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RENATRE sube la prestación por desempleo rural y recalcula costos laborales en economías regionales

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El Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (RENATRE) elevó desde mayo la base de cálculo de la prestación por desempleo rural del 55% al 60% de la mejor remuneración de los últimos 12 meses y actualizó en un 2% los montos mínimos y máximos del beneficio. La medida impacta de lleno en las economías regionales intensivas en mano de obra, como la yerba mate, la cosecha forestal y algunas actividades tabacaleras de Misiones, donde la estacionalidad laboral y la informalidad siguen siendo variables estructurales.

La nueva resolución fija un piso de $191.226 y un techo de $382.453 para las prestaciones por desempleo rural. Aunque el financiamiento proviene del aporte patronal del 1,5% sobre salarios previsto por la Ley 25.191, el movimiento del RENATRE vuelve a poner sobre la mesa un debate sensible para el NEA: cómo sostener cobertura social sin seguir elevando la presión sobre sectores productivos que ya operan con costos distorsionados por la frontera.

Más cobertura social en una economía de alta rotación laboral

La actualización del seguro de desempleo rural tiene una lectura distinta en Misiones respecto del centro del país. La provincia combina: alta proporción de empleo rural temporario. Producción primaria atomizada. Pequeños y medianos empleadores. Competencia fronteriza con Paraguay y Brasil. Y brechas cambiarias y fiscales que afectan márgenes

En actividades como la cosecha yerbatera, el tabaco o parte de la cadena forestal, la dinámica laboral no responde al esquema industrial tradicional. Existen períodos intensivos de contratación seguidos de meses de menor actividad, lo que convierte al sistema del RENATRE en una herramienta de contención económica para miles de trabajadores rurales.

El incremento dispuesto por el organismo mejora el ingreso de quienes quedan fuera del circuito laboral formal tras finalizar tareas temporarias. Para municipios del interior misionero, donde gran parte del consumo depende del movimiento de la economía rural, el efecto tiene también una derivación comercial: más recursos circulando en almacenes, estaciones de servicio y comercios locales.

Contener ingresos sin tocar aportes patronales

El dato relevante para el sector empresario es que la resolución no modifica el aporte obligatorio del 1,5% que realizan los empleadores rurales. El incremento se financia con recursos ya existentes del sistema.

Eso evita, al menos por ahora, una nueva presión contributiva sobre actividades que vienen absorbiendo: incrementos salariales. Suba de costos logísticos. Mayor costo energético. Caída de competitividad exportadora. Y atraso cambiario relativo frente a Brasil

Para la forestoindustria y la yerba mate, dos sectores clave de Misiones, el costo laboral se volvió un factor cada vez más sensible. Especialmente en empresas medianas que operan en zonas alejadas de puertos y con fuerte dependencia del transporte terrestre.

La decisión del RENATRE parece orientada a reforzar el componente social del sistema sin abrir un nuevo frente de conflicto con las entidades rurales y cooperativas.

Economía regional y frontera: la diferencia misionera

Mientras en Buenos Aires el debate laboral suele centrarse en la industria o los servicios urbanos, en Misiones la discusión tiene otra dimensión: la competencia de costos con Paraguay y Brasil.

Las llamadas asimetrías fronterizas —diferencias de impuestos, tipo de cambio, costos laborales y combustibles entre países vecinos— afectan directamente la rentabilidad del productor y del empleador misionero.

Por eso, cualquier modificación vinculada al empleo rural tiene doble lectura: social, porque mejora la cobertura de trabajadores temporarios. Y productiva, porque incrementa la necesidad de eficiencia en sectores ya tensionados.

    En la práctica, el desafío para el empresariado rural del NEA es evitar que mayores beneficios sociales convivan con un aumento de informalidad laboral. Ese equilibrio es especialmente delicado en economías regionales de baja escala y márgenes ajustados.

    Qué cambia desde mayo

    La resolución publicada este viernes establece: base de cálculo: pasa del 55% al 60% de la mejor remuneración mensual del último año. Monto mínimo: sube a $191.226. Monto máximo: asciende a $382.453. Incremento general: actualización del 2% sobre el beneficio ordinario. Y aplicación: rige para prestaciones liquidadas desde el 1 de mayo de 2026.

