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La Argentina perdió 205.000 puestos asalariados desde noviembre de 2023, según datos oficiales

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El empleo asalariado cayó al nivel más bajo desde el inicio del gobierno de Javier Milei: se perdieron más de 200.000 puestos. El sector privado acumuló la mayor destrucción de empleo, seguido por el público y las casas particulares. La industria, la construcción y el transporte encabezaron las caídas.

El empleo asalariado formal registró en julio de 2025 su nivel más bajo desde el inicio de la gestión de Javier Milei, de acuerdo con los datos del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) publicados por la Secretaría de Trabajo. Desde noviembre de 2023, el país perdió 205.500 empleos asalariados registrados, en un proceso que afecta tanto al sector privado como al público y al trabajo doméstico.

Según el relevamiento, se destruyeron 127.000 puestos en el sector privado, 57.900 en la administración pública y 20.600 en casas particulares, lo que redujo el total de trabajadores asalariados formales a 10.096.200, la cifra más baja desde octubre de 2022. En el segmento privado, el empleo se ubicó en su mínimo desde agosto del año pasado, confirmando el estancamiento del mercado laboral formal en un contexto de fuerte contracción económica.

Destrucción de empleo y estancamiento productivo

El ajuste en el gasto público y la recesión en la obra pública impactaron directamente sobre la industria manufacturera y la construcción, dos sectores que concentran el grueso de la caída del empleo formal.
Solo en julio, se perdieron 8.800 empleos privados, con la industria manufacturera aportando 3.300 bajas. En términos acumulados desde diciembre, la construcción redujo su plantilla en 60.500 puestos, mientras que la industria perdió 39.200, alcanzando su menor nivel desde mayo de 2022.

El deterioro también se extendió al sector de transporte, almacenamiento y comunicaciones, con 15.100 empleos menos, y alcanzó a ramas tradicionalmente más estables como la actividad minera-petrolera y el sector financiero, que hoy operan con los niveles de empleo más bajos desde 2022 y 2011, respectivamente.

A nivel territorial, el senador Martín Barrionuevo destacó que la pérdida de empleo fue generalizada: “Salvo Neuquén, Tucumán, Mendoza y Río Negro, todas las provincias registraron caídas en el empleo asalariado”, señaló en redes sociales.

“Década perdida” en el empleo privado

El investigador Luis Campos, del Instituto de Estudios y Formación de la CTA Autónoma, definió el panorama como un “proceso estructural de estancamiento” del empleo privado formal. “En julio de 2025 hay menos asalariados registrados en el sector privado que en julio de 2015. Decir ‘década perdida’ es poco a esta altura”, sostuvo.

En la misma línea, el economista Juan Manuel Telechea remarcó que “la Argentina tiene exactamente los mismos 6,2 millones de empleos privados registrados que hace diez años, pero con una población que hoy cuenta con casi cinco millones de personas más”.

Aunque el ritmo de destrucción de empleo se desaceleró desde agosto de 2024, el informe oficial indica que no se vislumbran señales de recuperación sostenida. De hecho, julio marcó la tercera caída mensual consecutiva y el peor desempeño desde el inicio del año.

Aumento del trabajo independiente y precarización

El retroceso en el empleo asalariado fue parcialmente compensado por un aumento en los trabajadores independientes, entre los que se sumaron 127.100 nuevos monotributistas y autónomos. No obstante, este fenómeno refleja una mayor informalidad y precarización, en un mercado laboral que no logra absorber la oferta de fuerza de trabajo bajo condiciones formales.

Para la segunda mitad del año, Campos advirtió un escenario “muy complicado”: “En agosto el índice de evolución del empleo cayó un 0,3%, el segundo peor agosto de la última década. Estamos frente a un modelo económico que no crea empleo y que no demanda fuerza de trabajo”, alertó.

En contraste, el dato positivo del informe fue la recuperación parcial del salario real privado, que mejoró por tercer mes consecutivo. En julio, los sueldos del sector privado registrado se ubicaron 3,8% por encima del nivel de noviembre de 2023, aunque todavía 0,4% por debajo del pico alcanzado en febrero de este año.

Entre la estabilidad macro y la pérdida de empleo

El gobierno nacional sostiene que la política de ajuste fiscal y equilibrio macroeconómico será la base para una futura recuperación del empleo privado. Sin embargo, los datos del SIPA reflejan que, al menos en el corto plazo, el impacto del programa económico libertario recae sobre los asalariados, tanto del sector público como del privado.

