Un exhaustivo informe para conocer el estado actual de la produccion yerbatera. “Una relativa prosperidad coyuntural que no tiene su correlato en la situación socio-laboral de los trabajadores rurales del sector”.
Por Javier Gortari* – La actividad yerbatera registró una evolución favorable en lo que va del año 2018. Se observó una demanda sostenida de materia prima, que terminó pagándose en algunas zonas por encima de los precios establecidos. También llevó al adelantamiento de la cosecha, que para fines de agosto había alcanzado a los 724 millones de kilos de hoja verde, superando en un 5% el volumen total de la cosecha del año pasado (689 millones de kilos).
Esto se explica en una demanda interna creciente (176 millones de kilos entre enero y agosto) y un incremento importante en las exportaciones (30 millones de kilos en el mismo período). Anualizando los valores de ambos mercados a partir del comportamiento promedio de los primeros ocho meses del año, estaríamos llegando a fines de 2018 con una demanda interna de 264 millones de kilos y exportaciones por 45 millones de kilos. En ambos casos significarían
cifras récords respecto a los valores históricos
En el sexenio 2008/13, el promedio anual de demanda (consumo interno + exportaciones), fue de 282 millones de kilos. Superando por un 1% el promedio de oferta del período: 278 millones de kilos. Lo que daría un exceso de demanda de 24 millones de kilos en seis años, situación que estaría encubriendo problemas de subregistro de la producción de hoja verde, que se hace en base a declaraciones juradas de los operadores del sector (no existe información consistente sobre la situación de los stocks, por lo que a los efectos del análisis, los suponemos constantes).
A partir de entonces la registración de la actividad primaria fue mejorando, reflejando el impacto de la puesta en vigencia del Convenio de Corresponsabilidad Gremial (CCG) para el sector yerbatero a partir del año 2015, que obliga al pago de una tarifa sustitutiva para cobertura de aportes personales y contribuciones patronales (obra social, jubilación, asignaciones familiares, seguro de desempleo y riesgos de trabajo) en función de los volúmenes de producción operados. Los registros del quinquenio 2014/18 evidencian un promedio de oferta de 312 millones de kilos (12% por encima de los seis años previos), contra una demanda media anual de 291 millones (un 3% de crecimiento respecto al promedio del período anterior). Lo que supone un exceso de oferta anual para el quinquenio de 21 millones de kilos anuales.
Más allá de los problemas de registro de la producción y de las eventuales recomposiciones de stocks, se puede advertir una tendencia al crecimiento del volumen de producción y también – aunque a menor ritmo- en la demanda. Tal vez la manifestación más elocuente del sostenido incremento en el consumo fue la baja conflictividad que hubo este año en relación al pago en tiempo y forma de los precios oficiales para la materia prima ($7/kg hoja verde). Es más, en algunas zonas (Andresito, San Pedro), se hizo público que las cooperativas estaban pagando hasta $2 por encima de dicho precio, para garantizarse el abastecimiento de hoja verde que les permitiera cumplir con sus proyecciones y compromisos de ventas de producto terminado.
Esta relativa prosperidad coyuntural, no tiene su correlato en la situación socio-laboral de los trabajadores rurales del sector, que realizan la cosecha en condiciones de precariedad similares a las de los mensúes de hace 100 años:
Tareferos (los cosecheros de Yerba Mate)
En el mes de julio de este año, por Resolución No 53 de la Comisión Nacional de Trabajo Agrario, se estableció en $1,5 por kilo cosechado el valor a pagar por la recolección de hoja verde de yerba mate, para el período comprendido entre el 1 de agosto de 2018 y el 31 de marzo de 2019. Por su parte el directorio del INYM acordó en su sesión del 6 de septiembre, los precios que regirán para la materia prima puesta en secadero en el semestre que va de octubre/18 a marzo/19: $8,40 el kilo de hoja verde y $31,90 para el kilo de la yerba canchada (pasada por el primer proceso de industrialización: deshidratado y molienda gruesa, con una relación técnica media de 3 kilos de hoja verde para producir 1 kg de canchada. Esta yerba, luego de pasar por un período de estacionamiento natural de 1 año -o acelerado en cámaras con atmósfera controlada- es molida más fina y queda lista de empaquetar para consumo. En este proceso recupera parte de la humedad perdida, generando rindes definitivos del orden del 40% respecto al producto primario).
