Senado de la Nación

Goerling escala la ofensiva contra Adorni: pide interpelarlo en el Senado y plantea su remoción si no comparece

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La tensión política entre el PRO y el Gobierno nacional sumó este miércoles un nuevo capítulo. El senador nacional por Misiones, Martín Goerling, presentó un proyecto de resolución para citar al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, a comparecer ante el Senado el próximo 2 de julio, con el objetivo de que brinde explicaciones sobre la evolución de su patrimonio y presuntas inconsistencias detectadas entre sus declaraciones juradas y manifestaciones públicas.

La iniciativa marca una señal política de alto voltaje dentro del PRO y profundiza las diferencias con La Libertad Avanza en un momento de creciente tensión parlamentaria. Goerling, quien preside el bloque amarillo en la Cámara alta, no sólo impulsa la interpelación del funcionario sino que además propone que, en caso de que Adorni no concurra al recinto, el Senado avance directamente en el tratamiento de una moción de remoción prevista en el artículo 101 de la Constitución Nacional.

Según el texto presentado este 24 de junio, el Senado debería convocar a Adorni para ser interpelado respecto de “omisiones e inconsistencias” que habrían surgido entre sus declaraciones patrimoniales, las correcciones posteriores reconocidas públicamente y sus exposiciones ante la Cámara de Diputados.

El proyecto también solicita que el jefe de Gabinete explique qué medidas adoptó desde su función institucional frente a lo que el documento describe como el reconocimiento público de una situación de evasión fiscal, al tiempo que señala que el origen lícito de determinados fondos aún no habría sido acreditado.

La iniciativa lleva la firma de Goerling y fue ingresada formalmente este martes en la Cámara alta.

La movida del senador misionero se produce apenas horas después de una votación significativa en la Cámara de Diputados. Allí, el bloque PRO acompañó el emplazamiento impulsado por el diputado de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, para acelerar el tratamiento de los pedidos de interpelación y moción de censura contra Adorni.

El dato político no pasó inadvertido. Aunque los diputados del PRO rechazaron avanzar directamente con una moción de censura, sí votaron de manera unánime a favor de emplazar a la Comisión de Asuntos Constitucionales para que trate el asunto sin dilaciones.

Esa posición comenzó a mostrar un mayor distanciamiento respecto de la estrategia parlamentaria del oficialismo y sus aliados. Ahora, el proyecto de Goerling en el Senado profundiza esa línea y eleva la presión sobre el jefe de Gabinete.

Qué dice el proyecto

El texto presentado por el senador misionero establece cuatro puntos centrales:

  • Convocar a Manuel Adorni al Senado el 2 de julio.
  • Requerir explicaciones sobre su evolución patrimonial y declaraciones juradas.
  • Solicitar informes sobre las medidas adoptadas desde la Jefatura de Gabinete frente a las irregularidades denunciadas.
  • Avanzar en una moción de remoción si el funcionario no concurre a la citación.

La presentación adquiere especial relevancia porque proviene del presidente del bloque PRO en el Senado y se produce en medio de una creciente discusión sobre el vínculo entre el partido fundado por Mauricio Macri y el Gobierno de Javier Milei.

Mientras en Diputados el PRO ya había mostrado señales de autonomía al respaldar el emplazamiento promovido por Ferraro, la iniciativa de Goerling abre un nuevo frente institucional que podría derivar en uno de los debates políticos más sensibles de las próximas semanas.

La presentación del legislador misionero reconfigura el escenario parlamentario. Hasta ahora, los cuestionamientos a Adorni se concentraban principalmente en sectores de la oposición dialoguista y de la Coalición Cívica. La decisión del PRO de acompañar mecanismos formales de control y ahora impulsar una interpelación desde el Senado introduce un factor de incertidumbre sobre la solidez de los acuerdos legislativos que venían sosteniendo al oficialismo. Con la convocatoria propuesta para el 2 de julio, la discusión promete convertirse en uno de los principales focos de atención de la agenda política nacional.

