SISTEMA PREVISIONAL

El Gobierno oficializó bono extraordinario de $70.000 para jubilados con haberes mínimos

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El Gobierno otorgará un bono extraordinario de $70.000 a jubilados y pensionados en noviembre.

El beneficio alcanzará a titulares de haberes contributivos, no contributivos y PUAM. La medida busca compensar la pérdida de poder adquisitivo acumulada por los sectores de menores ingresos durante la vigencia de la anterior fórmula de movilidad.

Un refuerzo para los haberes más bajos en noviembre

El Poder Ejecutivo Nacional dispuso, a través del Decreto 771/2025, el otorgamiento de un bono extraordinario previsional de hasta $70.000 que será abonado por única vez en el mes de noviembre de 2025. La medida, publicada en el Boletín Oficial, tiene como finalidad compensar el deterioro del poder adquisitivo de los jubilados y pensionados de menores ingresos, afectado por el desfase de la anterior fórmula de movilidad establecida por la Ley N° 27.609.

El decreto —firmado por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Guillermo Francos y la ministra de Capital Humano Sandra Pettovello— abarca a los beneficiarios del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), las pensiones no contributivas, la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y otras prestaciones a cargo de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).

El bono será liquidado por titular y tendrá un carácter no remunerativo, por lo que no estará sujeto a descuentos ni será computable para ningún otro concepto. En el caso de pensiones compartidas, cualquiera sea la cantidad de copartícipes, el beneficio se considerará como un único pago.

Quiénes lo cobrarán y en qué condiciones

De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 2°, 3° y 4° del decreto, el Bono Extraordinario Previsional alcanzará a:

  • Jubilados y pensionados del SIPA y regímenes transferidos a la Nación.
  • Beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (Ley N° 27.260).
  • Titulares de pensiones no contributivas por vejez, invalidez o maternidad de siete hijos o más, y pensiones graciables administradas por ANSES.

El monto total a percibir dependerá del nivel de ingresos del beneficiario:

  • Quienes perciban un haber igual o menor al haber mínimo previsional recibirán el bono completo de $70.000.
  • Aquellos que superen el haber mínimo obtendrán un monto variable, que ajustará su ingreso total hasta el equivalente al haber mínimo más el bono máximo establecido.

En todos los casos, los beneficios deben encontrarse vigentes en el mes de liquidación.

Compensación por los efectos de la fórmula anterior

El decreto fundamenta la medida en la necesidad de reparar los efectos adversos que generó la fórmula de movilidad jubilatoria de la Ley N° 27.609, en vigencia desde marzo de 2021, la cual —según el texto oficial— “no resguardaba el riesgo inflacionario que afectaba los haberes de los adultos mayores”, al no contemplar la variación de los precios y presentar un “gran desfasaje entre la evolución de las variables económicas y su traslado a los haberes”.

En ese contexto, el Gobierno recuerda que desde enero de 2024 se implementaron distintos bonos compensatorios mensuales para mitigar el impacto en los sectores previsionales más vulnerables. La política se complementó con la modificación de la fórmula de movilidad jubilatoria mediante el Decreto N° 274/2024, que dispuso la actualización mensual de los haberes según la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) publicado por el INDEC, a partir de julio de 2024.

Con este nuevo bono, el Ejecutivo busca sostener el poder de compra de jubilaciones y pensiones, manteniendo la pauta de asistencia transitoria a los haberes más bajos mientras se consolida el esquema de movilidad ajustado a la inflación.

Implementación y financiamiento

El decreto faculta a la ANSES a dictar las normas complementarias necesarias para la implementación, liquidación y control del bono, así como para la recuperación de percepciones indebidas.

La Jefatura de Gabinete de Ministros deberá realizar las adecuaciones presupuestarias correspondientes para garantizar el cumplimiento de la medida, cuyo costo fiscal se enmarca dentro de las partidas previsionales vigentes.

El beneficio entrará en vigencia a partir del mismo día de su dictado, es decir, el 27 de octubre de 2025.

