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Lula anunció su candidatura presidencial para 2018

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El ex presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva manifestó este martes su decisión de postularse para un nuevo mandato en las elecciones del año próximo horas después de haber sido acusado de corrupción en la causa Lava Jato.

“Estoy dispuesto a volver a ser candidato” en las elecciones de octubre de 2018, declaró Lula en declaraciones radiales.
“Sinceramente creo que el pueblo brasileño tiene nostalgia del tiempo en el que fui presidente de la República”, añadió el líder del Partido de los Trabajadores.

Lula gobernó durante dos mandatos entre 2003 y 2010, y aparece como favorito con vista a los comicios del año que viene de acuerdo con las dos últimas encuestas de opinión publicadas este año por las agencias Ibope e Ipsos, reseñó la agencia de noticias Ansa. 

El dirigente formuló declaraciones en la mañana de este martes, cuando varios diarios publicaron las confesiones del empresario Marcelo Odebrecht que aseguró haberle dado dinero sucio.

Los abogados del ex mandatario negaron las declaraciones de Odebrecht y dijeron que el Instituto Lula “jamás tuvo otra sede o terreno”.

“El ex presidente Lula tuvo sus secretos fiscales y telefónicos quebrados. Su residencia y la de sus familiares fueron allanadas y más de 100 testigos fueron escuchados sin ser encontrado ningún recurso indebido pagado por ninguna empresa”, dice un comunicado.

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Cuando las instituciones se prenden fuego

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La crisis política-institucional en América del Sur inició un nuevo capítulo la semana pasada cuando estallaron masivas y virulentas protestas sociales en Paraguay y Venezuela. Una vez más los principales medios de comunicación del mundo occidental pusieron en duda la calidad democrática de nuestros países, remarcaron la falta de transparencia de las acciones gubernamentales y evidenciaron la vulnerabilidad institucional de nuestras repúblicas. Sin embargo, esta nueva oleada de crisis demostró algo más, la fragilidad institucional, los valores anti-democráticos y el abuso de poder no son exclusivos de los Estados suramericanos, también se convirtieron en faltas de los organismos de integración y seguridad regional.
El accionar de la Organización de Estados Americanos (OEA) y del MERCOSUR como respuesta a los sucesos ocurridos en Venezuela y Paraguay, como organismos regionales que salvaguardan el orden democrático de sus países miembros, dejó en claro que violentar algún poder del Estado no siempre es una ofensa digna de sanción o repudio.
Recordemos que tanto la OEA como el MERCOSUR prevén sanciones importantes para los países miembros que no caminen por la senda del respeto a la Democracia o sus instituciones.
Repasemos brevemente cada caso. El día 30 de marzo la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia venezolano dicta una sentencia donde anuncia que asumirá todas las competencias correspondientes a la Asamblea Nacional (Poder Legislativo de Venezuela), cuyas actuaciones considera nulas por encontrarse en una situación de desacato a sentencias anteriores del propio tribunal. El TSJ dictaminó el desacato porque la Asamblea incorporó, en agosto del 2016, a tres diputados del estado de Amazonas, cuya elección había sido impugnada poco después de las elecciones legislativas del 2015.
Las respuestas hacia la decisión del Tribunal Supremo de Justicia venezolano y hacia el gobierno de Nicolás Maduro no se hicieron esperar. El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, calificó el suceso de “auto golpe” y convocó de forma urgente a una sesión del Consejo Permanente para examinar la situación de la República Bolivariana de Venezuela. En esta reunión el Consejo dictó una resolución donde reconoce la existencia de “alteración institucional del orden democrático” en Venezuela. Además, instó al gobierno a garantizar la separación de poderes, restaurar la autoridad del Parlamento y apoyar medidas que permitan el retorno al orden democrático, dejando abierta la posibilidad de convocar a una reunión de ministros para analizar sanciones contra aquel país. En este punto se debe remarcar que el Consejo Permanente violó el procedimiento que prevé la Carta Democrática para determinar una “alteración grave al orden constitucional”, dado que explícitamente este documento requiere la firma de 18 Estados miembros, y esta resolución solo logró juntar 14 firmas.
Esto es importante a los efectos de la legitimidad de la resolución, únicamente con esa mayoría de 18 países se puede entender que la resolución emana del Consejo Permanente, y no de un grupo selecto de países.
Con la misma celeridad y urgencia que la OEA, los miembros del MERCOSUR convocaron a una Cumbre extraordinaria de Cancilleres para analizar la posibilidad de aplicar la “cláusula democrática” a Venezuela, que podría significar la suspensión de este país en dicho organismo. El día sábado 1 de abril los cancilleres de Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay instaron al gobierno de Venezuela a adoptar medidas concretas, concertadas con la oposición, de acuerdo con la Constitución, para asegurar la separación de poderes.
El mismo día que se convocaba a la Cumbre Extraordinaria por la situación del país bolivariano, en la República del Paraguay estalla una crisis política-institucional que deja como resultado un dirigente opositor muerto, un centenar de heridos, 200 detenidos y el edificio del Congreso en llamas. El viernes 31 de marzo, se aprueba en el Senado paraguayo un proyecto impulsado por el oficialismo para enmendar la Constitución Nacional, que permitiría la re-elección presidencial. Los disturbios se desataron porque el gobierno de Horacio Cartes violentó las garantías institucionales para el correcto procedimiento de sanción: el proyecto fue aprobado durante una sesión a puertas cerradas, a pesar de que constitucionalmente las sesiones deben ser públicas y la sesión fue realizada sin la presencia del titular de la Cámara Alta, Roberto Acevedo. Además, se hizo trascender que Acevedo previo a ser destituido, según la oposición ilegalmente, había retenido la solicitud de aprobación de esta reforma, ya que una enmienda similar había sido tratada en agosto de 2016, y según la Constitución solo puede volver a tratarse en un plazo de un año.
Para sortear este obstáculo, el senador Julio Velázquez se proclamó como presidente del Senado el martes pasado, y en su posición ilegitima, permitió la introducción de las modificaciones al reglamento interno que posibilitaron el tratamiento de la enmienda.
A pesar del enfrentamiento social que produjo esta, por lo menos dudosa, sanción y el pedido insistente de las fuerzas políticas opositoras paraguayas, las respuestas de los organismos regionales a los que pertenece Paraguay todavía no se han conocido.
El secretario general de la OEA se limitó a emitir un comunicado con “un llamado a las fuerzas políticas de Paraguay a la Paz y al respeto de la Democracia”, y agregó que “no es la violencia la forma de resolver los conflictos políticos en Democracia”.
Asimismo, evitó referirse al hecho que provocó el estallido, y no convocó a reuniones del organismo para revisar la situación de ese país, aunque los principales líderes de la oposición solicitaron la intervención de la OEA “ante los atropellos cometidos contra la democracia paraguaya” por el gobierno nacional.
Tampoco el MERCOSUR se pronunció ante estos hechos ni ninguno de sus miembros, situación que suscita algunos interrogantes, dado que en el 2012 Paraguay fue sancionado por sospechas en el funcionamiento del Senado cuando destituyeron de la presidencia a Fernando Lugo.
El presidente de Bolivia, Evo Morales, calificó de hipócrita al accionar dispar de la OEA en casos tan similares. Afirmación que no parece injustificada si tenemos en cuenta los hechos y la ilegalidad de la resolución de la OEA. Los organismos regionales deberían explicitar los protocolos actuales para realizar la tan peligrosa declaración de que un Estado rompió el orden democrático, teniendo en cuenta las devastadoras consecuencias que podría acarrear.
Entonces, al comparar estos casos se presentan más dudas que certezas, no parece existir una definición clara y acabada de qué acciones gubernamentales violentan las instituciones y provocan rupturas democráticas. ¿O eso depende de la bandera ideológica de la fuerza política gobernante?