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Adorni gana tiempo en el Senado: el oficialismo teje una mayoría para bloquear la interpelación y expone el rol clave de los aliados

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La disputa por la posible interpelación del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, se convirtió en una nueva prueba de fuerza para el Gobierno nacional en el Senado. A pocos días de una sesión que podría derivar en uno de los debates políticos más incómodos para la Casa Rosada desde el inicio de la gestión libertaria, La Libertad Avanza logró construir una estrategia parlamentaria que, al menos por ahora, le permitiría frenar el avance opositor y ganar tiempo frente a una investigación judicial sobre la evolución patrimonial del funcionario.

La negociación se cerró durante las últimas horas entre el oficialismo y los bloques dialoguistas. El acuerdo contempla modificar las condiciones de tratamiento de la interpelación para exigir una mayoría agravada de dos tercios de los presentes, un requisito que eleva considerablemente la vara para la oposición. A cambio, el Gobierno aceptó abrir el debate en la Comisión de Asuntos Constitucionales, una instancia que permitiría discutir los pedidos de citación a Adorni, aunque sin garantizar una resolución inmediata.

La maniobra fue impulsada por la presidenta del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich, quien solicitó formalmente una reunión de Labor Parlamentaria para modificar el acta acordada durante la sesión preparatoria de la semana pasada. El cambio no es menor: mientras el peronismo sostiene que una moción para convocar a Adorni requiere mayoría absoluta de 37 votos, el oficialismo y sus aliados buscan imponer el criterio de los dos tercios, es decir, 48 voluntades.

Detrás de la discusión reglamentaria se libra una disputa mucho más profunda. El Gobierno pretende evitar que Adorni enfrente una interpelación específica sobre su patrimonio en un momento políticamente sensible. La alternativa que promueve la Casa Rosada es que el funcionario concurra el próximo 2 de julio a brindar un informe de gestión general, reservándose la posibilidad de responder o no a las preguntas de los senadores.

Por eso la actividad política de este martes no estará concentrada únicamente en el Congreso. El propio Adorni convocó a los senadores oficialistas a reuniones escalonadas en la Casa Rosada para explicar personalmente su situación patrimonial y coordinar la estrategia parlamentaria de cara a la sesión del jueves.

La clave del operativo oficialista pasa por los números. La Libertad Avanza cuenta con 21 senadores propios y ya tendría garantizado el acompañamiento de los representantes del Frente Renovador de la Concordia de Misiones, Carlos Arce y Sonia Rojas Decut, además de la radical chaqueña Silvana Schneider. Con ese respaldo alcanzaría 24 votos y quedaría a apenas una adhesión de bloquear cualquier intento opositor de reunir los dos tercios necesarios.

En ese escenario, vuelven a adquirir centralidad los bloques provinciales y los legisladores que habitualmente actúan como árbitros de las votaciones más sensibles. Entre los nombres que aparecen cerca de la posición oficialista figuran el mendocino Rodolfo Suárez, la neuquina Julieta Corroza, la chubutense Edith Terenzi, el correntino Carlos “Camau” Espínola y la tucumana Beatriz Ávila.

Del otro lado, el interbloque peronista conducido por José Mayans busca consolidar una mayoría amplia que incluya a sectores provinciales, senadores santacruceños, representantes de Salta y Catamarca, además de legisladores de la UCR y el PRO que vienen mostrando distancia con algunas decisiones del Gobierno nacional.

La discusión expone, una vez más, una característica central del actual esquema político argentino: la capacidad del oficialismo para sostener gobernabilidad sin mayoría propia depende cada vez más de acuerdos circunstanciales con gobernadores y fuerzas provinciales. En ese tablero, los votos de Misiones vuelven a ocupar un lugar estratégico.

Si el oficialismo logra imponer el criterio de los dos tercios, la interpelación quedará virtualmente bloqueada y podría postergarse hasta agosto, una vez concluido el receso parlamentario de invierno. Si la oposición consigue quebrar ese cerco, el Senado avanzará hacia una instancia de alto impacto político para el Gobierno.

