terrorismo de Estado

Organizaciones sociales y sindicales salen a la calle en Posadas por el 24 de Marzo

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A días del 24 de Marzo, en Posadas comenzó a tomar forma una convocatoria con contenido político explícito que desborda la conmemoración tradicional y busca instalar una lectura de presente. La vigilia del lunes 23 de marzo a las 17:00 en ATE Misiones, sobre Salta 2326, y la marcha del martes 24 de marzo a las 08:30 en la intersección de avenida Mitre y calle Buenos Aires, muestran algo más que una agenda de memoria: exponen un intento de reagrupar a sectores sindicales, sociales, universitarios y militantes alrededor de una consigna de confrontación ideológica. Bajo el lema “30.000 razones para defender la patria. 50 años, el mismo enemigo”, la convocatoria enlaza el terrorismo de Estado con una impugnación directa al modelo económico actual. La pregunta de fondo no es solo cuánta gente movilizará, sino qué volumen político podrá condensar esa articulación en un escenario de alta tensión con el Gobierno nacional.

La convocatoria no parte de una sola organización. La nómina de convocantes exhibe un entramado amplio: UTEP, Movimiento Evita, TTT, CTD Aníbal Verón, ADUNAM, Jubilados ATE, Encuentro Patriótico, 13 de Diciembre, CTL, CDP ATE, Movimiento Evita Capitana, Campaña Nacional contra la Violencia Institucional, Oficina de Graduados de la Facultad de Humanidades, Patria Grande, Mesa de la Cultura, Corriente Nuestra Patria y Movimiento Popular Nuestra América. Esa diversidad no es un dato menor. En la política territorial, cuando una fecha logra reunir sindicatos, movimientos sociales, espacios universitarios y organizaciones de cultura, la conmemoración deja de ser solamente memorial para transformarse en un dispositivo de acumulación.

La memoria como plataforma de reorganización política

El 24 de Marzo tiene en Argentina un peso institucional propio, pero en este caso la consigna elegida reordena el sentido de la convocatoria. El texto difundido no se limita al recuerdo de los detenidos-desaparecidos. Plantea una continuidad histórica entre la represión ilegal y un “modelo económico de miseria planificada” que, según los organizadores, fue impuesto “a sangre y fuego” y sigue vigente. Esa definición no funciona solo como consigna: ordena una posición política frente al presente y redefine la calle como escenario de disputa.

Ahí aparece una clave de lectura. La marcha y la vigilia no se presentan como actos aislados ni puramente testimoniales. Se inscriben en una narrativa de resistencia y de continuidad militante: “Estamos llamados a continuar su lucha”, señala el documento. La apelación va más allá de la memoria individual o familiar. Busca producir una identificación política activa, con anclaje en la idea de patria, soberanía, antiimperialismo y liberación nacional.

Ese lenguaje, además, no es neutro. Recupera una tradición política reconocible dentro del campo nacional-popular y la actualiza en una coyuntura donde el conflicto con el Gobierno se expresa tanto en el plano económico como en el simbólico. En ese marco, la calle vuelve a ser presentada como espacio de legitimación política. No se trata únicamente de recordar a las víctimas del terrorismo de Estado, sino de disputar el sentido de la crisis actual y de nombrar al adversario en clave histórica.

Posadas como escenario de articulación territorial

La secuencia de actividades también tiene diseño político. La vigilia del lunes 23 en la sede de ATE Misiones propone un formato de construcción previa, con elaboración colectiva de carteles, proyecciones, música, mística y reflexión. Es decir, no solo convoca a asistir; convoca a producir identidad y clima político antes de la marcha central. La marcha del martes 24, en tanto, se organiza desde una esquina emblemática del centro posadeño, Mitre y Buenos Aires, con horario matutino, una elección que combina visibilidad pública y ocupación temprana del espacio urbano.

