evaluar a 25 candidatos a la Justicia

Compartí esta noticia !

El Senado realizará este martes y miércoles dos audiencias públicas en la comisión de Acuerdos para evaluar los pliegos de unos 25 candidatos a jueces, fiscales y defensores, uno de los cuales está vinculado con el presidente de la AFA, Carlos “Chiqui” Tapia.

Se trata del fiscal adjunto de la ciudad de Buenos Aires, Agustín Rubiero, postulado como vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones, quien también es miembro del tribunal de apelaciones de la AFA desde 2021.

Rubiero estaba en la lista complementaria del Concurso 405 y al renunciar el candidato de la lista titular, Alejandro Laje, el ministerio de Justicia propuso reemplazarlo por el fiscal porteño.

Las audiencias públicas se realizarán luego de que el Senado aprobara 110 pliegos para cubrir las 300 vacantes que hay en el Poder Judicial, y luego de que el Gobierno oficializara la designación de unos 50 nuevos postulantes a altos cargos en la Justicia, entre ellos varios pertenecientes a la llamada “familia judicial”.

Además, también comenzará el proceso para la designación otros 29 candidatos a la Justicia, entre los que se encuentran Pablo Bertuzzi y Pablo Yadarola para la estratégica sala I de la Cámara Federal, que revisará que el fallo sobre la causa de la mega estafa Libra, que investiga al presidente Javier Milei y a su hermana Karina Milei.

Audiencia de este martes

En la audiencia de este martes que se realizará desde las 14 será examinada para el cargo de defensora de la ciudad de Formosa María Esther Pino, a quien se vinculó con la ex Procuradora Alejandra Gils Carbo y la agrupación kircnnerista Justicia Legitima.

También se promueve como Defensores Públicos a Beatriz Martín para la provincia de Santiago del Estero, a José Chumbita para La Rioja y como fiscal a Pedro Rebollo para el Juzgado Federal de Entre Ríos.

Fernando Pascual, en tanto, figura en la lista como postulante a juez en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, mientras que Sebastián Pedro Ruiz como aparece como candidato a juez en Comodoro Rivadavia, y Ángela Pagano Mata como aspirante al Tribunal de Juicio de Comodoro Rivadavia.

Además, se postula a Matilde Ballerini como vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial de la Capital Federal y a Ramiro Ariel Mariño.

María Busleiman figura en la lista como candidata a jueza de Catamarca, al tiempo que Florentino Malaponte aparece como postulante a la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario, Santa Fe.

Audiencia del miércoles

En la segunda audiencia convocada para las 11 del miércoles rendirá examen la candidata a Defensora Pública de la Cámara de Casación Penal, Ana Galán Muñoz, a quien también se vinculó con la agrupación Justicia Legitima

También se postula como defensor a Maximiliano Eduardo Nicolás ante los Tribunales Orales en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, y a Santiago Roldán como fiscal ante los Tribunales Oral en lo Penal Económico.

Para designar jueza del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil se postula a Florencia Inés Córdoba, mientras que para la Cámara de Seguridad Social se candidatea a Alicia Braghini, y como Fiscal General ante los Tribunales Orales en lo Penal Económico a María Ángeles Ramos.

Como juez de la Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal se postula a Julio Di Giorgio, en tanto que como juez de Primera Instancia en lo Civil se impulsa a Santiago Villagrán.

También se postulan para jueces de primera instancia a Pilar Fernández Escarguel, José María Abran Lujan, Bárbara Rastellino y Gustavo Cultraro.

En la audiencia pública, asismimo, será evaluada Albertina Caron como candidata a jueza del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal.

Compartí esta noticia !

Vaca Muerta: Neuquén busca blindar sus tierras fiscales ante el avance de la ley nacional de Tierras

Compartí esta noticia !

Neuquén decidió jugar su propia carta en la discusión nacional sobre la propiedad de tierras rurales. El gobernador Rolando Figueroa, al frente de la provincia que concentra el desarrollo de Vaca Muerta, enviará a la Legislatura un proyecto de ley destinado a garantizar que las tierras fiscales de dominio provincial solo puedan ser vendidas a ciudadanos o personas jurídicas argentinas.