Políticas de refuerzo

El Bono Extraordinario Previsional de $70.000 se suma a las políticas de refuerzo que el Gobierno viene aplicando desde 2024 para atenuar los efectos de la inflación en los ingresos de los jubilados y pensionados. En un contexto de alta sensibilidad social y ajuste fiscal, la medida apunta a preservar la capacidad de consumo de un sector que concentra más del 40% de los beneficiarios del sistema previsional nacional.

Si bien el decreto no establece nuevas fórmulas de cálculo, su implementación ratifica la continuidad del esquema de compensaciones directas como herramienta de contención económica, mientras se consolida la actualización automática por inflación dispuesta en 2024.

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El sistema previsional argentino obtiene una calificación “D”, según Mercer-CFA Institute

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El informe Mercer-CFA Institute advierte sobre la falta de sostenibilidad y transparencia del sistema previsional argentino, y plantea reformas estructurales urgentes.

El Índice Global de Pensiones Mercer CFA Institute 2025 volvió a ubicar a la Argentina en una posición crítica dentro del ranking internacional de sostenibilidad previsional. Con un puntaje total de 45,9 puntos y una calificación D, el país ocupa el penúltimo lugar entre 52 sistemas evaluados, solo por encima de India.

Según el informe —presentado el 15 de octubre de 2025 por Mercer y el CFA Institute— el sistema argentino continúa mostrando “desafíos estructurales persistentes”, especialmente en los componentes de sostenibilidad (E) e integridad (D), mientras que en adecuación logró una leve mejora (C+), impulsada por una recuperación marginal del poder adquisitivo tras el repunte económico del primer semestre del año.

“Para avanzar, es esencial implementar reformas que fortalezcan la formalización laboral, protejan el poder adquisitivo de los jubilados y mejoren la transparencia y eficiencia del sistema”, advirtió Dolores Liendo, Wealth Country Business Leader de Mercer Argentina, Uruguay y Paraguay.

El informe advierte que Argentina comparte su calificación con países como Turquía, India y Filipinas, todos con sistemas fragmentados, alta informalidad y baja cobertura previsional.

Reformas regionales y comparación internacional

El ranking —que mide la adecuación, sostenibilidad e integridad de los sistemas jubilatorios— está encabezado por los Países Bajos (85,4), Islandia (84,0), Dinamarca (82,3) e Israel (80,3), todos con calificación A. Este año se incorporó Singapur al grupo de los países con mejor desempeño, convirtiéndose en el primero de Asia en alcanzar esa categoría.

En el otro extremo, Argentina (45,9), India (43,8), Turquía (48,2) y Filipinas (47,1) mantienen los puntajes más bajos del índice, lo que refleja una debilidad estructural común: baja sustentabilidad financiera y falta de confianza pública en la administración de los fondos previsionales.

“En Latinoamérica hay un creciente interés por fortalecer los sistemas de pensiones, evidenciado en las reformas implementadas o en revisión en países como México, Chile, Colombia y Uruguay”, destacó Leonardo Lara, Wealth Líder de Mercer para la región. Según explicó, estos países están aumentando las contribuciones obligatorias y mejorando las estrategias de inversión para “garantizar una jubilación digna y suficiente”.

El informe también subraya que ocho sistemas mejoraron su calificación respecto de 2024 y ninguno la redujo, lo que sugiere que la mayoría de los países está reforzando sus marcos regulatorios y estrategias de sostenibilidad ante el envejecimiento poblacional.

Argentina frente al desafío de la sostenibilidad previsional

El estudio sostiene que la principal debilidad del sistema argentino es la falta de sostenibilidad fiscal y financiera: la proporción entre aportantes activos y beneficiarios continúa cayendo, mientras el gasto previsional representa uno de los componentes más altos del presupuesto nacional.

“Se necesitan reformas estructurales que simplifiquen los regímenes de aportes, amplíen la cobertura a los trabajadores autónomos e informales, y garanticen transparencia en la gestión de los fondos”, señala el informe.

