TASAS MUNICIPALES

CAME rechazó la reforma tributaria sugerida por el FMI y pidió un nuevo Consenso Fiscal

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La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) rechazó las recomendaciones tributarias formuladas por el Fondo Monetario Internacional (FMI) para la Argentina y advirtió que las propuestas apuntan a aumentar la carga sobre trabajadores, pequeños contribuyentes y consumidores, sin resolver los problemas estructurales que afectan la competitividad del sector productivo.

El organismo internacional planteó ampliar la base del Impuesto a las Ganancias para trabajadores en relación de dependencia, extender el alcance del IVA sobre bienes y servicios actualmente exentos y reformar el régimen del Monotributo elevando sus categorías.

Para CAME, estas iniciativas tienen un efecto regresivo porque reducen el ingreso disponible de las familias, encarecen la formalidad y afectan el consumo interno, uno de los principales motores de la actividad económica.

“La discusión tributaria está enfocada en el lugar equivocado”, señalaron desde la entidad empresaria, al sostener que el principal problema fiscal para las pymes no se encuentra en los impuestos nacionales sino en la estructura tributaria provincial y municipal.

El foco de la crítica: Ingresos Brutos y las tasas municipales

Según el análisis de CAME, el verdadero obstáculo para la inversión, la producción y la generación de empleo formal es la acumulación de impuestos subnacionales, especialmente el Impuesto sobre los Ingresos Brutos (IIBB) y diversas tasas municipales.

La entidad explicó que estos tributos se aplican sobre la facturación y no sobre la rentabilidad, por lo que impactan incluso sobre empresas que registran márgenes reducidos o pérdidas.

Además, advirtió que el denominado “efecto cascada” de Ingresos Brutos incrementa los costos en cada etapa de la cadena productiva y termina trasladándose a precios, afectando tanto a empresas como a consumidores.

Otro de los puntos cuestionados es el sistema de retenciones y percepciones provinciales, que genera saldos a favor difíciles de recuperar y obliga a las empresas a financiar involuntariamente a los fiscos locales.

Un préstamo forzoso al Estado

CAME sostiene que las retenciones anticipadas aplicadas por las provincias suelen superar el impuesto efectivamente adeudado por los contribuyentes.

Qué propone el FMI para Argentina

  • Ampliar la base del Impuesto a las Ganancias para trabajadores.
  • Extender el IVA a bienes y servicios actualmente exentos.
  • Modificar el régimen de Monotributo elevando categorías.
  • Incrementar la recaudación tributaria de manera permanente.

Como consecuencia, miles de empresas acumulan créditos fiscales que pueden tardar años en recuperarse, perdiendo valor por efecto de la inflación.

La entidad remarcó que este mecanismo afecta especialmente al capital de trabajo de las pymes y funciona, en la práctica, como un financiamiento sin costo para los gobiernos provinciales.

La propuesta: un Nuevo Consenso Fiscal

Frente a este escenario, CAME propuso convocar a un Nuevo Consenso Fiscal entre Nación, provincias y municipios para avanzar en una reforma integral del sistema tributario subnacional.

El objetivo sería armonizar criterios, transparentar los regímenes de recaudación y reducir las distorsiones que afectan la competitividad empresarial.

La entidad considera que el acuerdo debería incluir una transformación gradual de Ingresos Brutos para eliminar su aplicación en las etapas intermedias de producción y concentrar la tributación en la venta final al consumidor, siguiendo una lógica similar a la del IVA.

Asimismo, plantea establecer reglas uniformes para las devoluciones de saldos a favor, limitar las retenciones excesivas y fortalecer la coordinación entre jurisdicciones.

Las 6 bases del Nuevo Consenso Fiscal que propone CAME

  1. Armonizar criterios tributarios entre provincias.
  2. Limitar retenciones y percepciones excesivas.
  3. Agilizar la devolución de saldos a favor.
  4. Transparentar tasas municipales.
  5. Reducir el efecto cascada de Ingresos Brutos.
  6. Fortalecer la coordinación fiscal entre jurisdicciones.

Desde CAME sostienen que aumentar la carga sobre salarios y consumo no resolverá los problemas estructurales de la economía argentina.