La iniciativa adquiere relevancia política porque llega en la antesala del debate que el Senado de la Nación tiene previsto para el 6 de agosto sobre las modificaciones impulsadas por el Gobierno de Javier Milei a la Ley de Tierras. Figueroa ya había planteado la necesidad de establecer límites cuantificables a la tenencia extranjera a nivel nacional y respaldó a la senadora por La Neuquinidad, Julieta Corroza, para que sostenga la defensa de las facultades provinciales.

El proyecto neuquino busca funcionar como un resguardo propio frente al resultado que finalmente tenga la discusión parlamentaria nacional. La idea central del Ejecutivo provincial es preservar la capacidad de Neuquén para definir qué ocurre con las tierras fiscales bajo su dominio y, al mismo tiempo, proteger los recursos naturales y el perfil de desarrollo de la provincia.

El debate nacional parte de una propuesta que originalmente planteaba eliminar el límite del 15% vigente para la propiedad extranjera de tierras rurales, levantar restricciones para la adquisición de inmuebles ubicados en zonas de frontera o ribereñas y eliminar el cupo por nacionalidad, que establece que ciudadanos de un mismo país no pueden concentrar más del 30% de ese porcentaje.

Durante el tratamiento en comisión se incorporaron modificaciones sustanciales. Entre ellas, el reconocimiento de las competencias provinciales para establecer el régimen jurídico aplicable a las tierras ubicadas dentro de sus territorios. Ese punto resulta particularmente relevante para Neuquén, que pretende utilizar sus propias herramientas legislativas para reforzar el control sobre el patrimonio provincial.

El proyecto nacional, según los cambios incorporados, también mantiene restricciones específicas. Continúa la prohibición para que Estados extranjeros adquieran tierras rurales y permanecen controles sobre empresas que cuenten con participación estatal extranjera. A su vez, se incorporaron disposiciones relacionadas con propiedad privada, expropiaciones, indemnizaciones y ocupaciones temporarias, bajo el objetivo de reforzar la seguridad jurídica.

En ese escenario, la posición de Corroza aparece como una pieza clave para la estrategia de Figueroa. La senadora de La Neuquinidad deberá definir su postura frente a una iniciativa que cuenta con el respaldo de los legisladores neuquinos de La Libertad Avanza, Nadia Márquez y Pablo Cervi, quienes, según el planteo político expuesto, acompañarían el proyecto nacional.

Rolando Figueroa, gobernador de Neuquén

Para el Gobierno neuquino, la discusión no se reduce a la cantidad de hectáreas que puedan quedar en manos extranjeras. El punto de fondo es quién tiene capacidad para definir el régimen de propiedad y utilización de un territorio que adquirió un valor estratégico extraordinario a partir del desarrollo de Vaca Muerta.

La provincia sostiene que proteger la potestad sobre la tierra no implica cerrar la puerta a las inversiones. Por el contrario, el modelo que Neuquén exhibe como antecedente es el de las concesiones hidrocarburíferas: las empresas pueden acceder a derechos para explorar y explotar recursos sin que la Provincia transfiera la propiedad de la tierra.

Ese esquema ya fue aplicado con las 56 concesiones no convencionales otorgadas por el Gobierno neuquino a algunas de las principales operadoras hidrocarburíferas internacionales. Las inversiones llegaron para desarrollar Vaca Muerta sin que esas concesiones implicaran la transferencia de la titularidad de las tierras.

La distinción resulta central para la discusión que plantea Figueroa: seguridad jurídica e inversión no necesariamente requieren transferir la propiedad del suelo. El desafío consiste en diseñar reglas previsibles que permitan desarrollar proyectos productivos y, al mismo tiempo, preservar la capacidad del Estado provincial para administrar un activo estratégico.

Con ese argumento, Neuquén intenta convertir la discusión sobre tierras en una política de Estado provincial. El proyecto que llegará a la Legislatura no solo busca establecer un límite a la venta de tierras fiscales a extranjeros; también pretende fijar una posición sobre el modelo de desarrollo que la provincia quiere sostener en torno a Vaca Muerta.