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Un escuadrón de ambientalistas ronda lo profundo de la selva amazónica

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Por En lo profundo de la Amazonía, hay un escuadrón de ambientalistas estudiosos.

Uno de sus miembros trabajó más de una década como activista para una organización sin fines de lucro. Otro estudió la oceanografía del Ártico en Alemania. Su comandante es un exprofesor de preparatoria que enseñaba ciencias.

Juntos han forjado una de las unidades élite de lucha más temidas de América Latina; están en la vanguardia de la lucha de Brasil para frenar la destrucción del Amazonas.

Equipos de tala entran en los bosques de manera ilegal para extraer la codiciada madera noble. El escuadrón de protección identificó un aserradero desde el aire. Credit Lalo de Almeida para The New York Times
Equipos de tala entran en los bosques de manera ilegal para extraer la codiciada madera noble. El escuadrón de protección identificó un aserradero desde el aire. Credit Lalo de Almeida para The New York Times

El comandante del equipo, Roberto Cabral, se rió cuando le pregunté hace poco cómo se unió su unidad de operativos especiales formada por nerds.

“En el universo de actividades ilegales en la Amazonía hay deforestación, extracción de oro, caza de animales salvajes para su consumo, explotación forestal clandestina y contrabando de animales”, dijo Cabral, de 48 años, a quien le dispararon en el hombro en 2015 mientras perseguía a tiradores que arrasaban tramos de bosque. “Queríamos combatir estas actividades con la mente y el cuerpo en el terreno”.

En marzo, me sumé a una sesión de patrullaje agotadora con la unidad de nueve miembros, que tiene el nombre poco glamuroso de Grupo de Inspección Especializado.

El escuadrón, mejor conocido por su sigla en portugués, GEF, opera en algunas de las franjas más anárquicas de la cuenca del Amazonas… lugares tan remotos que toma días llegar a ellos en balsa o camioneta desde el asentamiento más cercano.

