Senado de la Nación

Goerling apoyó el rumbo pero encendió una alerta: “Si la gente no siente beneficios, el riesgo de volver atrás siempre va a estar”

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El senador por Misiones Martín Goerling ratificó su respaldo al programa económico del Gobierno de Javier Milei, pero introdujo una advertencia que atravesó buena parte de los debates del encuentro del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas en Puerto Iguazú: la estabilidad macroeconómica no alcanzará para consolidar el cambio si sus resultados no llegan a la economía cotidiana.

Hay muchos sectores de la economía que la están pasando muy mal. Hay sectores que realmente no arrancan”, señaló el legislador durante un panel en el que se analizaron las reformas pendientes y la capacidad política de la Argentina para sostenerlas en el tiempo.

Goerling consideró que el país eligió un rumbo que debe mantenerse, aunque advirtió que el deterioro social puede alimentar otro giro del histórico péndulo argentino.

“Si la economía del día a día de la gente no empieza a sentir los beneficios, el riesgo de volver siempre va a estar, y es lo peor que nos puede pasar”, afirmó. 

Para el senador, todavía existe margen para desarrollar incentivos y políticas que permitan reactivar las actividades rezagadas antes de que el malestar se transforme en una demanda de regreso al esquema anterior.

Goerling también explicó su posición en el Senado frente al proyecto conocido como “super RIGI”, luego de que su negativa a firmar el dictamen fuera interpretada como un rechazo a la iniciativa.

“No dije que no al super RIGI. Venimos apoyando todas las reformas del RIGI”, aclaró. Según explicó, su decisión respondió a que todavía no estaban dadas las condiciones políticas para emitir dictamen y llevar el proyecto al recinto con posibilidades reales de aprobación.

El senador sostuvo que varios integrantes de la Cámara alta pretendían introducir modificaciones y que avanzar sin consensos suficientes podía conducir al rechazo de la propuesta. Eso, planteó, habría representado un retroceso mayor que continuar negociando.

“Lo peor que podía pasar era ir al recinto y que se rechazara el proyecto”, remarcó. Además, cualquier modificación obligaría a devolver la iniciativa a la Cámara de Diputados para una nueva revisión.

Entre los puntos en discusión mencionó la incorporación de un porcentaje de Compre Argentino, orientado a dar participación a la industria nacional dentro de los grandes proyectos de inversión. La propuesta evaluada contemplaba un piso del 20 por ciento, aunque persistían diferencias sobre la forma de calcularlo.

El debate consiste en evitar que ese porcentaje quede absorbido exclusivamente por la obra civil y garantizar que incluya bienes transables fabricados en el país. El objetivo es que los megaproyectos no funcionen como enclaves aislados, sino que permitan desarrollar una cadena argentina de proveedores.

Goerling aseguró que el tratamiento continuará y que su intención es construir una mayoría capaz de aprobar la iniciativa. En ese proceso, destacó los aportes realizados por entidades empresariales como la Confederación Argentina de la Mediana Empresa y la Unión Industrial Argentina.

El senador defendió la necesidad de que los cambios estructurales sean aprobados mediante leyes respaldadas por diferentes sectores políticos. Consideró que ese consenso constituye una garantía para las inversiones y reduce la posibilidad de que las reformas sean derogadas ante un cambio de gobierno.

“Cuando se fuerza una ley, después queda a tiro de que, si cambia el gobierno, lo primero que haga sea derogarla porque no le gustó en su momento”, explicó.

Para Goerling, una norma discutida, enriquecida con aportes y sostenida por una mayoría amplia ofrece mayor previsibilidad que una victoria parlamentaria ajustada. Esa lógica, afirmó, debería aplicarse tanto a las reformas económicas como a los cambios institucionales pendientes.

El senador señaló que la reforma del Banco Central será girada a la Comisión de Economía Nacional e Inversión, que preside. Indicó que todavía espera que la Presidencia del Senado remita formalmente el expediente, pero anticipó su acompañamiento.

