Starlink, ARSAT, Marandú y la conectividad rural: el caso Misiones sobre cuánto cuesta llevar Internet a una escuela
La decisión del Gobierno nacional de avanzar con Starlink para conectar 6.000 establecimientos educativos rurales abrió una discusión que, presentada únicamente en dólares, parece sencilla: ¿por qué pagar alrededor de 160 dólares mensuales por una conexión si la empresa estatal ARSAT puede ofrecer un servicio por 60 o 70?
La diferencia es suficientemente grande como para encender las alarmas. A simple vista, Starlink costaría entre 2,3 y 2,7 veces más. Y el interrogante se vuelve todavía más relevante porque, después del período inicial contemplado por el programa, el sostenimiento de las conexiones terminará recayendo sobre provincias y municipios.
Pero la experiencia acumulada por Misiones con conectividad satelital obliga a incorporar otra pregunta antes de cerrar la ecuación: ¿se están comparando servicios equivalentes?
Francisco Arizaga, analista universitario en Sistemas de Información, consultor tecnológico independiente y conocedor de la infraestructura digital desarrollada en Misiones, a través de Marandú, sostiene que no. Su planteo no pasa por negar el valor estratégico de ARSAT ni por minimizar la discusión sobre la forma en que Nación estructuró el acuerdo con la compañía de Elon Musk. Al contrario: considera indispensables la transparencia, la competencia y la preservación de las capacidades tecnológicas argentinas.
El punto es otro. Para determinar cuánto cuesta realmente conectar una escuela no alcanza con comparar dos facturas mensuales. Hay que comparar qué recibe esa escuela por ese dinero, cuánto cuesta instalar el servicio, qué infraestructura adicional necesita, cuánto cuesta mantenerla y durante cuánto tiempo permanece efectivamente conectada.
Ahí comienza una discusión mucho más interesante que Starlink versus ARSAT.
El programa nacional prevé incorporar 6.000 kits de conectividad satelital de Starlink. La compañía aportaría equipos, accesorios, logística y los primeros 24 meses de servicio prioritario, mientras que el Fondo del Servicio Universal financiaría instalación, soporte, monitoreo y el tercer año.
La inversión conjunta rondaría los 22 millones de dólares: unos US$10 millones correspondientes al aporte de Starlink y aproximadamente US$12 millones provenientes del Fondo del Servicio Universal.
El interrogante aparece después.
Una vez terminado ese período, provincias y municipios adheridos deberían hacerse cargo de un servicio cuyo valor fue estimado en alrededor de US$160 mensuales por establecimiento.
ARSAT, en cambio, presta actualmente conexiones satelitales a escuelas rurales por aproximadamente US$60 a US$70 mensuales.
Tomando solamente esos números, la conclusión parece contundente.
A US$160 mensuales, sostener las 6.000 conexiones demandaría unos US$960.000 por mes y US$11,52 millones por año.
A US$60, la misma cantidad de conexiones representaría US$360.000 mensuales y US$4,32 millones anuales. Incluso tomando US$70, serían US$5,04 millones por año.
La brecha potencial, por lo tanto, oscila entre US$6,48 millones y US$7,2 millones anuales. Es mucho dinero.
Pero todavía no alcanza para determinar cuál sistema resulta económicamente más conveniente.
El dato que cambia la comparación: qué conexión recibe la escuela
El propio debate nacional introduce una diferencia tecnológica central. Las conexiones que actualmente presta ARSAT en algunos establecimientos rurales operan, según lo consignado en el artículo que disparó la discusión, con velocidades de entre 3 y 5 Mbps.
Arizaga plantea que una conexión satelital LEO (Low Earth Orbit u órbita terrestre baja) puede ofrecer prestaciones muy superiores, particularmente en velocidad y latencia. Y eso modifica radicalmente qué puede hacerse con la conexión.
No es una discusión menor.
