Senado de la Nación

El Senado aprobó el pliego de Verónica Michelli tras una tensa pulseada política

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En una de las votaciones más sensibles para la relación entre el Gobierno nacional y el Senado, la Cámara alta aprobó finalmente el pliego de Verónica Michelli para ocupar la vacante de jueza en el Tribunal Oral Federal N° 3 de La Plata. La decisión se produjo luego de una intensa negociación política que expuso diferencias internas dentro del oficialismo y dejó en evidencia los límites de la capacidad de disciplinamiento de la Casa Rosada sobre sus propios aliados parlamentarios.

La magistrada obtuvo 44 votos afirmativos, 18 negativos y dos abstenciones, luego de que el pleno habilitara previamente el tratamiento de su candidatura con una mayoría especial de 63 votos a favor y apenas dos rechazos. El resultado significó una derrota política para el Poder Ejecutivo, que pocas horas antes había remitido formalmente al Senado el pedido de retiro del pliego.

La controversia se originó por el vínculo familiar de Michelli con el periodista Hugo Alconada Mon, uno de los principales investigadores del denominado caso $LIBRA, una causa que incomoda al oficialismo. Sin embargo, la mayoría de los bloques decidió avanzar con la designación bajo el argumento de que las relaciones familiares no constituyen impedimento para evaluar los antecedentes profesionales de una candidata que ya había atravesado el proceso de audiencias públicas y obtenido dictamen favorable.

Bullrich se diferenció de la Casa Rosada

Uno de los movimientos más relevantes de la jornada fue protagonizado por la jefa del bloque oficialista, Patricia Bullrich, quien se apartó de la postura impulsada por el Ejecutivo y defendió el tratamiento del pliego. Aunque finalmente optó por abstenerse en la votación, dejó una definición que sintetizó su posición política.

“No se puede atribuir consecuencias disciplinarias por una relación familiar”, sostuvo antes de la votación, al tiempo que destacó que Michelli había realizado los méritos necesarios para llegar a esa instancia institucional. Luego anunció su abstención y concluyó con una frase cargada de significado político: “Las personas son únicas e irrepetibles”.

La postura de Bullrich ya había generado ruido dentro del oficialismo desde comienzos de la semana. El lunes por la noche comunicó públicamente que el Senado debía continuar con el tratamiento parlamentario del pliego, una posición que contrastó con la decisión posterior del Gobierno de solicitar formalmente su retiro.

Según trascendió en ámbitos parlamentarios, la ministra puso su renuncia a la conducción de la bancada a disposición del presidente Javier Milei, quien finalmente decidió sostenerla en el cargo. Sin embargo, el episodio profundizó las diferencias con la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, que había impulsado una estrategia más dura para bloquear la designación.

El interbloque Popular inclinó la balanza

La aprobación del pliego fue posible gracias al respaldo mayoritario del interbloque Popular, que aportó 21 votos positivos sobre sus 25 integrantes. Sólo estuvieron ausentes Adán Bahl, Marcelo Lewandowski, Florencia López y Mariano Recalde.

La negociación se extendió durante más de una hora en un cuarto intermedio marcado por fuertes discusiones entre los presidentes de bloque. Finalmente, el oficialismo cedió ante la presión de los sectores dialoguistas y aceptó incluir el expediente en el temario.

El acuerdo permitió además destrabar el tratamiento de los 74 pliegos judiciales que habían sido dictaminados tras las audiencias públicas realizadas entre el 13 y el 15 de mayo, una cuestión que se había transformado en el principal foco de conflicto institucional de la sesión.

Más allá del caso puntual de Michelli, la discusión dejó planteada una cuestión de fondo sobre el funcionamiento del sistema de designación de magistrados y el equilibrio entre los poderes del Estado.

La mayoría de los senadores interpretó que permitir el retiro de un pliego ya dictaminado por razones vinculadas a la actividad periodística de un familiar sentaría un precedente complejo para futuros procesos de selección judicial. En esa lectura, el respaldo a Michelli terminó funcionando también como una defensa de la autonomía institucional del Senado frente a las presiones políticas coyunturales.

