El presidente de la Nación, Javier Milei, celebró junto al ministro de Justicia, Juan Bautista Maiques, la aprobación de los pliegos de los jueces en el Senado y consideró que significó el “inicio de la reconstrucción de la Justicia”, pese a que se incluyó el perteneciente a María Verónica Michelli.
“EL INICIO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA JUSTICIA: en un verdadero hito se aprobaron 74 pliegos”, escribió Milei en su cuenta de X.
Por su parte, también se manifestó Mahiques, quien le agradeció a Milei “la reconstrucción” del Poder Judicial, e hizo lo propio con la Secretaria de Presidencia de la Nación, Karina Milei, “por su apoyo constante“.
EL INICIO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA JUSTICIA: en un verdadero hito se aprobaron 74 pliegos. https://t.co/oCsbK621Jb
El agradecimiento del magistrado se extendió también a los senadores nacionales, “en especial” a la “celeridad” de la Comisión de Acuerdos, que trabajaron “incansablemente” que esta situación se hiciera posible en el corto tiempo.
“Este es un verdadero triunfo para los ciudadanos que necesitan una justicia que funcione. La aprobación de 74 pliegos, tras más de 8 años de parálisis donde los postulantes esperaban aún habiendo superado la selección, es un logro colectivo“, expresó Mahiques.
También manifestó “un reconocimiento especial” al secretario de Justicia, Santiago Viola, “por su enorme labor y compromiso” para lograr el objetivo que impulsó el oficialismo.
“Se terminaron los años en los que el Poder Judicial sufría un abandono que afectaba a todos los argentinos. Hoy se suma un nuevo capítulo a la recuperación institucional de nuestro país”, concluyó.
El Gobierno nacional envió este miércoles al Senado de la Nación el pedido de retiro del pliego de María Verónica Michelli, quien estaba nominada para ocupar una vacante como jueza del Tribunal Oral Criminal Federal 3 de La Plata.
La medida de la Casa Rosada se fundamenta en un veto de naturaleza política: la candidata es cuñada del periodista del diario La Nación, Hugo Alconada Mon, autor de recientes investigaciones que salpicaron a figuras de la administración libertaria.
La postulación de Michelli ya había reunido las nueve firmas necesarias dentro de la Comisión de Acuerdos, compuesta por 17 integrantes, para convertirse en dictamen y quedar en condiciones de ser votada en el recinto.
Sin embargo, el presidente de dicha comisión, el senador libertario Juan Carlos Pagotto (La Rioja), se había negado a presentar el despacho, en una maniobra reñida con los usos reglamentarios de la Cámara alta.
La orden de frenar el ascenso judicial, que el propio presidente Javier Milei había firmado a mediados de marzo, provino de la Secretaría General de la Presidencia.
La nota formal remitida al Senado para retirar la postulación lleva las firmas de Milei y del ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques.
En contraste con este bloqueo por razones de parentesco, la Casa Rosada decidió habilitar de manera simultánea el avance de los pliegos de Juan Galván Greenway y Alejandro Catania, propuestos como camaristas del fuero Penal Económico.
Ambos magistrados de primera instancia habían sido inicialmente objetados por el Ejecutivo debido a sus estrechos vínculos con la cúpula de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), comandada por Claudio “Chiqui” Tapia.
Tras intensas negociaciones reservadas de los jueces con emisarios de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y de la propia jefatura libertaria, el veto gubernamental se levantó y Pagotto dio luz verde para recolectar las firmas que convaliden sus despachos de cara a la próxima sesión. Greenway y Catania están propuestos para integrar la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico.
Mientras el Senado avanza en el debate del proyecto impulsado por la senadora Carolina Losada para endurecer las penas por falsas denuncias y falso testimonio, un relevamiento federal elaborado por el Observatorio de Violencia de Género de los Ministerios Públicos concluyó que ese delito representa apenas el 0,09% del total de causas penales registradas en la Argentina.
El informe, elaborado en el marco del expediente legislativo S-0228/2025, introduce una fuerte discusión jurídica y estadística sobre la proporcionalidad de la reforma penal propuesta. El estudio abarcó más de 8,25 millones de investigaciones penales iniciadas entre 2023 y 2025 en 17 jurisdicciones del país y determinó que las causas por falsas denuncias alcanzaron apenas 7.517 expedientes en tres años.
Desde la perspectiva técnica del Observatorio, el dato “refuta empíricamente la premisa central del proyecto de ley”, al sostener que no existe evidencia de una proliferación de falsas denuncias que justifique un agravamiento de penas.
