sistema acusatorio

Andrés Poujade juró como ministro del Superior Tribunal de Justicia

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El gobernador Hugo Passalacqua participó del acto de juramento del doctor Andrés Poujade, quien asumió como ministro del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Misiones. Con esta ceremonia quedó formalmente incorporado al máximo tribunal provincial, integrado por nueve ministros. El flamante funcionario reemplaza a Ramona Beatriz Velázquez, quien se jubiló tras una trayectoria de dos décadas en el Poder Judicial.

Durante la ceremonia, la presidenta del Superior Tribunal de Justicia, Rosanna Pía Venchiarutti Sartori, tomó juramento al nuevo integrante de la institución. La magistrada resaltó que con la llegada de Poujade el tribunal queda nuevamente completo, y subrayó que el nuevo ministro se incorpora en una etapa de trabajo enfocada en el fortalecimiento institucional del Poder Judicial. “Que jure un nuevo ministro del Superior Tribunal de Justicia no es un dato menor. Cada juramento implica que estamos haciendo realidad ese Estado de derecho del que tanto hablamos”, afirmó.

Asimismo, sostuvo que el Poder Judicial atraviesa un proceso de transformación. “El ministro es bienvenido a este nuevo paradigma, a esta nueva sensación de que estamos construyendo futuro, y con ese futuro credibilidad. Mucho interior hay para recorrer, mucho camino hay para realizar. Y seguramente habremos de lograr buenos resultados, porque lo único que de verdad se persigue es que el pueblo de la provincia de Misiones vuelva a creer en la justicia que hoy representamos”, manifestó.

El encargado de la lectura del decreto de designación de Poujade fue el secretario general administrativo y de superintendencia del Superior Tribunal de Justicia, Víctor Hugo Marinoni.

Poujade llegó al máximo tribunal luego de obtener el acuerdo unánime de la Cámara de Representantes durante la sexta sesión ordinaria del período legislativo Nº 54, celebrada el pasado 11 de junio. El pliego había sido remitido por el gobernador Hugo Passalacqua y contó con el respaldo del pleno legislativo, tras la presentación de sus antecedentes por parte de la diputada Anazul Centeno, integrante de la Comisión de Poderes y Acuerdos y representante del Poder Legislativo ante el Consejo de la Magistratura.

El nuevo ministro reemplaza a Ramona Beatriz Velázquez, quien culminó una trayectoria de dos décadas dentro del Superior Tribunal de Justicia, dando paso a una renovación que coincide con uno de los procesos de modernización judicial más importantes de los últimos años.

Abogado egresado de la Universidad de Buenos Aires, Poujade posee una sólida formación académica complementada con estudios de posgrado en Argentina y Francia, donde obtuvo un Máster en Derecho Francés y Europeo de Negocios y Nuevas Tecnologías. A lo largo de su carrera desarrolló una intensa actividad en materia de derecho penal, derechos humanos, gestión judicial y docencia universitaria, perfil que fue especialmente valorado durante el tratamiento legislativo de su designación.

Tras prestar juramento, el flamante integrante del STJ sostuvo que su prioridad será fortalecer la prestación del servicio de justicia mediante resoluciones oportunas y ajustadas al derecho vigente.

“Mi compromiso es brindar un servicio de justicia eficaz y eficiente, respaldando a la institución judicial. Eso significa tomar decisiones en tiempo oportuno, de acuerdo con las constancias de cada causa y el derecho vigente”, expresó.

Con una extensa trayectoria en el fuero penal, Poujade reconoció que la transición hacia el nuevo modelo procesal será uno de los principales desafíos que enfrentará el Poder Judicial.

“Estamos frente al proyecto de reforma del Código Procesal Penal y otras leyes que comenzarán a implementarse. El desafío será resolver cada conflicto conforme a la normativa y a los principios generales del derecho”, afirmó.

El magistrado explicó que la transformación más significativa será el paso del actual sistema mixto de corte inquisitivo hacia un modelo acusatorio, en el cual los fiscales asumirán un rol central en la investigación penal mientras los jueces concentrarán su tarea en el control de legalidad y la garantía de los derechos constitucionales.

“La investigación quedará principalmente en cabeza de los fiscales, mientras que la actividad jurisdiccional estará enfocada en resolver las cuestiones propias del juez”, sintetizó.

