Superávit primario

Junio cerró con déficit fiscal, pero el Gobierno sostuvo el superávit acumulado en el primer semestre

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Las cuentas públicas registraron un traspié en junio, aunque el Gobierno nacional logró preservar el equilibrio fiscal acumulado durante la primera mitad del año. El Ministerio de Economía informó que el Sector Público Nacional (SPN) cerró el sexto mes de 2026 con un déficit financiero de $1,02 billones, explicado por una combinación de menores ingresos tributarios y un incremento estacional del gasto asociado al pago del medio aguinaldo a jubilados y pensionados.

Pese al resultado mensual negativo, el balance del primer semestre continúa mostrando números positivos. Entre enero y junio, el SPN acumuló un superávit financiero equivalente al 0,1% del Producto Bruto Interno (PBI) y un superávit primario cercano al 0,6% del PBI, manteniendo vigente el principal ancla del programa económico que impulsa el Gobierno nacional.

Durante junio, el resultado financiero arrojó un rojo de $1.024.891 millones, compuesto por un déficit primario de $696.843 millones y pagos de intereses de la deuda pública —netos de operaciones intra sector público— por $328.049 millones.

Desde el Palacio de Hacienda explicaron que el deterioro mensual respondió principalmente al traslado de los vencimientos del Impuesto a las Ganancias para personas humanas hacia julio, lo que redujo la recaudación del período, mientras que el gasto aumentó por el impacto del pago del aguinaldo a beneficiarios del sistema previsional.

Los ingresos totales del Sector Público Nacional alcanzaron los $14,16 billones, con una expansión interanual superior al 22%. En tanto, los recursos tributarios crecieron 21,7% respecto de junio de 2025, aunque ese desempeño quedó condicionado por la postergación del calendario impositivo.

Por el lado del gasto, las erogaciones primarias ascendieron a $14,86 billones, con un incremento interanual del 37,7%. El principal componente continuó siendo el gasto previsional: las prestaciones sociales totalizaron $11,06 billones, un 38,1% más que un año atrás, impulsadas por la incorporación del medio aguinaldo.

Las remuneraciones del sector público alcanzaron los $1,61 billones, con una suba interanual del 20,2%, mientras que las transferencias corrientes crecieron 48,6% hasta los $3,54 billones. Dentro de ese rubro, Economía destacó el incremento de las partidas destinadas a las universidades nacionales.

En materia de subsidios, el Estado destinó $1,06 billones, de los cuales $714.381 millones correspondieron al sector energético y $348.916 millones al transporte. Por su parte, el gasto de capital se ubicó en $224.453 millones, mostrando una recuperación respecto del mes anterior.

Desde el Ministerio de Economía remarcaron que el resultado acumulado confirma la continuidad de la política de disciplina fiscal, uno de los pilares centrales del programa económico. En esa línea, el ministro Luis Caputo sostuvo que “el orden en las cuentas públicas es un pilar fundamental del programa económico” y aseguró que la consolidación fiscal permitió avanzar con una reducción de impuestos nacionales equivalente a casi 3% del PBI desde 2024.

Si bien el déficit de junio refleja el impacto de factores estacionales y del calendario tributario, el dato que sigue observando el mercado es el comportamiento del resultado acumulado. Con un superávit primario del 0,6% del PBI en la primera mitad del año, el Gobierno mantiene margen para acercarse al objetivo comprometido con el Fondo Monetario Internacional, que establece una meta anual de 1,4% del PBI.

