Senado de la Nación

Enzo Fullone asumió en el Senado y La Libertad Avanza cerró su bloque tras la salida de Villaverde

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En el inicio de la única sesión del Senado prevista para diciembre, La Libertad Avanza (LLA) logró completar su bloque con la asunción del rionegrino Enzo Fullone, quien ocupará la banca correspondiente a la minoría en representación de Río Negro. El recambio se produjo luego de que Lorena Villaverde, primera candidata de la lista, desistiera de asumir en medio de fuertes cuestionamientos judiciales y políticos que terminaron por forzar su apartamiento.

La jura de Fullone, realizada este viernes, le permitió al oficialismo cerrar un frente interno sensible y ordenar su representación en la Cámara alta, en un contexto donde cada voto adquiere relevancia institucional y política para el Gobierno nacional.

Un recambio forzado por el impacto político de las denuncias

El ingreso de Fullone se concretó tras la renuncia de Lorena Villaverde, figura central de La Libertad Avanza en Río Negro, quien no consiguió asumir la banca obtenida en las elecciones del 26 de octubre pasado, cuando se renovaron senadores en ocho provincias. Las presiones dentro de su propio espacio terminaron siendo determinantes para que diera un paso al costado y evitara mayores costos políticos al bloque.

Las denuncias que rodearon a Villaverde incluyen su arresto en 2002 en Florida, Estados Unidos, acusada de transportar una importante cantidad de cocaína, además de otra condena vinculada al mismo delito en ese país, que posteriormente habría sido anulada. En la Argentina, enfrenta causas relacionadas con lavado de dinero y estafas inmobiliarias, un cuadro judicial que complicó su proyección política. La diputada negó todas las acusaciones, habló de “tres causas inventadas” y aseguró haber sido absuelta en Estados Unidos, pero finalmente renunció a la banca en el Senado.

El caso tuvo además derivaciones políticas por su vínculo personal con Claudio Alberto Ciccarelli, primo y presunto testaferro de Federico “Fred” Machado, procesado en Estados Unidos por narcotráfico, un dato que profundizó la presión interna para su salida.

Quién es Enzo Fullone y cómo se reconfigura el bloque oficialista

Con 37 años, Enzo Fullone llega al Senado tras haber sido el segundo candidato en la lista de La Libertad Avanza en Río Negro. Fue titular de Vialidad Nacional en la provincia, tiene base política en General Roca y se inició en el radicalismo, espacio del que luego se alejó. Según se indicó, cuenta con el respaldo político de Karina Milei y Martín Menem, dos figuras clave en la arquitectura del oficialismo.

Fullone asume la banca que por la minoría le corresponde a LLA y, con su incorporación, el bloque libertario queda formalmente completo en la Cámara alta. Sobre él también circularon versiones que lo vincularon a Federico “Fred” Machado, aunque el flamante senador negó de manera explícita cualquier relación.

Desde el punto de vista institucional, la asunción permite al oficialismo cerrar un capítulo incómodo y recuperar previsibilidad en el Senado, donde el equilibrio de fuerzas es ajustado y cada incorporación tiene impacto directo en la dinámica legislativa.

Repercusiones políticas e institucionales

El reemplazo de Villaverde por Fullone deja expuesta la tensión interna dentro de La Libertad Avanza entre la necesidad de ampliar representación territorial y el costo político de las controversias judiciales de algunos de sus dirigentes. Al mismo tiempo, el episodio muestra un intento del oficialismo por ordenar su bloque y evitar que conflictos personales o judiciales condicionen su desempeño parlamentario.

Con el bloque ya completo, el Senado inicia la última etapa del año con un oficialismo que busca mostrar cohesión y cerrar filas, en un escenario donde la gobernabilidad legislativa depende de alianzas frágiles y de una cuidadosa administración de los costos políticos.