La presidenta del Superior Tribunal de Justicia, Rossana Pía Venchiarutti Sartori, calificó la incorporación de Poujade como un paso institucional de relevancia y destacó que el máximo tribunal vuelve a funcionar con su integración completa.

“Cada vez que alguien jura por la Constitución Nacional y la Constitución Provincial estamos haciendo realidad el Estado de Derecho y la división de poderes. Hoy la Corte vuelve a estar absolutamente completa”, señaló.

La titular del STJ consideró que la reforma procesal constituye un cambio histórico para la provincia, recordando que Misiones era una de las tres jurisdicciones del país que aún no había adoptado el sistema acusatorio.

“Misiones tomó una decisión que considero profundamente acertada para este momento histórico, político, social y cultural”, afirmó.

Venchiarutti explicó que el nuevo esquema modifica por completo la distribución de funciones dentro del proceso penal. Mientras la investigación y la producción de prueba quedarán bajo responsabilidad del Ministerio Público Fiscal, los jueces asumirán un rol de control sobre la legalidad de las actuaciones y la protección de las garantías constitucionales.

En ese contexto, sostuvo que el nuevo paradigma exige una redefinición del perfil profesional de quienes integran el Poder Judicial.

“Hoy no alcanza solamente con conocer el derecho. Los jueces deben incorporar herramientas de gestión, conocimientos de medicina forense, psicología social y administración judicial para responder a las exigencias del nuevo sistema”, remarcó.

La presidenta también señaló que otra de las prioridades institucionales será la implementación del nuevo régimen penal juvenil. En ese sentido, indicó que el objetivo del Poder Judicial será avanzar hacia un modelo de justicia restaurativa que priorice la reinserción por sobre las respuestas exclusivamente punitivas.

“Lo que buscamos es que esos niños no sean simplemente detenidos. El desafío es construir una justicia restaurativa que permita resolver los conflictos con una mirada integral”, sostuvo.

La incorporación de Poujade se produce en una etapa de renovación institucional del Poder Judicial misionero, atravesada por reformas procesales, actualización normativa y nuevos desafíos de gestión. Con la implementación del sistema acusatorio, el funcionamiento de fiscales, jueces y defensores experimentará una transformación estructural que demandará capacitación permanente, nuevas herramientas tecnológicas y una reorganización de los procedimientos para responder con mayor rapidez, transparencia y eficacia a las demandas de la sociedad.

En el acto también estuvieron presentes los ministros del máximo cuerpo colegiado de Misiones, Roberto Rubén Uset, Cristian Marcelo Benítez, Froilán Zarza, María Laura Niveyro, Juan Manuel Díaz, Cristina Irene Leiva y Valeria Fiore Cáceres. También estuvo presente el procurador general, Carlos Jorge Giménez, y el presidente de la Cámara de Representantes, Sebastián Macías. Además, la ceremonia contó con la participación de magistrados y funcionarios de la Justicia Federal y Provincial, ministros y representantes del Poder Ejecutivo, intendentes de distintos municipios, senadores y diputados nacionales, legisladores provinciales e integrantes del Consejo de la Magistratura, entre otros representantes del Poder Judicial.

Una trayectoria vinculada al ámbito judicial y académico

Andrés Poujade es abogado egresado de la Universidad de Buenos Aires y cuenta con formación de posgrado en Argentina y en el exterior. Entre sus antecedentes académicos figura un Máster en Derecho Francés y Europeo de Negocios y Nuevas Tecnologías, obtenido en Francia. A lo largo de su carrera participó en instancias de capacitación en derecho penal, derechos humanos, políticas públicas y gestión judicial.

El letrado también ejerció la docencia universitaria, actividad desde la cual contribuyó a la formación de profesionales del derecho. Hasta su designación, Poujade se desempeñaba como fiscal de Cámara en lo Penal y de Menores de la provincia. Su pliego fue aprobado por la Cámara de Representantes durante la VI Sesión Ordinaria del Período Legislativo N.º 54, realizada el 11 de junio, lo que permitió avanzar con su incorporación al Superior Tribunal de Justicia.

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La Justicia Federal retrasa la implementación del sistema acusatorio en Córdoba y refuerza el cronograma para Posadas

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La puesta en marcha del nuevo Código Procesal Penal Federal en Córdoba fue postergada hasta el 8 de marzo de 2027, una decisión que reordena el calendario de reforma judicial impulsado por el Gobierno nacional y deja a Posadas como una de las próximas jurisdicciones clave en adoptar el sistema acusatorio, previsto para el 24 de agosto de 2026. La medida tiene implicancias que exceden el ámbito judicial: impacta sobre la capacidad del Estado para investigar delitos complejos vinculados a la economía formal e informal, desde el narcotráfico hasta el contrabando y los delitos económicos.

