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Nueva obra social para las fuerzas federales: aprueban el régimen financiero de OSFFESEG y aceleran su puesta en marcha

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El Gobierno nacional dio un paso clave en la consolidación de la Obra Social de las Fuerzas Federales de Seguridad (OSFFESEG) al aprobar el régimen que regulará su administración financiera, patrimonial, contable y de control. A través del Decreto 709/2026, publicado este miércoles en el Boletín Oficial, el Poder Ejecutivo estableció el marco institucional que permitirá ordenar el funcionamiento económico del nuevo ente autárquico creado en febrero de este año.

La decisión tiene un impacto directo sobre la gestión de los recursos destinados a la cobertura médica de los integrantes de las fuerzas federales, ya que fija las reglas para la elaboración del presupuesto, la administración de bienes, la ejecución de gastos, las contrataciones, la contabilidad y los mecanismos de auditoría que regirán a la obra social.

El objetivo oficial es evitar demoras en la implementación del organismo y garantizar que la transición institucional no afecte la atención sanitaria de los afiliados. En ese sentido, el decreto reconoce que la OSFFESEG necesita contar con procedimientos claros para administrar recursos públicos sin interrumpir la prestación de los servicios médicos.

La nueva obra social funcionará como un ente autárquico bajo la órbita del Ministerio de Seguridad Nacional, aunque deberá ajustarse a los principios de la Ley de Administración Financiera del Estado. Para compatibilizar ambas condiciones, el Gobierno diseñó un régimen específico que le otorga autonomía operativa, pero mantiene los controles propios del sector público nacional.

Uno de los aspectos centrales de la norma es la incorporación de un esquema integral de control interno. La OSFFESEG contará con una Unidad de Auditoría Interna supervisada por la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), mientras que su administración financiera quedará articulada con los sistemas nacionales de presupuesto, tesorería, contabilidad y administración de bienes.

El decreto también establece que, hasta que se aprueben todos los manuales operativos y reglamentos internos, podrán utilizarse procedimientos transitorios ya implementados por la propia obra social, siempre que sean compatibles con la nueva normativa. De esta manera, el Ejecutivo busca evitar vacíos administrativos durante la etapa inicial de funcionamiento.

En paralelo, la norma fija en 8% la alícuota correspondiente a las contribuciones patronales que financiarán la obra social para el personal de la Gendarmería Nacional, la Prefectura Naval Argentina, los trabajadores civiles de ambas fuerzas, el personal de la propia OSFFESEG y futuras incorporaciones de otras fuerzas federales que puedan integrarse al sistema.

La definición de esta contribución constituye uno de los pilares del financiamiento del organismo y apunta a otorgar previsibilidad sobre los ingresos que sostendrán las prestaciones médicas.

Desde una perspectiva de política pública, el decreto procura resolver uno de los principales desafíos de cualquier reforma en el sistema de salud de organismos estatales: garantizar que los cambios administrativos no impacten sobre la continuidad de la atención. La integración entre presupuesto, patrimonio, contrataciones, información padronal y sistemas tecnológicos busca mejorar la trazabilidad de los recursos y reducir riesgos de ineficiencia o falta de control.

Para los afiliados, el cambio no modifica las prestaciones sanitarias de manera inmediata, pero sí establece las bases institucionales sobre las cuales funcionará la nueva obra social. En términos de gobernanza, el Ejecutivo apuesta a un modelo con mayor capacidad de auditoría, reglas financieras unificadas y mecanismos de control compatibles con los estándares que rigen para el resto de los organismos nacionales.

La puesta en marcha efectiva del régimen dependerá ahora de la aprobación de los manuales operativos y de las normas complementarias que deberá dictar el Ministerio de Seguridad Nacional para completar la implementación del nuevo esquema.