Más allá del resultado, la pulseada revela que la principal batalla ya no se libra únicamente en el terreno económico. Con la estabilización de algunas variables macroeconómicas, la Casa Rosada enfrenta ahora un desafío diferente: administrar los costos políticos derivados de una agenda institucional que comienza a ganar protagonismo en el Congreso.

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El Gobierno quitará instancias de participación ciudadana en la selección de jueces y ministros de la Corte

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La administración nacional modificó el procedimiento para la selección de jueces de la Corte Suprema, magistrados federales, fiscales y defensores públicos. El objetivo declarado es reducir tiempos administrativos y acelerar la cobertura de vacantes en un sistema judicial que arrastra demoras estructurales. Para el sector productivo, la medida reabre el debate sobre la velocidad y previsibilidad de la Justicia, un factor cada vez más relevante para inversiones, contratos y resolución de conflictos económicos.

A través del Decreto 467/2026, publicado este lunes en el Boletín Oficial, el Gobierno nacional reformó los mecanismos administrativos previos a la nominación de jueces de la Corte Suprema de Justicia, integrantes del Ministerio Público Fiscal y del Ministerio Público de la Defensa.

La modificación apunta a eliminar instancias que el Ejecutivo considera redundantes respecto de los procedimientos que ya realiza el Senado durante el tratamiento de los acuerdos. La decisión llega después de un período marcado por dificultades para cubrir vacantes judiciales y tras la reciente aprobación de 74 pliegos en la Cámara alta.

La principal novedad es la eliminación de la etapa de observaciones ciudadanas y publicación de antecedentes que se desarrollaba dentro del Ministerio de Justicia antes de que los candidatos fueran enviados al Senado. A partir de ahora, los mecanismos de participación y control público quedarán concentrados exclusivamente en la instancia legislativa.

Menos burocracia administrativa, mismos requisitos constitucionales

El Gobierno sostiene que la reforma no modifica el esquema previsto por la Constitución Nacional. Los candidatos seguirán necesitando el acuerdo del Senado y continuarán sometidos a audiencias públicas, impugnaciones y evaluaciones por parte de la Comisión de Acuerdos.

La apuesta oficial es reducir tiempos administrativos en una estructura judicial que presenta un elevado número de cargos vacantes. Según los fundamentos del decreto, las demoras en la cobertura de puestos afectan el funcionamiento de los tribunales y generan mayores tiempos de tramitación de expedientes.

La reforma también incorpora plazos específicos para organismos que intervienen en el proceso. La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) deberá emitir en un máximo de cinco días los informes sobre cumplimiento de obligaciones impositivas y previsionales de los postulantes, un trámite que hasta ahora carecía de un límite temporal uniforme.

Además, los candidatos dispondrán de cinco días para presentar sus declaraciones juradas patrimoniales y de potenciales conflictos de interés.

Aunque la medida se inscribe dentro del funcionamiento del sistema judicial, sus efectos potenciales trascienden el ámbito jurídico.

Para empresas, inversores y sectores productivos, la velocidad de respuesta de la Justicia constituye una variable relevante en la toma de decisiones. Litigios comerciales, concursos preventivos, conflictos tributarios, controversias regulatorias o causas vinculadas al comercio exterior dependen de tribunales que actualmente operan con niveles significativos de vacancias.

La demora en la designación de magistrados genera cuellos de botella que terminan afectando la resolución de expedientes con impacto económico directo.

La lógica del Gobierno apunta a que una reducción de los tiempos administrativos en la etapa de nominación permita acelerar los procesos de cobertura de cargos y contribuir a una mayor capacidad operativa del sistema judicial.