Un integrante del escuadrón GEF, por su sigla en portugués, vigilaba mientras el helicóptero que usan para misiones de reconocimiento recargaba combustible en Santa Luiza. Credit Lalo de Almeida para The New York Times
Un integrante del escuadrón GEF, por su sigla en portugués, vigilaba mientras el helicóptero que usan para misiones de reconocimiento recargaba combustible en Santa Luiza. Credit Lalo de Almeida para The New York Times

Frente a estos obstáculos logísticos, el GEF, que opera como parte de Ibama, la agencia de protección ambiental de Brasil, suele patrullar en helicópteros, utilizando imágenes satelitales e inteligencia reunidas a través de las oficinas regionales de Ibama para detectar deforestación y señales de minería ilegal.

La unidad, que Ibama creó en 2014, necesita toda la ayuda que pueda obtener. La deforestación está aumentando nuevamente en la Amazonía brasileña; ascendió al 29 por ciento entre agosto de 2015 y julio de 2016. Casi 809.371 hectáreas de selva fueron destruidas durante ese periodo, según cálculos del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales en Brasil.

A pesar de que el GEF trabaja con tecnología de punta, sus misiones a menudo se asemejan a un juego elusivamente frustrante del gato que acecha al ratón.

Integrantes del escuadrón destruyen un aserradero ilegal en la ciudad Centro do Guilherme. Credit Lalo de Almeida para The New York Times
Integrantes del escuadrón destruyen un aserradero ilegal en la ciudad Centro do Guilherme. Credit Lalo de Almeida para The New York Times

El primer día que los acompañé a un operativo en el estado de Maranhão, en los límites del Amazonas, los miembros de la unidad se levantaron a las tres de la mañana.

Vestidos con ropa militar, armadura y cascos a prueba de balas, se colgaron unos fusiles de asalto Taurus en los hombros y viajaron durante horas en una camioneta de tracción de cuatro ruedas por los caminos empedernidos de São Luis, la capital del estado, hasta Santa Inês, un puesto fronterizo en el interior.

Luego esperaron a que el clima mejorara.

Las fuertes lluvias impidieron que los dos helicópteros Bell de la unidad despegaran para patrullar sobre el Maranhão y el vasto estado vecino de Pará. Después de horas de estar detenidos, los helicópteros finalmente despegaron cerca del mediodía; volaron a lo largo de tramos monótonos, por encima de terrenos despejados para la cría de ganado.

“Debes ver el Amazonas desde arriba para saber cuánto se ha devastado”, dijo Mauricio Brichta, de 44 años, un oceanógrafo que se especializaba en el estudio de las algas árticas en el Instituto Alfred Wegener para la Investigación Polar y Marina en Alemania, antes de unirse a Ibama.

“Como te lo puedes imaginar”, agregó con una sonrisa, “en Brasil no había mucha demanda de expertos en regiones del Ártico”.

Un integrante del GEF destruye hornos que se usan para hacer carbón, en un aserradero ilegal. Credit Lalo de Almeida para The New York Times
Un integrante del GEF destruye hornos que se usan para hacer carbón, en un aserradero ilegal. Credit Lalo de Almeida para The New York Times

Al igual que casi todos los otros miembros de la unidad —que incluye a ingenieros forestales, un biólogo de vida silvestre, un especialista en pesca e incluso a alguien que trabajaba en publicidad— Brichta dijo que nunca esperó tomar las armas para proteger la Amazonía.

Antes de esta etapa de su vida, era amo de casa en Yakarta y Nueva York, ciudades donde su exesposa trabajaba como diplomática para el Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil.

Después de regresar a Brasil, Brichta dijo que se sintió atraído a Ibama por el sentimiento de idealismo de la agencia y por los avances que había tenido en reducir las tasas de deforestación después de sus niveles alarmantes a principios de la década anterior.

Cuando se creó el GEF, lo eligieron porque completó un curso de supervivencia extenuante en el que los candidatos aguantan saltos desde helicópteros, trayectos prolongados por la selva, búsqueda de alimentos, tratamiento de mordeduras de serpiente, largas caminatas sin comer ni dormir y entrenamiento para combate con armas y peleas con cuchillos.

Los integrantes del escuadrón se preparan para quemar un tractor y una motosierra usados en la tala ilegal. Credit Lalo de Almeida para The New York Times
Los integrantes del escuadrón se preparan para quemar un tractor y una motosierra usados en la tala ilegal. Credit Lalo de Almeida para The New York Times

“Obviamente, este tipo de trabajo no es para todo el mundo”, dijo Eduardo Rafael de Souza, de 39 años, un veterano militar de barba que fuma un cigarrillo tras otro y a menudo es piloto de los helicópteros utilizados para las misiones del GEF.

Los miembros de la unidad regresaron en silencio a Santa Inês después del primer día de patrullajes sin haber logrado mucho después de volar durante horas por encima de remotas vías forestales en busca de grupos de deforestación. Algunos se preguntaban si podría haber soplones en las filas de Ibama que pudieran haber avisado a los madereros sobre el patrullaje que harían.