    Lo que empieza a mirar el sector productivo

    La decisión del RENATRE aparece en un contexto donde el mercado laboral rural atraviesa una transición compleja: menor dinamismo económico, mecanización gradual y presión creciente sobre costos operativos.

    En Misiones, el punto a seguir de cerca no será únicamente el monto del beneficio, sino la evolución del empleo registrado rural durante la próxima zafra yerbatera y forestal. Si el consumo interno sigue débil y el atraso cambiario persiste, las empresas podrían priorizar esquemas más flexibles de contratación o reducir niveles de actividad.

    Para el sistema del RENATRE, el desafío será sostener mejores prestaciones sin deteriorar el equilibrio financiero del fondo en un escenario donde la formalización laboral todavía avanza más lento que las necesidades sociales del interior productivo.

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    Habilitan vapeadores con control estatal y cambia el paradigma sanitario sobre nicotina

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    El Gobierno nacional formalizó el 30 de abril de 2026 un cambio de fondo en la política sanitaria sobre productos de nicotina: mediante la Resolución 549/2026 del Ministerio de Salud, dejó atrás el esquema de prohibición y habilitó la comercialización de vapeadores, cigarrillos electrónicos y bolsas de nicotina bajo un sistema obligatorio de registro, control y fiscalización. La decisión, publicada este lunes en el Boletín Oficial, no es meramente técnica: redefine el rol del Estado frente a un mercado en expansión y expone una tensión de fondo —regular lo que ya circula o insistir con prohibiciones ineficaces— en un contexto donde el consumo adolescente alcanzó el 35,5% en el último año.

    El movimiento abre un interrogante político más amplio: ¿es una flexibilización pragmática que busca recuperar capacidad de control o un cambio de enfoque que puede reconfigurar el debate sanitario y regulatorio en el Congreso?

    Control estatal sobre un mercado que ya existía

    La resolución deroga la prohibición vigente desde 2023 y establece un sistema integral que incorpora a los nuevos dispositivos dentro del régimen de la Ley 26.687. En términos concretos, los productos pasan a ser considerados equivalentes al tabaco tradicional, con exigencias de advertencias sanitarias, restricciones publicitarias y limitaciones en el diseño para evitar la atracción de menores.

    El núcleo operativo de la norma es la creación del Registro Nacional de Productos de Tabaco y Nicotina (RNPTN), que deberá organizarse en un plazo de 45 días. Este instrumento funcionará como base de datos centralizada para clasificar dispositivos, monitorear consumo y ajustar regulaciones según evidencia epidemiológica.

    El cambio no es menor. Donde antes había un vacío de control efectivo —producto de una prohibición que, según el propio Ejecutivo, no logró frenar el acceso— ahora se instala un esquema de trazabilidad obligatoria. Importadores y fabricantes deberán inscribir cada producto, presentar fórmulas completas, información toxicológica, certificados de emisiones y datos sobre ventas y perfiles de consumo. La autorización tendrá una vigencia de cinco años.

    Al mismo tiempo, el Gobierno delimita el alcance de la apertura: prohíbe los cigarrillos electrónicos descartables, restringe los sabores a tabaco y mentol, y veta elementos de marketing dirigidos a jóvenes. Es decir, habilita el mercado, pero bajo condiciones más estrictas que las que existían en la práctica informal.

    Antecedentes y racionalidad política del giro

    El nuevo esquema se inscribe en una secuencia normativa más amplia. La prohibición de dispositivos electrónicos, vigente desde 2011 y reforzada en 2023, se apoyaba en el principio precautorio. Sin embargo, el crecimiento del consumo —especialmente en adolescentes— erosionó su efectividad como herramienta de política pública.

    El propio texto oficial reconoce ese límite: la circulación de estos productos persistió, con expansión global y presencia local creciente. En ese contexto, el Ejecutivo opta por un enfoque alineado con experiencias internacionales como Estados Unidos y Reino Unido, donde el control se ejerce a través de registros, estándares y fiscalización, no mediante prohibiciones absolutas.

    La medida también activa un entramado institucional más amplio: intervienen áreas del Ministerio de Economía, organismos regulatorios, el sistema aduanero, el ente de comunicaciones y la autoridad sanitaria. Esa articulación sugiere que el Gobierno busca integrar la regulación sanitaria con herramientas de control comercial y fiscal, en lugar de abordarla como un problema exclusivamente médico.