Nueve nuevos pliegos judiciales ingresaron al Senado

Mientras se resolvía la situación de Michelli, la Cámara alta dio ingreso parlamentario a otros nueve expedientes enviados por el Poder Ejecutivo para cubrir vacantes estratégicas en distintos tribunales federales y nacionales.

Entre las postulaciones figuran Florentino Malaponte para la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario; Javier Jorge Cosentino para la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial; Ramiro Ariel Mariño para el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 54; Ángela Cecilia Pagano Mata para el Tribunal Federal de Juicio de Comodoro Rivadavia; José Ignacio Polizza para el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 14; María Gabriela Janeiro para el Juzgado Federal de la Seguridad Social N° 5; Diego Andrés Villanueva para el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 42; Mariano Adolfo Klumpp para el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 9; y Miguel Ángel Asturias para el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 27.

La incorporación de estos expedientes anticipa que la disputa por la integración del Poder Judicial continuará ocupando un lugar central en la agenda parlamentaria durante las próximas semanas. La aprobación de Michelli mostró que, aun con una Casa Rosada decidida a intervenir en el proceso, el Senado conserva márgenes propios de negociación y capacidad para imponer sus tiempos y decisiones.

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Crisis libertaria por el veto a una candidata a jueza: Bullrich le ofreció su renuncia a Javier Milei

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La decisión del presidente Javier Milei de impulsar el rechazo de la candidatura de María Verónica Michelli para ocupar un cargo judicial derivó en una inesperada crisis política dentro del bloque de La Libertad Avanza en el Senado. La controversia no gira en torno a la capacidad profesional de la postulante, sino a su vínculo familiar con el periodista Hugo Alconada Mon, uno de los principales investigadores del caso $LIBRA, una situación que desató cuestionamientos institucionales y abrió una inédita disputa dentro del oficialismo.

El conflicto escaló cuando la jefa del bloque libertario en la Cámara alta, Patricia Bullrich, anunció públicamente que votará en contra de la decisión de la Casa Rosada de retirar el pliego de Michelli. La postura sorprendió incluso a sus propios compañeros de bancada, a quienes informó apenas minutos antes de hacerla pública.

Según trascendió, Bullrich justificó su decisión ante el Presidente argumentando que existe una parte del electorado que espera “gestos republicanos” y que vetar una candidatura por el parentesco con un periodista constituye una señal política equivocada en un momento delicado para la imagen del oficialismo.

La discusión ocurre además en un contexto complejo para el Gobierno nacional, marcado por las repercusiones del caso $LIBRA y por los cuestionamientos en torno al crecimiento patrimonial del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, tema que continúa generando debate político y pedidos de explicaciones desde distintos sectores de la oposición.

Un bloque en estado de deliberación

La decisión de Bullrich dejó al bloque oficialista en una situación de tensión interna. Según reconstrucciones periodísticas, varios senadores respaldaron su postura, mientras que otros, identificados con el núcleo más cercano a los hermanos Milei, defendieron la necesidad de acompañar la decisión presidencial.

Entre quienes sostienen una alineación más estricta con la Casa Rosada aparecen Nadia Márquez, María Emilia Orozco y Joaquín Benegas Lynch, mientras que otros legisladores consideran que el episodio trasciende el caso Michelli y refleja diferencias más profundas sobre la construcción política del oficialismo y su relación con las instituciones.

La controversia también puso bajo la lupa al senador riojano Juan Carlos Pagotto, presidente de la Comisión de Acuerdos, quien mantiene retenido el dictamen favorable a Michelli pese a que cuenta con las firmas necesarias para llegar al recinto. Esa decisión generó críticas dentro de la propia bancada libertaria.

Señales para la oposición dialoguista

Más allá del episodio puntual, varios senadores interpretan que la jugada de Bullrich busca enviar una señal política hacia los sectores dialoguistas que han acompañado al Gobierno en distintos proyectos legislativos. El temor dentro del oficialismo es que el intento de bloquear una candidatura por razones vinculadas al parentesco con un periodista pueda deteriorar la relación con aliados clave para futuras votaciones.

La preocupación no es menor. En la Comisión de Acuerdos, el oficialismo cuenta con apenas cinco representantes frente a nueve integrantes de bloques dialoguistas, que fueron precisamente quienes impulsaron el dictamen favorable para Michelli.