“Compartimos absolutamente la ley. Va a ser un antes y un después en la Argentina”, aseguró. También incluyó a la reforma previsional entre los grandes debates que deberá afrontar el Congreso, aunque reconoció la dificultad de alcanzar acuerdos en una materia con fuertes consecuencias fiscales y sociales.

Goerling planteó que las condiciones tributarias previstas para las grandes inversiones deberían convertirse, a largo plazo, en la regla general de la economía argentina.

“El RIGI es un régimen especial, pero eso debería ser toda la economía de la Argentina”, sostuvo. Mencionó como referencias una alícuota del 25 por ciento en el impuesto a las Ganancias y menores aranceles para importar bienes destinados a la producción.

Sin embargo, admitió que avanzar hacia ese escenario demandará tiempo después de años de desequilibrios fiscales, inflación y distorsiones acumuladas. En ese camino, insistió en que la reducción de impuestos debe estar respaldada por una disminución del gasto público.

El planteo no quedó limitado a la administración nacional. Goerling sostuvo que las provincias y los municipios también deben revisar sus estructuras y acompañar el esfuerzo fiscal.

En su provincia, el senador puso el foco sobre Ingresos Brutos, los anticipos fiscales y el sistema de pagos a cuenta que se aplica al ingreso de mercaderías. Consideró que ese entramado aumenta los costos, desalienta proyectos y coloca a Misiones en desventaja frente a otras jurisdicciones.

“Tenemos una de las presiones tributarias más altas del país. Ingresos Brutos es totalmente asfixiante y lo único que hace es expulsar la inversión”, cuestionó.

Goerling calificó el pago anticipado de Ingresos Brutos como una “aduana paralela” y afirmó que numerosas inversiones terminan radicándose en Corrientes debido a las diferencias impositivas. Frente a ese cuadro, reclamó que el Gobierno provincial reduzca estructuras y gastos para generar condiciones más competitivas.

“Nadie quiere venir a invertir a Misiones. El Gobierno debería incentivar la inversión para que vengan a invertir a la provincia más linda de la Argentina”, lanzó.

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El Senado busca aprobar 67 pliegos judiciales y cinco acuerdos internacionales

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El Senado de la Nación sesionará este jueves a las 11 para aprobar 67 pliegos de jueces y fiscales federales que ya obtuvieron dictamen en la Comisión de Acuerdos. La agenda, definida por la Comisión de Labor Parlamentaria, incorpora además cinco acuerdos internacionales que requieren aval legislativo para su entrada en vigencia.

El capítulo judicial concentra buena parte del peso político de la sesión. Entre los pliegos se encuentran los de Pablo Bertuzzi y Pablo Yadarola, propuestos para integrar la Cámara Federal porteña, uno de los tribunales con mayor incidencia sobre expedientes vinculados con corrupción, delitos económicos, lavado de dinero y crimen organizado.

La eventual designación de ambos magistrados adquiere particular relevancia por el tipo de causas que podrían quedar bajo la órbita del tribunal. Entre ellas aparecen investigaciones de alto impacto político para el Gobierno nacional, como el expediente relacionado con la criptomoneda $LIBRA y la causa por presuntas irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

En esta última investigación fue apartado de su cargo el entonces titular del organismo, Diego Spagnuolo, mientras que el expediente también alcanza al presidente Javier Milei y a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. La Cámara Federal porteña podría tener intervención en distintas instancias de procesos de esta naturaleza.

El tribunal también podría recibir la causa por presunto enriquecimiento ilícito que involucra al vocero presidencial Manuel Adorni y que actualmente tramita ante el juzgado de Ariel Lijo. El magistrado le otorgó una prórroga de 15 días para que presente documentación destinada a justificar su patrimonio.

Bertuzzi y Yadarola ya atravesaron sus exposiciones ante la Comisión de Acuerdos sin mayores obstáculos. La instancia tuvo una particularidad política: los principales opositores del bloque Justicialista, conducido por José Mayans, no participaron de la audiencia, lo que redujo el nivel de cuestionamiento durante el tratamiento de las candidaturas.