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Glaciares en debate: críticas técnicas y constitucionales a la reforma que el Senado tratará en febrero

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El proyecto del Poder Ejecutivo que modifica la Ley 26.639 de presupuestos mínimos para la protección de glaciares y del ambiente periglacial obtuvo dictamen en el Senado tras un trámite acelerado, pero enfrenta un rechazo contundente de especialistas, organizaciones ambientales y referentes científicos, que advierten sobre un debilitamiento estructural del régimen de protección ambiental, riesgos para la seguridad hídrica y mayor incertidumbre jurídica. La iniciativa será tratada en el recinto el próximo 10 de febrero.

El debate se desarrolló en una reunión conjunta de las comisiones de Ambiente y Desarrollo Sustentable y de Minería, Energía y Combustibles del Senado de la Nación, realizada en el Salón Arturo Illia del Palacio Legislativo. En apenas dos días, el oficialismo logró dictaminar el proyecto pese a las objeciones técnicas, constitucionales y ambientales planteadas durante las exposiciones. El tratamiento parlamentario, inicialmente previsto para el 26 de diciembre, fue finalmente postergado para febrero.

Cambios estructurales y cuestionamientos constitucionales

Durante el encuentro, los expositores coincidieron en que la reforma propuesta introduce modificaciones de fondo a la Ley 26.639, sancionada hace 15 años, al alterar el esquema de presupuestos mínimos de protección ambiental previsto en la Constitución Nacional. Según advirtieron, la iniciativa reduce el alcance del régimen nacional y fragmenta los criterios de protección de bienes comunes estratégicos como el agua.

Andrés Nápoli, director ejecutivo de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), sostuvo que el proyecto “reduce el área de protección glaciar —que actualmente alcanza apenas el 0,21% del territorio nacional— con el objetivo de habilitar proyectos de megaminería de alta montaña hoy expresamente prohibidos”. Además, remarcó que la iniciativa transfiere a las provincias la facultad de definir qué glaciares deben ser protegidos, lo que “desmantela el esquema de protección ambiental uniforme y común para todo el país”.

En la misma línea, Enrique Viale, presidente de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, afirmó que la reforma “tira por la borda la arquitectura constitucional de las leyes de presupuestos mínimos” y alertó sobre el precedente que podría sentar para otras normas ambientales vigentes. “¿Qué va a pasar después? ¿Vienen por los bosques, por los ríos, por la Ley General del Ambiente?”, planteó.

Ciencia, crisis climática y falta de participación

Desde el ámbito científico, las críticas se centraron en la ausencia de consultas previas y en la celeridad del tratamiento legislativo. Manuel Jaramillo, director ejecutivo de Fundación Vida Silvestre Argentina, calificó como “inadmisible” que el proyecto no haya sido consultado con el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), organismo de referencia establecido por la propia ley vigente para la elaboración del Inventario Nacional de Glaciares.

Pablo E. Villagra, director del IANIGLA, recordó que el Inventario Nacional de Glaciares fue concluido en 2018, recibió reconocimiento de la comunidad glaciológica internacional y no presenta errores significativos, además de encontrarse actualmente en proceso de actualización.

Agostina Rossi, de Greenpeace Argentina, advirtió que “cuando el riesgo aumenta, las normas se fortalecen, no se debilitan”, y sostuvo que la distinción entre glaciares “útiles” y “no útiles” carece de sustento científico. “Los glaciares y el ambiente periglacial no son obstáculos: son aliados para enfrentar la crisis climática”, afirmó.

Las organizaciones también cuestionaron la escasa participación pública y el carácter exprés del proceso legislativo, señalando que la iniciativa no replica el nivel de debate y consenso que acompañó la sanción original de la ley.

Minería, inversiones y licencia social

Desde el sector empresario minero, la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM) y la Cámara Argentina de Proveedores Mineros (CAPMIN) plantearon que la ley vigente presenta imperfecciones que generan incertidumbre normativa y que la reforma busca adecuar el marco regulatorio del sector. Alfredo Vitaller, por CAEM, sostuvo que acompañan la protección de los glaciares “en tanto cumplan su función como reserva de agua”.