La caída acumulada de más de 200.000 empleos desde el inicio de la gestión Milei coloca al mercado laboral en su nivel más bajo en casi tres años y plantea un desafío estructural para la recuperación de la actividad productiva y del consumo interno.

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Nuevas reglas para denuncias de aportes impagos: cómo impacta en empleadores y trabajadores

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La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) dispuso cambios en la tramitación de las denuncias “Z”, que habilitan a trabajadores y derechohabientes a denunciar incumplimientos previsionales de sus empleadores. La medida actualiza competencias internas tras la reestructuración de la Dirección General Impositiva y apunta a cerrar grietas frente a maniobras fraudulentas.

La Disposición Conjunta 1/2025, publicada este 19 de agosto en el Boletín Oficial, reordena el procedimiento de las llamadas denuncias “Z”, una figura prevista en el artículo 13 inciso a) punto 3 de la Ley 24.241 (Sistema Integrado Previsional Argentino – SIPA).

Estas denuncias permiten que trabajadores o sus derechohabientes reclamen por incumplimientos de sus empleadores en el ingreso de aportes y contribuciones a la seguridad social. Sin embargo, en los últimos años se detectaron maniobras fraudulentas de personas sin relación laboral que buscaban obtener beneficios previsionales de manera indebida.

La instrucción general vigente (N° 1017/2017) había unificado las pautas operativas, pero la reciente Disposición ARCA 36/2025, que modificó la estructura de la Dirección General Impositiva (DGI) y la Subdirección de Operaciones Impositivas de Grandes Contribuyentes, obligó a redefinir competencias administrativas.

Nuevas facultades para Grandes Contribuyentes

La resolución firmada por Claudio Ernesto Castagnola y Néstor Hernán Perlasco, directores interinos de las áreas de Control y Recaudación de Grandes Contribuyentes, establece un nuevo esquema de actuación:

  • Artículo 1: Se deroga la Disposición DI-2024-23, ya sin vigencia operativa tras la reorganización interna.
  • Artículo 2: El funcionario a cargo de la División Revisión y Recursos de la Dirección de Control de Grandes Contribuyentes actuará como juez administrativo en los casos de denuncias “Z”, dictando resolución de admisión o rechazo.
  • Artículo 3: Los recursos de apelación interpuestos en los términos del artículo 74 del Decreto 1.397/79 contra dichas resoluciones serán resueltos por la Dirección de Control de Grandes Contribuyentes.
  • Artículo 4: La disposición entra en vigencia inmediata desde su suscripción.

En la práctica, esto concentra la resolución de conflictos previsionales en el área de Grandes Contribuyentes, fortaleciendo el control en un segmento clave de la recaudación.

La medida tiene un doble alcance. Por un lado, garantiza la continuidad de la fiscalización previsional en línea con las atribuciones que la Ley 24.241 otorga a la administración tributaria. Por otro, busca cerrar grietas regulatorias frente a fraudes en las denuncias “Z”, que podrían comprometer fondos del SIPA y generar costos fiscales no previstos.

Fuentes del organismo remarcan que la reasignación de facultades responde al principio de eficiencia administrativa: “La reorganización procura unificar procedimientos y fortalecer el control sobre incumplimientos de grandes empleadores, que representan una parte sustancial de los aportes al sistema previsional”, señalaron.

Para los grandes contribuyentes, el cambio implica un mayor nivel de escrutinio y resolución más centralizada, lo que podría derivar en litigios administrativos más ágiles pero también en un endurecimiento de las sanciones.

Señales de endurecimiento fiscal

El rediseño de competencias se enmarca en la política del Gobierno nacional de fortalecer la recaudación previsional y combatir la evasión en un contexto de ajuste fiscal. La decisión de delegar funciones de juez administrativo en la División Revisión y Recursos marca una tendencia hacia procesos internos más expeditivos, con menor dispersión entre áreas.

Hacia adelante, analistas legales anticipan que este modelo podría replicarse en otras áreas sensibles de la seguridad social, ampliando la capacidad de ARCA para perseguir incumplimientos. La medida envía además una señal clara al sector privado: la fiscalización de aportes y contribuciones será uno de los ejes de control tributario en 2025.

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