El oficialismo negoció con aliados para garantizar la sesión

La jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, tuvo un papel central en la construcción de los acuerdos necesarios para llevar adelante la sesión. El oficialismo consiguió respaldo de sectores del PRO, la UCR y bloques provinciales, aunque esas negociaciones también expusieron demandas para ampliar la agenda parlamentaria.

Los aliados plantearon incorporar proyectos con mayor impacto económico y social, pero esas iniciativas no formarán parte del temario de este jueves. Su tratamiento podría avanzar en las próximas semanas si consiguen los dictámenes correspondientes en las comisiones.

Entre los expedientes que ya comenzaron a discutirse aparecen dos iniciativas impulsadas por la salteña Flavia Royón y la misionera Sonia Rojas Decut sobre el marco regulatorio y los presupuestos mínimos de protección ambiental vinculados con el mercado voluntario de carbono.

También continúa el debate sobre la Ley de Biocombustibles. Un proyecto de la senadora tucumana Beatriz Ávila propone modificar los porcentajes obligatorios de biodiésel y bioetanol incorporados al gasoil y las naftas. La discusión involucra a las comisiones de Minería, Energía y Combustibles y de Presupuesto y Hacienda.

El expediente reúne además iniciativas de los santacruceños José María Carambia y Natalia Gadano, los senadores de Provincias Unidas Alejandra Vigo y Carlos Espínola, Flavia Royón, los misioneros Carlos Arce y Sonia Rojas Decut y el peronista Jorge Capitanich. Patricia Bullrich también presentó una propuesta sobre la materia.

El dato político relevante para Misiones es que los senadores Carlos Arce y Sonia Rojas Decut aparecen dentro de una discusión que puede impactar sobre una actividad vinculada con la matriz energética y productiva regional. Sin embargo, el proyecto todavía debe atravesar la instancia de comisiones antes de convertirse en parte de una sesión.

Mercosur, Ucrania y Chile, en la agenda internacional

La sesión también contempla la aprobación de cinco acuerdos internacionales. El tratamiento será fundamentado por el senador libertario Francisco Paoltroni, titular de la Comisión de Relaciones Internacionales.

Entre los instrumentos figura el Acuerdo de Libre Comercio entre el Mercosur y la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC), integrada por Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza. Su tratamiento conecta la agenda parlamentaria con uno de los principales desafíos comerciales del bloque regional: ampliar mercados y profundizar vínculos económicos fuera de sus socios tradicionales.

También se encuentra el Protocolo de Montevideo sobre Comercio de Servicios del Mercosur, junto con el Convenio Interamericano sobre Permiso Internacional de Radioaficionado.

La agenda se completa con el Tratado sobre Traslado de Personas Sentenciadas con Ucrania y el Tratado de Extradición con Chile, que incorpora además disposiciones relativas a la transmisión electrónica de solicitudes de cooperación jurídica.

Así, la sesión combinará una definición de fuerte contenido institucional —la cobertura de 67 vacantes judiciales— con acuerdos internacionales que amplían el marco jurídico de cooperación y comercio de la Argentina. El resultado de la jornada también permitirá medir la capacidad del oficialismo para sostener acuerdos con sus aliados y, al mismo tiempo, anticipar qué proyectos económicos y productivos podrán ganar espacio en la agenda del Senado durante las próximas sesiones.

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Arce se sumó oficialmente al bloque Movimiento por Misiones en el Senado

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La ruptura política entre el gobernador Hugo Passalacqua y el exmandatario Carlos Rovira ya tiene una traducción institucional explícita en el Senado de la Nación. Carlos Omar Arce comunicó oficialmente este martes su incorporación al bloque Movimiento por Misiones, espacio que había sido conformado la semana pasada por la senadora Sonia Rojas Decut.

La decisión quedó formalizada mediante una nota dirigida a la presidenta del Senado, Victoria Villarruel, fechada el 18 de agosto de 2026. En el documento, Arce comunica su incorporación al bloque a partir de esa misma fecha y confirma, de ese modo, el reagrupamiento de los dos senadores nacionales por Misiones bajo una misma bancada.

