SISTEMA PREVISIONAL

Misiones y Nación firman un convenio para avanzar en la regularización de la deuda previsional

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El Ministerio de Capital Humano de la Nación, a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), firmó un convenio con el gobierno de Misiones con el objetivo de avanzar en la regularización de la deuda vinculada al sistema previsional de la provincia. El acuerdo fue rubricado por el gobernador Hugo Passalacqua en un encuentro con la ministra Sandra Pettovello y el director ejecutivo de ANSES, Fernando Bearzi.

El entendimiento busca establecer un mecanismo de trabajo para comenzar a normalizar la situación derivada del déficit de la caja previsional misionera -administrada por el Instituto de Previsión Social (IPS)- que no fue transferida a la órbita nacional durante el proceso de reformas previsionales de la década de 1990.

Como parte del acuerdo, la provincia se compromete a abstenerse de iniciar acciones legales de reclamo mientras se avanza en la revisión técnica de los montos adeudados y en la definición de un esquema de compensación progresiva.

Passalacqua valoró el entendimiento como un paso en la dirección correcta para resolver un conflicto de larga data entre la provincia y la Nación.

“Es para normalizar de a poco la deuda por la caja previsional no transferida a Nación desde los años noventa, que nos deben desde 2018. Buen paso la verdad”, señaló el mandatario en diálogo con Economis.

Una deuda previsional acumulada

Misiones mantiene desde hace años un reclamo ante la ANSES por las transferencias que corresponden al financiamiento de su sistema previsional provincial. La provincia decidió conservar su caja jubilatoria -a diferencia de otras jurisdicciones que la transfirieron al sistema nacional-, lo que habilita la compensación del déficit previsional mediante convenios con el Estado nacional.

De acuerdo con informes oficiales del gobierno misionero, la deuda acumulada por este concepto alcanzaba hacia fines de 2024 los 300.000 millones de pesos, correspondientes principalmente a los déficits registrados entre 2019 y 2024.

La falta de actualización y transferencia de esos fondos impactó en las cuentas públicas provinciales, ya que el financiamiento del sistema previsional debe sostenerse con recursos propios cuando los envíos nacionales se retrasan o no se concretan.

Misiones, bajo la gestión de Passalacqua, viene insistiendo en el cumplimiento de los pactos fiscales firmados entre Nación y las provincias, que establecen mecanismos de compensación para las jurisdicciones que mantuvieron sus sistemas previsionales propios.

En ese marco, el gobierno provincial exige el envío de fondos para el Instituto de Previsión Social, señalando que los retrasos en las transferencias se arrastran desde hace años y continúan incluso bajo la actual administración nacional. Esta situación, advierten desde la provincia, genera presión sobre el financiamiento del sistema de jubilaciones y pensiones provincial.

Frente a este escenario, Misiones intensificó en los últimos meses las gestiones administrativas y la verificación técnica de los datos previsionales para sustentar el reclamo ante la Nación. Incluso, desde el gobierno provincial se llegó a analizar la posibilidad de avanzar con medidas judiciales para exigir el cumplimiento de los compromisos asumidos.

El convenio firmado con la ANSES abre ahora una instancia de revisión técnica de la deuda y establece una mesa de trabajo entre el organismo nacional y el gobierno provincial para auditar los números del sistema previsional y avanzar en un esquema gradual de compensación.

En términos fiscales, la normalización de estas transferencias resulta clave para la provincia, ya que el financiamiento del sistema jubilatorio constituye uno de los compromisos estructurales más relevantes del presupuesto público.

Para Misiones, el acuerdo representa un paso inicial hacia la resolución de un reclamo histórico que afecta de manera directa la sostenibilidad del Instituto de Previsión Social y el equilibrio de las cuentas provinciales.

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Según CEPA los jubilados tuvieron una pérdida del 27,4% en los haberes previsionales

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El cambio en la fórmula de movilidad jubilatoria impulsado por el Gobierno desde diciembre de 2023 provocó una pérdida acumulada del 27,4% en los haberes previsionales, según un estudio privado. El impacto es mayor en quienes cobran la jubilación mínima, debido al congelamiento del bono compensatorio, una de las principales herramientas de refuerzo del ingreso. La modificación fue clave para el superávit fiscal, pero consolidó un deterioro del poder adquisitivo del sistema previsional.

