SENADO

Senado: se formalizó la sesión para el viernes para tratar el Presupuesto e Inocencia Fiscal

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El Senado formalizó la sesión para el viernes al mediodía donde la Libertad Avanza buscará convertir en ley los proyectos de Inocencia Fiscal y de Presupuesto 2026, que fueron aprobados por diputados en la madrugada del jueves pasado.

La presidenta del Senado, Victoria Villarruel, motorizó la citación tras la emisión de los despachos en base al acuerdo alcanzado en la reunión de Labor Parlamentaria del 16 de diciembre.

De acuerdo al cronograma de citación, primero se debatirá el Presupuesto 2026 y posteriormente el proyecto sobre Inocencia Fiscal, que permite a los ahorristas poder incorporar al mercado los dólares comprados en el sistema informal.

Dictamen de comisión

El oficialismo decidió impulsar el dictamen de comisión sobre el presupuesto con los cambios introducidos por la Cámara de Diputados, donde se rechazó el capítulo XI que contemplaba en su artículo 75 la derogación de las leyes de discapacidad y Universidades.

Si bien el Gobierno había planteado el viernes pasado que quería volver a incluir ese capítulo, el rechazo de los radicales y provinciales fueron determinantes para que LLA propicie un despacho sin realizar ninguna reforma respecto del texto votado en diputados.

Incluso este domingo hubo un ultimo intento por seducir a los senadores aliados y lograr así introducir el Capítulo XI al Presupuesto 2026, pero también fracasó, con lo cual el Gobierno podrá tener la ley pero sin la inclusión de la derogación de las leyes de Discapacidad, Universidades, la restricción de la ley de Zona Fría y las deudas entre Cammesa y las distribuidoras eléctricas, además de la coparticipación federal para la ciudad de Buenos Aires.

Presupuesto construido sobre la base del déficit cero

La última negociación que fracasó se realizó este domingo en una reunión virtual que encabezó la jefa de la bancada de LLA, Patricia Bullrich, según Agencia Noticias Argentinas con fuentes parlamentarias. 

Por ese motivo, el presidente Javier Milei destacó en la noche del domingo que “logramos que se vote por capítulos y logramos media sanción, que me parece muy importante. Ese Presupuesto está construido sobre la base del déficit cero”, afirmó.

Dijo que, al no aprobarse la derogación de las leyes sobre discapacidad y Universidades, “lo que sí vamos a hacer es acomodar las partidas: lo vamos a corregir por la vía de la reasignación de gastos en el resto del presupuesto o de la reformulación de los recursos en las propias áreas”, en un reportaje con la señal La Nación+.

La decisión de mantener el texto votado en diputados le permitirá contar con el radicalismo que puede aportar una decena de votos, el PRO, los dos misioneros del Frente de la Concordia y las senadoras de Tucumán, de Salta y Neuquén.

Negociaciones de última hora

De esta manera, el oficialismo tendrá 21 votos propios, 10 de la UCR, dos del PRO y cinco provinciales a los cuales puede sumarse el correntino Carlos “Camau” Espínola, de Provincias Unidas, señalaron voceros parlamentarios.  

En tanto, el peronismo buscará plasmar reformas para anular el artículo 30, que establece la derogación de los artículos que establecen una inversión del 6% del PBI para el sistema educativo, del 1% del PBI para el sistema Nacional de Ciencia y del 0,2% de los gastos del Sector Público para los colegios técnicos.

Si bien votará en contra del Presupuesto, el interbloque peronista buscará incluir algunas reformas que fueron solicitados por sectores educativos para eliminar la anulación del financiamiento educativo, confiaron fuentes legislativas a la Agencia Noticias Argentinas.