Una conexión de pocos megabits puede resolver correo electrónico, mensajería, trámites administrativos y navegación relativamente básica. Pero una escuela conectada hoy necesita potencialmente videoconferencias, plataformas educativas, contenidos audiovisuales, almacenamiento en la nube, sistemas administrativos, aplicaciones interactivas y, cada vez más, herramientas vinculadas con inteligencia artificial.
La velocidad es solamente una variable. La otra es la latencia.
Los ARSAT-1 y ARSAT-2 son satélites geoestacionarios. Orbitan aproximadamente a 36.000 kilómetros sobre la Tierra. Starlink funciona mediante una constelación de satélites de órbita baja -LEO-, mucho más cercanos a la superficie terrestre.
Esa diferencia física reduce considerablemente el tiempo que tarda la información en viajar entre usuario, satélite y red terrestre.
Por eso Arizaga advierte que comparar ambos servicios exclusivamente por precio mensual equivale a comparar dos productos sin mirar sus prestaciones.
Para hacer una evaluación económica rigurosa habría que poner sobre la mesa velocidad efectiva, latencia, volumen de datos disponible, disponibilidad, instalación, mantenimiento, reparaciones, tiempos de reposición y monitoreo.
En telecomunicaciones, como en cualquier infraestructura, precio y costo no necesariamente son lo mismo.
Misiones ya hizo parte de ese experimento
Es precisamente ahí donde la discusión nacional encuentra en Misiones un caso particularmente interesante.
La provincia comenzó a incorporar Starlink después del desembarco oficial del servicio en Argentina en 2024 para resolver un problema muy concreto: establecimientos rurales y puntos remotos a los que llevar infraestructura terrestre podía resultar costoso, lento o directamente inviable en el corto plazo.
La ventaja inicial fue el tiempo.
Una terminal puede ponerse operativa rápidamente siempre que tenga alimentación eléctrica, una instalación adecuada y una visión suficientemente despejada del cielo. Eso reduce considerablemente la obra necesaria para conectar un punto aislado.Y el tiempo también tiene precio.
Si una escuela puede conectarse ahora mediante una terminal satelital o debe esperar meses -o años- hasta que una red terrestre llegue al lugar, la comparación económica debería incorporar el costo de esa espera.
Ese concepto es especialmente relevante para Misiones.
La dispersión de la población rural, la geografía, la vegetación, las distancias y el costo de extender infraestructura hacen que el último tramo de conectividad sea muchas veces el más caro.
La fibra óptica de Marandú continúa siendo la infraestructura deseable cuando existe escala y condiciones para desplegarla. Pero extender kilómetros de red exclusivamente para alcanzar un establecimiento aislado puede alterar completamente la ecuación económica.
Ahí el satélite deja de competir necesariamente contra la fibra. Puede transformarse en el puente hasta que la fibra llegue.
El costo invisible: mantener conectado lo que ya se conectó
Arizaga introduce otra variable que suele desaparecer de las comparaciones: el mantenimiento.
Instalar infraestructura es solamente el comienzo. Las soluciones satelitales geoestacionarias requieren una orientación precisa y una infraestructura correctamente mantenida. En un ambiente como el misionero, tormentas, humedad, vegetación, descargas eléctricas y condiciones climáticas intensas elevan las exigencias operativas.
Las terminales LEO tampoco son invulnerables. Necesitan protección eléctrica, cableado adecuado, soporte, espacio libre de obstáculos y una instalación profesional.
Pero su simplicidad operativa puede disminuir la necesidad de intervenciones técnicas.
Y mandar un técnico a una escuela situada a decenas de kilómetros de un centro urbano cuesta dinero.
Combustible, vehículo, horas de trabajo, equipamiento y tiempo fuera de servicio forman parte del costo real de una conexión, aunque ninguno aparezca en la factura mensual del proveedor.
La experiencia misionera aporta incluso un dato práctico.
Arizaga recuerda que, durante el despliegue provincial, de Marandú dos terminales sufrieron inconvenientes: una asociada a un evento atmosférico y otra a un problema eléctrico durante la instalación. Según relata, Starlink reemplazó los equipos sin costo al tratarse de un proyecto educativo.