    Control estatal vs. apertura de mercado

    En términos de correlación de fuerzas, la decisión fortalece la capacidad regulatoria del Ejecutivo en un terreno donde el Estado había perdido trazabilidad. El registro obligatorio y la exigencia de información técnica posicionan al Ministerio de Salud como autoridad central en un mercado que, hasta ahora, operaba en gran medida por fuera del radar formal.

    Al mismo tiempo, introduce nuevas reglas de juego para importadores y fabricantes. La obligación de certificaciones, declaraciones juradas y monitoreo de ventas implica costos regulatorios, pero también habilita un marco de legalidad que antes no existía.

    Desde el punto de vista político, el cambio puede tener impacto en la agenda legislativa. La regulación de productos de nicotina —especialmente en relación con menores— es un terreno sensible, donde confluyen argumentos sanitarios, económicos y de consumo. La decisión del Ejecutivo podría ordenar ese debate o, por el contrario, reactivarlo en el Congreso.

    En clave económica, la formalización del mercado abre la puerta a mayor control sobre importaciones y comercialización, con efectos potenciales en recaudación y en la estructura competitiva del sector. Pero ese impacto dependerá de la capacidad efectiva de fiscalización.

    Entre la evidencia y la política

    El nuevo modelo apuesta a una lógica dinámica: monitorear, ajustar y regular según datos. El RNPTN no solo funcionará como registro, sino también como herramienta de vigilancia epidemiológica. Esa arquitectura sugiere que la política no queda cerrada, sino sujeta a revisión permanente.

    Las próximas semanas serán clave para observar cómo se implementa el sistema —especialmente en el plazo de 45 días para su puesta en marcha— y qué nivel de adhesión logra entre los actores del mercado.

    También quedará bajo análisis si la restricción de sabores y la prohibición de dispositivos descartables logran el objetivo explícito de reducir la iniciación juvenil, o si emergen nuevos formatos que vuelvan a tensionar la regulación.

    El Gobierno eligió intervenir en un mercado que ya existía en la práctica. La pregunta que queda abierta no es solo sanitaria, sino política: si este cambio consolida un modelo de regulación más eficaz o si inaugura una nueva fase de disputa sobre cómo —y hasta dónde— debe intervenir el Estado en los consumos de riesgo.

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    Nuevo crecimiento de las exportaciones misioneras: el mejor primer trimestre en quince años

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    En marzo el Intercambio Comercial Argentino de bienes fue de USD 14.766 millones, un 16,6% más que el mismo mes del año anterior, con un saldo comercial positivo de USD 2.523 millones. Las exportaciones marcaron un nuevo récord histórico con un total de USD 8.645 millones, mientras que las importaciones alcanzaron USD 6.122 millones. En ese escenario, Misiones volvió a registrar un incremento en sus exportaciones: en marzo, las ventas al exterior con origen en la provincia fueron por USD 44,1 millones, expandiéndose 15,4% respecto a igual mes del 2025.  

    En ese mes, el 55,6% de las exportaciones misioneras fueron de Manufacturas agropecuarias (MOA) por USD 24,6 millones y mostraron un incremento del 16,3% interanual. A su vez, las Manufacturas Industriales (MOI) totalizaron USD 10,9 millones (24,8% del total del mes) aunque exhibieron un retroceso del 15,1% interanual. 

    En contraste, los Productos Primarios (PP), cuyas ventas al exterior fueron por USD 8,6 millones (10,6% del total provincial) mostraron una suba del 101,9% respecto a marzo del año anterior.  

    De este modo, Misiones cerró el primer trimestre del año con exportaciones por USD 116,8 millones, mostrando un alza del 8,4% contra igual período del 2025 y además, se trata del mejor primer trimestre de los últimos quince años y el segundo mejor desde que se mide este indicador mensualmente, quedando apenas por debajo de la marca del 2011. 

    Exportaciones del NEA – Marzo 2026
    Provincia / Región Total PP MOA MOI CyE
    NEA 98 39 43 16
    Chaco 28 19 8 1
    Corrientes 23 9 10 4
    Formosa 2 2 0 0
    Misiones 44 9 25 11
    En millones de USD. PP: Productos primarios; MOA: Manufacturas de origen agropecuario; MOI: Manufacturas de origen industrial; CyE: Combustibles y energía.