Por el contrario, afirman que una mayor presión tributaria sobre trabajadores y pequeños contribuyentes podría afectar la demanda interna, desalentar la formalización y reducir la actividad económica.

“La competitividad no se recupera aumentando impuestos sobre quienes producen, trabajan y consumen, sino eliminando los tributos distorsivos que encarecen la inversión y la generación de empleo”, concluyó la entidad.

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Posadas lanza alivio fiscal y administrativo para comercios en crisis

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El municipio de Posadas activó un paquete de medidas fiscales y administrativas con impacto directo en el comercio local, en un contexto de caída de ventas, aumento de costos y cierres en el microcentro. El anuncio, presentado por el secretario de Hacienda Martín Leiva Varela tras una mesa de trabajo con la Cámara de Comercio, establece bonificaciones impositivas, ampliación de beneficios tributarios y un esquema de regularización de deudas que comenzará a regir con su publicación en el Boletín Oficial.

El dato central: una bonificación del 100% en tasas clave por 12 meses para nuevas habilitaciones entre el 1 de mayo y el 30 de septiembre, junto con una expansión del universo de contribuyentes alcanzados por alivios fiscales. La pregunta de fondo empieza a instalarse: ¿se trata de un giro suficiente para sostener la actividad o apenas de un movimiento defensivo ante una crisis más profunda?

Menos costos, menos burocracia

El diseño del paquete parte de un diagnóstico compartido entre el municipio y el sector privado. “Nos han manifestado en las reuniones previas la difícil situación que vienen atravesando asociado a la caída del volumen de ventas, el incremento de costos y la carga administrativa”, explicó Leiva Varela.

Sobre esa base, el municipio estructuró cuatro ejes. El primero apunta a reducir costos iniciales: “Consiste en otorgar una bonificación del cien por ciento de la tasa de barrido, limpieza y publicidad por el plazo de doce meses para todas aquellas habilitaciones”, detalló el funcionario, con foco en la zona céntrica.

El segundo amplía el acceso a beneficios fiscales. “Se amplía el tope de facturación… pasando de veinte millones a cuatrocientos millones”, indicó, lo que permitirá “incrementar la cantidad de contribuyentes… en al menos dos mil contribuyentes más”.

El tercer componente apunta a la regularización: “Se implementa un régimen de facilidades de pago… con quitas de intereses de no menos del ochenta por ciento y multas del cien por ciento”, explicó.

Y el cuarto eje introduce un cambio operativo relevante: “Se ha procedido a la exclusión automática… de agentes de retención y percepción, lo cual le va a aliviar su carga administrativa”, afirmó.

Para el funcionario, el objetivo es claro: “Aliviar, simplificar procesos y fomentar la actividad económica municipal”.

El trasfondo: caída del consumo y reconversión comercial

Desde la Cámara de Comercio validaron el enfoque, aunque con un diagnóstico más crudo del escenario. “Es un contexto muy complejo, muy competitivo… comercios que se están sosteniendo a duras penas”, señaló su presidente Federico Panozzo.

El dirigente remarcó que las medidas surgen de un trabajo técnico conjunto: “No estar tirando titulares ni pedidos al aire sino trabajar en una mesa de trabajo midiendo el impacto”.

En ese marco, identificó un punto crítico: la carga administrativa. “Para PYMES que puedan dejar de ser agentes es una medida… que termina resultando en costos”, explicó, aludiendo a la necesidad de personal dedicado a tareas impositivas.

El deterioro del microcentro aparece como dato estructural. “Estimamos que hay un treinta por ciento de comercio menos en el microcentro”, advirtió Panozzo. La dinámica no es lineal: hay cierres, pero también reconversiones hacia formatos más chicos. “Se reconvierten en comercios mucho más pequeños”, describió.

Reconfiguración de actores

El paquete posiciona al municipio como actor activo en la contención de la crisis, pero también expone los límites de su intervención. El alivio fiscal amplía el margen de acción de los comercios, pero no resuelve el problema de fondo: la caída de la demanda.

El propio sector lo reconoce. “Las empresas están en crisis real, financiera, con atrasos de compromisos”, sostuvo Panozzo, lo que deja en evidencia que el alivio fiscal puede mejorar márgenes pero no garantiza ventas.