Sin embargo, desde las organizaciones ambientales y científicas se advirtió que la reforma no generará mayor seguridad jurídica ni atraerá inversiones de largo plazo. Hernán Casañas, director ejecutivo de Aves Argentinas, afirmó que “las empresas serias buscan certidumbres y estándares ambientales altos” y que “los flujos de inversión más importantes van a los países con mayor protección ambiental”. En ese sentido, remarcó que flexibilizar la ley “profundizará la incertidumbre normativa y debilitará la licencia social para operar”.

Durante la jornada también expusieron los gobernadores de San Juan y Catamarca, quienes defendieron la necesidad de compatibilizar la protección ambiental con el desarrollo minero. El gobernador de Catamarca destacó que la actividad genera cerca de 3.000 empleos directos y un efecto multiplicador de aproximadamente 5.000 puestos adicionales, subrayando su impacto en la economía local y en la diversificación productiva.

Un debate abierto con impacto institucional

Con dictamen favorable, el proyecto será tratado en el recinto del Senado el próximo 10 de febrero, tras un nuevo llamado a sesiones extraordinarias. Las organizaciones ambientales, científicas y sociales reiteraron su pedido para que no se avance con una reforma que, según sostienen, reduce los niveles de protección ambiental, vulnera la Constitución Nacional y pone en riesgo la seguridad hídrica en un contexto de crisis climática.

“La Ley de Glaciares es clara, constitucional y vigente: debe cumplirse, no vaciarse”, enfatizaron los expositores, al tiempo que reclamaron un debate más amplio, con base científica y participación efectiva, antes de modificar uno de los pilares del régimen ambiental argentino.

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Cámara Federal de Posadas: el Senado tratará la continuidad de Mirta Delia Tyden en medio de pulseadas políticas

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El Senado tratará la prórroga de la vocalía de la Cámara Federal de Apelaciones de Posadas en una sesión cargada de tensión política

El Senado de la Nación incluirá en la sesión de este jueves un tema clave para el ámbito judicial de Misiones: la prórroga por cinco años del mandato de Mirta Delia Tyden como vocal de la Cámara Federal de Apelaciones de Posadas. La decisión se dará en el marco de una jornada legislativa atravesada por fuertes debates, en la que la oposición intentará revertir los vetos presidenciales a la ley de financiamiento universitario y a la emergencia en salud pediátrica.

Una designación con impacto en Misiones

Según el proyecto de resolución, el Senado prestará acuerdo al Presidente de la Nación para avanzar con la continuidad de Tyden (DNI N° 6.424.170), actualmente integrante de la Cámara Federal de Apelaciones de Posadas. El dictamen establece que la medida se enmarca en el artículo 110 del Reglamento de la Cámara Alta y pasará directamente al Orden del Día.

La prórroga, de aprobarse, otorgará previsibilidad institucional a uno de los tribunales más relevantes del NEA, encargado de resolver en segunda instancia causas de alto impacto regional en materia penal, civil y administrativa.

La continuidad de Mirta Delia Tyden en la Cámara Federal de Apelaciones de Posadas refuerza la estructura judicial en una región estratégica, donde confluyen causas vinculadas a la frontera, el comercio y delitos federales. El aval del Senado será interpretado como un gesto de estabilidad institucional en medio de un escenario legislativo dominado por las tensiones políticas entre el oficialismo y la oposición.

Un Senado en ebullición política

El tratamiento de la prórroga de la vocalía judicial se dará en paralelo a una sesión donde la atención estará puesta en los vetos presidenciales de Javier Milei a dos leyes sensibles: el financiamiento universitario y la emergencia en salud pediátrica. La oposición busca replicar lo ocurrido en Diputados, donde logró alcanzar los dos tercios para insistir con las normas.

En la última votación en el Senado, durante agosto, los números mostraron un amplio respaldo opositor: 58 votos a favor y 10 en contra para la ley universitaria, y 60 apoyos frente a 8 rechazos en el caso del Garrahan. Ese antecedente abre la expectativa de un nuevo revés legislativo para el oficialismo.

Otros temas en agenda: energía y seguridad

Además, el peronismo intentará sumar al temario el proyecto para impedir la venta del 44% de las acciones de Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NASA), tras el Decreto 695/2025 que habilitó la privatización parcial de la empresa. También figura en carpeta la discusión sobre el sistema de Alerta Sofía, con la intención de sancionar una ley que le dé sustento legal al mecanismo de búsqueda de personas desaparecidas, actualmente regulado por decreto.