Imig Junio 2026 by CristianMilciades

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Ajuste, deuda y gasto social: las alertas de CIFRA sobre el Proyecto de Presupuesto 2026

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Presupuesto 2026, el informe de CIFRA advierte una profundización del ajuste, recortes históricos en gasto social y una estrategia fiscal con desequilibrios ocultos

El Proyecto de Ley de Presupuesto 2026 consolida el fuerte ajuste fiscal iniciado en 2024 y sostenido en 2025, en un contexto marcado por la ausencia de leyes presupuestarias aprobadas por el Congreso en esos dos ejercicios. Así lo señala un informe del Centro de Investigación y Formación de la República Argentina (CIFRA-CTA), que advierte una caída real del 24,2% del gasto de la Administración Pública Nacional respecto de 2023, último año con presupuesto sancionado, junto con recortes aún más severos en funciones clave del Estado y una estrategia fiscal que, según el análisis, oculta desequilibrios relevantes vinculados a la deuda y a la política tributaria.

El trabajo sostiene que el proyecto enviado al Congreso no solo legaliza el ajuste ya ejecutado, sino que proyecta su profundización, con impactos económicos, sociales e institucionales de largo alcance, en un escenario de estancamiento económico y fragilidad financiera.

Un Estado desfinanciado y recortes sin precedentes en funciones clave

De acuerdo con CIFRA, el total del gasto previsto para 2026 implica una contracción real del 24,2% frente a 2023, tomando como referencia la inflación proyectada en el propio Presupuesto. Sin embargo, la magnitud del ajuste es significativamente mayor en áreas centrales de la política pública. El informe detalla caídas reales del 45,3% en Educación, del 98,1% en Vivienda y Urbanismo, del 86,5% en Agua Potable y Alcantarillado y del 71,5% en Promoción y Asistencia Social.

El resultado, según el centro de estudios, es “un Estado progresivamente desfinanciado” y una drástica reducción de su capacidad para garantizar derechos básicos. En particular, el presupuesto educativo alcanzaría en 2026 apenas el 0,75% del PBI, menos de la mitad de lo que representaba en 2015 y con una disminución real del 45,3% respecto de 2023. Si se excluye el financiamiento a las universidades nacionales, la caída asciende al 70,1%.

El ajuste también se refleja en los gastos en personal, consolidando, según CIFRA, un proceso de degradación del empleo público iniciado en 2024, profundizado en 2025 y ahora formalizado en el proyecto de ley. Mientras algunos organismos muestran aumentos reales en sus partidas de personal, una amplia mayoría registra recortes de dos dígitos y, en algunos casos, la eliminación total de asignaciones.

Meta fiscal, deuda y recaudación: los supuestos bajo cuestionamiento

El Proyecto de Presupuesto 2026 proyecta un superávit primario del 1,2% del PBI y un resultado financiero equilibrado (0% del PBI). Para CIFRA, esta meta fiscal opera como eje rector de toda la política económica, pero se apoya en supuestos que no están explicitados en el texto legal.

El informe advierte, en primer lugar, que el resultado financiero no contabiliza plenamente los intereses de la deuda, debido a una estrategia de capitalización. Según CIFRA, si esos intereses se registraran como devengados —tal como exige el Fondo Monetario Internacional en su último informe— el resultado financiero de 2025 mostraría un déficit superior a los 2 puntos del PBI, en lugar del equilibrio proyectado.

En segundo término, el análisis subraya el impacto fiscal de la reducción de impuestos a sectores de altos ingresos, como las rebajas en retenciones a las exportaciones y las propuestas de alivio en contribuciones patronales y en el impuesto a las ganancias de grandes empresas. Estas medidas, que no estarían plenamente contempladas en el proyecto, obligarían a un ajuste aún mayor del gasto primario para alcanzar la meta fiscal. CIFRA estima que el esfuerzo fiscal asociado a estas rebajas se acerca al 1% del PBI, unos 6.000 millones de dólares.

A ello se suma un escenario macroeconómico que el informe considera excesivamente optimista. El Presupuesto proyecta una expansión del PBI que, según CIFRA, difícilmente se concrete, dado el estancamiento que muestra la economía desde febrero y sus efectos negativos sobre la recaudación tributaria.

Sin programa financiero frente a una crisis de deuda

Otro de los puntos críticos señalados por CIFRA es la ausencia de un programa financiero claro para enfrentar los vencimientos de deuda externa pública previstos para 2026. Según el informe, esos compromisos ascienden a 35.597 millones de dólares, entre capital e intereses, mientras que la emisión neta de deuda en moneda extranjera proyectada es “sumamente reducida”.