Al igual que otras partes del gobierno federal de Brasil, Ibama ha luchado con sus propios escándalos de corrupción, los cuales a veces involucraron a inspectores que sirven de dobles agentes para proteger los intereses de los ganaderos o equipos de exploración forestal.

No obstante, los activistas ambientales argumentan que una de las razones principales para la deforestación renaciente en Brasil tiene que ver con esfuerzos para reducir el poder de Ibama; se trata de un paralelo con los planes del gobierno de Trump de reformar la Agencia de Protección Ambiental. Desde 2013, el presupuesto de Ibama se ha reducido en cerca del 46 por ciento.

El escuadrón incendió un tractor usado para la tala ilegal. Credit Lalo de Almeida para The New York Times
El escuadrón incendió un tractor usado para la tala ilegal. Credit Lalo de Almeida para The New York Times

 

De cualquier manera, la suerte del GEF cambió en el segundo día de patrullaje.

Al acercarse a tierras indígenas donde las tripulaciones de tala hacen incursiones para extraer ilegalmente maderas codiciadas, el escuadrón vio desde el aire un aserradero improvisado cerca del límite de la Tierra Indígena Alto Turiaçu, hogar del pueblo ka’apor.

“Vi que su helicóptero aterrizaba en un terreno despejado, como una escena salida de una película de Hollywood”, dijo Francinaldo Martins Araújo, de 43 años, quien estaba llegando en su camioneta para comprar retazos de madera desechada del aserradero mientras la unidad avanzaba para hacer su redada.

Los miembros del escuadrón (algunos ocultaban sus rostros con pasamontañas por temor a represalias si sus identidades se hacen públicas) rápidamente pusieron manos a la obra. Incendiaron el aserradero y destruyeron dos hornos con domo utilizados para hacer carbón, antes de despegar otra vez en los helicópteros para dirigirse a su próximo objetivo.

Unos minutos después, volvieron a descubrir un blanco cuando uno de los pilotos vio un camión en una vía forestal. La unidad bajó del helicóptero en un terreno cercano mientras un miembro perforaba el tanque de combustible del camión e incendiaba el vehículo.

En general, el equipo patrulla desde helicópteros, usando imágenes satelitales e información de las oficinas regionales de Ibama, para detectar la deforestación y señales de minería ilegal. Credit Lalo de Almeida para The New York Times
En general, el equipo patrulla desde helicópteros, usando imágenes satelitales e información de las oficinas regionales de Ibama, para detectar la deforestación y señales de minería ilegal. Credit Lalo de Almeida para The New York Times

Entonces se oyeron gritos en la selva. Durante la búsqueda de la tripulación de tala, dos miembros del GEF tropezaron con un tractor utilizado para transportar árboles talados. Una motosierra, todavía caliente por haber sido utilizada minutos antes, quedó atrapada en un árbol, evidencia de un escape apresurado.

La unidad incendió el tractor y la motosierra antes de reanudar la búsqueda de los leñadores. Todos estaban nerviosos. En un operativo similar a este en una jungla cercana, Cabral, el comandante del GEF, fue sorprendido por los disparos de un leñador que huía.

Esta vez no hubo disparos, pero los leñadores lograron escapar del escuadrón y huyeron a la selva. Un piloto transmitió por radio las coordenadas del punto de exfiltración, y la unidad comenzó el largo trayecto de regreso a los helicópteros en medio de una humedad tan espesa que podría cortarse con un cuchillo.

Empapados de sudor mientras abordaban los helicópteros, los miembros del escuadrón pudieron ver el humo que salía de los vehículos destruidos, una pequeña victoria en la batalla contra la deforestación.

“Nunca soñé que tendría un rifle en mis manos para defender la Amazonía”, dijo un miembro de 44 años del GEF, un exactivista ambiental que se negó a revelar su nombre debido a cuestiones de seguridad. “Pero esto es una guerra y las guerras pueden abrirte los ojos para que veas lo que se debe hacer”.

 

 

 

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Dinosaurios vivos

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“La ciudad evoluciona. Hay que adaptarse”, describió con frialdad el empresario y dirigente del PRO, Diego Barrios. Respondía así a una noticia sobre el cierre de 254 comercios en Posadas durante el primer año de gobierno de Mauricio Macri. La opinión contradice abiertamente a la postura de la Cámara de Comercio, que supo presidir, que desde hace tiempo reclama de la Nación un abordaje distinto para que Misiones pueda hacer frente a la caída del consumo, la inflación y los tarifazos que no hicieron más que profundizar las asimetrías con Encarnación.