La disputa tendrá ahora dos escenarios. El primero será el Congreso nacional, donde se definirá el nuevo marco general para la propiedad rural. El segundo será Neuquén, que pretende dejar establecido por ley que, cualquiera sea el resultado nacional, la Provincia conservará herramientas propias para decidir sobre sus tierras fiscales y proteger su patrimonio territorial.

En una economía donde Vaca Muerta concentra inversiones estratégicas, exportaciones y expectativas de crecimiento, la discusión adquiere una dimensión que excede la propiedad inmobiliaria. El interrogante de fondo es cómo atraer capital y acelerar el desarrollo sin resignar la capacidad de decisión sobre el territorio. Neuquén busca responderlo con una fórmula concreta: concesionar derechos para producir, pero conservar la propiedad de la tierra.

Compartí esta noticia !

El jefe de Guardaparques de Misiones rechazó la reforma de la ley de Tierras por “amenazar la soberanía”

Compartí esta noticia !

En medio del creciente debate por la reforma de la Ley de Tierras Rurales y los cambios propuestos en la Ley de Manejo del Fuego, el jefe del Cuerpo de Guardaparques de la Provincia de Misiones, Jorge Javier Bondar, hizo pública una carta abierta en la que manifiesta su rechazo a ambas iniciativas por considerar que representan un riesgo para la protección del patrimonio natural, la soberanía territorial y el futuro ambiental del país.

En el documento, Bondar sostiene que la discusión excede el plano jurídico y económico para involucrar conceptos vinculados a la soberanía nacional. En ese sentido, afirma que el control efectivo del territorio y de los recursos naturales constituye uno de los pilares de esa soberanía y advierte que las reformas podrían debilitar esa capacidad del Estado.

El guardaparque recuerda que Misiones ocupa una posición geográfica particularmente sensible por compartir cerca del 90% de sus límites con Brasil y Paraguay. Según plantea, esa condición fronteriza exige una protección especial sobre el territorio, especialmente considerando que la provincia concentra más de la mitad de la biodiversidad argentina y alberga uno de los principales remanentes de Selva Paranaense del continente.

Respecto de la reforma a la Ley de Tierras, Bondar advierte que la flexibilización de las restricciones vigentes podría generar un debilitamiento del control estatal en zonas de frontera y sobre recursos estratégicos, como las reservas de agua dulce y los bosques nativos. Además, sostiene que podría favorecer conflictos sociales derivados del desplazamiento de comunidades locales y pueblos originarios.

En relación con la Ley de Manejo del Fuego, el jefe del Cuerpo de Guardaparques cuestiona la posibilidad de flexibilizar las limitaciones actuales sobre el uso de los terrenos afectados por incendios. A su entender, ello abriría la puerta a cambios de uso del suelo que podrían derivar en monocultivos a gran escala o desarrollos inmobiliarios, incluso con capitales extranjeros, alterando el equilibrio ambiental y territorial.

Bondar también enfatiza que, si bien la Constitución Nacional reconoce el dominio originario de los recursos naturales a las provincias, ello implica una responsabilidad de preservarlos para las generaciones futuras. En ese marco, se pregunta qué ocurrirá con aquellas jurisdicciones que no prioricen políticas ambientales y destaca que Misiones ha construido durante décadas un perfil distintivo basado en la conservación de sus ecosistemas.

En el tramo final de la carta, el funcionario fija formalmente su posición institucional como jefe del Cuerpo de Guardaparques de Misiones. Allí expresa su rechazo a las modificaciones de ambas leyes por entender que “atentarán contra los recursos naturales, la soberanía territorial, los pueblos originarios y, sobre todo, las generaciones venideras”.

La postura de Bondar se suma a una serie de pronunciamientos surgidos en Misiones durante las últimas semanas. El Gobierno provincial, intendentes, organizaciones ambientales, entidades industriales y distintos sectores políticos ya habían manifestado reparos frente a la reforma de la Ley de Tierras, argumentando que una provincia de fuerte condición fronteriza requiere resguardar especialmente el control sobre su territorio y sus recursos estratégicos.

Compartí esta noticia !