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Presupuesto 2026: el oficialismo analiza reabrir Diputados a fin de año para reponer artículos clave

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Tras el revés sufrido en la Cámara de Diputados, donde la oposición logró voltear un capítulo central del proyecto de Presupuesto 2026, el oficialismo recalibró su estrategia parlamentaria y analiza reabrir el recinto entre el 29 y el 30 de diciembre. El objetivo es avanzar primero con modificaciones en el Senado y luego aceptar esos cambios en Diputados para intentar reponer los artículos rechazados, en particular los vinculados a la derogación de las leyes de Emergencia en Discapacidad y Financiamiento Universitario.

La definición no depende exclusivamente de La Libertad Avanza (LLA), sino del curso que adopte el debate en la Cámara alta. En ese marco, el oficialismo admite que el desenlace está atado a los acuerdos políticos que se alcancen en el Senado y a la correlación de fuerzas que vuelva a expresarse en una eventual sesión de fin de año.

Estrategia parlamentaria y rol del Senado

Luego de que Diputados rechazara el capítulo 11 del Presupuesto, el oficialismo dejó trascender que buscará modificaciones o leyes específicas para alcanzar los mismos objetivos que estaban concentrados en ese tramo del proyecto. “Se trabajará en modificaciones o nuevas leyes particulares para conseguir los mismos objetivos planteados en ese capítulo”, señalaron fuentes de la bancada oficialista.

El Senado aparece ahora como una pieza clave. Existen dos escenarios posibles: que la Cámara alta apruebe el Presupuesto sin cambios, tal como llegó desde Diputados, lo que convertiría el proyecto en ley; o que introduzca modificaciones, obligando a que el texto vuelva a la Cámara de origen para su revisión. Aunque la comisión de Presupuesto del Senado dictaminó sin incorporar el capítulo rechazado, en el oficialismo reconocen que el recinto podría alterar ese dictamen.

En función de esa incertidumbre, la Presidencia de Diputados y el bloque libertario se preparan para una eventual sesión los días 29 o 30 de diciembre, con el fin de aceptar o rechazar los cambios que pudieran llegar desde el Senado. Sin embargo, aun en ese escenario, no hay garantías de éxito: si se repitiera la paridad de fuerzas de la última sesión, la oposición podría insistir en bloquear el artículo 75, eje de la controversia por las leyes de universidades y Discapacidad.

Negociaciones, errores de diseño y tensiones políticas

En el balance interno, el oficialismo admite que el armado del capítulo 11 fue uno de los principales problemas del debate. Concentrar múltiples medidas sensibles en un solo bloque legislativo terminó condicionando a diputados que, de haberse votado los artículos por separado, podrían haber acompañado algunos puntos y rechazado otros. También reconocen que no aceptar la votación artículo por artículo elevó el costo político de la derrota.

Entre los artículos que el Gobierno considera más factibles de recuperar se encuentran la limitación del régimen de zona fría para usuarios de gas y el fin de la actualización automática de prestaciones de la ANSES, como la AUH, las Asignaciones Familiares y la asignación por embarazo.

La estrategia de incluir la coparticipación para la Ciudad de Buenos Aires como incentivo para sumar apoyos tampoco alcanzó. Esa decisión generó malestar en sectores aliados, en particular dentro del PRO, que acompañó la votación en general pero expresó fuertes críticas por la mezcla de temas en un mismo capítulo. Las tensiones se profundizaron tras conocerse un acuerdo político paralelo para cubrir cargos vacantes en la Auditoría General de la Nación (AGN), lo que deterioró la relación con algunos socios legislativos.

Desde la Presidencia de Diputados minimizaron el conflicto y defendieron el procedimiento: “La Cámara cumplió con su deber tal cual venía siendo reclamado por miembros de la oposición, periodismo y público en general”, señalaron, al tiempo que ratificaron la intención de seguir trabajando con aliados “más allá de discrepancias puntuales”.