Los 254  comercios que bajaron las persianas son menos empleo y menos recursos circulando. Solo el año pasado se perdieron más de dos mil puestos de trabajo formales en Posadas según los datos oficiales del Gobierno nacional. La Confederación Económica de Misiones sostiene que Posadas es apenas un ejemplo de la situación que se vive en toda la provincia por la recesión y la caída del consumo. Estima que son muchos más los locales que se vaciaron en las principales ciudades. La CEM encara también ingentes esfuerzos en conjunto con el Gobierno provincial para que las demandas de la Provincia sean atendidas por la Nación.

La teoría darwinista expresada por Barrios no es propia ni original. Es sostenida por el ministro de Producción, Francisco Cabrera y el de Trabajo, Jorge Triaca. Respondieron así al cierre de empresas en el resto del país.

La idea de evolución de Darwin es clara. Las especies que no se adaptan, perecen, desaparecen o mutan en otra cosa. Sustentó después la concepción del capitalismo más salvaje, en el que sólo los poderosos tienen la posibilidad de crecer y expandirse. Los que no se adaptan, quedan fuera del sistema. Bajan las persianas, cierran, quedan desempleados. En la pobreza. En la miseria.

La contracara es la inclusión. De todos, del más pobre, a través de una mejor -nunca es igual-, distribución de la riqueza. Es la presencia del Estado como ordenador de las tensiones económicas, inclinando la balanza hacia el más débil. El último ejemplo es la lucha yerbatera por el cumplimiento de los precios de la materia prima. El gobernador Hugo Passalacqua dejó claro desde un principio que el Gobierno estaba del lado de los eslabones más débiles de la cadena productiva, los pequeños productores y los tareferos. Bajo esa premisa la Renovación se hizo fuerte en la última década, en coincidencia con un modelo político nacional que iba en paralelo.

La defensa del misionerismo es intensa ahora y lo fue antes. Los nuevos valores que regirán a la yerba mate, que se conocieron extraoficialmente en la noche del viernes, no son los que quería la Provincia y mucho menos, el sector productivo. Para la hoja verde apenas se arañó los seis pesos, bastante por debajo de los 50 centavos de dólar pretendidos como precio ideal por el Gobierno provincial. Para la canchada, se alcanzaron los 22 pesos, por debajo de los costos estimados por el sector industrial, que no puede competir con precios imposibles del producto en las góndolas de Buenos Aires. Dos marcas líderes tienen la yerba de un kilo a 24 pesos, 25 por ciento por debajo de cualquier empresa tradicional de Misiones. Es decir, lejos de alcanzar una solución, los nuevos valores extienden una agonía que agobia por igual a pequeños productores y a las grandes industrias. “Temo por la permanencia en el mercado de nuestras empresas”, contó preocupado un ejecutivo de una firma yerbatera.

Mientras tanto, los grandes problemas del sector siguen sin resolverse. Apenas se dilataron.

En diciembre de 2015 llegó el “sinceramiento” de la economía. El ajuste apuntó a los subsidios que alimentaban el consumo  y el empleo. La economía entró en una profunda recesión de la que no sale y las caídas, comparadas ya con los primeros meses del propio Macri, son más profundas. Sin embargo, el déficit fiscal siguió en aumento, la deuda externa se multiplicó y la fuga de divisas se hizo incontenible. En febrero, comparado con el primer febrero de Macri, la industria se contrajo seis por ciento y la construcción, cayó 3,4 por ciento.

La enfermedad se agravó a la espera de una milagrosa cura que no aparece. Como en toda “evolución”, hay quienes salen incluso más fortalecidos. Los sectores financieros, algunos industriales y la patria sojera, son los claros ganadores de los primeros doce meses del cambio. “La economía todavía no arrancó para mucha gente”, admitió el propio Mauricio Macri.

La economía no arranca porque se desmanteló el mercado interno y hay una brutal caída del consumo y del poder adquisitivo. El Gobierno no ha tenido hasta aquí una política clara para que haya una reactivación, sino que, por el contrario, cada medida profundizó un poco más la caída, como los tarifazos eléctricos o la nueva suba del gas, que aumentará 400 por ciento en relación con el invierno pasado. Los precios “transparentes”, eliminando la financiación en cuotas a través de las tarjetas de crédito no hicieron más que profundizar el desplome. Tanto que hubo que dar marcha atrás y reimplantar el programa heredado del kirchnerismo, en doce, seis y tres cuotas sin interés. Pero así no se genera confianza. Las cuotas sin interés, no eran, como se ve, una estafa.

Tampoco hay un volumen suficiente para hablar de reactivación del crédito hipotecario, en otro de los programas que sobreviven al cambio. El Procrear fue relanzado con cambios y distintas modalidades. “Hasta ahora hay más marketing que realidad. Pocos son los que cumplen con todos los requisitos”, coincidieron fuentes bancarias que operan en Misiones. Es que, como también sucedía durante el kirchnerismo, los créditos están pensados para un núcleo duro del país central, con ingresos mucho más elevados que los que se perciben en el norte argentino.

Se observa que dos de los programas emblemáticos del kirchnerismo sobreviven. No hubo ideas nuevas ni mejores.