En el caso de Misiones, el informe registró 47 causas por falsas denuncias durante el período 2023-2025. De ese total, solo tres correspondieron a expedientes vinculados a violencia de género o intrafamiliar, mientras que 34 estuvieron asociados a conflictos de otra índole y 10 no pudieron clasificarse por falta de datos suficientes.
El documento aclara además que Misiones logró clasificar el 78,7% de sus expedientes, un nivel de desagregación superior al de varias provincias y superior incluso al de jurisdicciones con sistemas judiciales de mayor tamaño.
El relevamiento pone especial énfasis en una cuestión metodológica central para el debate jurídico: la mayoría de los sistemas judiciales provinciales todavía no cuentan con herramientas suficientemente robustas para discriminar con precisión el tipo de conflicto antecedente de las falsas denuncias. En términos prácticos, el Observatorio sostiene que el principal déficit detectado es de información estadística y trazabilidad procesal, no de escala criminal.
Aun así, el proyecto impulsado por Losada avanzó en la Comisión de Justicia y Asuntos Penales del Senado con una propuesta de modificación integral del Código Penal. La iniciativa plantea elevar las penas por falsa denuncia de los actuales dos meses a un año de prisión a un rango de uno a tres años, y hasta seis años cuando las acusaciones involucren violencia de género, delitos sexuales o menores de edad. También endurece las sanciones por falso testimonio, que podrían alcanzar hasta ocho años de cárcel.
Uno de los puntos más sensibles del debate aparece precisamente en el eventual efecto disuasorio que podría generar sobre las víctimas. El Observatorio advierte que la evidencia disponible muestra el problema inverso al diagnosticado por el proyecto: la subdenuncia sistemática de delitos de violencia de género y abuso sexual.
El informe cita datos de la Encuesta de Prevalencia de Violencia y de estudios oficiales del Ministerio de Justicia que indican que el 77% de las mujeres que sufrieron violencia de pareja nunca realizó una denuncia y que el 88% de las víctimas de violencia sexual tampoco acudió al sistema judicial.
En ese contexto, el Observatorio advierte que agravar las penas para quienes denuncien hechos vinculados a violencia de género podría profundizar las barreras de acceso a la Justicia, especialmente en delitos de difícil prueba y alta vulnerabilidad probatoria.
El trabajo también introduce una observación jurídica relevante sobre la consistencia estadística del debate. El crecimiento de las causas registradas -que pasaron de 1.845 en 2023 a 3.142 en 2025- no necesariamente implica una expansión real del fenómeno, sino que podría responder a mejoras en los sistemas de registro, ampliaciones metodológicas o cambios en las estrategias procesales de litigación. Incluso con ese aumento, las falsas denuncias continúan representando menos del 0,1% del universo penal analizado.
Otro aspecto central del informe es la advertencia sobre las limitaciones del relevamiento. El Observatorio reconoce que no pudo determinar cuántas de las denuncias registradas terminaron efectivamente en condena judicial ni cuántas involucraban litigación estratégica en conflictos familiares o de género.
En paralelo, el proyecto de Losada ya comenzó a generar reacciones judiciales y políticas. Referentes de derechos humanos, entre ellos el exjuez Carlos Rozanski, promovieron denuncias penales contra la legisladora, mientras que la senadora radical respondió denunciando intentos de “amedrentamiento” contra quienes impulsan reformas legislativas.
La discusión, en definitiva, expone un debate jurídico más profundo: hasta qué punto el endurecimiento penal puede funcionar como herramienta preventiva sin afectar garantías de acceso a la Justicia en contextos de violencia estructural. Y allí, los datos estadísticos que ahora empiezan a emerger podrían convertirse en el principal campo de batalla legislativo.
El Senado avanzó este martes con el tratamiento de cerca de 80 pliegos judiciales impulsados por el Gobierno nacional, en una negociación política que involucró al oficialismo y a sectores dialoguistas del PRO, la UCR y bloques provinciales. Entre las postulaciones incluidas aparece la de la misionera Ruth María Ponce de León, propuesta para ocupar el cargo de jueza de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Posadas.
La movida representa uno de los acuerdos institucionales más amplios que logró hasta ahora La Libertad Avanza en la Cámara alta en materia judicial. El oficialismo obtuvo dictámenes favorables en la Comisión de Acuerdos luego de incorporar decenas de cargos reclamados por provincias y fueros federales del interior del país.
El pliego de Ponce de León quedó así habilitado para avanzar hacia la etapa de acuerdos legislativos, dentro de un paquete que incluye jueces, fiscales, defensores oficiales y camaristas para distintas jurisdicciones federales.