La lectura del oficialismo y el impacto político

Pese al traspié puntual, en La Libertad Avanza consideran que el resultado global fue “muy positivo”. Destacan que se obtuvieron los dictámenes necesarios y que se ganaron 19 de 20 votaciones en el recinto. Además, subrayan la sanción de dos leyes clave: Presupuesto e Inocencia Fiscal, y remarcan que el proyecto presupuestario “mantiene la regla de oro que permite asegurar el superávit fiscal”.

Las fuentes oficiales valoran especialmente la media sanción obtenida y aseguran que “los mercados reaccionaron en concordancia”, en alusión a la señal de disciplina fiscal que busca transmitir el Gobierno. Quedó pendiente, en cambio, el tratamiento de la Ley de Compromiso Nacional por el Equilibrio Fiscal y Monetario, que no pudo debatirse debido a la extensión de la sesión y al riesgo de pérdida de quórum cerca de las 4 de la madrugada.

Con el calendario corriendo y el cierre del año como límite político y administrativo, el oficialismo enfrenta ahora una definición contrarreloj. La posibilidad de sesionar entre las fiestas refleja la centralidad que el Gobierno le asigna al Presupuesto 2026 y anticipa un cierre de año legislativo marcado por negociaciones intensas y final abierto.

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Tras el revés en Diputados, el Presupuesto 2026 avanza en el Senado en medio de tensiones

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Con los tiempos legislativos al límite y tras el revés sufrido en la Cámara de Diputados, La Libertad Avanza consiguió dictamen del Presupuesto 2026 en el Senado. El proyecto quedó listo para ser tratado en el recinto en los próximos días, en medio de negociaciones contrarreloj, advertencias de veto presidencial y un clima político enrarecido que condiciona la recta final del año parlamentario.

Luego del debut fallido de las sesiones extraordinarias en Diputados, el oficialismo aceleró en la Cámara alta. Este viernes, los libertarios y sus aliados sellaron el dictamen del Presupuesto 2026 en la comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado, presidida por Ezequiel Atauche, dejando el texto en condiciones de ser llevado al recinto en un plazo estimado de siete días.

Dictamen exprés tras el revés en Diputados

El Presupuesto 2026 ingresó al Senado el jueves, luego de que en la Cámara baja la oposición lograra un triunfo inesperado: el rechazo del Capítulo XI del proyecto, votado entrada la madrugada. Ese tramo incluía, en su artículo 75, la derogación de las leyes de Emergencia en Discapacidad y de Financiamiento Universitario, dos normas que el Gobierno considera incompatibles con su objetivo de equilibrio fiscal.

Desde las 10 de la mañana, la comisión recibió a funcionarios del Poder Ejecutivo que defendieron la iniciativa y su consistencia fiscal. Al igual que en Diputados, participaron Carlos Guberman, secretario de Hacienda; Claudia Balestrini, subsecretaria de Ingresos Públicos; Valeria Sánchez, subsecretaria de Coordinación Fiscal Provincial; y Rodrigo Cabado, subsecretario de Presupuesto.

Tras las exposiciones, el oficialismo avanzó con la firma del dictamen sin modificaciones, replicando el texto aprobado en general por Diputados, pese a las versiones que circularon desde la Casa Rosada sobre la posibilidad de vetar el Presupuesto si se sanciona sin el capítulo rechazado.

Estrategia parlamentaria y negociaciones contrarreloj

Con el calendario en contra, el oficialismo evalúa distintas alternativas legislativas. El 31 de diciembre es la fecha límite: si el Congreso no sanciona el Presupuesto, el presidente Javier Milei deberá reconducirlo por tercer año consecutivo, una situación que el Gobierno busca evitar.

Según trascendió, una de las estrategias es llevar el proyecto al recinto tal como llegó desde Diputados, mientras se negocian cambios con senadores aliados. En ese esquema, el oficialismo apunta a reunir 44 votos, aunque no descarta apoyos puntuales de senadores del interbloque Popular, que conduce José Mayans, donde conviven legisladores cuyos gobernadores mantienen vínculos con la Casa Rosada.