Qué cambia concretamente

Entre los principales cambios introducidos por el decreto se destacan: Se elimina la instancia administrativa de observaciones ciudadanas previa a la nominación presidencial. La publicación de antecedentes deja de realizarse en diarios de circulación nacional y se concentrará en el Boletín Oficial y en la página web del Ministerio de Justicia. Se fijan plazos máximos para declaraciones juradas e informes fiscales. Se unifican criterios de transparencia patrimonial para jueces, fiscales y defensores. Se mantienen intactas las audiencias públicas y el requisito de acuerdo del Senado.

La reforma incorpora una novedad política relevante: desaparece del texto normativo la recomendación que figuraba desde 2003 para considerar criterios de diversidad de género, procedencia regional y especialización jurídica en la selección de candidatos.

El Ejecutivo argumenta que esas valoraciones forman parte de las facultades discrecionales del Presidente al momento de proponer postulantes y que no requieren estar expresamente reglamentadas.

Desde el punto de vista institucional, la decisión concentra aún más el peso político de la etapa de nominación en el Poder Ejecutivo y traslada el control público al Congreso, donde continuará realizándose el examen de antecedentes y las instancias de participación ciudadana.

Qué puede significar para las provincias y el interior

Para jurisdicciones del interior, donde numerosas causas económicas, ambientales, comerciales y vinculadas al comercio internacional dependen de la Justicia Federal, la cobertura más rápida de vacantes podría tener efectos sobre la capacidad de respuesta de los tribunales.

En provincias con fuerte perfil exportador y fronterizo como Misiones, Corrientes o Formosa, la eficiencia de la Justicia Federal tiene incidencia sobre investigaciones vinculadas a contrabando, delitos económicos, propiedad intelectual, comercio exterior y cumplimiento regulatorio.

La clave estará en verificar si la simplificación administrativa efectivamente se traduce en una reducción de los tiempos de designación o si las demoras continúan concentrándose en la etapa legislativa, donde permanece intacto el requisito político de construir mayorías especiales para los acuerdos.

La reforma busca atacar un problema concreto: la lentitud en la cobertura de vacantes judiciales. El éxito de la medida no dependerá de la eliminación de trámites administrativos sino de su capacidad para acelerar efectivamente los nombramientos sin afectar los mecanismos de control y transparencia.

Para el sector productivo, el indicador relevante no será la modificación del procedimiento, sino si durante los próximos meses comienza a reducirse el número de cargos vacantes y mejora la capacidad de respuesta de los tribunales. La calidad institucional y la previsibilidad judicial siguen siendo variables centrales para la competitividad económica y la atracción de inversiones.

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El Senado aprobó el pliego de Verónica Michelli tras una tensa pulseada política

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En una de las votaciones más sensibles para la relación entre el Gobierno nacional y el Senado, la Cámara alta aprobó finalmente el pliego de Verónica Michelli para ocupar la vacante de jueza en el Tribunal Oral Federal N° 3 de La Plata. La decisión se produjo luego de una intensa negociación política que expuso diferencias internas dentro del oficialismo y dejó en evidencia los límites de la capacidad de disciplinamiento de la Casa Rosada sobre sus propios aliados parlamentarios.

La magistrada obtuvo 44 votos afirmativos, 18 negativos y dos abstenciones, luego de que el pleno habilitara previamente el tratamiento de su candidatura con una mayoría especial de 63 votos a favor y apenas dos rechazos. El resultado significó una derrota política para el Poder Ejecutivo, que pocas horas antes había remitido formalmente al Senado el pedido de retiro del pliego.

La controversia se originó por el vínculo familiar de Michelli con el periodista Hugo Alconada Mon, uno de los principales investigadores del denominado caso $LIBRA, una causa que incomoda al oficialismo. Sin embargo, la mayoría de los bloques decidió avanzar con la designación bajo el argumento de que las relaciones familiares no constituyen impedimento para evaluar los antecedentes profesionales de una candidata que ya había atravesado el proceso de audiencias públicas y obtenido dictamen favorable.