La negociación política se aceleró luego de que el Gobierno enviara alrededor de cincuenta nuevos pliegos vinculados a juzgados federales del interior. Esa decisión permitió que bloques opositores dialoguistas acompañaran los despachos que estaban pendientes desde audiencias anteriores.
En la práctica, el oficialismo logró consolidar una mayoría circunstancial para avanzar con designaciones estratégicas en la estructura judicial federal, un terreno históricamente sensible por su impacto institucional y político.
Dentro de ese esquema también se destacó la audiencia pública de Emilio Rosatti, hijo del presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, postulado para el Tribunal Federal de Juicio de Santa Fe. Su exposición concentró parte de la atención política de la jornada y funcionó como señal de acercamiento entre sectores del oficialismo y el entramado judicial federal.
Qué implica el avance del pliego para Misiones
La postulación de Ruth María Ponce de León se vincula directamente con el Tribunal Oral Federal de Posadas, órgano clave en causas federales vinculadas a narcotráfico, delitos económicos y criminalidad compleja en la región.
Aunque el texto base no detalla vacantes específicas ni tiempos de cobertura, el avance del pliego aparece en un contexto donde el Gobierno busca acelerar nombramientos en tribunales federales estratégicos del interior.
Para Misiones y el NEA, el movimiento tiene peso institucional porque los tribunales federales cumplen un rol central en una región atravesada por dinámicas fronterizas, comercio internacional y delitos transnacionales.
La inclusión de cargos para Chaco, Corrientes, Formosa, Salta y Misiones también refleja una lógica de distribución territorial en la negociación parlamentaria, un reclamo que sectores dialoguistas venían sosteniendo frente a la concentración de designaciones en Buenos Aires.
La Justicia federal volvió al centro de la negociación política
El tratamiento conjunto de más de 80 pliegos exhibe un dato político relevante: aun con minoría parlamentaria, el oficialismo consiguió articular acuerdos para intervenir en la conformación del mapa judicial federal.
La estrategia incluyó habilitar nombramientos en distintas provincias y fueros, una señal orientada a contener demandas de gobernadores, senadores provinciales y sectores judiciales que reclamaban cobertura de vacantes.
En paralelo, el debate volvió a poner sobre la mesa la discusión sobre los mecanismos de selección de magistrados y el nivel de discrecionalidad en los concursos judiciales. Durante la audiencia, Emilio Rosatti sostuvo que existen distintos proyectos para modificar el sistema y “bajar la discrecionalidad” en las designaciones.
Aunque los dictámenes ya fueron habilitados en comisión, el proceso aún depende de futuras sesiones del Senado para convertir las postulaciones en designaciones efectivas.
La próxima etapa será observar si el oficialismo logra sostener la misma mayoría circunstancial en el recinto y cómo impacta esa negociación en otras discusiones legislativas abiertas entre el Gobierno y la oposición dialoguista.
En el caso de Misiones, la evolución del pliego de Ruth María Ponce de León quedará ligada a esa dinámica política nacional, en un escenario donde la Justicia federal continúa siendo uno de los espacios de mayor sensibilidad institucional y de disputa de poder.
El listado completo de los nuevos pliegos judiciales:
Ana María Busleiman para jueza de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Catamarca.
Sebastián Pedro Ruiz para juez del Tribunal Federal de Juicio de Comodoro Rivadavia, Chubut.
Fernando Gabriel Alcaraz para fiscal federal de la Unidad Fiscal Mendoza.
Maximiliano Alberto Leandro Callizo para juez del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 58 de la Capital Federal.
Sergio Alejandro Echegaray para juez del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 44 de la Capital Federal.
Juan Manuel Cabral para vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Capital Federal, Sala K.
Albertina Anatonia Caron para jueza de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 19 de la Capital Federal.
Pedro Manuel Crespo para juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N° 28 de la Capital Federal.
Sebastián Rodrigo Ghersi para juez del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 45 de la Capital Federal.
Patricio Nicolás Sabadini para fiscal federal de la Unidad Fiscal de Resistencia, Chaco.
Santiago José Martín para vocal de la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata, Buenos Aires.
Santiago French para vocal de la Cámara Federal de Apelaciones de Salta.
Amanda Espino para defensora pública oficial ante los Tribunales Orales en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, Defensoría N° 7.
Evangelina María Lasala para jueza de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 18 de la Capital Federal.
José María Abram Luján para juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 110 de la Capital Federal.
Pilar Fernández Escarguel para jueza del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 109 de la Capital Federal.
Hugo Daniel Froy para fiscal federal de la sede fiscal descentralizada de Paso de los Libres, Corrientes.