Los dinosaurios se extinguieron hace 65 millones de años. Pero están vivos en la imaginación de miles de chicos y grandes que desde esta semana disfrutan de Tecnópolis en Posadas. La megamuestra heredada y transformada, al fin en federal por el gobierno nacional, exhibe lo mejor de la ciencia y la tecnología al alcance de la mano. Obviamente, los enormes monstruos de la prehistoria son el atractivo principal para los más pequeños, llegados desde todos los rincones de Misiones, muchos de los cuáles tienen una doble felicidad: es la primera vez que salen de la colonia y llegan hasta “la capital” y pueden ser protagonistas de un evento que garantiza el asombro.

Tecnópolis es una forma de inclusión social, política y educativa muy importante”, destacó Passalacqua durante la inauguración de la megamuestra. Misiones es la primera provincia en recibir a Tecnópolis durante 2017 y se espera superar los 700 mil visitantes, un número incluso mayor al de Salta, durante el año pasado. Y es probable. Después del turno escolar, miles de familias disfrutaron el sábado de cada punto de la enorme feria de ciencias, distribuida en el Parque del Conocimiento, una perla de la evolución misionera de los últimos años.

Así como los dinosaurios, las prácticas autoritarias de la política, se pensaba, estaban extinguidas. Sin embargo, todavía se perciben signos de que resta mucho por hacer para fortalecer la democracia.

El mundo se escandalizó por el fallo del Tribunal Supremo de Venezuela, que anuló la inmunidad de los legisladores y se arrogó poderes del Legislativo. Los principales gobiernos de la región denunciaron un autogolpe de Nicolás Maduro, el denostado heredero de Hugo Chávez. Le acusan, entre otras cosas, de desconocer las leyes y la propia Constitución. De gobernar por decreto. Y tienen razón, Mauricio Macri, Michel Temer, Donald Trump y varios otros.

Maduro ha logrado descomponer un poderío político y económico que fue reconstruido por Chávez y perdió todo el respeto internacional. Mucho de eso fue producto de los embates de una derecha internacional que no cesa en sus ataques y de la propia oposición interna, conformada por los ricos petroleros que perdieron sus privilegios y que se apoderó del Poder Legislativo bloqueando las principales decisiones del Ejecutivo.

Maduro no es Chávez y el poder no se hereda. Muchos consideran que en Venezuela se vive un Fujimorazo, el recordado autogolpe de Estado de Alberto Fujimori en Perú, cuando disolvió el Parlamento e intervino el Poder Judicial con respaldo de las Fuerzas Armadas.

Y tiene sus paralelos. En Perú cerca del 80 por ciento de la población apoyó la jugada por el desprestigio del Poder Legislativo. En Venezuela, la población no salió a las calles en contra de Maduro.

El oficialismo venezolano sostiene en su defensa que lo que el Tribunal Supremo evitó, fue justamente que la oposición inicie un “golpe blando”, como el que logró destituir a Dilma Rousseff en Brasil o el que tumbó a Fernando Lugo en Paraguay. La “opinión publicada” no hace referencia a la otra cara del conflicto, que, obviamente, es repudiable. Por suerte –para Maduro y Venezuela-, tras la presión internacional, el Tribunal decidió “no asumir” los poderes de la asamblea.

Curiosamente fue Michael Temer uno de los que repudió el “golpe” en Venezuela, pese a que asumió a través de un impeachment cuestionado desde su raíz contra Dilma Rousseff. Eduardo Cunha, presidente de la Cámara de Diputados y principal promotor de la caída de la presidenta, fue sentenciado a quince años de prisión por hechos de corrupción que no pudieron probarle a Dilma.

Lugo no se pronunció sobre Venezuela, más preocupado por los avances de la enmienda constitucional que teje junto a su rival, el presidente Horacio Cartes. El apuro por contar con la reforma constitucional que permitiría la reelección del segundo y la nueva postulación del ex obispo, desató una batalla campal en Asunción, que dejó al menos un muerto y el Congreso destrozado por los manifestantes. En Paraguay también se desconoció la letra constitucional, con una reforma amañada a puertas cerradas por parlamentarios del oficialismo y sus aliados que permite avanzar con la idea de reelección. Un símbolo: la enmienda fue aceptada en una de las oficinas del Frente Guazú, que lidera Lugo. Afuera, se vivía otro Marzo Paraguayo, similar a aquel de la última semana de marzo de 1999 cuando siete jóvenes que protestaban por el asesinato del vicepresidente Luis María Argaña, fueron masacrados presuntamente por orden del presidente Raúl Cubas y la complicidad del general Lino Oviedo, quien terminó refugiado en la Argentina de Carlos Menem.

El proyecto de reforma constitucional aprobado en Paraguay establece que los presidentes y vicepresidentes del país podrán buscar un periodo más, sea de manera continua o alternada. El partido de Lugo respalda la enmienda para que el ex obispo pueda presentarse a las elecciones de 2018, y el gubernamental Partido Colorado, para que lo haga el presidente paraguayo, Horacio Cartes.

