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El Gobierno cedió y aceptó 28 modificaciones en el proyecto de la reforma laboral

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El Gobierno nacional aceptó cambios clave en el proyecto de reforma laboral antes del debate previsto para este miércoles en el Senado y validó las modificaciones negociadas por Patricia Bullrich, jefa del bloque libertario, con la oposición dialoguista. El punto central fue la eliminación del artículo que proponía una rebaja del 3% en el Impuesto a las Ganancias para las empresas.

La caída de esa cláusula despejó las últimas dudas que pesaban sobre el futuro de la iniciativa en la Cámara alta. Con los gobernadores provinciales conformes -al evitar una pérdida estimada en 3 billones de pesos- el proyecto se encamina a su aprobación con cambios, pero sin sobresaltos.

La decisión fue confirmada por Bullrich en una conferencia de prensa ofrecida en el Senado, acompañada por Eduardo Vischi, jefe del bloque de la Unión Cívica Radical, y Martín Goerling, titular del bloque del PRO. Allí, la senadora explicó que el oficialismo resolvió postergar el debate sobre Ganancias hasta avanzar en una reforma fiscal integral.

“Decidimos postergar el tratamiento del Impuesto a las Ganancias hasta construir un proyecto de reforma fiscal integral, que integre a los tres niveles impositivos: nacional, provincial y municipal”, afirmó Bullrich.

Los cambios al dictamen firmado en diciembre no solo beneficiaron a las provincias. La Casa Rosada también cedió ante los reclamos de la Confederación General del Trabajo y resolvió mantener sin modificaciones el aporte patronal a las obras sociales, que seguirá en el 6%. Además, los denominados “aportes solidarios” continuarán siendo obligatorios por dos años más, con un tope del 2%, y luego pasarán a ser voluntarios. Los empleadores conservarán su rol como agentes de retención de la cuota sindical, preservando así la recaudación gremial.

Las cámaras empresarias también lograron introducir cambios: se eliminó la cláusula que volvía voluntarios los aportes de sus miembros. Al igual que en el caso sindical, esos aportes serán obligatorios durante dos años, con un límite del 0,5%.

En total, Bullrich anunció 28 modificaciones, que fueron enviadas a los senadores tras recibir el aval de la mesa política del Gobierno, reunida al mediodía en la Casa Rosada. La senadora aclaró que no todas las correcciones implican cambios de fondo, ya que algunas son meramente de redacción. Entre ellas, se eliminará la referencia a la denominada “industria del juicio” en el capítulo de justicia laboral.

Según explicó la exministra de Seguridad, todas las modificaciones fueron consensuadas con los bloques de la oposición dialoguista, lo que anticipa un respaldo de entre 42 y 44 votos en la votación en general. En la discusión en particular, que se hará por títulos, podrían variar los apoyos, aunque el oficialismo confía en que cada apartado tendrá mayoría asegurada.

El viraje del Gobierno contrasta con la postura expresada la semana pasada, cuando desde la mesa política se había dejado trascender que no se modificaría “ni una coma” del proyecto original.

El texto mantiene como ejes centrales la reducción de los cálculos indemnizatorios, mayores facilidades para contratar y despedir personal, la limitación del derecho a huelga y una menor capacidad de representación y recaudación sindical, aunque con concesiones introducidas durante la negociación.

En la antesala de la votación, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, encabezó una reunión de la mesa política en Casa Rosada, de la que participaron Karina Milei, Martín Menem, Patricia Bullrich, Diego Santilli, Luis Caputo, Santiago Caputo, Ignacio Devitt y Eduardo “Lule” Menem. El encuentro, inicialmente previsto para el miércoles, fue adelantado y se extendió por casi dos horas.

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Fuerza Patria impulsa una lista de unidad para normalizar el PJ Misiones y así evitar una interna partidaria

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El espacio político Fuerza Patria pidió formalmente avanzar con una lista de unidad para las elecciones internas del Partido Justicialista (PJ) de Misiones, previstas para el 19 de abril, y desalentó una competencia interna. La definición se adoptó por unanimidad en un plenario realizado en Posadas, con más de 300 dirigentes y militantes, y apunta a acelerar la normalización partidaria, recuperar la centralidad política y fortalecer una conducción federal con participación municipal.

Plenario, diagnóstico y hoja de ruta hacia el 19 de abril

La resolución surgió de un encuentro realizado en el SUM de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales “Juan Figueredo”, en la ciudad de Posadas, donde referentes sindicales, sociales, barriales y políticos de Fuerza Patria consensuaron priorizar el diálogo y la construcción de “los puentes necesarios” para arribar a una lista consensuada. El objetivo explícito es evitar una interna y ordenar la estructura del PJ distrito Misiones en el marco del calendario partidario.

El documento aprobado subraya que la unidad debe expresar la diversidad del peronismo, pero también la coherencia entre doctrina, conducta y acción de quienes representen al partido. En términos políticos, la estrategia busca reducir fricciones internas, ordenar la representación territorial y presentar una conducción legitimada para el proceso de normalización institucional.