En términos de correlación de fuerzas, la articulación público-privada aparece como un dato relevante. “Lo vemos de manera positiva… porque es un trabajo articulado”, afirmó el dirigente empresario, aunque anticipó que el reclamo escalará a otros niveles: “Queremos seguir trabajando con el gobierno de la provincia… y también con un tema nacional”.

Ese punto introduce una dimensión más amplia: la competitividad regional y la presión impositiva estructural, que exceden al municipio.

Un movimiento táctico en un escenario inestable

El alcance real de las medidas dependerá de su capacidad para alterar comportamientos en el corto plazo. La bonificación para nuevas habilitaciones apunta a reactivar el centro, pero su efectividad estará atada a la expectativa de rentabilidad futura. Nadie invierte solo por pagar menos tasas.

En paralelo, el plan de regularización puede aliviar tensiones financieras inmediatas, aunque no necesariamente modifica la tendencia de fondo si el consumo no repunta.

“Entendemos que esta no es una cuestión que termina acá… es una puerta que se abre”, planteó Leiva Varela, al anticipar un trabajo continuo con el sector privado.

Del lado empresarial, la expectativa es más cauta. Las medidas son valoradas, pero se inscriben en una estrategia defensiva frente a un contexto que sigue tensionando.

El dato que queda flotando es si el alivio fiscal alcanzará para revertir la inercia o si el comercio seguirá reconfigurándose, con menos actores y estructuras más pequeñas. La respuesta no está en una ordenanza ni en un anuncio: se juega en el ritmo del consumo y en la capacidad de adaptación de un sector que ya empezó a cambiar.

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Caputo se alinea con supermercados y pone en la mira a las tasas municipales

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El ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, encabezó una reunión con representantes de las principales cadenas de supermercados, donde emergió un diagnóstico que trasciende lo sectorial: las tasas municipales aparecen como el principal factor que hoy afecta la actividad. El encuentro, del que también participó el secretario de Coordinación Productiva, Pablo Lavigne, instala una tensión política de fondo entre Nación y gobiernos locales. ¿Se trata de un reclamo puntual o del inicio de una disputa más amplia por la presión impositiva en distintos niveles del Estado?

Un reclamo concreto que escala en la agenda económica

Según detalló el propio ministro, los supermercadistas identificaron a las tasas municipales como el principal problema que enfrentan. El cuestionamiento no apunta solo al nivel de carga, sino también a su justificación: sostienen que no existe una contraprestación clara que legitime esos cobros.

El planteo adquiere volumen al incorporar cifras específicas. En algunos municipios, las tasas alcanzan niveles que superan el 6%, con adicionales que elevan la carga total. En otros casos, se suman contribuciones vinculadas a fondos educativos, tasas ambientales o cargos adicionales que impactan directamente en los costos operativos y, por extensión, en los precios al consumidor.

El dato no es menor: el sector supermercadista funciona como termómetro de precios en la economía. Cualquier presión sobre sus costos tiene impacto inmediato en la cadena de consumo.

La dimensión institucional: Nación vs. municipios

El eje del conflicto no se limita a una discusión económica. Introduce un debate institucional sobre la estructura tributaria en Argentina. Mientras el Gobierno nacional avanza con un discurso de reducción de impuestos y costos, los municipios aparecen como un nivel donde la presión fiscal se mantiene o incluso crece.

Caputo fue explícito al señalar que estas tasas “no corresponden” cuando no tienen contraprestación, lo que abre una discusión jurídica y política sobre su legitimidad. En ese marco, la Casa Rosada empieza a construir un argumento que puede escalar más allá del sector supermercadista.

La participación de grandes cadenas —Cencosud, Carrefour, Changomás, Coto, Día y La Anónima— refuerza el peso del reclamo. No se trata de actores marginales, sino de empresas con fuerte incidencia en el consumo masivo.

Presión sobre intendentes y alineamiento empresario

El encuentro deja ver un alineamiento táctico entre el Gobierno nacional y el sector privado frente a los gobiernos locales. La estrategia parece clara: visibilizar el impacto de las tasas municipales en los precios para trasladar el costo político hacia los intendentes.

En ese esquema, los municipios quedan expuestos como responsables de una parte de la carga que incide en la inflación minorista. Es un movimiento que puede reconfigurar la discusión pública sobre dónde se concentran los costos del sistema impositivo.