Críticas a la estrategia de la Casa Rosada

Dentro del propio oficialismo surgieron cuestionamientos hacia el Ministerio de Justicia y hacia la conducción política de la Casa Rosada por la forma en que se gestionó el caso. Algunos legisladores consideran que el conflicto podría haberse evitado mediante una revisión previa más exhaustiva de los antecedentes y vínculos de los candidatos enviados al Senado.

También se cuestionó la decisión de intentar retirar el pliego una vez iniciado el proceso legislativo, una medida que, según algunos senadores, terminó otorgándole mayor visibilidad pública a una controversia que inicialmente tenía bajo perfil.

La discusión sobre Michelli ya trascendió el expediente judicial y se convirtió en una prueba de cohesión para La Libertad Avanza. Lo que comenzó como una disputa sobre una designación judicial amenaza ahora con convertirse en el primer gran desafío interno para el bloque oficialista en el Senado y en una señal de alerta sobre las tensiones que atraviesan la construcción política del Gobierno de Javier Milei.

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Misiones lleva al Senado su modelo de carbono: buscan un marco legal para integrar los bonos ambientales al mercado de capitales

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Argentina busca convertir su capital natural en una verdadera plataforma de desarrollo económico, atracción de inversiones y posicionamiento competitivo dentro de la nueva economía climática global. Bajo esa premisa, el próximo martes 19 de mayo, de 9 a 11 horas, se realizará en el Salón Azul del Senado de la Nación Argentina la conferencia “Marco para el Desarrollo de Mercados de Carbono y su Integración al Mercado de Capitales”, una iniciativa que tendrá a Misiones como uno de los principales casos de referencia nacional.

El encuentro, impulsado por las senadoras Sonia Rojas Decut y Flavia Royon, busca abrir el debate sobre la necesidad de construir un marco jurídico claro que otorgue integridad ambiental, seguridad jurídica y una mirada federal al desarrollo de los mercados de carbono en Argentina. La propuesta apunta a que provincias, sectores productivos y el mercado de capitales se conviertan en actores centrales de la transición hacia una economía baja en carbono, alineada con estándares internacionales y nuevas oportunidades de financiamiento climático.

En ese escenario, Misiones aparece como un caso emblemático. Durante la conferencia se presentará el Programa Jurisdiccional REDD+ de la provincia, considerado uno de los modelos más relevantes a nivel regional e internacional en materia de conservación con valor económico. Según el documento oficial del evento, este esquema permitió consolidar a Misiones como una referencia en la protección de bosques y biodiversidad, despertando el interés de inversores internacionales y de mercados de carbono de alta integridad.

La lógica detrás de este modelo es clara: transformar la conservación forestal y la provisión de servicios ecosistémicos en activos estratégicos capaces de generar divisas, fortalecer economías regionales y mejorar el posicionamiento internacional del país. En otras palabras, pasar de una visión ambiental defensiva a una estrategia económica basada en el valor de los activos naturales.

No se trata solo de bonos de carbono. La jornada también analizará oportunidades concretas vinculadas a la descarbonización global, especialmente en el sector aeronáutico, donde aparecen nuevas ventanas de negocio vinculadas a créditos de carbono de alta integridad, ITMOs bajo el Artículo 6 del Acuerdo de París, combustibles sostenibles de aviación (SAF) y nuevas alianzas comerciales con Estados Unidos y la Unión Europea.

Este punto cobra especial relevancia para Misiones, que se encuentra próxima a concretar una de las operaciones privadas más importantes del país en este segmento: la negociación con LATAM para la venta de 2,9 millones de toneladas de bonos de carbono dentro del mercado CORSIA, una operación estimada en alrededor de 65 millones de dólares y que podría convertirse en la primera gran transacción privada de este tipo en Argentina.

Desde el Gobierno provincial sostienen que el desafío ya no pasa solamente por conservar, sino por lograr que esa conservación se traduzca en financiamiento concreto, reglas claras y mecanismos transparentes que permitan atraer capital privado sin perder soberanía ambiental.

El documento base de la conferencia plantea que, en un escenario internacional donde los acuerdos comerciales incorporan cada vez más exigencias vinculadas a trazabilidad, huella ambiental y activos climáticos, Argentina posee ventajas comparativas que pueden convertirse en ventajas competitivas sostenibles.