Federalización del PJ y protagonismo municipal

Otro eje central del posicionamiento es la vocación de construir un PJ federal, con protagonismo de todos los municipios. El texto propone fortalecer los Consejos Políticos Municipales como ámbito de voz, participación y debate, con el propósito de recomponer capilaridad territorial y capacidad de acción política.

Desde Fuerza Patria sostienen que el contexto actual exige una salida colectiva y que la unidad es la condición para defender un proyecto político con identidad peronista. El comunicado convoca a “volver a juntarse” para ofrecer a la sociedad misionera una opción política que priorice la cohesión interna y la reconstrucción partidaria.

Adhesiones, actores y posibles repercusiones

El pronunciamiento cuenta con la adhesión de agrupaciones políticas, espacios sindicales y referentes territoriales de toda la provincia, incluyendo organizaciones como La Cámpora, La Kristina, Instrumento Político de Territorio y Formación, Sinceramente, Soberanía Política, Somos Pueblo, Pueblo Unido, Peronismo K, Casa Patria Misiones, Generando Futuro y CAITraC, además de múltiples dirigentes y delegados gremiales y universitarios que acompañaron la convocatoria.

En términos de impacto, la decisión de evitar una interna puede reducir costos políticos y organizativos, ordenar tiempos y concentrar recursos en la normalización y en la construcción de consensos. Al mismo tiempo, abre un período de negociación entre los distintos sectores del peronismo misionero, con la expectativa de alinear posiciones y definir una conducción aceptada por la mayoría. Las reacciones de los espacios no alineados y la capacidad de traducir el acuerdo en una lista representativa serán determinantes para la estabilidad del proceso.

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El Ejecutivo demora la reforma laboral ante la falta de apoyos y la presión sindical

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El Gobierno nacional decidió postergar el debate de la reforma laboral y trasladarlo para febrero de 2026, en una jugada política orientada a asegurar respaldos legislativos y evitar que la iniciativa se convierta en una nueva herramienta de presión de los gobernadores en plena negociación presupuestaria, según la consultora Ecolatina. La decisión se tomó luego de las complicaciones surgidas durante la discusión del Presupuesto, que dejaron en evidencia dudas sobre el acompañamiento de aliados clave, especialmente en el Senado, y un escenario de alta fragilidad política para avanzar con cambios estructurales en el mercado de trabajo.

La postergación busca descomprimir el frente legislativo y ganar tiempo en un contexto donde no existe una voluntad firme de acompañamiento por parte de los aliados circunstanciales, lo que llevó a La Libertad Avanza (LLA) en el Senado a recalibrar su estrategia y evitar una derrota o un costo político innecesario.

Presupuesto, gobernadores y reforma laboral: un delicado equilibrio político

La discusión del Presupuesto actuó como detonante de la decisión oficial. Según el análisis interno del Ejecutivo, avanzar en paralelo con la reforma laboral hubiera expuesto al Gobierno a una doble negociación con los gobernadores, que podrían haber utilizado su apoyo —o su rechazo— a la iniciativa laboral como moneda de cambio adicional en la puja por recursos y partidas presupuestarias.

En ese marco, el Gobierno evaluó que el debate laboral podía quedar rehén de las tensiones fiscales y políticas, debilitando su capacidad de ordenar mayorías estables. La ausencia de señales claras de acompañamiento por parte de los gobernadores aliados terminó de inclinar la balanza hacia la postergación.

Con este movimiento, el oficialismo busca recomponer condiciones políticas, reducir el margen de presión externa y encarar la discusión laboral en un momento de mayor previsibilidad parlamentaria.

CGT en la calle y disputa por el contenido de la reforma

La decisión del Ejecutivo coincidió temporalmente con una movilización de la CGT a la Plaza de Mayo, organizada como una demostración de fuerza para forzar una negociación sobre los contenidos de la reforma laboral. La central sindical activó una estrategia múltiple para intentar frenar o moderar los cambios: protesta en la calle, diálogo con bloques aliados en el Congreso y la advertencia de recurrir a la Justicia en caso de que la reforma sea sancionada.

Desde la CGT descuentan que no es viable frenar la totalidad de la ley, pero apuntan a bloquear o atenuar los artículos que consideran más perjudiciales para los trabajadores. La postergación del debate amplía el margen de maniobra sindical y fortalece el trabajo de lobby sobre los sectores dialoguistas.

El Congreso como campo de disputa: aliados, rechazos y bloques clave

Con el nuevo calendario, el escenario legislativo aparece más definido. El oficialismo y sus aliados más afines a la reforma, en particular el PRO, mantienen su respaldo al proyecto. En el extremo opuesto, el peronismo opositor ratifica su rechazo.

La verdadera disputa, tanto para el Gobierno como para la CGT, se concentra ahora en los bloques dialoguistas y en los gobernadores, que se consolidan como los árbitros del debate. Allí se jugará la posibilidad de sancionar la reforma, modificarla sustancialmente o bloquear sus puntos más sensibles.

La postergación, lejos de clausurar el conflicto, lo traslada en el tiempo y lo intensifica en términos de negociación política, en un año donde la agenda legislativa seguirá atravesada por tensiones fiscales, reformas estructurales y disputas de poder entre Nación, provincias y actores sociales.