La alteración del esquema se implementó a través del DNU 274/2024, que dejó sin efecto la Ley 27.609 y estableció un mecanismo de actualización exclusivamente atado a la inflación. De acuerdo con un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), esta decisión implicó un quiebre en la dinámica de recuperación de los haberes y consolidó una pérdida real significativa.

El cambio de fórmula y la brecha en los haberes

Según el relevamiento de CEPA, tras los aumentos por inflación aplicados en diciembre, la jubilación mínima sin bono se ubicó en $340.886. Sin embargo, de haberse mantenido vigente la fórmula anterior, el haber mínimo habría alcanzado los $434.279, lo que representa una brecha mensual de $93.393 para los beneficiarios.

El informe sostiene que “la fórmula anterior, en el tiempo, hubiera sido superadora para los haberes jubilatorios, y se la eliminó intencionalmente antes de que se produjeran las mejoras”. En esa línea, remarca que la modificación por decreto se produjo en el “preciso momento en que la fórmula anterior podría haber significado una mejora real en los haberes”.

El esquema derogado combinaba la recaudación de la seguridad social y la variación salarial, dos variables que presentan rezagos respecto de la inflación y que, cuando los precios comienzan a desacelerarse, permiten una recuperación real del ingreso. Con el sistema actual, CEPA advierte que las jubilaciones “no perderán poder adquisitivo, pero tampoco podrán recuperar” lo ya perdido.

El bono congelado y el mayor impacto en la jubilación mínima

La situación es más crítica entre quienes perciben la jubilación mínima, debido al congelamiento del bono compensatorio. Desde marzo de 2024, este refuerzo se mantiene fijo en $70.000, lo que implicó una fuerte licuación de su valor real.

El análisis precisa que “mientras que los haberes se incrementaron entre marzo de 2024 y diciembre de 2025 un 154%, la mínima, con bono incluido, solo aumentó 101%”. Para conservar el poder de compra original frente a la evolución del haber básico, el bono debería haber ascendido en diciembre de 2025 a $177.485.

La diferencia de $107.485 mensuales representa, según el estudio, el recorte efectivo que enfrentan los jubilados de menores ingresos por la falta de actualización del refuerzo. En consecuencia, las jubilaciones con bono se ubican 16,8% por debajo de los niveles registrados en el último trimestre de la gestión anterior.

Efectos fiscales, vetos y fin de la moratoria previsional

El informe vincula directamente el cambio en la movilidad con la estrategia fiscal del Gobierno, al señalar que la nueva fórmula fue una de las herramientas que permitió alcanzar el superávit fiscal. Sin embargo, subraya que el ajuste recayó de manera significativa sobre el sistema previsional.

En términos históricos, el inicio de la actual gestión implicó un retroceso rápido de los haberes: una caída del 26,3% para las jubilaciones sin bono y del 21,3% para aquellas que lo perciben. Estos niveles sitúan el poder de compra actual un 3% por debajo del promedio de la década de 1990.

A este escenario se suman decisiones legislativas y administrativas. El informe recuerda que en agosto de 2025 el Poder Ejecutivo vetó una ley que preveía un aumento excepcional del 7,2% para completar la inflación de enero de 2024 y la actualización del bono a $110.000. De haberse aplicado, la jubilación mínima con bono “hubiera alcanzado en agosto los $446.935, recuperando el poder adquisitivo perdido” tras la asunción del actual gobierno.

Finalmente, la finalización de la moratoria previsional en marzo de 2025 agrava el panorama. Sin esta herramienta, CEPA advierte que “9 de cada 10 mujeres y 8 de cada 10 varones que alcanzan la edad de retiro no pueden jubilarse” por no reunir los 30 años de aportes. En esos casos, solo pueden acceder a la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), equivalente al 80% de una jubilación mínima y con una edad de acceso más elevada para las mujeres.

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El Gobierno oficializó bono extraordinario de $70.000 para jubilados con haberes mínimos

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El Gobierno otorgará un bono extraordinario de $70.000 a jubilados y pensionados en noviembre.

El beneficio alcanzará a titulares de haberes contributivos, no contributivos y PUAM. La medida busca compensar la pérdida de poder adquisitivo acumulada por los sectores de menores ingresos durante la vigencia de la anterior fórmula de movilidad.