La visión estratégica se apoya en cinco pilares: federalismo ambiental, innovación financiera, atracción de inversión privada, integración a mercados internacionales y liderazgo en sostenibilidad productiva. La apuesta es complementar la matriz exportadora tradicional con una nueva dimensión basada en confianza climática, integridad ambiental y activos vinculados a la transición global.

En ese tablero, Misiones busca jugar en primera línea. No solo por su masa forestal y su biodiversidad, sino porque entiende que el mercado de carbono puede dejar de ser una promesa conceptual para convertirse en una herramienta concreta de desarrollo, generación de divisas y política de Estado. La conferencia en el Senado será, justamente, una señal política de ese nuevo posicionamiento.

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El Senado activó pliegos judiciales y avanzó con la candidatura de Ruth Ponce de León para el Tribunal Federal de Posadas

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El Senado avanzó este martes con el tratamiento de cerca de 80 pliegos judiciales impulsados por el Gobierno nacional, en una negociación política que involucró al oficialismo y a sectores dialoguistas del PRO, la UCR y bloques provinciales. Entre las postulaciones incluidas aparece la de la misionera Ruth María Ponce de León, propuesta para ocupar el cargo de jueza de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Posadas.

La movida representa uno de los acuerdos institucionales más amplios que logró hasta ahora La Libertad Avanza en la Cámara alta en materia judicial. El oficialismo obtuvo dictámenes favorables en la Comisión de Acuerdos luego de incorporar decenas de cargos reclamados por provincias y fueros federales del interior del país.

El pliego de Ponce de León quedó así habilitado para avanzar hacia la etapa de acuerdos legislativos, dentro de un paquete que incluye jueces, fiscales, defensores oficiales y camaristas para distintas jurisdicciones federales.

La negociación política se aceleró luego de que el Gobierno enviara alrededor de cincuenta nuevos pliegos vinculados a juzgados federales del interior. Esa decisión permitió que bloques opositores dialoguistas acompañaran los despachos que estaban pendientes desde audiencias anteriores.

En la práctica, el oficialismo logró consolidar una mayoría circunstancial para avanzar con designaciones estratégicas en la estructura judicial federal, un terreno históricamente sensible por su impacto institucional y político.

Dentro de ese esquema también se destacó la audiencia pública de Emilio Rosatti, hijo del presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, postulado para el Tribunal Federal de Juicio de Santa Fe. Su exposición concentró parte de la atención política de la jornada y funcionó como señal de acercamiento entre sectores del oficialismo y el entramado judicial federal.

Qué implica el avance del pliego para Misiones

La postulación de Ruth María Ponce de León se vincula directamente con el Tribunal Oral Federal de Posadas, órgano clave en causas federales vinculadas a narcotráfico, delitos económicos y criminalidad compleja en la región.

Aunque el texto base no detalla vacantes específicas ni tiempos de cobertura, el avance del pliego aparece en un contexto donde el Gobierno busca acelerar nombramientos en tribunales federales estratégicos del interior.

Para Misiones y el NEA, el movimiento tiene peso institucional porque los tribunales federales cumplen un rol central en una región atravesada por dinámicas fronterizas, comercio internacional y delitos transnacionales.

La inclusión de cargos para Chaco, Corrientes, Formosa, Salta y Misiones también refleja una lógica de distribución territorial en la negociación parlamentaria, un reclamo que sectores dialoguistas venían sosteniendo frente a la concentración de designaciones en Buenos Aires.

La Justicia federal volvió al centro de la negociación política

El tratamiento conjunto de más de 80 pliegos exhibe un dato político relevante: aun con minoría parlamentaria, el oficialismo consiguió articular acuerdos para intervenir en la conformación del mapa judicial federal.

La estrategia incluyó habilitar nombramientos en distintas provincias y fueros, una señal orientada a contener demandas de gobernadores, senadores provinciales y sectores judiciales que reclamaban cobertura de vacantes.

En paralelo, el debate volvió a poner sobre la mesa la discusión sobre los mecanismos de selección de magistrados y el nivel de discrecionalidad en los concursos judiciales. Durante la audiencia, Emilio Rosatti sostuvo que existen distintos proyectos para modificar el sistema y “bajar la discrecionalidad” en las designaciones.