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Extendieron el plazo para que contratistas acepten bonos a cambio de deudas por obra pública

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El Gobierno nacional prorrogó hasta el 23 de julio de 2026 el plazo para que las empresas contratistas de obra pública puedan adherir al Régimen Simplificado de Extinción de Obligaciones, un mecanismo que permite cancelar acreencias con el Estado mediante la entrega de títulos públicos (bonos). La decisión busca ampliar la participación de las empresas alcanzadas sin modificar las condiciones económicas del programa ni el monto máximo previsto para su implementación.

La medida fue oficializada mediante la Resolución 2/2026, firmada por el secretario de Coordinación de Infraestructura, Fernando Augusto Hermann, luego de que distintos contratistas solicitaran más tiempo para completar la presentación de la documentación requerida a través de la plataforma Trámites a Distancia (TAD).

El régimen está dirigido a empresas con contratos de las Secretarías de Obras Públicas y de Transporte, dependientes del Ministerio de Economía, y comprende deudas devengadas entre el 1° de enero de 2022 y el 31 de diciembre de 2025, así como obligaciones derivadas de contratos extinguidos desde 2024.

La propuesta oficial contempla cancelar esas obligaciones mediante la entrega de tres instrumentos financieros en pesos —LECAP y BONCAP— dentro de un cupo máximo de $221.119.509.519. De esta manera, el Estado busca regularizar pasivos acumulados sin realizar desembolsos inmediatos de caja, reemplazando deuda comercial por deuda financiera.

El plazo original de adhesión vencía a mediados de julio, pero el Gobierno resolvió extenderlo una semana más con el objetivo de garantizar una mayor concurrencia de empresas y facilitar la carga de la información necesaria para acceder al esquema.

La prórroga únicamente modifica la fecha límite para manifestar la voluntad de adhesión. Una vez presentada la solicitud, los contratistas dispondrán de diez días hábiles adicionales para incorporar toda la documentación respaldatoria de sus acreencias, incluyendo el cálculo de los intereses generados por la mora del Estado.

Uno de los aspectos centrales del régimen es que la adhesión implica la renuncia expresa a cualquier reclamo administrativo o judicial vinculado con las obligaciones alcanzadas. Es decir, quienes acepten el pago mediante bonos deberán desistir de las acciones iniciadas o futuras contra el Estado Nacional respecto de esos contratos.

Antes de la firma de cada acuerdo individual, la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) deberá intervenir para verificar la documentación y validar el procedimiento, incorporando una instancia de control sobre las acreencias reconocidas.

Desde la perspectiva económica, la herramienta forma parte de la estrategia del Gobierno para ordenar el pasivo acumulado por obras públicas sin incrementar la presión sobre las cuentas fiscales. Al mismo tiempo, procura ofrecer una alternativa a empresas que mantienen créditos pendientes de cobro, muchas de las cuales enfrentan problemas de liquidez tras la paralización o reestructuración de proyectos de infraestructura.

Aunque el mecanismo no sustituye el pago en efectivo que reclaman numerosos contratistas, la ampliación del plazo refleja la intención oficial de facilitar el acceso al régimen y ampliar el universo de empresas que opten por esta vía de regularización. El resultado de la convocatoria permitirá medir el nivel de aceptación del sector privado y el grado de confianza en los instrumentos financieros ofrecidos por el Estado para cancelar sus compromisos pendientes.

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Comenzó el juicio por el ARA San Juan: cuatro exjefes de la Armada enfrentan cargos por la muerte de 44 tripulantes

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Este martes comenzó en Río Gallegos el juicio oral por el hundimiento del ARA San Juan, ocurrido el 15 de noviembre de 2017. El debate, a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Río Gallegos, busca determinar responsabilidades penales por la muerte de los 44 tripulantes y coloca bajo escrutinio a cuatro exjefes de la Armada Argentina.

En el banquillo están Luis Enrique López Mazzeo, Claudio Villamide, Héctor Aníbal Alonso y Hugo Miguel Correa, procesados por incumplimiento de los deberes de funcionario público, omisión de deberes del oficio y estrago culposo agravado por el resultado de muerte. Las penas previstas van de uno a cinco años de prisión.