Bullrich se diferenció de la Casa Rosada

Uno de los movimientos más relevantes de la jornada fue protagonizado por la jefa del bloque oficialista, Patricia Bullrich, quien se apartó de la postura impulsada por el Ejecutivo y defendió el tratamiento del pliego. Aunque finalmente optó por abstenerse en la votación, dejó una definición que sintetizó su posición política.

“No se puede atribuir consecuencias disciplinarias por una relación familiar”, sostuvo antes de la votación, al tiempo que destacó que Michelli había realizado los méritos necesarios para llegar a esa instancia institucional. Luego anunció su abstención y concluyó con una frase cargada de significado político: “Las personas son únicas e irrepetibles”.

La postura de Bullrich ya había generado ruido dentro del oficialismo desde comienzos de la semana. El lunes por la noche comunicó públicamente que el Senado debía continuar con el tratamiento parlamentario del pliego, una posición que contrastó con la decisión posterior del Gobierno de solicitar formalmente su retiro.

Según trascendió en ámbitos parlamentarios, la ministra puso su renuncia a la conducción de la bancada a disposición del presidente Javier Milei, quien finalmente decidió sostenerla en el cargo. Sin embargo, el episodio profundizó las diferencias con la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, que había impulsado una estrategia más dura para bloquear la designación.

El interbloque Popular inclinó la balanza

La aprobación del pliego fue posible gracias al respaldo mayoritario del interbloque Popular, que aportó 21 votos positivos sobre sus 25 integrantes. Sólo estuvieron ausentes Adán Bahl, Marcelo Lewandowski, Florencia López y Mariano Recalde.

La negociación se extendió durante más de una hora en un cuarto intermedio marcado por fuertes discusiones entre los presidentes de bloque. Finalmente, el oficialismo cedió ante la presión de los sectores dialoguistas y aceptó incluir el expediente en el temario.

El acuerdo permitió además destrabar el tratamiento de los 74 pliegos judiciales que habían sido dictaminados tras las audiencias públicas realizadas entre el 13 y el 15 de mayo, una cuestión que se había transformado en el principal foco de conflicto institucional de la sesión.

Más allá del caso puntual de Michelli, la discusión dejó planteada una cuestión de fondo sobre el funcionamiento del sistema de designación de magistrados y el equilibrio entre los poderes del Estado.

La mayoría de los senadores interpretó que permitir el retiro de un pliego ya dictaminado por razones vinculadas a la actividad periodística de un familiar sentaría un precedente complejo para futuros procesos de selección judicial. En esa lectura, el respaldo a Michelli terminó funcionando también como una defensa de la autonomía institucional del Senado frente a las presiones políticas coyunturales.

Nueve nuevos pliegos judiciales ingresaron al Senado

Mientras se resolvía la situación de Michelli, la Cámara alta dio ingreso parlamentario a otros nueve expedientes enviados por el Poder Ejecutivo para cubrir vacantes estratégicas en distintos tribunales federales y nacionales.

Entre las postulaciones figuran Florentino Malaponte para la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario; Javier Jorge Cosentino para la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial; Ramiro Ariel Mariño para el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 54; Ángela Cecilia Pagano Mata para el Tribunal Federal de Juicio de Comodoro Rivadavia; José Ignacio Polizza para el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 14; María Gabriela Janeiro para el Juzgado Federal de la Seguridad Social N° 5; Diego Andrés Villanueva para el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 42; Mariano Adolfo Klumpp para el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 9; y Miguel Ángel Asturias para el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 27.

La incorporación de estos expedientes anticipa que la disputa por la integración del Poder Judicial continuará ocupando un lugar central en la agenda parlamentaria durante las próximas semanas. La aprobación de Michelli mostró que, aun con una Casa Rosada decidida a intervenir en el proceso, el Senado conserva márgenes propios de negociación y capacidad para imponer sus tiempos y decisiones.

