Un plan secreto de la SIDE contempla investigar a críticos del Gobierno
La Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) aprobó un nuevo Plan de Inteligencia Nacional (PIN) que fija los lineamientos estratégicos del organismo para los próximos años. El documento, al que accedió el periodista Hugo Alconada Mon y publicó La Nación, ratifica objetivos tradicionales como la lucha contra el terrorismo, el crimen organizado y la defensa de los intereses argentinos en el Atlántico Sur y la Antártida. Pero también incorpora definiciones ambiguas que podrían abrir la puerta a tareas de vigilancia interna sobre periodistas, economistas, académicos y ciudadanos críticos del presidente Javier Milei o del rumbo del Gobierno nacional.
Se trata de un documento secreto de 170 páginas que fue elaborado bajo el liderazgo de Sergio Neiffert, titular de la SIDE, conocido en la jerga como “el Señor 5”. El PIN detalla intereses estratégicos nacionales y traza líneas generales de actuación que, en algunos casos, dejan zonas grises respecto a los límites legales del accionar de la inteligencia.
Uno de los apartados señala que la SIDE podrá reunir información sobre quienes busquen “erosionar la confianza pública” en las autoridades a cargo de la seguridad nacional. No se especifica si se refiere a agentes extranjeros o a ciudadanos argentinos que critiquen, por ejemplo, las acciones del Ministerio de Seguridad frente a las protestas. Otro eje de vigilancia se centra en los actores que generen o puedan generar “pérdida de confianza” en las políticas económicas del Gobierno, sin aclarar si ello podría alcanzar a economistas, analistas o periodistas que disientan con la línea oficial.
También se mencionan como objetos de interés a quienes “manipulen” la opinión pública en contextos electorales o propaguen “desinformación”, con una definición lo suficientemente amplia como para abarcar desde operaciones extranjeras –como las denunciadas en su momento contra Rusia en procesos electorales de Estados Unidos y Europa– hasta periodistas o influencers locales acusados por la Casa Rosada de difundir “fake news”.
El documento incluso identifica como foco de atención a quienes afecten los procesos “cognitivos” de la ciudadanía mediante nuevas tecnologías, incluida la inteligencia artificial. Esto podría incluir desde campañas digitales hasta producciones de contenido en redes sociales, aunque nuevamente sin una distinción clara entre amenazas externas y el ejercicio de la libertad de expresión.
El vocero presidencial Manuel Adorni pidió que se le enviaran las preguntas por escrito. No envió respuesta.
Lo que establece la ley
La Ley de Inteligencia Nacional establece que el Plan de Inteligencia debe elaborarse tras un análisis conjunto de los principales desafíos estratégicos y amenazas para la defensa nacional y la seguridad interior. El documento fija prioridades que orientan el accionar de los servicios y la asignación de recursos.
El PIN vigente reemplaza al que rigió entre 2021 y 2024, aprobado durante la intervención de Cristina Caamaño al frente de la entonces Agencia Federal de Inteligencia (AFI). Aquella versión, basada en lineamientos fijados por el expresidente Alberto Fernández, incluía ejes como el desarrollo nacional, el Atlántico Sur, los recursos naturales estratégicos, el crimen organizado y las ciberamenazas.
El nuevo plan sostiene algunos de esos ejes, como la protección de los recursos naturales, la vigilancia en torno a las tecnologías emergentes (como el 5G y el 6G), y la lucha contra el terrorismo, incluso el de “raigambre anarquista”. Pero también refuerza el alineamiento estratégico con Estados Unidos e Israel, a quienes identifica expresamente como aliados clave.
Un giro en clave libertaria
Según reconstruyó LA NACION, el plan fue redactado durante el segundo semestre de 2024 y refleja la impronta ideológica del actual gobierno. Varios de sus lineamientos coinciden con los postulados de La Libertad Avanza y la “batalla cultural” que impulsa el oficialismo.
Sin embargo, en algunos puntos aparece una aparente contradicción con medidas recientes del propio Ejecutivo. Por ejemplo, el PIN incluye como objeto de vigilancia a quienes impulsen la evasión o el lavado de dinero, aun cuando las últimas decisiones de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y del Ministerio de Economía flexibilizaron controles que el FMI considera necesarios para evitar justamente ese tipo de prácticas.
Otro punto llamativo es la mención expresa a quienes realicen operaciones sospechosas con criptomonedas. Esa línea fue incluida meses antes del escándalo conocido como “caso $LIBRA”, que derivó en investigaciones judiciales y que puso bajo la lupa operaciones con criptoactivos en el país.
Más recursos, más poder
La SIDE recibió una fuerte inyección de fondos tras la última reasignación presupuestaria: otros $25.250 millones se sumaron a su presupuesto, que totaliza este año $80.872 millones. De ese monto, $13.436 millones corresponden al rubro de “gastos reservados”, según cifras del Ministerio de Economía y el Boletín Oficial.
Además del “Señor 5” Neiffert, el número dos del organismo –apodado “el Señor 8”– es José Francisco Lago Rodríguez, responsable de áreas clave como los fondos reservados y la logística operativa de la SIDE.
Finalmente, el PIN también menciona como focos de interés a los “fenómenos sociales” derivados de la pobreza y la desigualdad, a las migraciones internas, y a las conductas monopólicas o cartelizadas, sin especificar con claridad el alcance de esas tareas ni cómo se complementarán –o superpondrán– con las competencias de otros organismos como la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia.