Esa arquitectura importa. La vigilia funciona como instancia de cohesión entre organizaciones con trayectorias distintas. La marcha, como momento de exhibición. Entre una y otra, se construye una escena de unidad que tiene peso en la política local. Porque cuando convergen gremios estatales, organizaciones sociales, sectores universitarios y espacios de militancia territorial, no solo se envía un mensaje al Gobierno nacional. También se ordenan posiciones dentro del mapa opositor y del activismo provincial.

La presencia de ADUNAM, de estructuras ligadas a ATE y de espacios universitarios vinculados a la Facultad de Humanidades refuerza además una composición donde confluyen reclamo sindical, activismo de derechos humanos y densidad intelectual. No es una suma casual. Es una coalición que intenta hablar en varios registros al mismo tiempo: memoria, conflicto social, defensa de derechos y crítica al modelo económico.

Del homenaje a la interpelación del presente

En el texto base hay una operación política clara: los organizadores colocan a los desaparecidos dentro de un “proyecto político soberano, antiimperialista y por la patria liberada”. Esa formulación no busca un consenso amplio y desideologizado. Hace lo contrario. Reivindica una identidad política del pasado y la proyecta hacia el presente. Desde esa perspectiva, el 24 de Marzo aparece menos como una fecha de homenaje transversal y más como una fecha de reafirmación militante.

Eso puede fortalecer a los espacios convocantes, porque les da cohesión narrativa y un horizonte político común. Pero también delimita el tipo de convocatoria que pretenden construir. No se trata de una apelación abstracta a la democracia o a los derechos humanos en general. Se trata de una lectura donde el conflicto histórico sigue abierto y donde el presente económico aparece como heredero de aquella matriz de poder.

La frase “50 años, el mismo enemigo” sintetiza esa apuesta. Condensa pasado y presente en una misma línea argumental y empuja una interpretación confrontativa. En términos políticos, eso convierte la movilización en un mensaje de polarización simbólica. No necesariamente partidaria en sentido formal, pero sí ideológica y estratégica.

Qué sectores buscan capitalizar la fecha

La amplitud del listado de organizaciones muestra que la fecha funciona como punto de encuentro para sectores que, en otros momentos, pueden tener agendas o ritmos distintos. UTEP y Movimiento Evita aportan estructura territorial y capacidad de movilización social. ATE, Jubilados ATE y CDP ATE suman anclaje sindical. ADUNAM y la Oficina de Graduados de la Facultad de Humanidades añaden legitimidad académica y presencia universitaria. Patria Grande, Corriente Nuestra Patria, Movimiento Popular Nuestra América y Encuentro Patriótico incorporan volumen militante e identidad política.

Ese ensamblaje puede leerse como una búsqueda de recomposición. En tiempos de fragmentación opositora, una fecha con legitimidad histórica permite ordenar presencias, ensayar unidad y recuperar calle. No implica automáticamente una alianza electoral ni una coordinación permanente, pero sí configura una escena que puede tener efectos hacia adelante.

La movilización, además, puede fortalecer a las organizaciones que logren mostrarse como articuladoras reales del espacio. En estos casos, no solo importa quién convoca, sino quién organiza, quién llena, quién sostiene y quién logra traducir la efeméride en capacidad política concreta. En la política territorial, ese tipo de señales se observa con atención.

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Justicia Federal de Resistencia declaró crimen de lesa humanidad el caso Tereszecuk

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Reconocen como delito de lesa humanidad el asesinato del militante misionero Carlos Tereszecuk durante la dictadura

La Justicia Federal de Resistencia declaró crimen de lesa humanidad el secuestro, tortura y homicidio de Carlos Enrique Tereszecuk, ocurrido en noviembre de 1976. El fallo, enmarcado en el Derecho a la Verdad, reconstruye los hechos como parte del plan sistemático de desapariciones conocido como los “Vuelos de la Muerte” en el río Paraná.

Un fallo histórico: la verdad como reparación y memoria colectiva

La jueza federal N° 1 de Resistencia, Zunilda Niremperger, emitió una sentencia sin imputados que reconoce como crimen de lesa humanidad el secuestro y asesinato de Carlos Enrique Tereszecuk, militante misionero detenido ilegalmente a comienzos de noviembre de 1976 por razones políticas.