La Resolución 274/2026 del Ministerio de Justicia fundamenta el diferimiento en la necesidad de completar inversiones en infraestructura, tecnología y capacitación en uno de los distritos federales más complejos del país. Córdoba concentra un elevado volumen de causas federales y una posición logística estratégica que la convierte en un nodo central para investigaciones vinculadas a cadenas delictivas de alcance nacional e internacional.

Aunque el debate suele concentrarse en los aspectos jurídicos, la implementación del sistema acusatorio tiene una dimensión económica relevante. El modelo reemplaza esquemas procesales más lentos por uno basado en la oralidad y la conducción de las investigaciones por parte de los fiscales, con el objetivo de acelerar los procesos y optimizar el uso de recursos judiciales.

Para sectores productivos, especialmente aquellos vinculados al comercio exterior, la logística y las actividades reguladas, una justicia federal más ágil puede traducirse en mayor previsibilidad institucional. Los delitos económicos, aduaneros, financieros y vinculados al crimen organizado forman parte de la agenda de competencia federal que este sistema busca abordar con herramientas más modernas.

El propio Ministerio de Justicia destacó que Córdoba requiere una preparación adicional debido al peso de investigaciones relacionadas con narcotráfico, contrabando y criminalidad económica, fenómenos que también impactan sobre la competitividad de las economías regionales y la formalidad de los mercados.

Posadas sigue en agenda y gana relevancia estratégica

La postergación cordobesa deja a Posadas como una de las próximas etapas relevantes del proceso de implementación nacional. Según el cronograma oficial, la capital misionera mantiene su fecha de entrada en vigencia para el 24 de agosto de 2026.

Para Misiones, la reforma adquiere características particulares. La provincia comparte extensas fronteras internacionales y concentra una intensa dinámica comercial y logística, factores que incrementan la relevancia de la Justicia Federal en materias como delitos transfronterizos, contrabando, lavado de activos y comercio ilegal.

La experiencia acumulada en distritos donde el sistema ya funciona constituye un antecedente importante para la jurisdicción misionera. El Ministerio de Justicia señala que actualmente el modelo acusatorio ya opera en nueve distritos federales, incluyendo provincias del NEA como Chaco, Formosa y Corrientes.

Las razones detrás de la postergación

La resolución revela que tanto la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba como la Procuración General de la Nación habían advertido sobre necesidades pendientes para garantizar una transición ordenada.

Entre los aspectos observados aparecen: Adecuación de salas de audiencias y espacios físicos específicos para el nuevo sistema. Fortalecimiento de infraestructura tecnológica y telecomunicaciones. Capacitación de magistrados, funcionarios y equipos técnicos. Incorporación de herramientas de análisis forense digital para investigaciones complejas. Organización de recursos humanos para convivir temporalmente con causas del sistema anterior y del nuevo modelo.

La decisión oficial refleja un criterio que puede resultar relevante para futuras implementaciones: priorizar la operatividad efectiva por encima del cumplimiento estricto de los plazos.

Un indicador para las provincias que aún esperan

Además de Córdoba y Misiones, todavía resta implementar el Código Procesal Penal Federal en jurisdicciones como Tucumán, Catamarca, Santiago del Estero, Entre Ríos, La Rioja, sectores de la provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La postergación cordobesa muestra que el Gobierno nacional está dispuesto a recalibrar el cronograma cuando detecta déficits operativos. Para las provincias que se encuentran en proceso de adaptación, el mensaje es claro: la infraestructura tecnológica, la capacitación y la coordinación institucional serán determinantes para sostener las fechas previstas.

La atención del NEA se concentrará ahora en Posadas. Si la implementación prevista para agosto se concreta sin modificaciones, Misiones pasará a integrar el grupo de jurisdicciones que operan bajo el sistema acusatorio federal. El desafío no será únicamente judicial: también servirá como prueba de capacidad institucional para enfrentar delitos complejos que afectan directamente la competitividad regional, la seguridad de las cadenas logísticas y la transparencia de los mercados fronterizos.

