El superávit imaginario o el ajuste que pagamos todos
El Gobierno tiene uno que exhibe con orgullo: el superávit. Supuesto. Es el número que resume su principal promesa económica y la prueba que ofrece de que el programa, supuestamente, funciona.
El problema empieza cuando uno deja de mirar solamente el resultado y pregunta cómo se llegó hasta ahí.
Porque el Gobierno no consiguió el superávit, supuesto, gastando menos. También lo consiguió pagando menos, pagando más tarde, dejando de hacer y haciendo que otros paguen la diferencia.
Hay, por lo menos, cuatro verbos detrás de esta contabilidad “creativa”: recortar, licuar, postergar y trasladar.
Y cada uno tiene un destinatario.
Recortar
En los primeros ocho meses de 2026, los ingresos de la Administración Nacional cayeron 2,5% en términos reales y el gasto, 1%. El resultado fue un superávit primario de $15,4 billones y financiero de $3,2 billones.
También cayó 22,6% el gasto en determinados programas sociales y se redujeron las transferencias a las provincias. La propia Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) aclara que parte de la caída de estas últimas responde a un cambio en la modalidad de pago.
El número está.
La discusión empieza después: qué se dejó de hacer para obtenerlo.
Licuar
Esta es la parte menos visible de la contabilidad.
No hace falta eliminar una prestación para reducir su costo real. Alcanza con que los ingresos crezcan menos que los precios.
Así se puede sostener en la planilla que una jubilación, un salario o una prestación siguen existiendo mientras cada vez alcanzan para menos.
La otra contabilidad aparece en los datos sociales: en el primer semestre de 2026 la pobreza alcanzó al 32,3% de las personas y la indigencia al 7,5%, según el INDEC. Proyectado al total del país, son unos 15,5 millones de personas.
Pero incluso ese número está en discusión. Un cálculo alternativo de la consultora Equilibra, utilizando canastas actualizadas y corrigiendo la subdeclaración de ingresos de la EPH, estima que la pobreza rondaría el 44,9%. No es el mismo Excel que muestra el superávit.
Postergar
Una obligación puede existir hoy y pagarse mañana.
La deuda flotante, las obligaciones con universidades, los pagos pendientes y las discusiones judiciales sobre recursos que el Estado debería desembolsar forman parte de esa zona menos visible de las cuentas públicas.
El superávit no solamente depende de cuánto se gasta.
También depende de cuándo se paga aquello que se gastó.
Y, valga como ejemplo, la auditoría de la Agencia Nacional de Discapacidad que detectó una diferencia de alrededor de $158.700 millones entre registros internos de deuda exigible. Como consecuencia de ese episodio, el secretario de Discapacidad dejó su cargo invocando “razones estrictamente personales”.
Razones personales…
Bueno.
Desde afuera, más de uno interpretó que se había metido donde no debía. Ahí no hubo postergación que valga.
Trasladar
Esta es probablemente la operación más fácil de entender.
Cuando el Estado deja de absorber una parte de un costo, ese costo no desaparece.
Cambia de bolsillo.
Puede aparecer en una factura de gas, en las cuentas de una provincia, en el balance de una empresa o en el presupuesto de una familia.
La cuenta fiscal mejora.
La cuenta de alguien más empeora.
Y mientras todo esto sucede, aparece otra pregunta incómoda: ¿qué pasa con los dólares?
El Presidente dijo que “los dólares nos salen por las orejas” y habló de una situación de “superabundancia” de divisas.
La frase puede ser efectista. Pero la economía tiene la mala costumbre de pedir comprobantes.
Y ahí es donde la cuenta vuelve a complicarse.
Porque al mismo tiempo que el Gobierno habla de una economía que genera abundancia de dólares, esos dólares tienen que alcanzar para pagar deuda, financiar importaciones, sostener las reservas y atender una demanda privada que sigue siendo elevada.
Y tampoco conviene olvidar aquella otra cuenta.
Según Milei, la baja de la inflación le habría “devuelto” a los argentinos US$100.000 millones.
Una cifra formidable.
El problema es que, cuando se mira la otra contabilidad, aparecen 15,5 millones de personas pobres, familias que se endeudan para llegar a fin de mes, jubilaciones que perdieron poder de compra, provincias con menos recursos y obligaciones que esperan ser pagadas.
Mientras tanto, el mercado también está mirando algo más que el resultado fiscal. Esta semana el riesgo país superó los 600 puntos, llegó a 628 durante parte de la última rueda del viernes y cerró en 609, mientras los bonos soberanos volvieron a caer. Hay factores internacionales que pesan —entre ellos, las tasas estadounidenses—, pero también aparecen en los análisis las dudas sobre la actividad, las reservas y el financiamiento.
El dato deja una señal difícil de ignorar: el superávit fiscal, supuesto o real, no alcanza por sí solo para resolver el problema del financiamiento.
Y entonces volvemos al principio.
El Gobierno puede mostrar una macro ordenada, supuestamente, mientras la sociedad muestra otra contabilidad, hecha de cuotas, préstamos, atrasos y renuncias.
Una cuenta dice cuánto ahorró el Estado.
La otra pregunta cuánto costó esa economía de recursos y quién pagó la diferencia.
Porque la plata que el Gobierno se “ahorra” para llegar al superávit, no la pone “la casta”. La paga la gente, con menor calidad de vida, con incertidumbre, con preocupación y con miedo al futuro.