Las negociaciones giran en torno a una posible reincorporación del Capítulo XI, con la duda abierta sobre si incluiría nuevamente el artículo 75. Si el Senado introduce cambios, el proyecto deberá volver a Diputados para su sanción definitiva. Allí, la Cámara baja deberá optar entre insistir con su versión original o aceptar la redacción del Senado. Por ahora, se menciona una sesión tentativa para el 29, mientras que en la Cámara alta se evalúa sesionar el viernes 26.

Qué contenía el Capítulo XI rechazado

El rechazo del Capítulo XI no solo implicó la caída de las derogaciones a las leyes de Emergencia en Discapacidad y Financiamiento Universitario, sino también de otras disposiciones relevantes desde el punto de vista fiscal e institucional.

Ese tramo del proyecto incluía la derogación del régimen de subsidios para las denominadas zonas frías, la eliminación de la actualización automática por IPC de las asignaciones familiares y, en paralelo, la prórroga de la Emergencia del Hospital Garrahan.

Durante el debate en Diputados, el oficialismo incorporó además dos artículos sensibles: la transferencia del 1,55% de coparticipación a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en línea con lo establecido por la Corte Suprema tras la disputa por los fondos vinculados al traspaso de las fuerzas de seguridad, y un incremento de partidas para el Poder Judicial.

Estos agregados, introducidos en la madrugada, funcionaron como un intento de sumar voluntades y evitar el naufragio del capítulo. La maniobra, sin embargo, no alcanzó: el Capítulo XI fue rechazado y se convirtió en el principal foco de tensión del Presupuesto 2026.

Un clima político enrarecido en la Cámara alta

El avance del Presupuesto se da en un contexto de creciente desconfianza política. A la advertencia presidencial de vetar la ley si no garantiza el equilibrio fiscal, se suma la decisión de Patricia Bullrich de postergar para febrero el debate de la Reforma Laboral, con el objetivo de evitar una eventual derrota parlamentaria.

También pesa en el Senado el malestar de los aliados por la decisión de los Menem de negociar con Unión por la Patria los nombramientos para la Auditoría General de la Nación (AGN) en Diputados, un movimiento que tensó las relaciones internas y condiciona el clima en la Cámara alta.

Con este telón de fondo, el Presupuesto 2026 avanza, pero lo hace en un terreno inestable. La próxima semana será decisiva para definir si el oficialismo logra sancionar la ley, introducir cambios de fondo o enfrentar un nuevo escenario de prórroga presupuestaria.

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Reforma Laboral: empresarios respaldan el proyecto y sindicatos la rechazan por “regresiva”

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El Senado inició este miércoles el tratamiento del proyecto de ley de Reforma Laboral en una maratónica sesión que expuso con nitidez la fractura entre el sector empresario y las organizaciones sindicales. Mientras cámaras industriales, comerciales y entidades agropecuarias respaldaron la iniciativa por considerarla clave para reducir la informalidad y la litigiosidad, las centrales obreras —incluida la CGT— la rechazaron por “inconstitucional” y “regresiva”. El plenario de comisiones pasó a cuarto intermedio hasta este jueves a las 9.30, cuando continuarán las exposiciones.

Un debate extenso y el respaldo del sector productivo

La jornada se desarrolló en el Salón Azul y reunió al plenario de las comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Presupuesto y Hacienda, presididas por Patricia Bullrich (LLA) y Ezequiel Atauche (LLA). El debate se extendió hasta pasadas las 20 horas, con la participación de funcionarios nacionales y representantes de cámaras empresariales, industriales, comerciales y del agro.