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Reforma judicial: cuándo entra en vigencia el nuevo Código Procesal Penal Federal en Misiones

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El Ministerio de Justicia de la Nación oficializó el nuevo cronograma de implementación del Código Procesal Penal Federal en tres jurisdicciones clave del país, avanzando con la reforma del sistema judicial penal bajo el modelo acusatorio. Según la Resolución N° 1/2026, publicada en el Boletín Oficial, el nuevo régimen comenzará a regir el 15 de junio en Córdoba, el 24 de agosto en la jurisdicción de Posadas y el 30 de noviembre en La Plata, reordenando plazos previamente establecidos y consolidando el rol del Poder Ejecutivo en la ejecución de la reforma.

La decisión reviste relevancia institucional y política, ya que redefine el ritmo de una transformación estructural del proceso penal federal, que traslada el eje de la investigación a los fiscales, limita el rol instructor de los jueces y busca mayor celeridad, transparencia y eficiencia en la persecución penal.

De la Ley 27.150 al control del Ministerio de Justicia

La implementación del Código Procesal Penal Federal, aprobado por la Ley 27.063, fue concebida desde su origen como un proceso progresivo. La Ley 27.150 estableció que esa transición quedaría bajo la órbita de la Comisión Bicameral de Seguimiento del Congreso. Sin embargo, ese esquema fue modificado mediante un decreto de necesidad y urgencia firmado por el presidente Javier Milei, que transfirió la competencia de implementación al Ministerio de Justicia de la Nación.

Desde entonces, la cartera conducida por Mariano Cúneo Libarona asumió un rol central en la calendarización y puesta en marcha del sistema acusatorio en las distintas jurisdicciones federales del país. En ese marco, ya se dispuso la entrada en vigencia del nuevo código en las cámaras federales de Rosario (Resolución N° 64/2024), Mendoza (Resolución N° 165/2024), General Roca y Comodoro Rivadavia (Resolución N° 216/2024), Mar del Plata y Bahía Blanca (Resolución N° 377/2024), y Corrientes y Resistencia (Resolución N° 143/2025), que se sumaron a las primeras experiencias desarrolladas en Salta y Jujuy.

La Resolución N° 1/2026 se inscribe así en una estrategia de expansión territorial gradual del sistema acusatorio, con ajustes de plazos en función del estado operativo de cada jurisdicción.

Cambios de fechas y reordenamiento del cronograma judicial

El texto oficial también introduce modificaciones sobre fechas previamente anunciadas. En el caso de las jurisdicciones de Posadas y La Plata, el Ministerio había dispuesto mediante la Resolución N° 530/2025 que el Código Procesal Penal Federal entrara en vigencia el 16 de marzo y el 18 de mayo, respectivamente. Con la nueva norma, esos plazos fueron diferidos al 24 de agosto para Posadas y al 30 de noviembre para La Plata.

En paralelo, se confirmó que el nuevo código comenzará a regir en la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba a partir del 15 de junio próximo, incorporando a esa jurisdicción al esquema acusatorio federal.

El Gobierno justificó la decisión señalando que, “en atención al estado actual del proceso de reforma, y a fin de asegurar una implementación ordenada, eficaz y sostenible, resulta oportuno disponer la plena entrada en vigencia”, remarcando la necesidad de adecuar recursos humanos, infraestructura y prácticas procesales antes del cambio de régimen.

El caso Comodoro Py y las implicancias institucionales

Uno de los puntos más sensibles del proceso sigue siendo Comodoro Py, sede de los tribunales federales con competencia en los casos de mayor impacto político e institucional. Allí, el Ejecutivo había dispuesto originalmente la entrada en vigencia total del Código Procesal Penal Federal para el 11 de agosto de 2025, pero esa fecha fue prorrogada en dos oportunidades.

Finalmente, el Gobierno estableció como nuevo plazo definitivo el 20 de abril de 2026, lo que refleja las dificultades operativas y políticas que supone la implementación del sistema acusatorio en el principal fuero federal del país.

En términos prácticos, la expansión del Código Procesal Penal Federal implica una reorganización profunda del funcionamiento judicial, con impacto directo en fiscales, jueces, defensores, fuerzas de seguridad y en la gestión de causas complejas, especialmente aquellas vinculadas a delitos federales, corrupción, narcotráfico y crimen organizado.

Resolución N° 1/2026 Ministerio de Justicia by CristianMilciades

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