Un refuerzo para los haberes más bajos en noviembre

El Poder Ejecutivo Nacional dispuso, a través del Decreto 771/2025, el otorgamiento de un bono extraordinario previsional de hasta $70.000 que será abonado por única vez en el mes de noviembre de 2025. La medida, publicada en el Boletín Oficial, tiene como finalidad compensar el deterioro del poder adquisitivo de los jubilados y pensionados de menores ingresos, afectado por el desfase de la anterior fórmula de movilidad establecida por la Ley N° 27.609.

El decreto —firmado por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Guillermo Francos y la ministra de Capital Humano Sandra Pettovello— abarca a los beneficiarios del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), las pensiones no contributivas, la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y otras prestaciones a cargo de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).

El bono será liquidado por titular y tendrá un carácter no remunerativo, por lo que no estará sujeto a descuentos ni será computable para ningún otro concepto. En el caso de pensiones compartidas, cualquiera sea la cantidad de copartícipes, el beneficio se considerará como un único pago.

Quiénes lo cobrarán y en qué condiciones

De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 2°, 3° y 4° del decreto, el Bono Extraordinario Previsional alcanzará a:

  • Jubilados y pensionados del SIPA y regímenes transferidos a la Nación.
  • Beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (Ley N° 27.260).
  • Titulares de pensiones no contributivas por vejez, invalidez o maternidad de siete hijos o más, y pensiones graciables administradas por ANSES.

El monto total a percibir dependerá del nivel de ingresos del beneficiario:

  • Quienes perciban un haber igual o menor al haber mínimo previsional recibirán el bono completo de $70.000.
  • Aquellos que superen el haber mínimo obtendrán un monto variable, que ajustará su ingreso total hasta el equivalente al haber mínimo más el bono máximo establecido.

En todos los casos, los beneficios deben encontrarse vigentes en el mes de liquidación.

Compensación por los efectos de la fórmula anterior

El decreto fundamenta la medida en la necesidad de reparar los efectos adversos que generó la fórmula de movilidad jubilatoria de la Ley N° 27.609, en vigencia desde marzo de 2021, la cual —según el texto oficial— “no resguardaba el riesgo inflacionario que afectaba los haberes de los adultos mayores”, al no contemplar la variación de los precios y presentar un “gran desfasaje entre la evolución de las variables económicas y su traslado a los haberes”.

En ese contexto, el Gobierno recuerda que desde enero de 2024 se implementaron distintos bonos compensatorios mensuales para mitigar el impacto en los sectores previsionales más vulnerables. La política se complementó con la modificación de la fórmula de movilidad jubilatoria mediante el Decreto N° 274/2024, que dispuso la actualización mensual de los haberes según la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) publicado por el INDEC, a partir de julio de 2024.

Con este nuevo bono, el Ejecutivo busca sostener el poder de compra de jubilaciones y pensiones, manteniendo la pauta de asistencia transitoria a los haberes más bajos mientras se consolida el esquema de movilidad ajustado a la inflación.

Implementación y financiamiento

El decreto faculta a la ANSES a dictar las normas complementarias necesarias para la implementación, liquidación y control del bono, así como para la recuperación de percepciones indebidas.

La Jefatura de Gabinete de Ministros deberá realizar las adecuaciones presupuestarias correspondientes para garantizar el cumplimiento de la medida, cuyo costo fiscal se enmarca dentro de las partidas previsionales vigentes.

El beneficio entrará en vigencia a partir del mismo día de su dictado, es decir, el 27 de octubre de 2025.

Políticas de refuerzo

El Bono Extraordinario Previsional de $70.000 se suma a las políticas de refuerzo que el Gobierno viene aplicando desde 2024 para atenuar los efectos de la inflación en los ingresos de los jubilados y pensionados. En un contexto de alta sensibilidad social y ajuste fiscal, la medida apunta a preservar la capacidad de consumo de un sector que concentra más del 40% de los beneficiarios del sistema previsional nacional.

Si bien el decreto no establece nuevas fórmulas de cálculo, su implementación ratifica la continuidad del esquema de compensaciones directas como herramienta de contención económica, mientras se consolida la actualización automática por inflación dispuesta en 2024.

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El sistema previsional argentino obtiene una calificación “D”, según Mercer-CFA Institute

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El informe Mercer-CFA Institute advierte sobre la falta de sostenibilidad y transparencia del sistema previsional argentino, y plantea reformas estructurales urgentes.