No significa que esa política comercial vaya a mantenerse indefinidamente. Pero sirve para mostrar por qué la comparación económica necesita contemplar también garantías, reposiciones y soporte.
¿Cuánto costaría sostener 6.000 escuelas conectadas?
Proyección del gasto acumulado si los abonos se mantuvieran constantes en US$160, US$70 y US$60 mensuales por establecimiento.
| Abono por escuela | 1 año | 3 años | 5 años | 10 años |
|---|---|---|---|---|
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US$160/mes
Valor atribuido a Starlink
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US$11,52 M | US$34,56 M | US$57,60 M | US$115,20 M |
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US$70/mes
Banda superior del valor atribuido a ARSAT
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US$5,04 M | US$15,12 M | US$25,20 M | US$50,40 M |
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US$60/mes
Banda inferior del valor atribuido a ARSAT
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US$4,32 M | US$12,96 M | US$21,60 M | US$43,20 M |
Nota metodológica: cálculo teórico de Economis sobre 6.000 establecimientos y abonos mensuales constantes. No contempla inflación, variaciones futuras de tarifas, instalación, equipamiento, mantenimiento, reparaciones ni diferencias de velocidad, latencia, capacidad o calidad del servicio. Por lo tanto, compara gasto en abonos y no costo total de propiedad (TCO).
Misiones encontró además otra forma de comprar conectividad
Hay otra diferencia importante entre la discusión nacional y la experiencia provincial.
Según explica Arizaga, Misiones avanzó este año en un convenio con Telespazio, proveedor internacional de servicios vinculados con Starlink, para mejorar las condiciones económicas de la conectividad utilizada por el sistema educativo.
Una de las particularidades es que las terminales no necesariamente deben adquirirse como un activo definitivo: pueden entregarse bajo un esquema de comodato.
Eso modifica nuevamente la ecuación.
Comprar un equipo implica inversión inicial, amortización, reposición y riesgo de obsolescencia. Un esquema de servicio o comodato puede trasladar parte de esos riesgos al proveedor.
Por eso la comparación nacional debería incorporar no solamente el precio del abono, sino también quién es propietario del equipamiento, quién paga cuando se rompe y quién absorbe su obsolescencia tecnológica.
Arizaga encuentra, sin embargo, una debilidad importante en el diseño nacional.
No cuestiona que Nación aproveche 6.000 terminales para conectar escuelas. Cuestiona que las provincias no tengan un papel central en la definición de dónde deben instalarse.
Ese detalle puede determinar buena parte de la eficiencia económica del programa.
Misiones ya desplegó soluciones propias en establecimientos rurales. Si Nación utiliza exclusivamente su mapa histórico de escuelas sin conectividad o con viejas instalaciones de ARSAT, existe el riesgo de enviar equipamiento a lugares donde la provincia ya solucionó el problema. El resultado sería una duplicación de infraestructura.
“Lo que tenés que reclamar a Nación es que te incluyan en la decisión de dónde instalarla”, sintetiza Arizaga.
Para Misiones, recibir terminales del programa nacional permitiría además liberar recursos provinciales: si Nación conecta una escuela que actualmente paga la Provincia, esa conectividad puede trasladarse hacia otro establecimiento todavía sin servicio.
Es una lógica de reasignación de recursos que podría multiplicar el efecto de las mismas inversiones.
Una antena, tres servicios
La experiencia misionera introduce incluso una lógica territorial diferente.
En algunos lugares, explica Arizaga, la conectividad fue pensada alrededor de un núcleo.
Ese núcleo podía ser una escuela, un centro de salud o una dependencia policial. Desde allí podía analizarse cómo extender o compartir infraestructura hacia otros servicios públicos cercanos, evitando la irracionalidad de colocar tres soluciones independientes a pocos metros unas de otras.
La unidad económica deja de ser “una antena por escuela”. Pasa a ser un punto de conectividad por comunidad.
En territorios rurales dispersos, esa lógica puede mejorar sustancialmente el retorno social de cada dólar invertido.