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Crisis en Tapebicuá: 430 operarios quedan sin convenio y rechazan cobrar el 60% del salario

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La empresa Forestal Tapebicuá, ubicada en Gobernador Virasoro, cerró el pasado domingo 30 de noviembre el convenio laboral vigente con sus 430 operarios. La firma había propuesto suspensiones con “vacaciones forzosas” y un pago del 60% de los haberes hasta marzo de 2026, pero el planteo fue rechazado por la representación sindical, que exige elevarlo al 80%. La situación se agrava en medio de versiones de venta de la compañía y un escenario de inactividad prolongada.

Fin del convenio, propuesta de suspensión y tensiones por los salarios

El conflicto en Forestal Tapebicuá escaló en las últimas horas tras el vencimiento del acuerdo que regulaba las condiciones entre la firma y los operarios. El convenio dejó de estar vigente este domingo 30 de noviembre, dejando a 430 trabajadores sin un marco de continuidad claro.

Según trascendió durante la última reunión entre la empresa y los sindicatos, realizada el viernes, la compañía planteó: suspensiones con “vacaciones forzosas” por tres meses, pago del 60% del salario, continuidad de la medida hasta los primeros días de marzo de 2026, un esquema que incluiría el aporte provincial de un subsidio de $250.000.

En números concretos, la propuesta contemplaba abonar alrededor de $650.000 mensuales por trabajador más el subsidio estatal complementario.

La representación sindical rechazó el ofrecimiento al considerar que no garantiza el sustento mínimo de las familias durante un período de inactividad tan prolongado. La posición gremial es clara: exigir que el porcentaje de pago durante la suspensión se eleve al 80% del salario.

Un conflicto que se profundiza por la posible venta de la compañía

El trasfondo económico agrega tensión al escenario laboral. Fuentes internas señalan que la empresa estaría atravesando un proceso de venta, situación que explicaría la decisión de paralizar operaciones.

Esa presunta transición empresaria —no confirmada formalmente por la firma— dejó al personal sin definiciones sobre su continuidad, su relación laboral y el restablecimiento de la actividad productiva.

La propuesta de otorgar vacaciones forzosas por tres meses y pagar el 60% del salario aparece, en este contexto, como una solución de contingencia para la empresa, pero como una pérdida sustantiva de ingresos para los operarios.

Por ahora solo nos resta esperar hasta el 3 de diciembre, que será la próxima reunión con los empresarios y saber qué va a pasar”, expresó un trabajador de la planta a un medio local de Virasoro, graficando el clima de incertidumbre que atraviesa a las familias dependientes del complejo forestal

Impacto económico y político: qué está en juego

El conflicto no solo afecta a los operarios, sino también a la cadena forestoindustrial de Virasoro y de toda la región nordeste, donde la actividad aporta empleo, logística, servicios y movimiento comercial.

Los puntos críticos del escenario actual son: 430 trabajadores sin certeza sobre salario pleno ni continuidad laboral. Una oferta empresarial muy por debajo del ingreso normal. La intervención parcial del Gobierno provincial con subsidios, aunque insuficientes para neutralizar la pérdida salarial. Una empresa en presunto proceso de transferencia, lo que podría modificar estructura, producción y condiciones laborales. Riesgo de paralización total de la actividad durante al menos tres meses.

En términos institucionales, la situación reabre el debate sobre los mecanismos de protección en empresas en transición patrimonial y la necesidad de instrumentos de negociación que eviten que la carga económica recaiga exclusivamente sobre los trabajadores.

La próxima reunión —3 de diciembre— será clave para destrabar el conflicto, definir un esquema de ingresos y proyectar el futuro de la actividad forestal en una de las ciudades más industrializadas del nordeste argentino.

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La CGT votó el nuevo triunvirato: Sola, Jerónimo y Arguello

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La CGT votó este martes al nuevo triunvirato de la central que estará compuesto por Jorge Sola (Seguro), Cristian Jerónimo (Vidrio) y Octavio Arguello (Camioneros).

Así lo definieron los dirigentes en el congreso que se llevó a cabo en el estadio Obras. Donde también se eligió a Andrés Rodríguez, de UPCN, como secretario adjunto, y a Abel Furlán, de la UOM, como secretario gremail.

El congreso había sido presisido por Héctor Daer, cosecretario general saliente, y tuvo como anfitrión a Oscar Lingeri, de Obras Sanitarias. Quien durante el momento de los discursos expresó que en la central “no somos kukas ni comunistas, somos peronistas”.

El sector de Barrionuevo y Roberto Fernández, de la UTA, se retiraron disconformes del triunvirato de la CGT

El dirigente Luis Barrionuevo y el secretario general de la UTA, Roberto Fernández, se retiraron antes del congreso de la CGT disconformes con la decisión de la mayoría de elegir un nuevo triunvirato.

Barrionuevo y otros gremios opositores a la conducción pujaban por volver a un unicato, con un secretario general en lugar de una mesa colegiada.

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