    El 54,4% de las exportaciones misioneras del primer trimestre del año, medidas en dólares,  fueron de Manufacturas de Origen Agropecuaria (MOA) por un total de USD 63,5 millones y presentaron un avance del 4,5% contra igual período del 2025; a su vez, el 32,6% de las  ventas al exterior fueron de Manufacturas de Origen Industrial (MOI) que totalizaron USD 38 millones con un alza del 0,9% interanual. El otro 13,1% de las exportaciones fueron de Productos Primarios (PP) por USD 15,2 millones, exhibiendo una suba interanual del  65,7%. 

    Exportaciones del NEA – Acumulado enero-marzo 2026
    Provincia / Región Total PP MOA MOI CyE
    NEA 272 102 118 51
    Chaco 74 49 24 1
    Corrientes 75 33 30 11
    Formosa 6 5 1 0
    Misiones 117 15 63 38
    En millones de USD. PP: Productos primarios; MOA: Manufacturas de origen agropecuario; MOI: Manufacturas de origen industrial; CyE: Combustibles y energía.

    En el mapa exportador argentino, Misiones se ubica en una posición intermedia (puesto 17), con USD 117 millones en el primer trimestre, muy lejos del núcleo duro de la región pampeana -Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba- que concentran la mayor parte del comercio exterior del país. Dentro de las economías no pampeanas, provincias con fuerte perfil energético o minero como Neuquén, Santa Cruz o San Juan logran escalar posiciones con mayor volumen.

    Sin embargo, el dato clave no está en la posición absoluta sino en la estructura relativa: Misiones es, con diferencia, la principal exportadora del NEA, explicando más del 40% del total regional. A diferencia de otras provincias del noreste -más primarizadas-, el perfil exportador misionero muestra un claro sesgo hacia las manufacturas de origen agropecuario, lo que implica mayor valor agregado y una inserción internacional más sofisticada, aunque todavía limitada en escala frente a los grandes complejos exportadores del país.

    En el plano regional, Misiones consolida su liderazgo en el NEA: fue la provincia con el  mayor monto exportado, concentrando el 43% del total regional. En términos de desempeño, el crecimiento misionero fue el segundo mayor de la región, solo por debajo de Chaco (+59,5%). 

    Además, medidas Per Cápita, las exportaciones Misiones son las más altas de la región (USD 87 por habitante, por encima de la media del NEA que es USD 62).

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    Bárbaro reclama la transferencia urgente de $20 mil millones del Fondo Especial del Tabaco

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    El diputado provincial del Partido Agrario y Social, Héctor “Cacho” Bárbaro, presentó un proyecto de comunicación en la Cámara de Representantes de Misiones mediante el cual exige la inmediata transferencia de fondos nacionales correspondientes al Fondo Especial del Tabaco (FET), retenidos desde hace casi un año.

    La iniciativa solicita que los diputados nacionales por Misiones realicen gestiones urgentes ante la Secretaría de Agricultura de la Nación para destrabar alrededor de $20.000 millones ya asignados a la provincia, destinados a programas productivos clave.

    “Estos recursos no son discrecionales ni favor del Gobierno Nacional: son fondos que le corresponden a los productores misioneros y que hoy están siendo retenidos sin explicación”, sostuvo desde el espacio agrario.

    Los fondos reclamados forman parte de los Programas de Reconversión Productiva, herramientas fundamentales para diversificar la producción, generar nuevas oportunidades en el sector rural y reducir la dependencia del tabaco como única fuente de ingresos.

    Desde el Partido Agrario y Social advierten que la demora en la transferencia compromete la continuidad de proyectos productivos, afecta la planificación de miles de familias rurales y debilita las políticas de desarrollo en el interior.

    “Están asfixiando al productor misionero. No se puede hablar de desarrollo mientras se retienen fondos que son esenciales para la producción”, remarcó.

    El proyecto apunta directamente a los representantes de Misiones en el Congreso Nacional, instándolos a intervenir de manera urgente para garantizar el envío de los recursos.

    En ese sentido, desde el espacio que conduce Bárbaro subrayan que la defensa de los intereses de la provincia no puede quedar en discursos, sino que debe traducirse en acciones concretas.

    En un contexto económico complejo, donde las economías regionales enfrentan aumento de costos y caída del poder adquisitivo, la falta de estos fondos agrava aún más la situación del sector.