Con precios de góndola que promedian los $100 el kilo, podemos hacer el ejercicio de distribución de ese valor entre los distintos actores de la cadena productiva. El 25% corresponde al pago que recibe el productor por los 3 kilos de hoja verde ($8,4 x 3= $25,2) que se necesitan para producir 1 kilo de yerba lista para consumo. Un 45% queda para el sector industrial y comercial. Y un 30% corresponde a impuestos y tasas (IVA; Ingresos Brutos, tasa de fiscalización del INYM, tarifa sustitutiva CCG y otros).
De los $25,2 que recibe el productor, debe pagar por la cosecha: $/kg 1,5 x 3 kg = $4,5. Es decir que el tarefero recibe por cada $100 a que se vende el kilo de yerba mate al público, el 4,5%. De acuerdo al Relevamiento Provincial de Tareferos que realizó la Universidad Nacional de Misiones en el período 2010/12, un tarefero promedio alcanza a cosechar en una jornada laboral de 9 horas y en un yerbal de calidad media, unos 450 kilos diarios. Esa es la cantidad de materia prima que se necesita para producir 150 kilos de yerba lista para consumo, que el comerciante minorista vende a $100 el kilo, generando un valor bruto por ventas de $15.000.
El tarefero recibe de ese valor $675 diarios. Es decir que en apenas media hora, el tarefero genera un volumen de materia prima suficiente para producir una cantidad de producto final que al precio en góndola equivale a su salario diario. A partir de esa primera media hora, todo el valor que genera el trabajo del cosechero en las otras 8,5 horas de su jornada laboral, es el excedente del que se apropian los otros actores de la cadena productiva: contratista, productor,
secadero, molino, comercio y Estado.
Puesto de otra manera podemos decir que, a un promedio diario de $675 por cosecha de 450 kilos de hoja verde, un cosechero que trabaja a destajo 15 días al mes (ese es el promedio mensual de días efectivamente trabajados por cuestiones climáticas, de salud, de traslado, de problemas organizativos), obtiene un ingreso de $10.125 mensuales. Ese valor está por debajo del establecido para el Salario Mínimo Vital y Móvil ($10.700 en septiembre/18) y equivale a la mitad del valor de una canasta básica ($20.134 para julio/18). Como la cosecha gruesa va de abril a septiembre (6 meses), el resto del año deben vivir de changas, planes sociales (AUH fundamentalmente) y ayuda del Estado.
En esta condición viven los 16.000 tareferos que garantizan, año a año y desde hace 100 años, la producción de yerba mate en la Argentina. El seguro de desempleo (UATRE) o el programa de subsidio interzafra que administra el ex Ministerio de Trabajo de la Nación, solamente comprende a aquellos trabajadores registrados y formalmente en condiciones por días trabajados y volúmenes cosechados (unos 6.000 en la interzafra 2017/18). Las recientes manifestaciones de protesta de las organizaciones de tareferos ante la terminación de la cosecha –que incluyó un piquete frente a la sede del Ministerio de Trabajo en Buenos Aires y cortes de ruta en la Provincia de Misiones-, fueron en el sentido de ampliar esta cobertura a más tareferos y mejorar los valores del subsidio (actualmente $2.300 mensuales durante 4 meses).
De acuerdo a declaraciones del ministro de Trabajo de la Provincia de Misiones, Juan Carlos Agulla, desde el Gobierno Nacional aseguraron que los fondos para este año para atender ese programa se redujeron de $60 millones a $18 millones. (Divididos los 6.000 jornaleros que cobraron el subsidio intercosecha del año pasado, esa reducción significa pasar de recibir $10.000 pesos en el período interzafra 2017/18 a $3.000 en 2018/19. O pasar de una cobertura de 6.000 trabajadores a 2.000: esta última es la propuesta de la Secretaría de Trabajo en el marco de los recortes presupuestarios nacionales).