Tras la exposición del secretario de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Julio Cordero, el presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Martín Rapallini, sostuvo que “el régimen actual ha fracasado en generar empleo formal y en reducir la informalidad”, y apuntó a la litigiosidad laboral y a la crisis del sistema de riesgos del trabajo como los principales obstáculos. “Si no atacamos la litigiosidad, no podremos destrabar el empleo formal”, afirmó, al tiempo que expresó el respaldo de la UIA al proyecto por permitir “actualizar modalidades de trabajo y convenios” en línea con las realidades productivas y tecnológicas.

Desde la Sociedad Rural Argentina (SRA), su vicepresidenta primera Eloisa Frederking destacó que la iniciativa aporta coherencia normativa y se inscribe en un trabajo conjunto entre el sector público y privado para reducir burocracia, en especial en el contrato de trabajo agrario. En la misma línea, el asesor legal de la CAME, Juan Pablo Diab, valoró que el proyecto busca “mejorar las relaciones laborales” y aportar previsibilidad y certidumbre, subrayando la dinámica cotidiana entre pymes y trabajadores.

Por su parte, Pablo Devoto, presidente de la comisión laboral de la Cámara Argentina de Comercio (CAC), acompañó las actualizaciones propuestas y alertó sobre la informalidad laboral, que ubicó en 43%, advirtiendo que el país se aproxima a niveles de economías con informalidad del 50% o 60%. También desde ADIMRA, el director Gustavo Corradini consideró que la reforma permite ordenar normas y reducir interpretaciones judiciales, aunque pidió revisar puntos específicos como la ultraactividad, los convenios de empresa para pymes y la prohibición de aportes a cámaras empresariales, por posibles efectos no deseados.

Rechazo gremial y críticas por constitucionalidad

El contrapunto llegó desde el sindicalismo. Hugo Godoy, secretario general de la CTA Autónoma, cuestionó la extensión y el contenido del proyecto —197 artículos— y sostuvo que “viola normas constitucionales” y derechos consagrados, al tiempo que “fomenta el despido”. En sintonía, Hugo Yasky, de la CTA de los Trabajadores, advirtió que la discusión se da en un contexto en el que el salario mínimo es el más bajo de América Latina, y recordó que reformas laborales previas derivaron en caídas del empleo, alertando sobre una legislación contraria a la Constitución Nacional.

El cierre del debate estuvo a cargo de la CGT, cuyos referentes se sumaron al tramo final de la jornada. Jorge Sola, secretario general de Seguros, cuestionó la constitucionalidad del proyecto y reclamó un tratamiento más profundo, advirtiendo sobre el impacto en los derechos individuales y en la representación sindical. Jorge Argüello, de Camioneros, calificó la iniciativa como “regresiva” y sostuvo que se trata de una flexibilización laboral que no genera empleo. Finalmente, Cristian Jerónimo, secretario general de SEIVARA, afirmó que la CGT “no avaló en ningún momento” la reforma y que no aporta “nada al mundo del trabajo”.

Escenario abierto y próximas definiciones

Con posiciones claramente delineadas, el Senado acordó un cuarto intermedio para retomar el debate este jueves a las 9.30. El proyecto avanza con respaldo empresario y resistencia sindical, en un contexto de alta sensibilidad económica y social, donde la discusión combina empleo formal, informalidad, litigiosidad y derechos laborales. Las próximas exposiciones y eventuales cambios al texto serán determinantes para definir el rumbo de una reforma que promete seguir generando fuertes tensiones políticas e institucionales.

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Con votos ajustados, Diputados dio media sanción a la ley de Inocencia Fiscal

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Diputados aprobó el proyecto de “Inocencia Fiscal” y lo giró al Senado: reforma penal tributaria y blanqueo implícito de dólares no declarados

En su primera sesión con la nueva composición y tras sancionar el Presupuesto 2026, la Cámara de Diputados aprobó y giró al Senado el proyecto de ley de “Inocencia Fiscal”, una iniciativa del Gobierno orientada a incentivar el uso de dólares no declarados —conocidos como “dólares del colchón”— y a reformar en profundidad el Régimen Penal Tributario. La norma obtuvo 130 votos a favor, 107 en contra y 2 abstenciones, en un debate marcado por fuertes cruces políticos y denuncias de la oposición.