El movimiento completa el primer reordenamiento de peso dentro de la representación misionera en el Congreso desde que comenzó a hacerse visible el distanciamiento entre Passalacqua y Rovira. Lo que durante años funcionó como una estructura política de coordinación territorial y parlamentaria empieza ahora a mostrar una nueva arquitectura, con el gobernador como referencia del espacio provincial y con sus representantes nacionales actuando bajo una identidad propia.

La señal tiene una dimensión que excede la dinámica interna de la política misionera. Los cuatro diputados y dos senadores nacionales que representan a la provincia constituyen un volumen parlamentario relevante en un Congreso donde el Gobierno nacional necesita construir acuerdos para aprobar iniciativas y sostener su agenda legislativa.

En ese contexto, la decisión de Arce adquiere valor estratégico. La conformación de un bloque propio no implica necesariamente una ruptura automática con el oficialismo nacional ni anticipa el sentido de cada votación, pero sí otorga a Misiones una herramienta institucional para negociar de manera más directa sus prioridades en el escenario federal.

El antecedente inmediato fue la decisión de Rojas Decut de abandonar el esquema anterior y constituir Movimiento por Misiones. Arce quedó inicialmente fuera de ese armado, aunque en los últimos días avanzó en un entendimiento con Passalacqua que finalmente desembocó en su incorporación formal al mismo espacio.

La fotografía política, entonces, cambia de manera sustancial. Los dos senadores misioneros dejan de aparecer divididos en el Senado y pasan a compartir una bancada provincial que puede funcionar como plataforma para defender intereses específicos de Misiones, desde la economía regional y la infraestructura hasta el esquema de recursos coparticipables y las políticas vinculadas al desarrollo del Norte Grande.

La construcción de este espacio también puede leerse como una búsqueda de mayor capacidad de negociación. En un Congreso fragmentado, el valor de una representación territorial no depende únicamente de su cantidad de bancas, sino de su capacidad para actuar coordinadamente y convertir esa representación en resultados concretos para la provincia.

Para Passalacqua, el alineamiento de Arce y Rojas Decut supone además un respaldo institucional a la estrategia de diferenciación respecto del antiguo esquema de conducción política. La separación entre ambos sectores ya se había expresado en el territorio, con movimientos de intendentes y dirigentes, y ahora queda documentada en una de las instituciones centrales del sistema político argentino.

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El Senado aprobó la ley de Propiedad Privada, pero quedaron a salvo la Ley de Tierras y la de Manejo del Fuego

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El Senado de la Nación dio media sanción a la denominada Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, pero el texto que finalmente salió de la Cámara alta quedó sustancialmente recortado respecto del proyecto original del Gobierno. Después de casi doce horas de debate y negociaciones, la iniciativa fue aprobada en general por 37 votos afirmativos y 33 negativos y ahora deberá ser tratada por la Cámara de Diputados.

Para Misiones, sin embargo, el dato político y ambiental más relevante está en aquello que no fue aprobado.

El oficialismo debió eliminar los dos capítulos que habían despertado mayor resistencia en la provincia: la reforma de la Ley de Tierras -que tenía los votos en contra de Sonia Rojas Decut y Carlos Arce- y los cambios a la Ley de Manejo del Fuego.

La eliminación del capítulo referido a la extranjerización de tierras ya había sido acordada antes de llegar a la votación. Pero durante la extensa sesión del jueves se produjo una segunda modificación decisiva: ante la falta de votos suficientes, La Libertad Avanza retiró también el capítulo que pretendía modificar el régimen vigente para los inmuebles afectados por incendios.

Así, la Ley de Manejo del Fuego no fue modificada y continúan vigentes las restricciones actuales sobre el cambio de uso de las superficies incendiadas. La normativa mantiene las limitaciones durante 30 años para determinadas superficies agropecuarias, praderas, pastizales, matorrales y áreas periurbanas, mientras que para bosques nativos, áreas naturales protegidas y humedales las restricciones pueden extenderse durante 60 años.

El objetivo de esas prohibiciones es evitar que un incendio, intencional o accidental, termine habilitando posteriormente negocios inmobiliarios o modificaciones del uso del suelo.

