simplificación tributaria

Posadas excluyó al 36% del padrón de agentes de retención y percepción y reduce cargas administrativas

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La Municipalidad de Posadas actualizó el padrón de Agentes de Retención y Percepción de la Tasa de Comercio y excluyó de oficio a 212 contribuyentes. La medida alcanza aproximadamente al 36% del padrón vigente y constituye uno de los principales avances del paquete de alivio fiscal impulsado por el Municipio durante 2026.

La decisión apunta a un problema que excede la discusión sobre la presión tributaria: el costo administrativo de cumplir con las obligaciones fiscales. Para comercios, empresas y emprendimientos, dejar de estar alcanzados por un régimen de retención y percepción implica reducir trámites y tareas vinculadas con la gestión tributaria cotidiana, especialmente cuando esa obligación ya no guarda relación con la escala o la participación efectiva del contribuyente en el sistema de recaudación.

La actualización fue realizada luego de una agenda de trabajo sostenida entre la Municipalidad, la Cámara de Comercio e Industria de Posadas (CCIP) y otras entidades representativas del comercio y la producción. El objetivo planteado fue avanzar en una estructura tributaria más simple, que reduzca cargas administrativas y acompañe la competitividad de las empresas locales.

La exclusión se definió a partir de criterios objetivos vinculados con el volumen de ingresos, el comportamiento fiscal, el cumplimiento de las obligaciones tributarias, las características de la actividad y la participación efectiva de cada contribuyente dentro del régimen de recaudación.

El universo alcanzado por la medida es amplio y comprende comercios minoristas y mayoristas, industrias, empresas constructoras, establecimientos de salud, farmacias, veterinarias, profesionales, inmobiliarias, agencias de viajes, hoteles, restaurantes, empresas de transporte, estaciones de servicio y firmas vinculadas con la logística, entre otras actividades.

El cambio concentra ahora el régimen de Agentes de Retención y Percepción en aquellos contribuyentes cuya participación mantiene una relevancia tributaria efectiva. De este modo, la administración municipal busca evitar que empresas de menor escala sostengan obligaciones administrativas que, bajo los criterios definidos para la actualización del padrón, dejaron de justificarse.

La política forma parte de una agenda más amplia de modernización, simplificación administrativa y alivio fiscal que la Municipalidad de Posadas desarrolla durante 2026 para acompañar al comercio, la industria, los servicios y las distintas actividades productivas.

En esa misma línea, el Municipio prorrogó hasta el 31 de diciembre el Régimen Especial de Facilidades de Pago para la Tasa de Comercio y puso en marcha un Régimen Especial de Regularización para la Tasa General de Inmuebles (TGI) y la Tasa de Barrido y Limpieza (TBL), con reducciones de intereses y multas destinadas a facilitar la regularización de obligaciones tributarias.

El enfoque plantea una diferencia relevante: el alivio no se limita a una reducción directa de impuestos, sino que también busca disminuir el costo de cumplimiento. Para las empresas, simplificar procedimientos puede liberar tiempo y recursos que pueden volver a destinarse a la operación, la inversión y el empleo.

Con la exclusión de 212 contribuyentes, Posadas avanza así sobre uno de los componentes menos visibles de la relación entre el Estado y el sector privado: la carga burocrática. El desafío hacia adelante será sostener una administración tributaria que preserve la capacidad de recaudación, pero concentre las exigencias donde resulten efectivamente necesarias y facilite el cumplimiento para el resto del entramado productivo.

La medida, anunciada tras el trabajo conjunto con las entidades empresarias, refuerza además una lógica de gestión basada en el diálogo con el sector privado. En un escenario de actividad económica exigente, la simplificación tributaria aparece como una herramienta de política pública de bajo costo fiscal potencial y con capacidad para reducir fricciones que afectan especialmente a las empresas de menor escala.

Para Posadas, el objetivo es que la relación tributaria deje de ser solamente una instancia de recaudación y se convierta también en una herramienta de facilitación de la actividad económica. La actualización del padrón de agentes constituye, en ese sentido, una aplicación concreta de esa estrategia: menos obligaciones donde ya no resultan necesarias y mayor focalización de los mecanismos de recaudación.

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Comercio exterior: ARCA amplía el uso de declaraciones juradas como garantía y reduce costos financieros para importadores y exportadores

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La medida fue oficializada mediante la Resolución General 5864/2026 y modifica el régimen de garantías aduaneras vigente para incorporar más destinaciones suspensivas al esquema habilitado por el Decreto 838/2025. La novedad radica en que determinadas operaciones podrán respaldarse mediante una declaración jurada o documento suscripto por el operador, evitando la necesidad de constituir instrumentos financieros más costosos como seguros de caución, avales bancarios o depósitos en efectivo.

Para las empresas exportadoras e importadoras, especialmente las pymes, el cambio representa una mejora concreta en la administración del capital de trabajo. Las garantías aduaneras suelen inmovilizar recursos financieros o generar costos asociados a entidades bancarias y aseguradoras. La posibilidad de sustituir parte de esos instrumentos por declaraciones juradas reduce barreras operativas y mejora la liquidez disponible para la actividad productiva.

Las garantías constituyen uno de los requisitos habituales en regímenes suspensivos de importación y exportación. Su función es proteger el interés fiscal frente a eventuales incumplimientos de obligaciones aduaneras.

Hasta ahora, muchas operaciones exigían la contratación de pólizas, avales o instrumentos financieros que implicaban gastos adicionales para las empresas. La ampliación dispuesta por ARCA busca ofrecer una alternativa de menor costo administrativo y financiero sin modificar las facultades de fiscalización del organismo.

La resolución actualiza el cuadro de garantías aceptables previsto en la Resolución General 3885, incorporando nuevas operaciones alcanzadas por el mecanismo de declaración jurada sistémica. Entre ellas aparecen distintos regímenes vinculados al tránsito aduanero y otras destinaciones suspensivas contempladas en la normativa vigente.

Una tendencia hacia la simplificación regulatoria

La resolución se inscribe dentro de una estrategia más amplia orientada a reducir costos de cumplimiento sin desmantelar controles.

ARCA destaca que la declaración jurada se incorpora como una alternativa válida, pero mantiene intactas las facultades de control y verificación del organismo. El objetivo es reemplazar exigencias financieras por mecanismos basados en trazabilidad digital y evaluación de riesgo, una tendencia que se observa en varios sistemas aduaneros modernos.

Para los operadores con historial de cumplimiento, la modificación representa una señal de mayor confianza regulatoria. Para la administración aduanera, implica avanzar hacia esquemas de control más focalizados y menos dependientes de requisitos formales que encarecen la actividad económica.

Qué cambia para las empresas

Entre los principales efectos de la medida se destacan menor inmovilización de recursos financieros. Reducción de costos por seguros de caución y avales bancarios. Simplificación de trámites aduaneros. Mayor accesibilidad para pymes exportadoras e importadoras. Agilización de operaciones bajo regímenes suspensivos. Mantenimiento de los controles fiscales y aduaneros.

El beneficio será particularmente visible en operadores que realizan múltiples destinaciones durante el año y que hasta ahora debían constituir garantías recurrentes para sostener su actividad.

La ampliación del uso de declaraciones juradas como garantía constituye un paso adicional en la desburocratización del comercio exterior. El impacto real dependerá del alcance operativo que tenga la implementación y de la cantidad de regímenes que efectivamente adopten este mecanismo. Para el sector productivo, la variable clave será si la reducción de costos administrativos logra traducirse en una mejora tangible de la competitividad exportadora y en una menor necesidad de capital inmovilizado en trámites aduaneros.

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