Ley de Tierras en el senado: “Si se aprueba, será el fin de la familia agraria en Misiones”

Compartí esta noticia !

El dirigente agrario Hugo Sand, presidente de la Asociación de Productores Agropecuarios de Misiones (Apam), fue contundente al evaluar el impacto del proyecto de ley “De inviolabilidad de la propiedad privada”, cuyo tratamiento en el Senado está previsto para el próximo 6 de agosto. “Si se aprueba, será el fin de la familia agraria en Misiones”, sentenció.

“Es un proyecto tramposo que modificará la Ley de Tierras Rurales 26.737 y abrirá definitivamente las puertas a la extranjerización de nuestra Patria”, advirtió Sand en diálogo con Portal Misiones Radio. “No solo permite que los capitales privados se apropien de nuestros recursos, sino que también habilita a otros Estados a comprar tierras en la Argentina, delegando en las provincias la potestad de decidir a quién vender. Es un verdadero despojo a las poblaciones locales”, denunció.

El mapa de la extranjerización actual

La actual Ley de Tierras Rurales pone un tope del 15% al territorio nacional que puede estar en manos extranjeras (unos 40 millones de hectáreas). “Hoy, bajo esa norma, los extranjeros poseen el 5% —cerca de 13 millones de hectáreas—, por lo que aún queda un 10% disponible. Es decir, legalmente la venta podría expandirse a una superficie equivalente a las provincias de Buenos Aires y Corrientes juntas”, detalló el dirigente.

Sand alertó sobre la ubicación estratégica de los capitales extranjeros actuales: zonas de frontera, nodos logísticos clave, regiones mineras, tierras sobre el Acuífero Guaraní y áreas de bosques nativos. Al enumerar a los propietarios, precisó: “Los estadounidenses tienen 2,7 millones de hectáreas, una superficie similar a Misiones; los italianos tienen 2 millones, equivalente a Tucumán; los españoles poseen 1,7 millones, y Gran Bretaña tiene 1,1 millones de hectáreas ilegales porque nos robaron las Malvinas, de las cuales 246 mil hectáreas pertenecen a Joe Lewis en Lago Escondido”. Lo más preocupante, señaló, es que “el presidente Javier Milei quiere dar luz verde para extender, sin límites, esa superficie”.

El titular de Apam advirtió que el interés extranjero se concentra en áreas críticas: “El 90% de los límites de Misiones son fronteras con Paraguay y Brasil a través de los ríos Uruguay y Paraná. Hoy en día, un total de 36 municipios del país ubicados en estas zonas de seguridad ya superan el 15% de extranjerización, y cuatro de ellos exceden el 50%, lo que significa que más de la mitad del municipio corresponde a un dueño extranjero”.

El origen y el engranaje de la entrega

Al rastrear el origen de esta problemática, Sand recordó que el proceso comenzó en 1996, bajo la presidencia de Carlos Menem, cuando se autorizó la venta de 8 millones de hectáreas en zonas de seguridad de frontera. “Fue en ese momento cuando desembarcó en la región la empresa forestal de capitales chilenos”, recordó.

Frente al escenario actual, el dirigente cuestionó los intereses políticos vigentes: “¿Por qué hoy Javier Milei, la UCR, el PRO y algunas bancas provinciales insisten en habilitar más territorio para los extranjeros? ¿Por qué quieren vender la Patria?”. Para Sand, este debate legislativo no es un hecho aislado, sino parte de un engranaje más amplio de desmantelamiento soberano.

En ese sentido, enumeró las recientes medidas del Gobierno nacional:

*La derogación de la Ley de Emergencia Territorial Indígena (26.160), que frenaba los desalojos.

*La quita de facultades al Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), desprotegiendo a productores y tareferos.

*El desguace del INTA y el INTI, pilares del desarrollo científico y productivo.

*La modificación de la Ley de Glaciares para habilitar la minería.

*La implementación del RIGI, que otorga beneficios impositivos y aduaneros por 30 años para la explotación de bienes comunes.

*La concesión por 25 años de la Vía Navegable Troncal Paraná-Paraguay al consorcio privado belga Jan De Nul, por donde sale el 80% de la producción del país.