La permanencia de esas restricciones fue uno de los puntos centrales del debate ambiental. La reforma impulsada por el Ejecutivo pretendía modificar ese esquema bajo el argumento de que la legislación vigente podía terminar castigando también al propietario que hubiera sido víctima de un incendio. Sin embargo, durante la sesión fueron creciendo las objeciones por una eventual regresión de las normas de protección ambiental.

Con el correr de las horas quedó en evidencia que el oficialismo no tenía los votos necesarios para sostener ese capítulo. Finalmente, antes de la votación general, el miembro informante Agustín Coto anunció su retiro.

Con los capítulos de Tierras y Manejo del Fuego fuera del texto, los representantes misioneros acompañaron la iniciativa en la votación general.

Los senadores Carlos Arce y Sonia Rojas Decut votaron afirmativamente junto con el oficialismo, la UCR, el PRO y otros bloques provinciales. La votación general terminó con 37 votos positivos y 33 negativos.

El resultado debe leerse, sin embargo, junto con la negociación previa. Los representantes de Misiones habían anticipado su rechazo a los capítulos que afectaban la Ley de Tierras y la legislación sobre incendios.

En particular, la eliminación de la reforma de Tierras había sido precedida por una fuerte posición política de Misiones contra cualquier flexibilización que pudiera facilitar la extranjerización del territorio provincial.

La discusión tiene una sensibilidad especial para una provincia fronteriza como Misiones, rodeada en más del 90% de sus límites por Brasil y Paraguay y con recursos estratégicos vinculados al agua, la biodiversidad y la Selva Paranaense.

La retirada de ambos capítulos permitió así separar esos debates de las restantes reformas vinculadas a la propiedad privada.

Qué quedó finalmente de la ley

Después de la eliminación completa de los capítulos III y IV, el proyecto quedó concentrado fundamentalmente en tres grandes áreas: expropiaciones, desalojos y modernización de los registros inmobiliarios.

En materia de expropiaciones, la reforma establece una interpretación más restrictiva del concepto de utilidad pública. La declaración deberá identificar de manera específica el objetivo perseguido y la expropiación deberá resultar idónea, necesaria y proporcional para alcanzarlo.

También introduce cambios en el régimen indemnizatorio. La compensación deberá considerar el valor objetivo del inmueble, tomando el valor de mercado cuando pueda determinarse, además de los daños directos derivados de la expropiación.

El lucro cesante podrá incorporarse cuando sea consecuencia directa de la expropiación y esté respaldado por pruebas objetivas. El proyecto establece como regla un límite equivalente al 30% del daño emergente, salvo que el propietario pueda demostrar fehacientemente una afectación superior.

Otro de los ejes centrales son los desalojos. Para los alquileres destinados a vivienda, antes de iniciar una demanda por falta de pago el propietario deberá intimar fehacientemente al inquilino y concederle un plazo no inferior a diez días corridos para cancelar la deuda.

Vencido ese período, y ante la falta de restitución del inmueble, podrá iniciarse una acción judicial de desalojo mediante el procedimiento más breve previsto por la legislación procesal correspondiente.

La iniciativa también contempla modificaciones destinadas a modernizar y digitalizar los procedimientos de los registros de la propiedad inmueble.

Un proyecto mucho más reducido que el original

La media sanción llegó después de un recorrido legislativo particularmente complejo. El proyecto impulsado por el Gobierno nacional atravesó numerosos cambios desde que obtuvo dictamen. Durante las negociaciones parlamentarias circularon múltiples versiones y el oficialismo fue modificando el articulado para intentar reunir los votos necesarios.

La primera gran concesión fue la eliminación del capítulo III, que modificaba la Ley 26.737 de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de las Tierras Rurales.

La segunda ocurrió prácticamente sobre el cierre de la sesión.

El capítulo sobre Manejo del Fuego comenzó el debate todavía dentro del proyecto, pero fue perdiendo respaldo a medida que avanzaban las intervenciones. Senadores de distintas bancadas advirtieron sobre el impacto ambiental que podría generar la modificación. La resistencia terminó haciendo inviable su aprobación.