Juan Tomás Rodríguez Ponte para juez del Juzgado Federal de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional N° 2 de Lomas de Zamora, Buenos Aires.
Santiago Villagrán para juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N°19 de la Capital Federal.
Paula Vanesa Romeo para jueza de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 18 de la Capital Federal.
Julio César di Giorgio para juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 10 de la Capital Federal.
Juan Carlos Riccardini para juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y N° 9 de la Capital Federal.
Ángel Roger Luna Roldán para juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán.
María Virginia Ise para vocal de la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia, Chaco.
Juan Marcelo Burella Acevedo para fiscal federal de la Unidad Fiscal de Corrientes.
Ruth María Ponce de León para jueza de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Posadas, Misiones.
Pablo Roberto Toledo para juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán.
Claudio Fabián Loguarro para vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de la Capital Federal, Sala III.
Diego Fernando Manauta para vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de la Capital Federal, Sala V.
Diego Javier Tula para vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de la Capital Federal, Sala II.
Marina Edith Pisacco para vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de la Capital Federal, Sala VI.
María Claudia Jueguen para vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de la Capital Federal, Sala X.
Víctor Arturo Pesino para vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de la Capital Federal, Sala VIII.
Leopoldo Jorge Rago Gallo para juez del Juzgado Federal de Primera Instancia N°2 de San Juan.
Matilde Evangelina Ballerini para vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial de la Capital Federal, Sala B.
Pedro Mariano Rebollo para fiscal ante el Juzgado Federal de Primera Instancia de Gualeguaychú, Entre Ríos.
Natalia Cecilia Crede para fiscal general ante los Tribunales Orales en lo Penal Económico de la Capital Federal, Fiscalía N° 3.
María Ángeles Ramos para fiscal general ante los Tribunales Orales en lo Penal Económico de la Capital Federal, Fiscalía N° 4.
Santiago Roldán para fiscal general ante los Tribunales Orales en lo Penal Económico de la Capital Federal, Fiscalía N° 2.
Gustavo Alejandro Roque Cultraro para juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N° 10 de la Capital Federal.
Bernardo María Rodríguez Palma para juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2 de San Martín, Buenos Aires.
Fernando Carlos Damián Pascual para juez del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 41 de la Capital Federal.
Mariana Salduna para jueza de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 25 de la Capital Federal.
Vanesa Silvana Alfaro para jueza de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 16 de la Capital Federal.
Bárbara Rastellino para jueza del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 27 de la Capital Federal.
Javier Rodrigo Pereyra para juez del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 3 de la Capital Federal.
Agustín Raúl Rubiero para vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Capital Federal, Sala D.
Alicia Isabel Braghini para vocal de la Cámara Federal de la Seguridad Social, Sala III.
Florencia Inés Córdoba para jueza del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 66 de la Capital Federal.
Lucila Califano para jueza del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 9 de la Capital Federal.
Hernán Enrique Figueroa para defensor público oficial ante los Tribunales Orales en lo Penal Económico de la Capital Federal, Defensoría N° 2.
Germán Luis Artola para defensor público oficial adjunto ante los Tribunales Orales en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, Defensoría N° 11.
Nuria Saba Sardañons para defensora pública oficial adjunta ante los Tribunales Orales en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, Defensoría N° 15.
José Nicolás Celestino Chumbita para defensor público oficial ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de La Rioja.
Sofía Beatriz del Milagro Martín para defensora pública de víctima con asiento en la provincia de Santiago del Estero.
Maximiliano Eduardo Nicolás para defensor público de menores e incapaces ante los Tribunales Orales en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, Defensoría N° 4.
María Laura Irastorza para defensora pública de víctima con asiento en la provincia de Río Negro.
María Esther Pinos para defensora pública oficial federal del interior del país con asiento en la ciudad de Formosa.
Ana Clarisa Galán Muñoz para defensora pública oficial ante la Cámara Federal de Casación Penal, Defensoría N° 3.
Maximiliano Abel Chávez, Andrea Cristina Di Gregorio, Agustín García Fauré, Gabriel Andrés Marnich, José Eduardo Di Lena y Fernando Gabriel Saraboso, conjueces de los Juzgados Federales de Primera Instancia de la jurisdicción de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba.
El Gobierno de Javier Milei formalizó este miércoles el ingreso al Senado del proyecto de reforma electoral, una iniciativa de 79 artículos que propone eliminar las PASO, modificar el financiamiento de los partidos y establecer el criterio de Ficha Limpia. El texto ingresó a las 18 en la Cámara Alta y se posiciona como una de las apuestas centrales del oficialismo para reconfigurar el sistema político. No es un movimiento neutro: instala una discusión estructural en pleno calendario preelectoral y abre una pregunta de fondo sobre el alcance real de la reforma. ¿Se trata de una simplificación del sistema o de un rediseño de las reglas de competencia?