La situación es crítica: Argentina obtiene 31,3 puntos en sostenibilidad, muy por debajo del promedio global de 60, y solo 42,4 puntos en integridad, indicador que evalúa la solidez institucional, la regulación y la confianza pública.

Por contraste, países como Chile (76,6 puntos, calificación B+) y Uruguay (71,1 puntos, calificación B) lograron avances significativos, impulsados por reformas recientes orientadas a fortalecer los fondos individuales y promover la inversión en activos locales de largo plazo.

Implicancias políticas y económicas

El Índice Global de Pensiones Mercer CFA Institute 2025 advierte que el deterioro de los sistemas previsionales puede tener implicancias sociales profundas: “A medida que las personas viven más tiempo y las tasas de natalidad continúan cayendo, la provisión de ingresos adecuados para la jubilación se vuelve una prioridad estratégica”, indica el documento.

En este contexto, los autores recomiendan a los gobiernos equilibrar las necesidades de los jubilados con los intereses nacionales, evitando el uso de los fondos previsionales con fines políticos o de corto plazo. “Los sistemas de pensiones con menos restricciones tienden a tener mejor desempeño. En lugar de imponer mandatos, los gobiernos deben promover la transparencia, la gobernanza sólida y la colaboración con el sector privado”, explicó Tim Jenkins, socio de Mercer y autor principal del informe.

Argentina, señalan los especialistas, enfrenta el reto de reconstruir la confianza pública en su sistema previsional, garantizar reglas estables y generar incentivos que promuevan el ahorro de largo plazo.

PDF Global Pension Index MER GLOBAL by CristianMilciades

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Nuevas reglas para denuncias de aportes impagos: cómo impacta en empleadores y trabajadores

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La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) dispuso cambios en la tramitación de las denuncias “Z”, que habilitan a trabajadores y derechohabientes a denunciar incumplimientos previsionales de sus empleadores. La medida actualiza competencias internas tras la reestructuración de la Dirección General Impositiva y apunta a cerrar grietas frente a maniobras fraudulentas.

La Disposición Conjunta 1/2025, publicada este 19 de agosto en el Boletín Oficial, reordena el procedimiento de las llamadas denuncias “Z”, una figura prevista en el artículo 13 inciso a) punto 3 de la Ley 24.241 (Sistema Integrado Previsional Argentino – SIPA).

Estas denuncias permiten que trabajadores o sus derechohabientes reclamen por incumplimientos de sus empleadores en el ingreso de aportes y contribuciones a la seguridad social. Sin embargo, en los últimos años se detectaron maniobras fraudulentas de personas sin relación laboral que buscaban obtener beneficios previsionales de manera indebida.

La instrucción general vigente (N° 1017/2017) había unificado las pautas operativas, pero la reciente Disposición ARCA 36/2025, que modificó la estructura de la Dirección General Impositiva (DGI) y la Subdirección de Operaciones Impositivas de Grandes Contribuyentes, obligó a redefinir competencias administrativas.

Nuevas facultades para Grandes Contribuyentes

La resolución firmada por Claudio Ernesto Castagnola y Néstor Hernán Perlasco, directores interinos de las áreas de Control y Recaudación de Grandes Contribuyentes, establece un nuevo esquema de actuación:

  • Artículo 1: Se deroga la Disposición DI-2024-23, ya sin vigencia operativa tras la reorganización interna.
  • Artículo 2: El funcionario a cargo de la División Revisión y Recursos de la Dirección de Control de Grandes Contribuyentes actuará como juez administrativo en los casos de denuncias “Z”, dictando resolución de admisión o rechazo.
  • Artículo 3: Los recursos de apelación interpuestos en los términos del artículo 74 del Decreto 1.397/79 contra dichas resoluciones serán resueltos por la Dirección de Control de Grandes Contribuyentes.
  • Artículo 4: La disposición entra en vigencia inmediata desde su suscripción.

En la práctica, esto concentra la resolución de conflictos previsionales en el área de Grandes Contribuyentes, fortaleciendo el control en un segmento clave de la recaudación.