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Villarruel exige la devolución de despachos y bienes del Senado antes del recambio de diciembre

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La vicepresidenta y titular de la Cámara alta, Victoria Villarruel, avanzó con una medida inédita en el Senado: dispuso que los 24 senadores cuyo mandato finaliza en diciembre entreguen, antes del recambio parlamentario, no solo sus despachos, sino también todo el mobiliario y equipamiento asignado, incluyendo computadoras, teléfonos, celulares, tarjetas de comedor, resmas y papelería oficial.

La disposición, instrumentada a través del Decreto Presidencial 488/2025, fue comunicada en las últimas horas y encomienda a la Dirección General de Administración realizar un relevamiento exhaustivo de las oficinas utilizadas por senadores, bloques políticos y asesores, tanto en el Palacio Legislativo como en los anexos de la Cámara alta.

La resolución busca cortar con una práctica extendida en el Congreso: la “herencia de despachos”, por la cual legisladores salientes solían delegar sus oficinas a sucesores de su mismo espacio político o a aliados, sin que la Presidencia de la Cámara interviniera directamente en la reasignación.

Villarruel, que meses atrás había centralizado las funciones administrativas tras la salida de su entonces secretario administrativo Emilio Viramonte Olmos, justificó la medida en la necesidad de transparentar y ordenar el uso de los recursos públicos.

El texto oficial señala: “Los senadores con mandato cumplido deberán restituir a esta Presidencia del H. Senado de la Nación (…) los despachos y/u oficinas que oportunamente se les hubiesen asignado para el ejercicio de sus funciones parlamentarias, antes del 10 de diciembre del año en que finalice su mandato”.

La restitución deberá incluir la totalidad de bienes propiedad del Senado: muebles, modulares, equipos telefónicos, computadoras, laptops, celulares, tarjetas de acceso, tarjetas de comedor, papelería oficial, expedientes y carpetas.

La decisión de Villarruel fue interpretada como una jugada política de alto impacto, ya que elimina un “trofeo de guerra” que por décadas se negoció en la Cámara alta a través de usos y costumbres no reglamentados.

Fuentes legislativas señalaron que la medida afecta por igual a oficialistas y opositores, generando malestar en bloques que esperaban preservar espacios estratégicos en el Palacio Legislativo. El golpe simbólico es mayor en los despachos de la “Casa”, el edificio central del Congreso, más codiciados que los ubicados en los anexos.

Además de implicancias políticas, la resolución apunta a reforzar la autoridad de la Vicepresidencia sobre la administración del Senado y a evitar litigios internos por la reasignación de oficinas. En el corto plazo, se prevé un reacomodamiento de espacios que podría tensar aún más las relaciones entre Villarruel y un cuerpo legislativo que ya viene mostrando fricciones con la Casa Rosada.

Con el recambio de diciembre, la vicepresidenta se asegura un control absoluto sobre la redistribución de oficinas y envía una señal clara de disciplina institucional: los bienes del Senado son patrimonio del Estado y no de los legisladores salientes.

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Tres inmuebles de Nación serán transferidos al municipio de Montecarlo

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El Senado de la Nación aprobó la transferencia de tres inmuebles al municipio de Montecarlo a título gratuito. Este pedido ya contaba con la media sanción de Diputados y este jueves el Senado lo transformó en Ley.

Se trata de tres inmuebles que el Estado Nacional transfiere a la localidad misionera destinadas a: la nueva municipalidad, a un lote de viviendas familiares y a una nueva sede Policial.

Esta demanda llevaba casi 70 años y logramos hacerla realidad para el municipio de Montecarlo y toda su gente.

“Estamos muy contentos de que este pedido que obtuvo la media sanción el año pasado; y que responde a una demanda que la ciudad de Montecarlo lleva adelante desde hace casi 70 años, hoy el Senado lo haya convertido en ley”, manifestó el diputado Nacional por Misiones, Diego Sartori

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