Para el oficialismo, el beneficio es doble. Por un lado, canaliza reclamos empresarios. Por otro, refuerza su narrativa de que la presión fiscal no proviene exclusivamente del nivel nacional.

Disputa fiscal y efectos en precios

Lo que sigue dependerá de cómo evolucione esta tensión. Si el Gobierno decide avanzar más allá del diagnóstico, podría impulsar medidas o presionar políticamente para revisar esquemas municipales.

Al mismo tiempo, el impacto en precios será una variable clave. Si las tasas continúan trasladándose a los costos, el conflicto puede adquirir mayor visibilidad en el debate inflacionario.

El encuentro dejó un mensaje político claro, pero también abrió un frente complejo. La discusión sobre quién cobra impuestos —y cuánto— vuelve al centro de la escena, esta vez con actores y niveles de gobierno en tensión.

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Puerto Libertad regula el uso de monopatines eléctricos

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El municipio de Libertad decidió intervenir en un terreno que hasta ahora se movía con baja regulación: la circulación de monopatines eléctricos y otros vehículos autopropulsados. La decisión no es menor. En un contexto donde estos vehículos ganan presencia en calles y avenidas, el municipio optó por formalizar reglas, imponer sanciones concretas y alinearse con la normativa nacional vigente.

El Concejo Deliberante de Puerto Libertad avanzó en una doble decisión que combina recaudación, orden normativo y control del espacio público: aprobó la actualización del esquema de licencias de conducir y, en paralelo, adhirió al marco nacional que regula la circulación de monopatines eléctricos. Las medidas quedaron formalizadas el 11 de marzo de 2026 mediante las Ordenanzas N° 001 y 002, y fueron parcialmente impulsadas por el Departamento Ejecutivo Municipal, que ya había anticipado cambios a través de resoluciones previas.

El movimiento no es menor en clave política local. Por un lado, el municipio corrige desfasajes fiscales en un contexto inflacionario que erosionó tasas vigentes. Por otro, incorpora regulación sobre nuevas formas de movilidad urbana, un terreno donde la ausencia normativa suele generar conflictos. La pregunta que se abre es si se trata de una simple adecuación técnica o de un intento más amplio por reordenar ingresos y control territorial en simultáneo.

Licencias más caras y en UF: el municipio busca cerrar el desfasaje inflacionario

La Ordenanza N° 001 aprueba modificaciones sobre la Ordenanza General Impositiva 2026, en particular en lo referido al otorgamiento y renovación de licencias de conducir.

El punto de partida es claro: los valores vigentes habían quedado desactualizados frente a la inflación, al punto de no cubrir los costos básicos de insumos necesarios para emitir los registros. Ese argumento, explicitado en la resolución previa del Ejecutivo, funcionó como base política para avanzar con la actualización.

La nueva estructura introduce un cambio relevante: los valores pasan a expresarse en Unidades Fiscales (UF), lo que permite ajustar automáticamente las tasas sin necesidad de reformas constantes. Es una herramienta clásica en contextos de volatilidad, pero también un mecanismo que traslada al contribuyente el ritmo de actualización tributaria.

El esquema fija valores diferenciados según clase y duración de la licencia. Por ejemplo:

  • Clases A y B: desde 10 UF por un año hasta 44 UF por cinco años
  • Clases C, D y E: desde 13 UF hasta 52 UF según duración
  • Clase F: desde 6 UF hasta 28 UF

Además, incorpora dos decisiones con impacto directo en el usuario: Penalización por mora: se aplicará un recargo de 1 UF por cada mes de vencimiento al momento de renovar la licencia. Extensión de plazos: se habilita la posibilidad de obtener licencias de hasta cinco años, en línea con otros municipios de la provincia.

El Concejo también corrigió un error en la ordenanza impositiva: el valor de los letreros y avisos en general pasa de 1 UF a 10 UF por m² y por año, lo que implica un incremento significativo en términos nominales.

En conjunto, la ordenanza no solo actualiza valores: redefine el esquema de ingresos municipales vinculado a servicios administrativos y publicidad, con una lógica de convergencia hacia parámetros provinciales.