Aunque los dictámenes ya fueron habilitados en comisión, el proceso aún depende de futuras sesiones del Senado para convertir las postulaciones en designaciones efectivas.

La próxima etapa será observar si el oficialismo logra sostener la misma mayoría circunstancial en el recinto y cómo impacta esa negociación en otras discusiones legislativas abiertas entre el Gobierno y la oposición dialoguista.

En el caso de Misiones, la evolución del pliego de Ruth María Ponce de León quedará ligada a esa dinámica política nacional, en un escenario donde la Justicia federal continúa siendo uno de los espacios de mayor sensibilidad institucional y de disputa de poder.

El listado completo de los nuevos pliegos judiciales:

Ana María Busleiman para jueza de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Catamarca.

Sebastián Pedro Ruiz para juez del Tribunal Federal de Juicio de Comodoro Rivadavia, Chubut.

Fernando Gabriel Alcaraz para fiscal federal de la Unidad Fiscal Mendoza.

Maximiliano Alberto Leandro Callizo para juez del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 58 de la Capital Federal.

Sergio Alejandro Echegaray para juez del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 44 de la Capital Federal.

Juan Manuel Cabral para vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Capital Federal, Sala K.

Albertina Anatonia Caron para jueza de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 19 de la Capital Federal.

Pedro Manuel Crespo para juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N° 28 de la Capital Federal.

Sebastián Rodrigo Ghersi para juez del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 45 de la Capital Federal.

Patricio Nicolás Sabadini para fiscal federal de la Unidad Fiscal de Resistencia, Chaco.

Santiago José Martín para vocal de la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata, Buenos Aires.

Santiago French para vocal de la Cámara Federal de Apelaciones de Salta.

Amanda Espino para defensora pública oficial ante los Tribunales Orales en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, Defensoría N° 7.

Evangelina María Lasala para jueza de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 18 de la Capital Federal.

José María Abram Luján para juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 110 de la Capital Federal.

Pilar Fernández Escarguel para jueza del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 109 de la Capital Federal.

Hugo Daniel Froy para fiscal federal de la sede fiscal descentralizada de Paso de los Libres, Corrientes.

Juan Tomás Rodríguez Ponte para juez del Juzgado Federal de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional N° 2 de Lomas de Zamora, Buenos Aires.

Santiago Villagrán para juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N°19 de la Capital Federal.

Paula Vanesa Romeo para jueza de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 18 de la Capital Federal.

Julio César di Giorgio para juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 10 de la Capital Federal.

Juan Carlos Riccardini para juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y N° 9 de la Capital Federal.

Ángel Roger Luna Roldán para juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán.

María Virginia Ise para vocal de la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia, Chaco.

Juan Marcelo Burella Acevedo para fiscal federal de la Unidad Fiscal de Corrientes.

Ruth María Ponce de León para jueza de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Posadas, Misiones.

Pablo Roberto Toledo para juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán.

Claudio Fabián Loguarro para vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de la Capital Federal, Sala III.

Diego Fernando Manauta para vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de la Capital Federal, Sala V.

Diego Javier Tula para vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de la Capital Federal, Sala II.

Marina Edith Pisacco para vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de la Capital Federal, Sala VI.

María Claudia Jueguen para vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de la Capital Federal, Sala X.

Víctor Arturo Pesino para vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de la Capital Federal, Sala VIII.

Leopoldo Jorge Rago Gallo para juez del Juzgado Federal de Primera Instancia N°2 de San Juan.

Matilde Evangelina Ballerini para vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial de la Capital Federal, Sala B.

Pedro Mariano Rebollo para fiscal ante el Juzgado Federal de Primera Instancia de Gualeguaychú, Entre Ríos.

Natalia Cecilia Crede para fiscal general ante los Tribunales Orales en lo Penal Económico de la Capital Federal, Fiscalía N° 3.

María Ángeles Ramos para fiscal general ante los Tribunales Orales en lo Penal Económico de la Capital Federal, Fiscalía N° 4.

Santiago Roldán para fiscal general ante los Tribunales Orales en lo Penal Económico de la Capital Federal, Fiscalía N° 2.