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Crisis libertaria por el veto a una candidata a jueza: Bullrich le ofreció su renuncia a Javier Milei

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La decisión del presidente Javier Milei de impulsar el rechazo de la candidatura de María Verónica Michelli para ocupar un cargo judicial derivó en una inesperada crisis política dentro del bloque de La Libertad Avanza en el Senado. La controversia no gira en torno a la capacidad profesional de la postulante, sino a su vínculo familiar con el periodista Hugo Alconada Mon, uno de los principales investigadores del caso $LIBRA, una situación que desató cuestionamientos institucionales y abrió una inédita disputa dentro del oficialismo.

El conflicto escaló cuando la jefa del bloque libertario en la Cámara alta, Patricia Bullrich, anunció públicamente que votará en contra de la decisión de la Casa Rosada de retirar el pliego de Michelli. La postura sorprendió incluso a sus propios compañeros de bancada, a quienes informó apenas minutos antes de hacerla pública.

Según trascendió, Bullrich justificó su decisión ante el Presidente argumentando que existe una parte del electorado que espera “gestos republicanos” y que vetar una candidatura por el parentesco con un periodista constituye una señal política equivocada en un momento delicado para la imagen del oficialismo.

La discusión ocurre además en un contexto complejo para el Gobierno nacional, marcado por las repercusiones del caso $LIBRA y por los cuestionamientos en torno al crecimiento patrimonial del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, tema que continúa generando debate político y pedidos de explicaciones desde distintos sectores de la oposición.

Un bloque en estado de deliberación

La decisión de Bullrich dejó al bloque oficialista en una situación de tensión interna. Según reconstrucciones periodísticas, varios senadores respaldaron su postura, mientras que otros, identificados con el núcleo más cercano a los hermanos Milei, defendieron la necesidad de acompañar la decisión presidencial.

Entre quienes sostienen una alineación más estricta con la Casa Rosada aparecen Nadia Márquez, María Emilia Orozco y Joaquín Benegas Lynch, mientras que otros legisladores consideran que el episodio trasciende el caso Michelli y refleja diferencias más profundas sobre la construcción política del oficialismo y su relación con las instituciones.

La controversia también puso bajo la lupa al senador riojano Juan Carlos Pagotto, presidente de la Comisión de Acuerdos, quien mantiene retenido el dictamen favorable a Michelli pese a que cuenta con las firmas necesarias para llegar al recinto. Esa decisión generó críticas dentro de la propia bancada libertaria.

Señales para la oposición dialoguista

Más allá del episodio puntual, varios senadores interpretan que la jugada de Bullrich busca enviar una señal política hacia los sectores dialoguistas que han acompañado al Gobierno en distintos proyectos legislativos. El temor dentro del oficialismo es que el intento de bloquear una candidatura por razones vinculadas al parentesco con un periodista pueda deteriorar la relación con aliados clave para futuras votaciones.

La preocupación no es menor. En la Comisión de Acuerdos, el oficialismo cuenta con apenas cinco representantes frente a nueve integrantes de bloques dialoguistas, que fueron precisamente quienes impulsaron el dictamen favorable para Michelli.

Críticas a la estrategia de la Casa Rosada

Dentro del propio oficialismo surgieron cuestionamientos hacia el Ministerio de Justicia y hacia la conducción política de la Casa Rosada por la forma en que se gestionó el caso. Algunos legisladores consideran que el conflicto podría haberse evitado mediante una revisión previa más exhaustiva de los antecedentes y vínculos de los candidatos enviados al Senado.

También se cuestionó la decisión de intentar retirar el pliego una vez iniciado el proceso legislativo, una medida que, según algunos senadores, terminó otorgándole mayor visibilidad pública a una controversia que inicialmente tenía bajo perfil.

La discusión sobre Michelli ya trascendió el expediente judicial y se convirtió en una prueba de cohesión para La Libertad Avanza. Lo que comenzó como una disputa sobre una designación judicial amenaza ahora con convertirse en el primer gran desafío interno para el bloque oficialista en el Senado y en una señal de alerta sobre las tensiones que atraviesan la construcción política del Gobierno de Javier Milei.

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