Monopatines bajo control: adhesión a normativa nacional y esquema de sanciones

La segunda decisión, plasmada en la Ordenanza N° 002, introduce un cambio en la regulación del tránsito local: Puerto Libertad adhiere a la Disposición 480/2020 de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, incorporando reglas específicas para vehículos autopropulsados, en especial monopatines eléctricos.

El diagnóstico es explícito: estos vehículos ya circulan en la vía pública, alcanzan velocidades comparables a otros rodados y conviven con peatones y automotores. La ausencia de regulación, en ese contexto, incrementa los riesgos de siniestros viales.

La ordenanza no se limita a una adhesión formal. Define un régimen concreto de sanciones, con un patrón común: secuestro del vehículo y multa en UF. Entre las infracciones contempladas:

  • Conducción por menores de 16 años: 60 UF (aproximadamente $114.000)
  • Falta de casco: 40 UF (aproximadamente $76.000)
  • Circulación fuera de calles y avenidas: 40 UF (aproximadamente $76.000)
  • Exceso de velocidad (más de 30 km/h): 40 UF (aproximadamente $76.000)
  • Circular con acompañante: 40 UF (aproximadamente $76.000)
  • Falta de frenos o luces reglamentarias: 40 UF (aproximadamente $76.000)

El Ejecutivo municipal promulgó la norma el 13 de marzo de 2026, consolidando su entrada en vigencia.

En términos institucionales, el municipio se alinea con el marco nacional de seguridad vial, pero al mismo tiempo gana capacidad de control y sanción sobre un segmento de movilidad emergente.

Recaudación, control y alineamiento normativo: qué cambia en el equilibrio local

Las dos ordenanzas responden a lógicas distintas pero convergentes.

La actualización de tasas busca sostener el funcionamiento administrativo en un contexto inflacionario, evitando que los servicios municipales operen a pérdida. La adopción de UF refuerza esa estrategia, al introducir un mecanismo de ajuste permanente.

La regulación de monopatines, en cambio, apunta a ordenar el uso del espacio público y reducir riesgos viales, pero también incorpora una dimensión recaudatoria indirecta a través del sistema de multas.

En conjunto, las medidas sugieren un movimiento de consolidación institucional: más previsibilidad en ingresos y mayor capacidad de intervención sobre la circulación urbana.

Al mismo tiempo, el alineamiento con normativas provinciales y nacionales evita desfasajes regulatorios con otros municipios, una preocupación que aparece explícita en los fundamentos de la ordenanza impositiva.

Un municipio que ajusta sin reformar de fondo

Las decisiones no implican una reforma estructural del sistema tributario ni del esquema de movilidad. Son, más bien, ajustes puntuales sobre instrumentos existentes.

Sin embargo, la simultaneidad de ambas medidas permite una lectura más amplia: el municipio actúa sobre dos frentes sensibles —ingresos y control urbano— en un mismo movimiento.

Queda por ver cómo impactará en la práctica. La actualización de tasas puede mejorar la recaudación, pero también tensionar la relación con contribuyentes. La regulación de monopatines puede ordenar la circulación, aunque su eficacia dependerá de la capacidad de control real.

En las próximas semanas, el foco estará en la implementación. Porque más allá de la letra de las ordenanzas, la política municipal se juega en su ejecución cotidiana, donde las decisiones técnicas empiezan a mostrar su verdadero alcance.

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Las pymes apuestan a reformas laborales, impositivas y financieras para volver a crecer

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Las pequeñas y medianas empresas (PyMEs) miran a 2026 como un punto de inflexión. Para los dirigentes nucleados en la Confederación Económica de Misiones (CEM), el próximo año concentra expectativas concretas de que las reformas estructurales que ya comenzaron a discutirse a nivel nacional —y que el sector reclama desde hace décadas— tengan finalmente el contenido y el impacto necesarios para devolver competitividad, reactivar el consumo y generar empleo sin temor. En un contexto de ajuste fiscal y objetivo de Déficit Cero, las pymes plantean una agenda clara: reducir costos, ordenar el sistema laboral, aliviar la presión impositiva y reconstruir un esquema financiero compatible con la rentabilidad real de las empresas.

El desafío no es menor. Tras un ciclo económico que dejó a muchas firmas sin espalda financiera, el sector entiende que sin actividad económica sostenida ninguna reforma será viable en el tiempo. Por eso, el foco está puesto tanto en las decisiones nacionales como en su necesario correlato provincial y municipal.