    “El interior productivo no puede seguir siendo la variable de ajuste. Misiones necesita esos recursos ahora”, concluyó.

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    La yerba mate sigue en rojo en el semáforo de economías regionales

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    La yerba mate volvió a cerrar diciembre en rojo y se consolida como una de las economías regionales más comprometidas del país. El deterioro del componente de negocio -precios que crecen muy por debajo de la inflación y costos operativos en alza- volvió a golpear la rentabilidad del productor, en un contexto de desregulación que no logró recomponer ingresos ni equilibrar la cadena.

    Este desempeño explica buena parte del resultado general del Semáforo de Economías Regionales de diciembre de 2025, que registró 4 actividades en verde, 9 en amarillo y 6 en rojo, con una desmejora respecto del mes anterior. El único cambio intermensual fue el retroceso de la actividad porcina, que pasó de verde a amarillo.

    En el componente de negocio, la tonelada de hoja verde se pagó al productor alrededor de $195.000, registrando una suba del 18% frente al 31,5% de inflación, Desde febrero de 2025, el precio oscila entre $280.000 y $300.000.
    o Componente productivo: El área cultivada se expandió un 11%, pasando de 231 mil a 231 mil hectáreas. En los últimos doce meses, la producción alcanzó 867 mil toneladas, lo que representó una caída del 12% respecto al período anterior (1 millón toneladas). Aun así, el nivel actual se ubica levemente por encima del promedio histórico (800.000 toneladas)
    En el componente de mercado, el consumo interno se mantiene en torno a los 4,5 kg por habitante al año. En el comercio exterior, las exportaciones generaron ingresos por 127 millones de dólares, un incremento del 8%, mientras que las importaciones sumaron 23 millones de dólares, +6%.

    Dentro del grupo de actividades en amarillo, la actividad forestal volvió a mostrar señales mixtas. En diciembre, el precio promedio de la madera creció 19% interanual, claramente por debajo de la inflación del 31,5%, lo que mantuvo presionado el componente de negocio.

    En el frente externo, el sector forestal acumuló exportaciones por USD 166 millones, con una caída del 29% interanual, mientras que las importaciones crecieron 10%, alcanzando los USD 187 millones. La combinación de precios atrasados y pérdida de competitividad externa explica por qué la actividad no logra salir de una zona de estancamiento prolongado.

    El tabaco fue una de las economías regionales que mostró un desempeño relativamente más sólido dentro del semáforo. El precio al productor registró una suba interanual del 34%, superando la inflación, lo que permitió una mejora en el componente de negocio.

    En comercio exterior, el sector alcanzó exportaciones por USD 620 millones, con un crecimiento del 21% interanual, mientras que las importaciones se redujeron un 11%. Aun así, el tabaco permanece en amarillo, reflejando que la mejora de precios convive con desafíos estructurales en costos, financiamiento y sostenibilidad del esquema productivo.

    La mandioca mostró en diciembre una mejora marcada en el precio al productor, con el kilo pagándose en torno a $660, lo que implicó una suba interanual del 182%, muy por encima de la inflación. Sin embargo, este desempeño no alcanza para consolidar una recuperación estructural del sector. Se trata de una actividad fuertemente orientada al mercado interno, con un consumo estimado de 2 kilos por habitante al año, y con escasa inserción externa. En 2025 no se registraron exportaciones relevantes y, en contraste, las importaciones crecieron 142% interanual, alcanzando USD 3,8 millones, lo que introduce presión competitiva adicional sobre una cadena productiva de baja escala, altos costos logísticos y márgenes aún frágiles.

    En perspectiva histórica, el semáforo confirma una tendencia persistente: 8 de las 19 economías regionales pasaron más de la mitad de los últimos diez años en rojo. La vitivinicultura y los cítricos dulces lideran ese ranking negativo, seguidas por lechería, arroz, ovinos, peras y manzanas y papa.

    Del otro lado, los complejos bovino, aviar, porcino, granos y maní lograron mayor estabilidad, permaneciendo en verde en más del 45% del período.

    El balance de diciembre vuelve a dejar una señal clara: mientras algunos sectores logran amortiguar el contexto macroeconómico, la yerba mate continúa atrapada en una crisis de rentabilidad, y economías clave del NEA como la forestación y el té siguen sin encontrar un sendero de recuperación sostenida.

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