Cartes no habló al país tras los incidentes. Apenas escribió unas líneas que difundió a través de redes sociales en las que acusó a la oposición de querer destruir la democracia. Raro. Parte de la oposición, lo acompaña en la búsqueda de la reelección.

El nuevo Marzo Paraguayo dejó en evidencia las diversas varas con las que se mide. A diferencia de Venezuela, ningún país salió a cuestionar que se vulnere la letra constitucional entre gallos y medianoche. Ningún presidente condenó la brutal represión de la Policía que dejó decenas de heridos –entre ellos el presidente del Senado, que se opone a la enmienda y el presidente del opositor Partido Liberal, Efraín Alegre- y al menos un muerto.  No hubo reunión de urgencia de los cancilleres ni mensajes de los Jefes de Estado. Pero Paraguay arde, como Latinoamérica que después de una década comenzó un lento viraje político. Ecuador será hoy la ratificación de ese giro o la excepción en la región. A través de su delfín, Lenin Moreno, Rafael Correa pone a prueba la continuidad de sus políticas.

En la Argentina el nuevo modelo cruje y enfrenta a la calle que se moviliza constantemente. El 6 de abril la tímida CGT hará un paro nacional. Son pocos los que se animan a salir a la calle en defensa del Gobierno. La marcha de la tarde del sábado dejó en evidencia que el voto PRO quizás no haya sido por amor, sino por hastío. Pero sostienen al Presidente y sus políticas un núcleo duro que permanece leal. Es el mismo corte de la sociedad que apuró a Cristina desde la 125 y que hizo fuerte a Cambiemos.

Uno de los pocos motivos para celebrar que tiene el Gobierno es el resultado del blanqueo. Se alcanzaron los 115 mil millones de dólares. Una cifra superior a la esperada. Sin embargo, esa noticia no necesariamente es buena para Misiones. El volumen declarado solo hará más firme el atraso cambiario, con la profundización de las asimetrías como consecuencia directa. En la provincia también se hizo un blanqueo, cuyos resultados todavía son difíciles de estimar, pero que pueden traer aparejado el traslado de esos recursos a la compra de bienes o vehículos, lo que reactivará la economía.

Como los dinosaurios, los jueces eternos también se extinguirán en la Argentina. El fallo de la Corte que pone un límite de 75 años a los cortesanos y jueces inferiores abre una enorme caja de Pandora. La jueza Romilda Servini de Cubría, una piedra en el zapato del presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, cree que el fallo apunta a excluirla a ella, después de que haya quedado firme la continuidad de Elena Higthon de Nolasco. En realidad, hay cerca de una treintena de jueces federales que está al borde de la jubilación forzosa. Son cargos que podrá cubrir a gusto el Presidente. Una Justicia a su medida.

La continuidad de los jueces de más de 75 dependerá del aval del Congreso y del visto bueno presidencial, lo que echa por tierra un precepto básico de la independencia de los magistrados: si quieren seguir, deberán agradar al poder de turno.  Por caso, Elisa Carrió ya pidió por la continuidad de Leopoldo Schiffrin, uno de los que debe dejar su despacho. Más allá de los pergaminos, un juez amigo del poder. 

A través de una carta enviada a Macri, la socia fundadora de la alianza Cambiemos consideró que la decisión de ratificar la edad límite para los jueces en 75 años, como lo fijó la Convención que reformó la Constitución en 1994, está “digitada” en contra de los magistrados Servini de Cubría y Schiffrin y que Lorenzetti tiene “razones de lo más espurias” para promover ese fallo.

Pero el fallo ya comenzó a generar movimientos en la Justicia. El Superior Tribunal de Justicia comenzó a analizar el impacto en Misiones. “El impacto será beneficioso, porque asegurará el recambio en una estructura envejecida y permitirá la incorporación de una nueva generación de magistrados con nuevos bríos”, contó un ministro que analiza la adecuación local. Evolución.

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El mandato de Temer quedó en manos de la justicia electoral

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El mandato del presidente de Brasil, Michel Temer, quedó hoy en manos del Tribunal Superior Electoral, que debe evaluar si hubo irregularidades o delitos de corrupción en la financiación de la campaña vencedora de Dilma Rousseff en 2014, de la que fue vicepresidente y ahora busca ser juzgado en forma separada para evitar ser destituido en caso de condena.

Este proceso ante la justicia electoral pone nuevamente a Brasil dentro de la inestabilidad institucional, a menos de un año de la destitución de Rousseff como presidenta vía un juicio político que es calificado por la oposición a Temer como un “golpe parlamentario” dado que el Congreso la desplazó del poder bajo un cargo menor: irregularidades contables en el presupuesto.