En un contexto de reservas internacionales netas negativas y con un déficit comercial proyectado de 5.752 millones de dólares para 2026, el centro de estudios advierte que el Presupuesto no ofrece respuestas consistentes frente a la problemática de la deuda, lo que agrega incertidumbre macroeconómica y financiera al escenario planteado.

En conjunto, CIFRA concluye que el Proyecto de Presupuesto 2026 no solo consolida el ajuste ejecutado en los últimos dos años, sino que lo institucionaliza, con fuertes recortes en el gasto social, una estrategia fiscal condicionada por supuestos cuestionables y una falta de definiciones clave en materia de deuda. Un diagnóstico que anticipa un debate intenso en el Congreso y posibles reacciones de los sectores más afectados por la reducción del gasto público.

Las alertas de CIFRA sobre el Presupuesto 2026 by CristianMilciades

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Argentina cumple la meta con el FMI, pero con fuerte ajuste y rojo oculto

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El Sector Público Nacional (SPN) cerró agosto con un superávit primario de $1,56 billones, aunque el resultado financiero fue deficitario en $0,39 billones, tras destinar $1,17 billones al pago de intereses de deuda. No obstante, al incluir los intereses capitalizados en las LECAP, el déficit real se amplía a $2,86 billones en agosto y acumula $14,59 billones en los primeros ocho meses de 2025, según un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA).

Los ingresos totales del SPN alcanzaron $11,36 billones, con una suba real del 2,7% interanual, pese a la eliminación del Impuesto PAIS a fines de 2024. Entre los tributos, se destacaron las caídas en Bienes Personales (-79,5% i.a.) y en el rubro “Resto de tributos” (-52,1% i.a.), que incluía al Impuesto PAIS. Los derechos de exportación retrocedieron 29,8% interanual, mientras que los derechos de importación crecieron 35,8% i.a., impulsados por el aumento del comercio exterior.

En paralelo, las Rentas de la Propiedad casi se duplicaron (+199,3% i.a.), gracias a transferencias extraordinarias del Banco Nación por utilidades de inversiones financieras.

El gasto público: subsidios y obra pública en retroceso

El gasto total fue de $9,8 billones, lo que implica una contracción de 6,4% interanual y de 28,6% frente a 2023. El ajuste alcanzó a casi todas las partidas:

Jubilaciones y pensiones: +9,1% i.a., pero aún 3,1% por debajo de 2023. Desde junio se aplica un aumento de 7,2% en haberes y un bono de $110.000, ajustado por inflación.

Universidades: crecieron 9,3% i.a., aunque permanecen 24,7% debajo de 2023.

Subsidios económicos: cayeron 47,2% i.a.; los de energía se redujeron 51,1% y los de transporte 26,2%, tras la eliminación de compensaciones en el AMBA.

Obra pública: gasto de capital con baja de 37,2% i.a. y desplome de 82,2% frente a 2023.

Programas sociales: recorte de 31,3% i.a. y 63,7% respecto de 2023, afectando Tarjeta Alimentar, comedores, ex Potenciar Trabajo, Acompañar y Becas Progresar.

FMI, metas fiscales y perspectivas

Pese al ajuste, el SPN acumula hasta agosto un superávit primario de $11 billones, superando la meta anual de $10,52 billones acordada con el FMI. Para sostenerla, será necesario mantener un promedio mensual de $0,22 billones de superávit hasta diciembre.

Sin embargo, el déficit financiero real refleja la presión que ejercen los instrumentos de deuda en pesos indexados. Para CEPA, el desafío será sostener la disciplina fiscal sin profundizar la contracción social y sin afectar la capacidad de crecimiento.

El sendero elegido abre interrogantes sobre la gobernabilidad política, en un año donde el ajuste impacta en subsidios, obra pública, salarios estatales y programas sociales.

