El Gobierno habilitó talleres privados para realizar la verificación técnica vehicular
La Secretaría de Transporte oficializó un cambio estructural en el sistema de Revisión Técnica Obligatoria (RTO): a partir de la Resolución 32/2026, cualquier taller mecánico, concesionaria o importador que acredite capacidad técnica podrá realizar inspecciones vehiculares, dejando atrás un esquema concentrado en plantas habilitadas específicas. La medida apunta a aumentar la competencia, reducir costos regulatorios y ampliar la oferta del servicio en todo el país.
Para el sector privado, el cambio implica la apertura de un negocio hasta ahora limitado por barreras regulatorias. Para los usuarios, promete mayor disponibilidad y flexibilidad. Para el Estado, el desafío será garantizar que la expansión de prestadores no termine debilitando los estándares de seguridad vial.
La resolución abre de manera permanente el nuevo Registro Nacional de Talleres de Inspección Técnica de Vehículos, que funcionará de forma digital a través de Trámites a Distancia (TAD).
El Gobierno sostiene que la normativa elimina restricciones que limitaban el ingreso de nuevos operadores y que generaban mercados cerrados en distintas jurisdicciones. Bajo el nuevo esquema, los talleres habilitados podrán inspeccionar vehículos particulares, unidades de pasajeros, camiones, maquinaria especial y vehículos antiguos.
La reforma también incorpora un mecanismo de “silencio positivo”: si la administración no realiza observaciones dentro de los 30 días corridos establecidos para analizar la documentación presentada, el taller quedará habilitado provisoriamente para operar, sujeto a auditorías posteriores.
Desde la óptica económica, el Gobierno busca trasladar al mercado la competencia por precio y calidad del servicio, retirando al Estado de cualquier intervención vinculada a la fijación de tarifas.
Qué cambia para los propietarios de vehículos
La modificación más visible para los usuarios está vinculada con la posibilidad de realizar la revisión técnica en una red mucho más amplia de establecimientos.
Además, se consolidan los nuevos plazos establecidos previamente por la reglamentación nacional:
Vehículos particulares
- Primera revisión a los 5 años desde el patentamiento.
- Hasta los 10 años de antigüedad, la revisión será cada 24 meses.
- Más de 10 años, la inspección será anual.
Vehículos de transporte de cargas y pasajeros
- Primera revisión dentro de los primeros 12 meses.
- Controles posteriores cada 12 meses.
La acreditación seguirá realizándose mediante el Certificado de Revisión Técnica (CRT), acompañado por una constancia digital y la tradicional oblea para el parabrisas.
Una oportunidad para talleres y concesionarias
La resolución crea un nuevo segmento de negocios para el ecosistema automotor. Los talleres que cumplan requisitos de infraestructura, equipamiento y dirección técnica podrán sumar una fuente adicional de ingresos vinculada a las inspecciones obligatorias.
La normativa exige que cada establecimiento cuente con un director técnico, equipamiento específico y sistemas compatibles con la futura base de datos nacional que centralizará la información de las revisiones.
Para concesionarias oficiales e importadores, la reforma también abre la posibilidad de integrar servicios de mantenimiento, reparación y certificación técnica dentro de una misma estructura comercial.
La principal discusión que abre la reforma no está vinculada con la desregulación económica sino con el control técnico.
El nuevo sistema descansa sobre un modelo de auditorías posteriores realizadas por la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), mientras que la Agencia Nacional de Seguridad Vial deberá adecuar sus procedimientos al nuevo esquema.
El riesgo señalado por especialistas en seguridad vial es que una expansión acelerada de prestadores genere diferencias de criterios o inspecciones de menor rigurosidad.
Por esa razón, la resolución ordena desarrollar una base informática nacional que concentre toda la información de las revisiones realizadas, permitiendo seguimiento, trazabilidad y control de certificados emitidos por los talleres habilitados.
La reforma representa uno de los cambios más profundos en el sistema de revisión vehicular de las últimas décadas. El éxito de la medida dependerá menos de la apertura del mercado y más de la capacidad estatal para auditar miles de inspecciones realizadas por actores privados distribuidos en todo el país.
Para Misiones, el potencial beneficio es concreto: más oferta de servicios, menores costos de cumplimiento regulatorio y nuevas oportunidades de negocio para talleres locales. El interrogante de mediano plazo será si la mayor competencia logra traducirse en menores costos para transportistas y automovilistas sin deteriorar los estándares de seguridad vial que justifican la existencia misma de la RTO.