Un rediseño integral del sistema electoral
El proyecto no se limita a un cambio puntual. Modifica simultáneamente la Ley Orgánica de los Partidos Políticos, la normativa de democratización de la representación, el Código Electoral Nacional y el esquema de financiamiento partidario. En términos institucionales, busca intervenir en los tres pilares del sistema: selección de candidatos, funcionamiento de los partidos y financiamiento de la política.
La eliminación de las PASO aparece como el eje más visible. El Gobierno plantea que las internas deben quedar bajo responsabilidad de los partidos, sin financiamiento estatal. En términos prácticos, esto traslada el costo y la organización de la competencia interna a las estructuras partidarias, lo que puede alterar la dinámica de construcción de candidaturas.
El texto también endurece las condiciones para la existencia de los partidos. Exige un piso de afiliados equivalente al 0,5% del padrón por distrito —con un tope de 2.000.000— y obliga a acreditar presencia en al menos diez distritos para el reconocimiento nacional. Además, fija causales estrictas de pérdida de personería, como no alcanzar el 3% del padrón en elecciones sucesivas o no participar en comicios.
En paralelo, introduce la Ficha Limpia, que inhabilita candidaturas y cargos públicos para quienes tengan condena en segunda instancia por delitos dolosos. La medida se extiende a toda la estructura estatal, lo que amplía su impacto más allá del terreno electoral.
El capítulo de financiamiento redefine incentivos: prohíbe aportes anónimos y de ciertos actores, fija límites a las contribuciones y establece un esquema mixto donde el 20% de los fondos se distribuye de forma igualitaria y el 80% según resultados electorales. También habilita la posibilidad de que los partidos renuncien al financiamiento estatal.
Senado, provincias y el mapa del poder
La decisión de iniciar el debate en el Senado no es técnica. Es política. La Cámara Alta es el ámbito donde el oficialismo necesita construir acuerdos con los gobernadores, actores clave para cualquier modificación de reglas electorales.
La reforma impacta directamente en el poder territorial. La eliminación de las PASO y el endurecimiento de requisitos partidarios pueden fortalecer estructuras consolidadas y dificultar la irrupción de nuevos espacios o alianzas tácticas. A la vez, el rediseño del financiamiento altera la lógica de campaña y la distribución de recursos.
En ese contexto, los gobernadores aparecen como árbitros de la viabilidad del proyecto. El texto admite, implícitamente, que la aprobación dependerá de negociaciones abiertas, en un escenario donde las provincias buscan garantías sobre sus propios esquemas de poder.
El oficialismo, por su parte, intenta capitalizar el argumento del costo fiscal —las PASO demandaron $45.000 millones en 2023— y el discurso de transparencia para consolidar respaldo político. Sin embargo, el alcance de los cambios obliga a una discusión más profunda que excede el ahorro presupuestario.
Entre la depuración del sistema y la concentración de poder
La iniciativa combina elementos de ordenamiento institucional con decisiones que reconfiguran la competencia política. La eliminación de instancias abiertas de selección, el aumento de barreras de entrada y la centralidad del financiamiento privado pueden modificar el equilibrio entre oficialismo y oposición.
Al mismo tiempo, la incorporación de Ficha Limpia introduce un filtro ético con impacto directo en la oferta electoral, mientras que la regulación de campañas —con plazos estrictos y sanciones económicas— redefine el margen de acción de los partidos.
En términos económicos, el cambio en el financiamiento apunta a transparentar flujos y reducir la dependencia del Estado, pero también abre interrogantes sobre el peso relativo de aportes privados y su incidencia en la política.
Un debate que recién empieza
El proyecto fija plazos de adecuación hasta el 30 de junio de 2027 para los partidos ya existentes, lo que sugiere una transición prolongada. Sin embargo, la discusión política es inmediata. El oficialismo busca instalar el tema y condicionar la agenda legislativa en un año donde las reglas de juego adquieren centralidad.
En las próximas semanas, el foco estará en la capacidad del Gobierno para construir mayorías en el Senado y en la reacción de las provincias frente a un esquema que redefine incentivos y equilibrios.
La reforma electoral ya dejó de ser una propuesta técnica. Es, en esencia, una disputa por cómo se organiza el poder político en la Argentina. Y ese debate, lejos de cerrarse, recién empieza a desplegar sus tensiones.