Por todo esto, concluyó: “Queda claro que esta reforma busca la extranjerización de la tierra, el agua y los minerales. Solo les falta este paso legal para avanzar con la ocupación del territorio”.

El impacto en la tierra roja

Trasladando la problemática a la realidad misionera, Sand expuso un escenario preocupante: “En Misiones, una sola empresa forestal de capitales chilenos concentra el 27% del territorio, asentada sobre las tierras rojas más profundas y fértiles, ideales para la producción de alimentos. Los misioneros necesitamos producir comida, pero si esta norma prospera, este esquema de concentración no hará más que crecer”.

Asimismo, manifestó su temor por la explotación intensiva y desregulada del patrimonio natural, ejemplificando con el predio del INTA en San Antonio, que alberga valiosos ejemplares semilleros del milenario Pino Paraná: “Bajo este modelo, ese espacio podría privatizarse y reconvertirse al monocultivo de especies exóticas”.

Entre las consecuencias directas, el dirigente anticipó el desplazamiento de pueblos originarios y productores, la reprimarización de la economía y la pérdida total de autonomía alimentaria y ambiental. De aprobarse la norma en el Senado, sentenció: “Estaremos ante la desaparición de las comunidades guaraníes y de la familia agraria misionera”.

El dirigente fue enfático al recordar que los recursos de la provincia tienen un valor que trasciende lo mercantil: “La tierra, el agua, los ecosistemas, las semillas nativas y criollas, y las fuentes de energía tienen una función social, no meramente económica. De ellos depende la subsistencia tanto de las familias urbanas como de las rurales. Todo lo que garantiza el equilibrio ambiental y la producción de alimentos está en juego con este proyecto tramposo”.

Un mensaje a los senadores misioneros

Respecto a la postura que adoptarán los senadores nacionales por Misiones, Sonia Rojas Decut, Carlos Arce y Martín Goerling, el próximo 6 de agosto, Sand fue tajante: “Por la forma en que vienen votando, dando luz verde a leyes que destruyen al pueblo, dudo de su patriotismo y de su amor por la tierra roja. Si aprueban este proyecto, la historia los recordará como vendepatrias”.

Para finalizar, rescató la histórica consigna de la Asociación que fundó a principios del año 2000 al calor de los tractorazos agrarios: “La chacra no se vende, la chacra es Patria”.

Compartí esta noticia !

Senadores misioneristas rechazarán artículo clave de la ley de Tierras, pero Goerling votará a favor

Compartí esta noticia !

Los senadores por Misiones, Carlos Arce y Sonia Rojas Decut, evalúan votar en contra del capítulo 3 del proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que modifica el régimen de adquisición de tierras rurales por parte de personas o empresas extranjeras, mientras que el PRO-libertario Martín Goerling ratificó que votará a favor de la ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada.

La postura de Arce y Rojas Decut no implicaría rechazar la totalidad del proyecto, sino el apartado referido a la extranjerización de tierras, tras considerar que una flexibilización de las restricciones podría afectar a una provincia de frontera como Misiones.

La posición está alineada con el planteo que les hizo el gobernador Hugo Passalacqua, con quien se reunieron en las últimas horas. El mandatario sostiene la necesidad de preservar el territorio provincial, los recursos naturales, la biodiversidad, los cursos de agua y las áreas productivas estratégicas. 

Aunque la decisión aún no fue oficializada, la evaluación apunta a mantener las herramientas de protección territorial vigentes y evitar cambios que puedan facilitar una mayor concentración o extranjerización de las tierras rurales. El tema genera expectativa entre sectores productivos, sociales y ambientales de la provincia.

En contraste, el senador Martín Göerling confirmó que votará a favor de la iniciativa y salió a cuestionar con dureza los argumentos del oficialismo misionero.

En una entrevista con Open 101.7, el legislador del PRO, alineado con el oficialismo nacional, sostuvo que la polémica en la provincia se construyó sobre “información falsa” y aseguró que el texto que llegará al recinto el próximo 6 de agosto es muy distinto al proyecto original, luego de múltiples modificaciones durante el debate parlamentario.