Cambio de paradigma tributario: presunción de inocencia y foco en la “evasión relevante”

El proyecto introduce una reforma integral del sistema tributario y del Régimen Penal Tributario, con un cambio estructural en la relación entre el Estado y los contribuyentes, basado en la presunción de inocencia. El texto redefine los criterios para la configuración de los delitos fiscales y prioriza la intervención penal en los casos de “evasión relevante”, con el objetivo explícito de descomprimir el sistema judicial y concentrar los recursos estatales en conductas consideradas verdaderamente lesivas.

Entre los ejes centrales, la iniciativa habilita la extinción de la acción penal cuando el contribuyente regularice su situación fiscal, y establece límites precisos para el inicio y la continuidad de procesos penales cuando las facultades del fisco se encuentren prescriptas. A su vez, incorpora una presunción de exactitud de las declaraciones juradas presentadas en tiempo y forma, salvo inconsistencias relevantes, con la finalidad de reducir la discrecionalidad en los procesos de fiscalización y mejorar la previsibilidad.

En línea con ese enfoque, se crea un Régimen Simplificado de Declaración Jurada, destinado a facilitar el cumplimiento, incentivar la formalización y garantizar que la información patrimonial no sea utilizada como mecanismo de persecución futura.

Nuevos umbrales penales, Ganancias simplificado y menor prescripción

Uno de los puntos más sensibles del proyecto es la actualización de los umbrales a partir de los cuales la evasión pasa a ser delito. La evasión simple se eleva de $1,5 millones a $100 millones, y la evasión agravada de $15 millones a $1.000 millones. En el caso de la seguridad social, el piso sube de $200.000 a $7 millones, mientras que para el uso de facturas apócrifas el umbral se incrementa de $1,5 millones a $100 millones.

En materia de Ganancias, el proyecto establece un Régimen Simplificado con un tope patrimonial de hasta $10.000 millones para adherir. Los contribuyentes alcanzados no deberán informar variaciones patrimoniales ni se controlarán sus consumos. En los hechos, ARCA liquidará el impuesto únicamente sobre los ingresos facturados, deduciendo los consumos, sin controlar el eventual crecimiento patrimonial.

Además, se reduce el plazo de prescripción de las obligaciones tributarias de cinco a tres años. ARCA no iniciará acciones penales siempre que se cancelen las deudas y sus intereses, beneficio que podrá utilizarse una sola vez por contribuyente.

Votación ajustada, críticas opositoras y giro al Senado

La iniciativa avanzó sin un debate ordenado en el tramo final de la sesión. La presidenta de la Comisión de Legislación Penal, Laura Rodríguez Machado, fue la miembro informante, aunque su exposición se dio en un recinto alterado tras más de diez horas de discusión. En ese contexto, sostuvo que el proyecto “establece un cambio de paradigma” y cuestionó la idea de que los contribuyentes sean “sospechosos por defecto”.

El cierre del debate se aceleró por pedido de Silvana Giudici, y la votación general arrojó el resultado favorable. En la votación en particular, el diputado Guillermo Michel solicitó modificaciones para ajustar multas y clausuras según el tamaño de las empresas y personas humanas, pero no fueron aceptadas. Sí se incorporó una modificación en el artículo 43°, referida a la actualización de montos a partir del 1 de enero de 2027.

Desde la oposición de izquierda y sectores de Unión por la Patria se expresaron duras críticas. Miriam Bregman calificó la norma como “una ley para esconder narcos”, mientras que Romina del Plá la definió como “una ley para beneficiar la evasión y el narcotráfico”. Juan Grabois también cuestionó con dureza el proyecto durante la sesión. Pese a ello, el oficialismo y sus aliados lograron sancionar el texto, que ahora será tratado por el Senado.

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