2025 09 19 Informe Fiscal Agosto 2025 by CristianMilciades

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Presupuesto 2025: el Gobierno recorta en Cultura y Comunicación y refuerza Justicia y transferencias a provincias

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En medio de las tensiones fiscales y el objetivo de alcanzar un superávit primario del 1,6% del PBI, el Jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el ministro de Economía, Luis Caputo, firmaron la Decisión Administrativa 23/2025, publicada el 11 de septiembre en el Boletín Oficial. La medida introduce modificaciones significativas al Presupuesto General de la Administración Nacional, con impacto directo sobre salarios estatales, programas sociales, organismos descentralizados y empresas públicas.

La normativa se dicta en el marco de la Ley 27.701 de Presupuesto 2023, prorrogada para 2025 conforme al artículo 27 de la Ley de Administración Financiera 24.156. Según los considerandos, la adecuación busca “afrontar gastos impostergables para el normal funcionamiento de las jurisdicciones”, priorizando salarios, transferencias y servicios básicos, mientras se compensan reducciones en gastos de capital.

Entre las justificaciones, se destaca la necesidad de:

  • Atender refuerzos en créditos de personal y gastos de funcionamiento.
  • Cumplir con transferencias específicas establecidas por decretos previos, como el Decreto 377/2025, que derivó fondos de la Secretaría General de Presidencia al Ministerio de Defensa.
  • Incorporar recursos provenientes de la aplicación del Decreto 575/2025, que regula la administración de bienes recuperados de actividades ilícitas.

Ajustes presupuestarios: quién gana y quién pierde

Las planillas anexas muestran con precisión el destino de los cambios:

  • Recortes en Presidencia y Cultura: La Secretaría General de la Presidencia reduce $7.138 millones en gastos corrientes, principalmente en consumo, viáticos y servicios de comunicación institucional. La Secretaría de Cultura también ajusta $3.602 millones, con impacto en museos, organismos estables y transferencias al Instituto Nacional del Teatro.
  • Refuerzos en el Ministerio Público y la Justicia: se destinan más de $13.179 millones al Ministerio Público para obras de infraestructura (nuevas sedes en Tucumán, Bahía Blanca, La Pampa, Esquel y Formosa). La Corte Suprema recibe $2.000 millones para equipamiento.
  • Jefatura de Gabinete: la Vicejefatura Ejecutiva incorpora $5.237 millones, en su mayoría para salarios, contratación de personal y servicios de limpieza. En contraste, programas de federalización científica y turismo registran ajustes negativos por más de $3.800 millones.
  • Transferencias a provincias y municipios: destacan $8.800 millones destinados a administraciones provinciales para obras de capital, bajo el paraguas de la Vicejefatura del Interior. Al mismo tiempo, se reducen transferencias a fondos fiduciarios como el Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional (–$12.848 millones).
  • Políticas ambientales: se readecúa el Programa de Control Ambiental con un esquema mixto de incrementos y bajas, incluyendo proyectos financiados por el BID para construcción de centros ambientales en Santiago del Estero, Buenos Aires, Formosa y Córdoba.

Reorganización de cargos y reasignaciones institucionales

El Artículo 2° de la Decisión redistribuye cargos entre ministerios y organismos descentralizados:

  • +17 cargos para la Secretaría de Justicia.
  • –16 cargos en la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Ministerio de Capital Humano).
  • Transferencias puntuales: un cargo del Ministerio de Seguridad Nacional al Ministerio de Justicia, y uno del Instituto Nacional del Teatro al Tribunal Fiscal de la Nación.

Estas modificaciones responden a decretos anteriores que ordenaron la reestructuración ministerial, como el Decreto 151/2025 sobre el Instituto Emilia y Manuel Patiño y la Decisión Administrativa 6/2025.

La adecuación revela la prioridad del Ejecutivo por sostener la caja corriente —salarios, transferencias y gastos sociales— en detrimento de los gastos de capital, lo que podría afectar la inversión en infraestructura.