“La polémica se armó en Misiones faltando totalmente a la verdad sobre lo que se está discutiendo”, afirmó. Incluso vinculó las críticas a “una interna del oficialismo” provincial y aseguró que muchos de los cuestionamientos públicos no se corresponden con el contenido definitivo del proyecto.

Uno de los principales argumentos del Gobierno de Misiones es que la reforma elimina barreras para la compra de tierras por parte de extranjeros, especialmente en una provincia fronteriza y con importantes recursos naturales.

Goerling rechazó esa interpretación. Explicó que la iniciativa no modifica la legislación vigente desde 1944 que declara a Misiones zona de seguridad de frontera, por lo que cualquier adquisición de inmuebles por parte de ciudadanos extranjeros continuará requiriendo autorización estatal.

“Ningún extranjero va a poder comprar un metro de tierra en Misiones sin autorización. Eso no cambia”, sostuvo.

El senador también negó que la reforma implique una desprotección de los recursos hídricos, los bosques o las áreas de conservación.

El eje central de la defensa de Goerling es que la reforma elimina la intervención directa del Estado nacional en la fijación de límites generales y devuelve a cada provincia la capacidad de definir su propia política sobre la propiedad rural.

Según explicó, la actual ley, sancionada en 2011, estableció un límite del 15% para la propiedad extranjera tanto a nivel nacional como por departamento, sin contemplar la participación de las provincias en esas decisiones.

“La ley vigente define desde Buenos Aires quién puede comprar tierras en Misiones. Esta reforma les devuelve explícitamente esa potestad a las provincias”, afirmó.

Como ejemplo, recordó que departamentos como Iguazú, Wanda, Puerto Libertad y Esperanza ya superan ampliamente ese porcentaje debido a propiedades adquiridas antes de la sanción de la norma o pertenecientes a empresas extranjeras como Arauco.

A su criterio, el nuevo esquema permitirá que cada provincia autorice o rechace inversiones según sus propios intereses estratégicos.

Goerling también cuestionó las declaraciones de intendentes que en las últimas semanas se pronunciaron contra la reforma.

Dijo que muchos de los planteos realizados por los jefes comunales ya están contemplados en el texto que llegará al Senado.

“Escuché a varios intendentes pedir exactamente lo que establece esta ley: que la provincia tenga injerencia, que proteja los recursos naturales y que pueda decidir sobre su territorio. Todo eso está previsto en el proyecto”, afirmó.

En ese contexto, sostuvo que el Gobierno provincial debería comenzar a trabajar en una legislación específica para regular esas facultades en caso de que la reforma sea aprobada.

“Le diría al gobernador Passalacqua que, en lugar de pedir que rechacemos el proyecto, nos pongamos a trabajar en una ley provincial que establezca todas esas protecciones”, planteó.

Un debate que divide a Misiones

Las declaraciones del senador profundizan un escenario de fuerte confrontación política.

En las últimas semanas el Gobierno provincial impulsó un amplio frente institucional contra la reforma. Además del pronunciamiento del gobernador, también expresaron su rechazo la Asociación de Intendentes del Norte Misionero (ADINM), la Comisión de Desarrollo Estratégico e Integral de Municipios (CODEIM), el Movimiento Industrial Misionero y la Red de Mujeres del Movimiento, encabezada por Viviana Rovira.

Todos coinciden en advertir que la eliminación de los límites nacionales a la compra de tierras por extranjeros podría facilitar la concentración de superficies estratégicas vinculadas a recursos hídricos, biodiversidad y zonas de frontera.

Goerling, en cambio, sostiene exactamente lo contrario: afirma que la reforma fortalece el federalismo, devuelve competencias a las provincias y no elimina ninguno de los controles específicos sobre las zonas fronterizas.

Con la sesión prevista para el 6 de agosto, el Senado se prepara para una votación que trasciende el debate jurídico y expone una diferencia política de fondo entre el Gobierno nacional y la conducción de Misiones sobre quién debe tener la última palabra en una cuestión considerada estratégica: el control del territorio provincial.

Compartí esta noticia !

Categorías

Solverwp- WordPress Theme and Plugin