El Índice Global de Pensiones Mercer CFA Institute 2025 volvió a ubicar a la Argentina en una posición crítica dentro del ranking internacional de sostenibilidad previsional. Con un puntaje total de 45,9 puntos y una calificación D, el país ocupa el penúltimo lugar entre 52 sistemas evaluados, solo por encima de India.

Según el informe —presentado el 15 de octubre de 2025 por Mercer y el CFA Institute— el sistema argentino continúa mostrando “desafíos estructurales persistentes”, especialmente en los componentes de sostenibilidad (E) e integridad (D), mientras que en adecuación logró una leve mejora (C+), impulsada por una recuperación marginal del poder adquisitivo tras el repunte económico del primer semestre del año.

“Para avanzar, es esencial implementar reformas que fortalezcan la formalización laboral, protejan el poder adquisitivo de los jubilados y mejoren la transparencia y eficiencia del sistema”, advirtió Dolores Liendo, Wealth Country Business Leader de Mercer Argentina, Uruguay y Paraguay.

El informe advierte que Argentina comparte su calificación con países como Turquía, India y Filipinas, todos con sistemas fragmentados, alta informalidad y baja cobertura previsional.

Reformas regionales y comparación internacional

El ranking —que mide la adecuación, sostenibilidad e integridad de los sistemas jubilatorios— está encabezado por los Países Bajos (85,4), Islandia (84,0), Dinamarca (82,3) e Israel (80,3), todos con calificación A. Este año se incorporó Singapur al grupo de los países con mejor desempeño, convirtiéndose en el primero de Asia en alcanzar esa categoría.

En el otro extremo, Argentina (45,9), India (43,8), Turquía (48,2) y Filipinas (47,1) mantienen los puntajes más bajos del índice, lo que refleja una debilidad estructural común: baja sustentabilidad financiera y falta de confianza pública en la administración de los fondos previsionales.

“En Latinoamérica hay un creciente interés por fortalecer los sistemas de pensiones, evidenciado en las reformas implementadas o en revisión en países como México, Chile, Colombia y Uruguay”, destacó Leonardo Lara, Wealth Líder de Mercer para la región. Según explicó, estos países están aumentando las contribuciones obligatorias y mejorando las estrategias de inversión para “garantizar una jubilación digna y suficiente”.

El informe también subraya que ocho sistemas mejoraron su calificación respecto de 2024 y ninguno la redujo, lo que sugiere que la mayoría de los países está reforzando sus marcos regulatorios y estrategias de sostenibilidad ante el envejecimiento poblacional.

Argentina frente al desafío de la sostenibilidad previsional

El estudio sostiene que la principal debilidad del sistema argentino es la falta de sostenibilidad fiscal y financiera: la proporción entre aportantes activos y beneficiarios continúa cayendo, mientras el gasto previsional representa uno de los componentes más altos del presupuesto nacional.

“Se necesitan reformas estructurales que simplifiquen los regímenes de aportes, amplíen la cobertura a los trabajadores autónomos e informales, y garanticen transparencia en la gestión de los fondos”, señala el informe.

La situación es crítica: Argentina obtiene 31,3 puntos en sostenibilidad, muy por debajo del promedio global de 60, y solo 42,4 puntos en integridad, indicador que evalúa la solidez institucional, la regulación y la confianza pública.

Por contraste, países como Chile (76,6 puntos, calificación B+) y Uruguay (71,1 puntos, calificación B) lograron avances significativos, impulsados por reformas recientes orientadas a fortalecer los fondos individuales y promover la inversión en activos locales de largo plazo.

Implicancias políticas y económicas

El Índice Global de Pensiones Mercer CFA Institute 2025 advierte que el deterioro de los sistemas previsionales puede tener implicancias sociales profundas: “A medida que las personas viven más tiempo y las tasas de natalidad continúan cayendo, la provisión de ingresos adecuados para la jubilación se vuelve una prioridad estratégica”, indica el documento.

En este contexto, los autores recomiendan a los gobiernos equilibrar las necesidades de los jubilados con los intereses nacionales, evitando el uso de los fondos previsionales con fines políticos o de corto plazo. “Los sistemas de pensiones con menos restricciones tienden a tener mejor desempeño. En lugar de imponer mandatos, los gobiernos deben promover la transparencia, la gobernanza sólida y la colaboración con el sector privado”, explicó Tim Jenkins, socio de Mercer y autor principal del informe.