Gustavo Alejandro Roque Cultraro para juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N° 10 de la Capital Federal.

Bernardo María Rodríguez Palma para juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2 de San Martín, Buenos Aires.

Fernando Carlos Damián Pascual para juez del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 41 de la Capital Federal.

Mariana Salduna para jueza de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 25 de la Capital Federal.

Vanesa Silvana Alfaro para jueza de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 16 de la Capital Federal.

Bárbara Rastellino para jueza del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 27 de la Capital Federal.

Javier Rodrigo Pereyra para juez del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 3 de la Capital Federal.

Agustín Raúl Rubiero para vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Capital Federal, Sala D.

Alicia Isabel Braghini para vocal de la Cámara Federal de la Seguridad Social, Sala III.

Florencia Inés Córdoba para jueza del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 66 de la Capital Federal.

Lucila Califano para jueza del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 9 de la Capital Federal.

Hernán Enrique Figueroa para defensor público oficial ante los Tribunales Orales en lo Penal Económico de la Capital Federal, Defensoría N° 2.

Germán Luis Artola para defensor público oficial adjunto ante los Tribunales Orales en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, Defensoría N° 11.

Nuria Saba Sardañons para defensora pública oficial adjunta ante los Tribunales Orales en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, Defensoría N° 15.

José Nicolás Celestino Chumbita para defensor público oficial ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de La Rioja.

Sofía Beatriz del Milagro Martín para defensora pública de víctima con asiento en la provincia de Santiago del Estero.

Maximiliano Eduardo Nicolás para defensor público de menores e incapaces ante los Tribunales Orales en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, Defensoría N° 4.

María Laura Irastorza para defensora pública de víctima con asiento en la provincia de Río Negro.

María Esther Pinos para defensora pública oficial federal del interior del país con asiento en la ciudad de Formosa.

Ana Clarisa Galán Muñoz para defensora pública oficial ante la Cámara Federal de Casación Penal, Defensoría N° 3.

Maximiliano Abel Chávez, Andrea Cristina Di Gregorio, Agustín García Fauré, Gabriel Andrés Marnich, José Eduardo Di Lena y Fernando Gabriel Saraboso, conjueces de los Juzgados Federales de Primera Instancia de la jurisdicción de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba.

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Arce y Rojas Decut renuncian al aumento de dieta en el Senado

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Los senadores por Misiones, Carlos Arce y Sonia Rojas Decut, anunciaron que renuncian al aumento de dieta correspondiente a los legisladores nacionales, en un gesto que -explicaron- busca acompañar el contexto económico que atraviesa el país y reafirmar el compromiso asumido con los misioneros. De este modo, rechazaron el incremento que eleva a once millones de pesos las dietas que cobrarán los integrantes de la Cámara alta.

A través de un pronunciamiento público, ambos legisladores señalaron que la decisión responde a una concepción de la política basada en la responsabilidad con la sociedad y la coherencia entre el discurso y las acciones. En ese sentido, remarcaron que el actual escenario económico exige señales claras de austeridad por parte de quienes ocupan cargos institucionales.

Desde el misionerismo reafirmamos una convicción que guía nuestra forma de hacer política: la responsabilidad con la gente y la coherencia entre lo que decimos y lo que hacemos”, expresaron.

En ese marco, Arce y Rojas Decut explicaron que optaron por declinar el incremento salarial previsto para los integrantes del Senado de la Nación, al considerar que el contexto nacional requiere gestos concretos de prudencia y sensibilidad social por parte de la dirigencia política.

Los legisladores indicaron que la medida busca honrar el compromiso asumido con la ciudadanía de Misiones, que -sostuvieron- espera de sus representantes cercanía, empatía y una conducta acorde a las dificultades que enfrentan muchas familias argentinas.

Asimismo, subrayaron que el rol de la política debe centrarse en el servicio a la sociedad y que ese compromiso comienza por el ejemplo. “En tiempos complejos, los representantes públicos debemos actuar con prudencia, responsabilidad y sensibilidad social”, afirmaron.

Finalmente, los senadores ratificaron que continuarán trabajando por los intereses de Misiones en el Congreso de la Nación, manteniendo una línea de acción basada en la austeridad, el compromiso institucional y la coherencia entre el decir y el hacer.

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