La medida tiene un doble alcance. Por un lado, garantiza la continuidad de la fiscalización previsional en línea con las atribuciones que la Ley 24.241 otorga a la administración tributaria. Por otro, busca cerrar grietas regulatorias frente a fraudes en las denuncias “Z”, que podrían comprometer fondos del SIPA y generar costos fiscales no previstos.

Fuentes del organismo remarcan que la reasignación de facultades responde al principio de eficiencia administrativa: “La reorganización procura unificar procedimientos y fortalecer el control sobre incumplimientos de grandes empleadores, que representan una parte sustancial de los aportes al sistema previsional”, señalaron.

Para los grandes contribuyentes, el cambio implica un mayor nivel de escrutinio y resolución más centralizada, lo que podría derivar en litigios administrativos más ágiles pero también en un endurecimiento de las sanciones.

Señales de endurecimiento fiscal

El rediseño de competencias se enmarca en la política del Gobierno nacional de fortalecer la recaudación previsional y combatir la evasión en un contexto de ajuste fiscal. La decisión de delegar funciones de juez administrativo en la División Revisión y Recursos marca una tendencia hacia procesos internos más expeditivos, con menor dispersión entre áreas.

Hacia adelante, analistas legales anticipan que este modelo podría replicarse en otras áreas sensibles de la seguridad social, ampliando la capacidad de ARCA para perseguir incumplimientos. La medida envía además una señal clara al sector privado: la fiscalización de aportes y contribuciones será uno de los ejes de control tributario en 2025.

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¿Cuánto debería ahorrar para su jubilación?

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Por David Amaglobeli, Era Dabla-Norris y Vitor Gaspar – La cantidad de dinero que necesita ahorrar para su jubilación depende del sistema de pensiones de su país. Nuestros nuevos estudios se centran en la interacción entre el ahorro y los sistemas de pensiones en un mundo en proceso de envejecimiento. Utilizamos datos de 80 países para evaluar el ahorro público (gobierno) y privado de los países en los próximos 30 años, teniendo en cuenta el envejecimiento de la población y el diseño de los sistemas de pensiones.
Observamos que las tendencias del ahorro privado impulsan el desarrollo del ahorro nacional. Suponiendo que no habrá cambios en las políticas, el envejecimiento de la población aumentará el gasto público en pensiones en algo más de 2 puntos porcentuales del PIB para 2050. Sin embargo, la respuesta del ahorro privado de los hogares difiere notablemente entre los distintos países, y el sistema de pensiones es un factor importante que determina cuánto ahorran los hogares. Las autoridades económicas deben comprender qué factores impulsan estas variaciones de las tasas de ahorro, ya que el ahorro constituye un mecanismo de seguro contra las desaceleraciones y, al financiar la inversión, estimula el crecimiento económico a largo plazo.
Ahorrar: Los mayores porque saben, los jóvenes porque pueden
Ya sea usted un milenial al comienzo de su carrera, una persona de 40 años que enseña o trabaja en una cadena de montaje de automóviles, o un trabajador por cuenta propia, en algún momento de su vida se va a jubilar.
Es posible que tenga una buena pensión pública esperándole cuando se jubile; o que la pensión pública donde viva sea escasa. Su pensión puede estar determinada sobre la base de sus salarios pasados o puede consistir en una cuenta especial de ahorro para pensiones, como una pensión 401 (K) en Estados Unidos. Cuando planifique su jubilación también considerará sus otros ahorros en cuentas bancarias y, posiblemente, su cartera de inversión.
En general, el comportamiento en materia de ahorro varía a lo largo de la vida: los jóvenes toman préstamos, las personas en edad de trabajar ahorran y las personas de mayor edad gastan sus ahorros después de la jubilación. Las sociedades en proceso de envejecimiento tienen un mayor número de personas ancianas y es probable que registren tasas de ahorro agregado más bajas. Al mismo tiempo, cuando la esperanza de vida es más larga, las personas tienen que ahorrar más para la jubilación a lo largo de su vida laboral.