Como el problema es un tema “provincial”, el Gobierno Nacional lo transfirió a la jurisdicción. El Gobierno Provincial solicitó al INYM que apoyara con su presupuesto el aumento de la cantidad de trabajadores incluidos en subsidio interzafra y el directorio de ese organismo aprobó, en su sesión del 4 de octubre pasado, transferir fondos a la Secretaría de Trabajo para lograr una cobertura más amplia, en el marco de las condiciones que se les exige a los trabajadores beneficiarios: tres recibos de sueldo durante la cosecha recién finalizada y un ingreso mínimo de $3.000. La idea es poder reiterar la cobertura de los últimos años y alcanzar a 6.000 trabajadores temporarios registrados, durante los 4 meses de la interzafra, antes de que empiecen las tareas de verano denominada zafriña o cosecha fina. (Aún si eso se lograra finalmente, sería por el mismo importe de subsidio mensual que el año pasado, $2.300 – en un contexto de alta inflación particularmente de los alimentos-, y para los 6.000 trabajadores registrados: los 10.000 restantes seguirían sin atenderse) 
En este punto cabe consignar que el INYM se financia con lo recaudado por la Tasa de Inspección prevista en la ley de su creación. La última actualización del valor de esta tasa es de abril de 2017 (Resolución 70-E/2017 del Ministerio de Agroindustria de la Nación), que la llevó a $0,65 por kilo de yerba molida con destino al mercado interno. Sobre un volumen de demanda interna que está en el orden de los 250 millones de kilos, implica un fondo de $163 millones anuales. Este es el presupuesto del INYM y con ello costea su funcionamiento, así como los diversos programas de asistencia al sector: subsidio de la tasa de interés de los créditos para financiar la cosecha, programas de capacitación en Buenas Prácticas para la producción primaria y manufactura, distribución de herramientas y equipamientos para tareas de poda, cosecha y transporte de la materia prima, becas de estudio a hijos de productores y tareferos, cofinanciación con el CONICET de proyectos de investigación sobre propiedades de la Yerba Mate, su vinculación con la salud, etc. Con lo que dedicar parte de su presupuesto al apoyo económico del programa interzafra no solo es financieramente plausible, sino que, considerando al eslabón de la cosecha como un factor crítico de toda la cadena de valor, aparece como por demás razonable que se respalde el acompañamiento a la mejora en las condiciones de vida de estos trabajadores.
Otro fondo interesante que produce el circuito comercial de la Yerba Mate es el generado por la aplicación del Convenio de Corresponsabilidad Gremial desde el año 2015. Este Convenio supone la retención por parte de los industriales de una Tarifa Sustitutiva con la que se financian los aportes personales y contribuciones patronales, calculados en función de los jornales requeridos para producir un kilo de Yerba Mate elaborada. La industria retiene la Tarifa Sustitutiva según el volumen de producción operado y lo deposita en una cuenta del INYM. Para el año 2018 esta tarifa se estableció en $1,76 por kilo de yerba canchada, de los cuales $0,06 corresponden a la “cuota solidaria de afiliación” a UATRE. Los $1,70 restantes los debe transferir el INYM a la AFIP, con destino a la financiación nacional de los conceptos mencionados (jubilación, obra social, riesgos de trabajo, asignaciones familiares y seguros varios).
Considerando a la demanda anual (consumo interno y exportaciones) como el volumen de producción que entró en los circuitos comerciales (291 millones de kilos promedio en el último quinquenio), por el concepto de Tasa Sustitutiva el fisco recaudó $495 millones anuales. Podemos ver también en este caso la posibilidad de fondos frescos con los que atender una deuda histórica del sector yerbatero: las deplorables condiciones de vida de quienes tienen a su
cargo el trabajo de cosechar la Yerba Mate.
En el mismo sentido apunta el proyecto de Ley presentado en el Congreso Nacional por el diputado misionero Jorge Franco en marzo de 2017, por cuyo tratamiento insistió ante la presidencia de la Comisión de Agricultura y Ganadería en septiembre de este año, con el apoyo de los diputados Welbach, Basterra y Behillo (Exp.1122-D-2017. Instituto Nacional de la Yerba Mate. Ley 25.564. Modificación sobre funciones y facultades). Entre otras medidas estratégicas, el proyecto propone la implementación del Mercado Consignatario a fin de operativizar un espacio comercial de referencia para garantizar el respeto a los precios establecidos por el INYM de la hoja verde y de la yerba canchada. También prevé la fijación del precio de la yerba mate a salida de molino, de modo de garantizar hasta ese nivel de procesamiento la certeza de cobertura de costos y márgenes de ganancia, tanto para productores como para secaderos y molinos elaboradores.