El resultado fue una ley sensiblemente distinta de aquella que había llegado originalmente al Congreso: desaparecieron dos capítulos completos y diez artículos respecto del texto previo a la sesión.

En la votación particular, el capítulo sobre expropiaciones fue aprobado por 37 votos contra 33. El capítulo referido a desalojos obtuvo 36 votos positivos, 33 negativos y una abstención. Los capítulos restantes también consiguieron las mayorías necesarias.

La protección contra el cambio de uso después de los incendios sigue vigente

Para Misiones, probablemente ésta sea una de las consecuencias más importantes de la negociación parlamentaria.

La eliminación del capítulo ambiental implica que no se alteran las restricciones actualmente establecidas para los terrenos afectados por incendios.

El régimen vigente fue diseñado precisamente para quitar incentivos económicos a la utilización del fuego como mecanismo previo a una transformación productiva o inmobiliaria del territorio.

El proyecto del Gobierno buscaba revisar esas limitaciones argumentando que la prohibición podía afectar durante décadas a propietarios que no hubieran provocado el incendio.

Sus críticos advertían, en cambio, que flexibilizar las restricciones podía volver a generar un incentivo económico para incendiar tierras y modificar posteriormente su destino.

Ese debate quedó, por ahora, cerrado. Ahora la discusión continuará en Diputados, donde deberá tratarse el texto aprobado por el Senado.

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Arce votará contra el capítulo de la Ley de Tierras

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El senador por Misiones, Carlos Arce, confirmó este miércoles que votará en contra de la totalidad del Capítulo III del proyecto denominado “Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada”, el apartado que propone modificar la Ley Nacional de Tierras Rurales N.º 26.737. Idéntica posición tomó la senadora Sonia Rojas Decut, con lo que sólo habrá un voto a favor desde Misiones, el del ProLibertario Martín Goerling.

La definición de Arce fue comunicada mediante un mensaje público, luego de analizar la última versión del dictamen que será debatido en el Senado de la Nación. Con esta postura, Arce se suma al rechazo que distintos sectores políticos, productivos e institucionales de Misiones vienen manifestando frente a la iniciativa impulsada por el Gobierno nacional.

“Luego del análisis de la última versión del dictamen del proyecto denominado ‘Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada’, he tomado la decisión de votar en contra de la totalidad del Capítulo III, que modifica la Ley de Tierras N.º 26.737”, expresó el legislador.

Al mismo tiempo, Arce aclaró que su posición no implica un rechazo a las inversiones privadas, sino que plantea la necesidad de equilibrar la llegada de capitales con la protección de los intereses estratégicos del país y de las provincias.

En ese sentido, reafirmó “su compromiso con la promoción de las inversiones productivas que generen empleo y valor agregado”, aunque remarcó que ese proceso debe desarrollarse “en un marco de seguridad jurídica que también contemple la protección del interés público, el ambiente y la soberanía sobre los recursos estratégicos de nuestra provincia y la República”.

Un nuevo respaldo a la posición de Misiones

La definición de Arce fortalece la postura institucional que Misiones viene sosteniendo frente a la reforma de la Ley de Tierras.

En las últimas semanas, el gobernador Hugo Passalacqua, el diputado nacional Oscar Herrera Ahuad, intendentes, cámaras empresarias, entidades rurales y organizaciones vinculadas al desarrollo provincial manifestaron su preocupación por los cambios propuestos, al considerar que podrían flexibilizar los controles sobre la adquisición de tierras por parte de capitales extranjeros, especialmente en una provincia fronteriza y con importantes recursos naturales y reservas de biodiversidad.

El debate en el Senado se mantiene abierto luego de que la Cámara resolviera pasar a un cuarto intermedio para continuar el tratamiento del proyecto. La posición expresada por Arce anticipa que la representación misionerista mantendrá una postura crítica respecto del capítulo que modifica la legislación vigente sobre tierras rurales, mientras que el ProLibertario Martín Goerling votará a favor. 

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