El inicio del juicio no solo reactiva una causa judicial largamente esperada por las familias. También reabre un capítulo institucional sensible: el funcionamiento de la cadena de mando militar, los controles internos del Estado y la responsabilidad política sobre el material estratégico de defensa. La pregunta de fondo es si el hundimiento fue una fatalidad técnica o la consecuencia de decisiones evitables.

Acusación, pruebas y secreto militar

Durante la primera audiencia se leyó el requerimiento de elevación a juicio formulado por la Fiscalía. Luego, el tribunal abrió la instancia para planteos preliminares de las partes antes de avanzar con la producción de prueba.

El proceso contará con más de 100 testigos, material fílmico encriptado del hallazgo del submarino por parte del buque Ocean Infinity, documentación bajo secreto militar y el testimonio de un experto de la firma alemana Thyssen-Krupp, fabricante de la nave.

Uno de los puntos críticos será la definición del Ministerio de Defensa sobre el levantamiento del secreto militar. Sin esa decisión, planos y fotografías técnicas del submarino no podrán exhibirse públicamente. El alcance de esa autorización impactará directamente en la transparencia del debate y en la posibilidad de reconstruir técnicamente lo ocurrido.

Las advertencias previas y la hipótesis fiscal

La acusación sostiene que existieron múltiples alertas internas sobre deficiencias en el mantenimiento del submarino que no fueron atendidas por la cadena de mando.

Entre los puntos señalados figuran tareas pendientes tras la reparación de “media vida”, advertencias de la SIGEN por emanaciones de fluidos de baterías, falta de ingreso a dique seco pese a haber superado los plazos recomendados y problemas en válvulas, periscopios y sistemas de propulsión.

También se mencionan reportes de ingreso de agua de mar al compartimiento de baterías, cartuchos de purificación de aire vencidos y fallas en interruptores críticos.

Para la Fiscalía y la querella, el submarino no se encontraba en condiciones óptimas de navegación. La hipótesis central indica que un fallo en una válvula permitió el ingreso de agua al sector de baterías, lo que habría generado un incendio inicial, seguido de explosión e implosión a más de 900 metros de profundidad.

La última comunicación oficial del ARA San Juan fue el 15 de noviembre de 2017 a las 7.20, cuando reportó un desperfecto eléctrico y principio de incendio. Un año después, el 16 de noviembre de 2018, los restos fueron hallados a unos 500 kilómetros de la costa de Santa Cruz.

Correlación institucional y memoria pública

El juicio se extenderá, en principio, hasta principios de julio, con audiencias de lunes a jueves, semana por medio. El tribunal prevé escuchar entre seis y ocho testigos por jornada.

En términos institucionales, el proceso delimita responsabilidades individuales dentro de la estructura militar, pero también proyecta efectos sobre el Ministerio de Defensa y el sistema de control estatal. La causa por presunto espionaje ilegal a familiares, que fue cerrada por la Corte Suprema, quedó fuera de este debate, lo que acota el foco exclusivamente a la cadena de mando operativa.

Para las familias, representadas entre otros por Luis Tagliapietra, el juicio representa una instancia de verdad judicial tras años de reclamos. Para el Estado, implica rendir cuentas sobre la gestión de recursos estratégicos y protocolos de seguridad.

Un proceso que excede lo penal

Más allá de las posibles condenas —de uno a cinco años de prisión—, el juicio interpela el modo en que se toman decisiones en estructuras jerárquicas cerradas y cómo se gestionan advertencias técnicas dentro del ámbito militar.

Si el tribunal acredita que existieron omisiones determinantes, el fallo podría marcar un precedente sobre responsabilidad en la conducción de fuerzas armadas. Si, en cambio, las pruebas no logran establecer nexo causal suficiente, el caso dejará abierta la discusión sobre límites probatorios en tragedias complejas.

A más de ocho años del hundimiento, el debate oral coloca nuevamente en el centro una de las mayores tragedias navales del país. El veredicto se conocería a mediados de julio, pero el impacto institucional dependerá de cómo el tribunal logre reconstruir la cadena de decisiones que precedió al último mensaje emitido desde el submarino.

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