Pero el eje del proyecto es la creación de un Fondo Especial Yerbatero (FEY) a partir del cobro de una Tasa Compensadora de Fiscalización y Fomento (en reemplazo de la Tasa de Inspección actual). El valor propuesto de dicha tasa sería el equivalente al 5% del precio promedio de venta al público del paquete de 1/2 kilo de Yerba Mate, aplicable al producto comercializado en el mercado interno (a $50/kg en septiembre de 2018, permitiría recaudar un Fondo de unos $1.250 millones anuales, a distribuir entre pequeños productores, tareferos y presupuesto del INYM). En los fundamentos del proyecto de ley se lee:
“… [la tasa de fomento]será destinada a mejorar la calidad de vida de los trabajadores y pequeños productores rurales de yerba mate.”
“El Fondo Especial Yerbatero servirá para la búsqueda de una vivienda digna, transporte adecuado, salud, educación y capacitación profesional para los tareferos. Entendemos esta vía como la única posible para la erradicación definitiva del trabajo infantil.”
Las cámaras empresariales del sector de ambas provincias productoras, Misiones y Corrientes, ya han manifestado su oposición a este proyecto. Se trata de una disputa histórica por la distribución de los ingresos generados por la actividad yerbatera: un valor bruto de producción/comercialización del orden de los U$S 1.000 millones anuales. Que ha permitido la realización de importantes ganancias y una sostenida acumulación de capital en aquellos actores más concentrados de la cadena de valor: grandes productores integrados verticalmente con la agroindustria y molinos yerbateros que controlan oligopólicamente la producción final.
La otra cara de la moneda son los más de 15 mil pequeños productores que subsisten en un esquema de minifundio, autoexplotación y expulsión de las generaciones más jóvenes hacia los centros urbanos próximos. Y el contingente de peones rurales que desde hace 100 años acompañan el desarrollo del cultivo de Yerba Mate en el noreste argentino, repitiendo de generación en generación el derrotero de miseria y exclusión social de sus mayores.
Relevamiento socio-laboral
Es necesario un contingente del orden de los 16 mil obreros rurales, para levantar una cosecha de 800 millones de kilos de hoja verde, estimando en 7,5 meses el período laboral (abril/septiembre y la “zafriña” de verano), trabajando un promedio de 15 días al mes, con un rendimiento medio de 450 kilos diarios por cosechero. En el marco de la crisis yerbatera provocada por la desregulación, una buena parte de estos trabajadores rurales se radicaron en las periferias de los pueblos del interior provincial: los 9.300 asalariados permanentes registrados por las EAP ́s yerbateras en el Censo Agropecuario 1988, se redujeron a la mitad en el Censo Agropecuario 2002: 4.800.
Estos trabajadores rurales ahora urbanizados, transitorios y semiocupados, son reclutados por contratistas propietarios de un camión y un capital de trabajo básico, quienes coordinan con el dueño del yerbal y con los secaderos la cosecha y su traslado a la planta industrial. Esta “deslocalización” laboral, la estacionalidad de la demanda de trabajo y la intermediación contractual, reducen la capacidad negociadora de los trabajadores, lo que deriva en situaciones de absoluta vulnerabilidad[1].
En septiembre de 2008 la legislatura misionera aprobó la Ley No 4450, por la que se creaba el Registro Único de Tareferos de la Provincia de Misiones, con el objetivo de convertirse en un instrumento para “elaborar, desarrollar y destinar programas sociales” que permitan generar mejores condiciones de vida para estos trabajadores y su grupo familiar.