Argentina, señalan los especialistas, enfrenta el reto de reconstruir la confianza pública en su sistema previsional, garantizar reglas estables y generar incentivos que promuevan el ahorro de largo plazo.

PDF Global Pension Index MER GLOBAL by CristianMilciades

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Nuevas reglas para denuncias de aportes impagos: cómo impacta en empleadores y trabajadores

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La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) dispuso cambios en la tramitación de las denuncias “Z”, que habilitan a trabajadores y derechohabientes a denunciar incumplimientos previsionales de sus empleadores. La medida actualiza competencias internas tras la reestructuración de la Dirección General Impositiva y apunta a cerrar grietas frente a maniobras fraudulentas.

La Disposición Conjunta 1/2025, publicada este 19 de agosto en el Boletín Oficial, reordena el procedimiento de las llamadas denuncias “Z”, una figura prevista en el artículo 13 inciso a) punto 3 de la Ley 24.241 (Sistema Integrado Previsional Argentino – SIPA).

Estas denuncias permiten que trabajadores o sus derechohabientes reclamen por incumplimientos de sus empleadores en el ingreso de aportes y contribuciones a la seguridad social. Sin embargo, en los últimos años se detectaron maniobras fraudulentas de personas sin relación laboral que buscaban obtener beneficios previsionales de manera indebida.

La instrucción general vigente (N° 1017/2017) había unificado las pautas operativas, pero la reciente Disposición ARCA 36/2025, que modificó la estructura de la Dirección General Impositiva (DGI) y la Subdirección de Operaciones Impositivas de Grandes Contribuyentes, obligó a redefinir competencias administrativas.

Nuevas facultades para Grandes Contribuyentes

La resolución firmada por Claudio Ernesto Castagnola y Néstor Hernán Perlasco, directores interinos de las áreas de Control y Recaudación de Grandes Contribuyentes, establece un nuevo esquema de actuación:

  • Artículo 1: Se deroga la Disposición DI-2024-23, ya sin vigencia operativa tras la reorganización interna.
  • Artículo 2: El funcionario a cargo de la División Revisión y Recursos de la Dirección de Control de Grandes Contribuyentes actuará como juez administrativo en los casos de denuncias “Z”, dictando resolución de admisión o rechazo.
  • Artículo 3: Los recursos de apelación interpuestos en los términos del artículo 74 del Decreto 1.397/79 contra dichas resoluciones serán resueltos por la Dirección de Control de Grandes Contribuyentes.
  • Artículo 4: La disposición entra en vigencia inmediata desde su suscripción.

En la práctica, esto concentra la resolución de conflictos previsionales en el área de Grandes Contribuyentes, fortaleciendo el control en un segmento clave de la recaudación.

La medida tiene un doble alcance. Por un lado, garantiza la continuidad de la fiscalización previsional en línea con las atribuciones que la Ley 24.241 otorga a la administración tributaria. Por otro, busca cerrar grietas regulatorias frente a fraudes en las denuncias “Z”, que podrían comprometer fondos del SIPA y generar costos fiscales no previstos.

Fuentes del organismo remarcan que la reasignación de facultades responde al principio de eficiencia administrativa: “La reorganización procura unificar procedimientos y fortalecer el control sobre incumplimientos de grandes empleadores, que representan una parte sustancial de los aportes al sistema previsional”, señalaron.

Para los grandes contribuyentes, el cambio implica un mayor nivel de escrutinio y resolución más centralizada, lo que podría derivar en litigios administrativos más ágiles pero también en un endurecimiento de las sanciones.

Señales de endurecimiento fiscal

El rediseño de competencias se enmarca en la política del Gobierno nacional de fortalecer la recaudación previsional y combatir la evasión en un contexto de ajuste fiscal. La decisión de delegar funciones de juez administrativo en la División Revisión y Recursos marca una tendencia hacia procesos internos más expeditivos, con menor dispersión entre áreas.

Hacia adelante, analistas legales anticipan que este modelo podría replicarse en otras áreas sensibles de la seguridad social, ampliando la capacidad de ARCA para perseguir incumplimientos. La medida envía además una señal clara al sector privado: la fiscalización de aportes y contribuciones será uno de los ejes de control tributario en 2025.

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