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Crisis del transporte público: empresarios alertan por posible colapso del sistema

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El transporte público en Argentina atraviesa uno de sus momentos más críticos. La combinación de atrasos en subsidios, aumento de costos y falta de previsibilidad financiera pone en jaque la continuidad del servicio y abre interrogantes sobre el corto plazo.

En una entrevista radial, el empresario del sector y referente de la Federación Argentina de Transportadores de Automotor de Pasajeros, Guillermo Leumann, advirtió que el problema no es aislado ni exclusivo de Misiones, sino que se replica en gran parte del interior del país. Según explicó, existen demoras en las compensaciones que la Nación debe transferir por atributos sociales del sistema SUBE, correspondientes a los meses de enero y febrero de 2026.

En el caso de Misiones, donde el sistema SUBE nacional no está plenamente implementado, la problemática se agrava por la falta de actualización de subsidios provinciales y municipales. “Los números municipales son irrisorios, simbólicos, no alcanzan ni para cubrir costos mínimos del sistema”, señaló Leumann, al detallar que las empresas reciben apenas entre 2 y 2,5 millones de pesos mensuales, una cifra que no cubre ni el recambio de neumáticos.

El escenario se vuelve aún más complejo al considerar el incremento del combustible, las nuevas paritarias del sector y la expansión de gratuidades sin compensación adecuada. “Cada vez hay más beneficios, pero nadie los paga. El servicio se presta igual y alguien tiene que cubrir esos costos”, advirtió el empresario.

A pesar de que el boleto en Posadas ronda los 1.300 pesos y se ubica entre los más bajos del país, Leumann remarcó que el problema no es tarifario, sino estructural: la falta de financiamiento del sistema. Comparó la situación con otras ciudades del NEA, como Corrientes y Resistencia, donde el transporte ya muestra signos de colapso, con servicios reducidos y empresas en crisis.

El corto plazo aparece como el principal foco de incertidumbre. “No sabemos qué va a pasar en los próximos días, ni siquiera si podremos afrontar los salarios”, alertó, dejando en evidencia la fragilidad del sistema.

A este cuadro se suma el crecimiento del transporte informal, impulsado por la crisis económica. La proliferación de motos y autos particulares que ofrecen traslados sin regulación genera una competencia desleal y aumenta los riesgos para los usuarios, sin controles efectivos por parte del Estado. Según la FATAP, en el último año, el sistema perdió 30 por ciento de los usuarios.

En este contexto, el reclamo del sector es claro: una revisión integral del esquema de subsidios, basada en costos reales, cantidad de beneficiarios y niveles de uso del servicio. Sin esa actualización, advierten, el sistema de transporte urbano en Posadas podría entrar en una fase crítica de funcionamiento.

En el interior del país, el colectivo representa el único medio de transporte para millones de personas y garantiza más de 50 millones de viajes mensuales.

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Nación oficializó nuevas compensaciones millonarias para colectivos del Conurbano

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El Ministerio de Economía, a través de la Secretaría de Transporte, publicó en el Boletín Oficial las Resoluciones 58/2025 y 59/2025, que disponen la asignación de fondos de compensación tarifaria para empresas de transporte público del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). El paquete de transferencias alcanza cifras millonarias y se enmarca en el Sistema Integrado de Transporte Automotor (SISTAU), con el objetivo de garantizar la sostenibilidad del servicio en un contexto de presión inflacionaria y reclamos del sector.

Según el Anexo I de la Resolución 58/2025 (IF-2025-63973077-APN-DST#MTR), la Secretaría de Transporte detalló los desembolsos efectuados entre febrero y agosto de 2024 en concepto de estímulos, subsidios y anticipos a las empresas del AMBA.

Los montos son significativos. En total, se asignaron más de $122.065 millones en subsidios y compensaciones durante el período. Solo en la partida del 15 de marzo de 2024, se giraron $37.651 millones destinados al pago de estímulos y al sostenimiento de la oferta de servicios. En febrero, se registraron transferencias por $60.818 millones, mientras que en agosto se liquidaron $3.316 millones.

A su vez, el Anexo II (Res. 59/2025) desglosa la liquidación pendiente a empresas de la provincia de Buenos Aires, incluyendo a grandes operadores del conurbano como La Perlita, Almafuerte, Transporte Ideal San Justo, Micro Ómnibus Quilmes, Autobuses Buenos Aires SRL y Nuevo Ideal S.A., entre otras.
Los registros muestran compensaciones que en algunos casos superan los $1.000 millones por compañía, como el caso de Nuevo Ideal S.A. ($1.054 millones a compensar, con $1.051 millones ya abonados y apenas $3,1 millones pendientes).

Las medidas se dictaron en el marco de la Ley 27.467 de Presupuesto Nacional y el Decreto 1122/2017, que regulan el SISTAU y el esquema de subsidios al transporte automotor de pasajeros.
El documento oficial destaca que las compensaciones buscan “garantizar la cobertura de costos operativos, preservar la integridad del sistema de transporte público y asegurar la accesibilidad del boleto para los usuarios”.

En los considerandos, se recuerda además que la política de subsidios tiene carácter transitorio, pero resulta esencial en un contexto en el que las tarifas cubren menos del 20% del costo real del pasaje en el AMBA. De allí la necesidad de sostener las transferencias mientras se avanza en un esquema de revisión integral del sistema.

La decisión tiene repercusiones en varios frentes: Para las empresas de transporte, implica oxígeno financiero en medio de una crisis de costos impulsada por el aumento del combustible, los insumos importados y la paritaria de la UTA. Para el Gobierno nacional, supone una erogación multimillonaria que tensiona las cuentas fiscales, pero que evita un conflicto social mayor derivado de posibles paros o reducción de servicios. En el plano político, la medida busca contener la conflictividad en el Conurbano bonaerense, donde la movilidad diaria de millones de personas depende de estos subsidios.

En paralelo, los gobiernos provinciales y municipales presionan por un esquema de distribución más equitativo entre el AMBA y el interior del país, donde los subsidios per cápita son notablemente menores. Este punto podría convertirse en uno de los principales ejes de debate en el Congreso durante la discusión del próximo Presupuesto.

El Ministerio de Economía dejó abierta la posibilidad de nuevas asignaciones durante el último trimestre de 2025, en la medida en que la recaudación lo permita. Mientras tanto, se espera que las cámaras empresarias del sector (AAETA, CEAP y CETUBA) reclamen una revisión tarifaria para complementar las compensaciones y reducir la dependencia de las transferencias estatales.

En conclusión, las Resoluciones 58/2025 y 59/2025 ratifican la continuidad de una política que, aunque cuestionada, resulta estructural para la movilidad del AMBA y se proyecta como un tema central de la agenda política y económica de los próximos meses.

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