En el marco de un convenio de cooperación entre el Gobierno Provincial y la Universidad Nacional de Misiones (UNaM), el Relevamiento Provincial de Tareferos se inició en la interzafra 2010/11 y se extendió hasta la de 2011/12, cuando debió suspenderse por la interrupción del financiamiento. Se alcanzaron a relevar unos 7.000 tareferos en 22 localidades:
por la ruta nacional no12 costera al Río Paraná (Jardín América, Puerto Leoni, Colonia Polana, Hipólito Irigoyen, Santo Pipó, General Urquiza, Capioví, Gobernador Roca, Ruiz de Montoya, Corpus, Puerto Rico, Garuhapé, El Alcázar, Caraguatay, Montecarlo y Puerto Piray), en la frontera con Brasil por la ruta nacional no 101 (Andresito) y sobre la ruta nacional no14 que recorre longitudinalmente el centro provincial (Dos de Mayo, Aristóbulo del Valle, Campo Grande, Campo Ramón y Campo Viera). De la información recolectada se puede sintetizar[2]: 
Situación laboral y social de los 6.905 tareferos relevados
Edad promedio:34 años, 88% de sexo masculino y 94% de nacionalidad argentina (siendo la más importante entre el resto la de origen paraguayo).
·El 61% vivía con familia (42% unión de hecho y 19% matrimonio).
El 77% carecía de Obra Social. Los problemas de salud laboral más frecuentes registrados fueron dolores de cintura, columna y hernias (asociados al levantamiento y acarreo de raídos de 100 kg desde el yerbal al camino donde los recoge el camión) y resfríos y gripes provocados por la exposición al mal tiempo y a la intemperie.
El 71%% nunca había hecho aportes jubilatorios y otro 21% alguna vez hizo pero no hacía, sumando un 92% sin proyección jubilatoria.
El 47% aseguró que su padre fue tarefero y el 39% que su madre lo fue.
El 64% aprendió a tarefear con sus padres y el 17% con otros familiares y amigos.
El 56% comenzó a tarefear con 14 años o menos, dando cuenta de la extendida presencia del trabajo infantil.
El 17% no leía ni escribía. El 60% tenía como nivel máximo educativo la escuela primaria incompleta.
El 83% son transportados al yerbal en la caja del camión (77%) o de una camioneta (6%).
El 97% recibe su jornal en efectivo. Un 3% en vales o mercadería.
El 75% manifestó que permanece en su casa durante la cosecha, es decir que todos los días va y viene del yerbal. Un 23% acampa en el yerbal y lo hace en carpas o galpones.
El 23% va al yerbal con toda la familia.
El 41% trabajó para un contratista. El 38% para una empresa/cooperativa. Y un 28% fue contratado directamente por el productor.
El 81% no está afiliado a ningún sindicato.
Vivienda y condiciones de vida (se relevaron 5.627 hogares de tareferos con una población total de 25.431 personas)
El 81% asentadas en zonas urbanas y periurbanas, 12% en zona rural agrupada, 4% en rural dispersa y 3% en comunidades aborígenes.
Un promedio de 4,5 personas por hogar.
El 50% de las viviendas estaban emplazadas en asentamientos espontáneos con calles de tierra y sin veredas ni desagües.
Un 81% eran casas con paredes de madera.
El 51% tenía pisos de cemento/mosaico; 38% de tablas (38%) y 11% de tierra.
Los techos eran el 65% de zinc o fibrocemento, 35% eran de chapas de cartón y otros materiales precarios.
Un 38% era propietario de la casa y el terreno. El 62% restante solo era dueño de la casa –la “mejora”- u ocupante precario.
Solo el 48% estaba conectado a la red de agua potable. Un 29% usaba agua de pozo y un 16% de canilla pública.
El 73% usaba letrina para las excretas y un 24% inodoro con desagüe a pozo (23%) o cloaca (1%).
El 86% tenía conexión a energía eléctrica.
Sólo el 34% cocinaba con gas. El resto usaba leña (65%) o carbón como principal combustible para la cocina.
Casi el 50% de los hogares presentaba niveles de hacinamiento: medio 25% (más de dos personas por cuarto) y crítico 22% (más de tres personas por cuarto).
* Docente/investigador de la Universidad Nacional de Misiones
[1] Re, Roa y Gortari (2017): Tareferos: vida y trabajo en los yerbales. Editorial Universitaria. UNaM. Posadas (descarga libre en www.editorial.unam.edu.ar).
[2] Alemany, Bulloni y Figueredo (2018): Características laborales y socio familiares – Estrategias de vida en la zafra y en la inter-zafra de los Tareferos de 22 localidades de la Provincia de Misiones. Informe de Proyecto de Investigación: “Encadenamientos económicos agroindustriales y trabajo rural en la Provincia de Misiones”. Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales. UNaM. Posadas.