“Este proceso puede terminar en una elección indirecta de un nuevo presidente por parte del Congreso, en caso de que Temer sea destituido, aunque preveo que los plazos no serán cortos”, dijo a Télam el abogado Fernando Neiffer, presidente de la Comisión de Derecho Electoral del Instituto de Abogados de San Pablo (IASP).

Lo cierto es que una nueva batalla política guiada por la delación de los ejecutivos de Odebrecht se trabará en la justicia electoral, luego de que el instructor del caso, el juez Herman Benjamin, entregara su informe luego de recolectar las pruebas en el proceso.

Todo está dominado por la declaración que dieron al máximo tribunal electoral los ex ejecutivos de la constructora Odebrecht, uno de los cuales, Claudio Melo Filho, acusó a Temer de pedirle tres millones de dólares en 2014 para su fuerza, el Partido del Movimiento de la Democracia del Brasil (PMDB), distribuidos en efectivo y en forma ilegal.

Pero también Marcelo Odebrecht, heredero del imperio de la ingeniería condenado a 19 años de prisión que en diciembre podrá quedar libre debido a su delación premiada, dijo que Rousseff “sabía” que él le pagaba ilegalmente en paraísos fiscales en el exterior a su publicista de campaña, Joao Santana.

Sin embargo, el empresario “arrepentido” admitió que nunca habló con Rousseff sobre ese asunto.

Rousseff y Temer pidieron anular las declaraciones de Odebrecht porque forman parte de la Operación Lava Jato y de un acuerdo de delación premiada.

El pedido de esta investigación fue realizado por el candidato derrotado por Rousseff en 2014, Aecio Neves, senador y presidente del Supremo Tribunal Federal (STF).

Como una paradoja de esta crisis que se parece a un juego de matrioshkas, las muñecas rusas que se van sucediendo una dentro de otra, Neves se alió a Temer en 2016 y formaron un programa de gobierno y una fuerza parlamentaria que retiró a Rousseff del poder.

A esta acusación de Neves, del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), Rousseff la calificó de “golpe dentro del golpe”.
Es que Neves pidió ayer que sean separados los procesos de Temer y de Rousseff.

“Es algo muy difícil que eso ocurra, desafía a toda la jurisprudencia, pero todo dependerá de la visión de los miembros del tribunal electoral. Personalmente no creo que todas las apelaciones, sea como sea el resultado, terminen resueltas antes de las elecciones de 2018”, comentó el abogado Neiffer a Télam.

En caso de que Rousseff y Temer sean condenados, estarán inhabilitados para cargos públicos por 8 años.

El gran protagonista de todo este asunto es una de las figuras más polémicas del llamado “Mundo Brasilia”, el presidente del tribunal electoral, Gilmar Mendes, también integrante de la corte suprema y asiduo visitante a cenas y almuerzos al Palacio del Jaburú, la residencia de Temer en Brasilia.

Mendes fue abogado del gobierno de Fernando Henrique Cardoso (1995-2002) y es tal vez el juez más poderoso del país, al punto que varios columnistas de los principales diarios han considerado el domingo pasado que el magistrado es un candidato para ser electo en forma indirecta por el Congreso como presidente en caso de una condena rápida de Temer.

El Tribunal Superior Electoral está compuesto por siete jueces, tres del STF, dos miembros del Superior Tribunal de Justicia (STJ) y otros tantos abogados elegidos por el presidente de la República.

A los dos abogados actuales se les vence el mandato en mayo y Temer debe nombrar a otros dos, con lo cual su situación contaría con cierta ventaja.

Para acelerar los tiempos, el presidente del tribunal, Mendes, dijo que convocará a sesiones extraordinarias para terminar la sesión.
Según la Constitución, si el vacío en el Poder Ejecutivo se da en los dos últimos años del mandato (el actual terminar el 31 de diciembre de 2018), el reemplazo es mediante una elección indirecta en el Congreso, ampliamente dominado por la alianza PMDB-PSDB de Temer y Aecio Neves.

De acuerdo a filtraciones a la prensa, el instructor del caso se inclina por la condena contra la fórmula Rousseff-Temer por abuso de poder económico.

El recaudador de la campaña de Rousseff, Edinho Silva, alcalde de la ciudad paulista de Araraquara, negó que hayan existido pagos de caja dos a la campaña de Rousseff ya que hubo un pago de 70 millones de reales (unos 22 millones de dólares) al publicista Santana.

Odebrecht dijo que le pagó dinero directamente a Santana en cuentas en el exterior supuestamente en nombre del Partido de los Trabajadores (PT) para abonar gastos de campañas, un argumento que rechaza Rousseff.

“La pelota está en manos de Gilmar Mendes, que podrá llevarla al punto del penal o tirarla a la tribuna. El está acusado de ser cercano al gobierno de Temer. Sobre dividir la fórmula presidencial Rousseff-Temer, será algo exótico: los votos de Dilma sirvieron para elegir a Temer pero dejarán de valer para destituirlo”, apuntó el columnista Bernardo Mello Franco, de Folha de Sao Paulo.

 
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