Su comportamiento en materia de ahorro es importante
Nuestros estudios muestran cómo la evolución del ahorro privado fomenta cambios en el ahorro nacional. En los países de mercados emergentes y en desarrollo de bajo ingreso en su conjunto, las poblaciones relativamente jóvenes impulsan un aumento del ahorro privado. En cambio, prevemos que las tasas de ahorro privado en las economías avanzadas en proceso de envejecimiento se contraigan marcadamente. Nuestro estudio también confirma que el gasto público en pensiones aumentará en los países de mercados emergentes y de bajo ingreso, donde los gobiernos todavía no han reformado las prestaciones jubilatorias.

Estos agregados ocultan diferencias sustanciales entre los países, derivadas de los diversos diseños de los sistemas de pensiones. Las características más importantes son la generosidad de una pensión pública y la presencia o ausencia de cuentas especiales de ahorro para pensiones.
Siempre que las demás condiciones no varíen, las pensiones públicas generosas reducen tanto el ahorro público —a través de un aumento del gasto en pensiones— como el ahorro privado, al reducir el incentivo a ahorrar, ya que los jubilados necesitan depender menos de sus propios ahorros. En cambio, las pensiones públicas bajas pueden incrementar el ahorro privado al inducir a las personas a ahorrar más para su jubilación principalmente autofinanciada.
Por ejemplo, Rusia y Australia son países en proceso de envejecimiento que ofrecen cuentas especiales de ahorro para pensiones. Sin embargo, las pensiones en Australia son menos generosas en relación con el ingreso nacional. En consecuencia, se proyecta que el ahorro en Australia aumente mucho más rápidamente que en Rusia.
Facilitar el ahorro para la jubilación a través de cuentas especiales de ahorro para pensiones, como las cuentas individuales de jubilación (IRA, por sus siglas en inglés) en Estados Unidos, ayuda a aumentar el ahorro privado. En los países que ofrecen estas cuentas, se proyecta un aumento del ahorro privado, a diferencia de los países que no las tienen.
¿Qué pueden hacer las autoridades económicas?
En los países con pensiones públicas generosas, limitar la jubilación anticipada o ajustar el tamaño de las prestaciones jubilatorias contribuiría a abordar los déficits de financiamiento (futuros).
En las economías avanzadas, estas reformas han contribuido a que las pensiones sean menos generosas. Para mantener su nivel de vida en el momento de la jubilación, los trabajadores actuales tendrán que trabajar más tiempo y ahorrar más.
Nuestras simulaciones indican dos cosas que permitirían que los trabajadores se jubilaran con un nivel de vida similar al de hoy. Primera, un aumento gradual de la edad de jubilación del promedio actual de 63 años a 68 años para 2050, momento en el cual también se proyecta que la esperanza de vida habrá aumentado en unos 3 años. Segunda, ahorrar un 6% adicional de los ingresos todos los años.
Los gobiernos pueden ayudar a sus ciudadanos estimulando el desarrollo de instrumentos del sector financiero a fin de fomentar el ahorro voluntario y adoptar políticas que alienten a las personas a prolongar su vida productiva. En los países de mercados emergentes y de bajo ingreso, también podrían fomentar más el trabajo en el sector formal.
No obstante, en algunos países, como China y Corea, los niveles de ahorro privado ya son muy altos, mientras que los sistemas de pensiones y de seguridad social son relativamente débiles. Las autoridades económicas de estos países deberían considerar la posibilidad de aumentar la generosidad del sistema de pensiones. Esto disminuiría la necesidad de ahorro precautorio de los hogares, reduciendo al mismo tiempo la desigualdad y la pobreza en la vejez.
Estas políticas, adoptadas en conjunto, pueden reducir las disminuciones proyectadas del ahorro nacional y, al mismo tiempo, mejorar la sostenibilidad de los sistemas de pensiones y garantizar que las personas tengan niveles de vida dignos en el momento de su jubilación.

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