En el plano político, el ajuste sobre Cultura, Comunicación y Presidencia será leído como una señal de austeridad en áreas de alta visibilidad pública, mientras que el fortalecimiento del Ministerio Público y la Justicia refuerza la capacidad institucional en medio de la agenda de reformas judiciales.

Las provincias aparecen como receptoras netas de recursos, aunque con un esquema selectivo que puede tensar la relación con gobernadores por el manejo discrecional de transferencias.

Próximos pasos

La Decisión Administrativa 23/2025 marca un cambio de prioridades en la ejecución presupuestaria. De cara a los próximos meses, los analistas anticipan:

  • Mayor presión para nuevas adecuaciones si la inflación erosiona la capacidad real de las partidas.
  • Discusiones políticas sobre el sesgo del ajuste hacia recortes en cultura, comunicación y programas sociales.
  • Un seguimiento atento del cumplimiento de los compromisos de deuda pública, ya que la Jurisdicción 90 –Servicio de la Deuda– también fue ajustada para garantizar pagos.

El documento subraya que la medida se dicta en el marco del artículo 37 de la Ley 24.156, lo que otorga al Jefe de Gabinete amplias facultades para reestructurar el presupuesto sin pasar por el Congreso.

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La situación fiscal de las provincias: luces y sombras

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Buenos Aires y La Rioja están entre las más complicadas, según un informe que sigue a las 14 jurisdicciones que tienen deuda emitida en el mercado.

Las provincias argentinas lograron encadenar seis años consecutivos de superávit primario consolidado entre 2018 y 2023. Sin embargo, los datos del último año muestran un deterioro en las cuentas: el superávit primario de 2023 fue de apenas 0,1% del PBI, contra 0,7% de 2022, y hubo un déficit financiero de 0,3%.

Un informe del bróker Facimex Valores califica la situación como “desafiante”. La devaluación de diciembre de 2023 disparó el tipo de cambio real, lo que ha llevado a un aumento del apalancamiento a su mayor nivel en 15 años. Al cierre del cuarto trimestre de 2023, el stock de deuda de las provincias alcanzó el 9,4% del PBI (frente al 5,2% en el mismo período de 2022) y la deuda neta de depósitos llegó al 6,5% del PBI (2,8%).

El informe de Facimex Valores analiza en detalle las 14 jurisdicciones que emiten deuda de mercado y las clasifica en un ranking de vulnerabilidad fiscal. Las provincias top en este ranking son CABA, Mendoza, Córdoba y Santa Fe, mientras que La Rioja, Buenos Aires y Entre Ríos son las más vulnerables.

Las provincias más vulnerables: características comunes

  • La Rioja: Flojo resultado operativo, baja autonomía de ingresos, elevado apalancamiento neto y un perfil de vencimientos desafiante.
  • Provincia de Buenos Aires: Flojo resultado primario y elevada deuda neta.
  • Entre Ríos: Flojo resultado operativo y primario.
  • Río Negro: Floja composición del gasto.

Un futuro con menos recursos

A la situación actual se suma el recorte de las transferencias a las provincias por parte del Gobierno de Javier Milei. En el período enero-mayo de 2024, las transferencias no automáticas cayeron más de 80% real interanual y las automáticas cerca de 10%.

Las provincias más sólidas

CABA, Mendoza, Córdoba y Santa Fe se destacan en el ranking de Facimex Valores por sus sólidos indicadores:

  • CABA: Altos registros en todos los indicadores a excepción del gasto en personal.
  • Mendoza: Mejores indicadores que la mediana provincial en todos los frentes, destacándose por su elevado gasto de capital y su posición de liquidez (transitoria).
  • Córdoba: Excelente trayectoria fiscal y favorable composición del gasto.
  • Santa Fe: Bajo apalancamiento, perfil de vencimientos despejado y sólida posición de liquidez.

Fuente: Politikon Chaco, Bloomberg.

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