Reforma laboral e impositiva: bajar el costo, no el salario

Desde la CEM, que agrupa a más de 30 cámaras empresarias de Misiones, la prioridad está puesta en influir en el debate legislativo. “Cerramos el 2025 e iniciamos el 2026 con el foco de la actividad dirigencial pyme puesto en fortalecer el diálogo y la información brindada a legisladores nacionales, de manera tal de ponerlos al tanto de la situación del sector”, señaló Guillermo Fachinello, presidente de la entidad.

En materia de Reforma Laboral, la posición es tajante: el problema no es el salario, sino el costo laboral. Las pymes dependen del consumo y, por lo tanto, bajar ingresos no es una opción. El reclamo apunta a reducir cargas e introducir cambios que permitan contratar sin el riesgo de una litigiosidad desmedida, que —según advierten— termina fundiendo empresas y no siempre redunda en beneficios directos para los trabajadores.

El planteo se vuelve aún más complejo si se considera el marco macroeconómico actual. El Gobierno Nacional sostiene el objetivo de Déficit Cero, lo que obliga a pensar reformas que alivien al sector privado sin desbalancear las cuentas públicas. En paralelo, las pymes reclaman una Reforma Impositiva propia, con instrumentos pensados específicamente para su escala y estructura de costos, que les permita seguir traccionando la economía real.

Financiamiento, consumo y confianza: las claves para volver a invertir

Otro eje central de la agenda pyme es el financiero. La expectativa es que una Reforma Financiera sea inminente y contemple un esquema crediticio acorde a la rentabilidad de las empresas, especialmente en un contexto de baja inflación. En esa línea, Gerardo Díaz Beltrán, secretario de la CEM y secretario del Interior en CAME, insiste en la necesidad de tasas que reflejen la nueva realidad macroeconómica.

El diagnóstico es compartido: pese a la baja del riesgo país y de las tasas de referencia, ese alivio no se trasladó plenamente al crédito productivo. Además, el sector señala que el valor del dinero en el ámbito internacional es sensiblemente mayor al que se toma como referencia para financiar a las pymes locales, lo que profundiza la brecha de competitividad. Tras la eliminación de las Leliq, se espera un gesto concreto del sistema financiero hacia la producción, con mayor flexibilidad y eficiencia.

La reactivación del consumo, en tanto, aparece como una condición necesaria. “Está claro que sin actividad económica, ninguna de las reformas de las cuales estamos hablando tiene sentido”, coinciden los dirigentes empresarios. Sin demanda interna, la baja de costos y el crédito accesible pierden efectividad.

Presión fiscal provincial y tasas municipales

El debate no se agota en la Nación. Las pymes misioneras plantean que las reformas deben generar ecos a nivel provincial y municipal. Reclaman un reacomodamiento del esquema impositivo provincial, una revisión de las tasas municipales y mayor eficiencia en el gasto tanto en empresas públicas como en los distintos niveles del Estado.

No es un reclamo menor: la carga tributaria encabeza desde hace al menos tres años el listado de problemáticas provinciales que más afectan la actividad diaria de las pymes en todos los sectores —industria, comercio, producción y servicios—. A eso se suman regímenes municipales abusivos en varios municipios, que generan impactos negativos directos sobre la actividad y plantean, según el sector, un riesgo institucional para la producción.

En la coyuntura poselectoral, el clima tampoco ayuda. Luis Steffen, director de la Comisión de Comercio y Servicios de la CEM, advierte que “se dio cierto nivel de descreimiento desde el sector pyme hacia el crecimiento tanto para Argentina como para Misiones”. En ese marco, subraya que el país necesita confianza y una tasa de interés razonable para que las inversiones vuelvan y se puedan generar nuevas fuentes de trabajo.

El diagnóstico final es autocrítico. El sector reconoce que atraviesa un fin de ciclo poco beneficioso: “El consumo y la actividad engañosa nos llevó a no tener espalda para soportar el ajuste y avanzar en las transformaciones que hacen falta”, admiten. Por eso, 2026 aparece como una oportunidad clave. No como una promesa abstracta, sino como el año en el que las reformas deberán traducirse en condiciones reales para producir, invertir y volver a crecer.

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