Una conexión deja de financiar solamente educación y puede transformarse en infraestructura para educación, salud, seguridad y administración pública.
Ese es probablemente uno de los aprendizajes más relevantes que Misiones podría aportar al diseño nacional.
ARSAT: el precio de la soberanía y el costo de no invertir
Nada de esto elimina la discusión sobre ARSAT. Argentina construyó durante décadas capacidades satelitales propias. ARSAT-1, lanzado en 2014, y ARSAT-2, en 2015, representan infraestructura, posiciones orbitales, ingeniería, conocimiento y autonomía tecnológica.
Para Arizaga, preservar esa capacidad es estratégico. Pero existe un problema temporal.
La próxima generación, representada por el proyecto ARSAT-SG1, debería ampliar sustancialmente la capacidad mediante un satélite geoestacionario de alto rendimiento en banda Ka. Sin embargo, los plazos mencionados por Arizaga ubican su lanzamiento hacia fines de 2028 y el inicio de servicios comerciales durante 2029.
Y ahí aparece el dilema de política pública.
¿Debe una escuela sin Internet esperar a que Argentina tenga disponible su próxima generación satelital?
Para Arizaga, la respuesta es no.
El desarrollo soberano puede continuar mientras se utilizan soluciones disponibles para resolver necesidades inmediatas. Eso tampoco convierte al modelo de Starlink en inocuo.
Existe un riesgo estratégico evidente cuando una infraestructura pública esencial depende de una compañía privada extranjera.
Arizaga utiliza el caso de Ucrania para ilustrar hasta dónde puede llegar esa dependencia: una red técnicamente extraordinaria sigue siendo una infraestructura administrada por un tercero que conserva capacidad sobre su funcionamiento.
Para una escuela rural argentina la situación es incomparable con un conflicto militar, pero el principio tecnológico permanece. Quien controla la infraestructura posee poder.
Por eso el debate sobre soberanía no desaparece con las constelaciones LEO. Se vuelve más complejo.
El desafío es evitar que resolver rápidamente una brecha de conectividad genere una nueva dependencia estructural.
Y allí aparece uno de los puntos débiles del programa nacional: qué ocurrirá después de los primeros tres años y bajo qué condiciones económicas podrán continuar las escuelas conectadas.
Si toda la infraestructura queda atada a un único proveedor, la capacidad negociadora del Estado puede disminuir justamente cuando termina el período promocional.
Ni Starlink ni ARSAT: competencia
La alternativa que plantea Arizaga es mucho más ambiciosa que elegir una empresa. Propone que Argentina piense una política nacional de conectividad rural basada en distintas tecnologías y distintos proveedores.
Starlink hoy. Amazon Leo a medida que despliegue su constelación. Qianfan/SpaceSail desde China. ARSAT donde resulte competitivo. Fibra óptica siempre que económicamente tenga sentido. Radioenlaces y redes móviles donde sean la solución más eficiente.
El principio económico sería sencillo: el Estado define el servicio que necesita y los proveedores compiten por ofrecerlo.
No se licita una tecnología, sino un resultado. Velocidad mínima, latencia máxima, disponibilidad, volumen de datos, tiempos de reparación, costo total, soporte y condiciones de salida.
Eso permitiría evitar dos extremos: sostener una tecnología solamente porque es nacional aunque exista una alternativa considerablemente más eficiente, o entregar toda la infraestructura pública a una multinacional simplemente porque hoy posee la tecnología más avanzada.
Satélite ahora, fibra después
La propuesta tiene una segunda pata todavía más interesante para Misiones.
Arizaga imagina las constelaciones LEO como una solución de última milla inmediata, no necesariamente permanente.
Nación podría garantizar conectividad satelital a los lugares que hoy están fuera de las redes terrestres. Las provincias, mientras tanto, continuarían expandiendo fibra óptica y otras infraestructuras.
Cuando la fibra llega a una comunidad, la terminal satelital se retira. Y se traslada al siguiente punto desconectado. De esa manera, el satélite no reemplaza la construcción de infraestructura. La acelera.