La resolución, dictada en el marco del Derecho a la Verdad, concluye que el caso de Tereszecuk forma parte de los denominados Vuelos de la Muerte perpetrados en el río Paraná, una práctica sistemática del terrorismo de Estado para desaparecer personas durante la última dictadura militar.

Según el fallo, los cuerpos eran arrojados al río “desnudos, con manos y pies atados con alambres, impactos de bala en el pecho o el cráneo, las yemas de los dedos cortadas para impedir su identificación y cortes abdominales para evitar que flotaran”.

La sentencia fue celebrada por los familiares del militante, el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), la Fiscalía Federal, la Secretaría de Derechos Humanos del Chaco y abogados querellantes. La audiencia, realizada de forma virtual, fue seguida también en distintos espacios de memoria, entre ellos la Casa por la Memoria de Resistencia, el Espacio por la Memoria del ex Regimiento 9 de Corrientes y el Aula Magna de la Facultad de Humanidades de Posadas.

La justicia ante la impunidad biológica: los límites del proceso penal

La sentencia se enmarca en un contexto judicial complejo: la muerte de los principales responsables de la Jefatura de Policía del Chaco en 1976 —los comisarios Carlos Thomas, Wenceslao Ceniquel y Lucio Humberto Caballero— impidió el avance de causas penales con imputados vivos.

Frente a esta imposibilidad material de juzgar, la magistrada acogió el reclamo de los familiares en el marco del derecho a la verdad, reconociendo su condición de víctimas y estableciendo que la reconstrucción de los hechos constituye una forma de reparación simbólica y memoria institucional.

La Fiscalía Federal acompañó el planteo con base en la doctrina y jurisprudencia nacional e internacional, recordando los antecedentes de los Juicios por la Verdad desarrollados en la década de 1990 y el precedente Martinelli, que consagró el derecho de las víctimas y la sociedad a conocer la verdad sobre los crímenes del terrorismo de Estado, aun sin posibilidad de sanción penal.

“El derecho a la verdad es una obligación del Estado y una deuda con las víctimas y la memoria colectiva”, sostuvo el dictamen fiscal. Destacando que estas resoluciones fortalecen el proceso de justicia transicional en la Argentina.

Reconstrucción del caso: de Posadas al Paraná

De acuerdo con la investigación judicial, Carlos Tereszecuk fue secuestrado a comienzos de noviembre de 1976 y trasladado a la Jefatura de Policía de Resistencia. Uno de los centros clandestinos de detención bajo control conjunto de la Policía del Chaco y el Ejército Argentino.

Testimonios coincidentes indican que fue sometido a torturas sistemáticas y que se encontraba en condiciones de extrema debilidad. Un ex detenido relató que fue obligado a bañarlo por orden de sus captores, ya que el joven militante no podía mantenerse en pie.

Días después, fue asesinado y su cuerpo arrojado al río Paraná. El 15 de noviembre de 1976 su cuerpo apareció en la costa de Empedrado, Corrientes, a unos 70 kilómetros río abajo de la capital chaqueña. Sepultado como NN, fue identificado recién en 2018 por el Equipo Argentino de Antropología Forense. En el marco de las tareas de restitución e identificación de víctimas de la dictadura.

La sentencia determinó que el secuestro, las torturas y el homicidio fueron parte de una persecución política “planificada y ejecutada por el aparato estatal. Con el fin de eliminar a quienes eran considerados opositores al régimen”, enmarcando el caso dentro de los crímenes de lesa humanidad imprescriptibles.

Perfil del militante: compromiso político y social

Carlos Enrique Tereszecuk nació en Posadas, Misiones, en 1952. Inició estudios para sacerdote en el Seminario de Fátima de Córdoba, pero los abandonó para dedicarse a la militancia social y política.

Fue vicepresidente del Centro de Estudiantes de la Escuela de Servicio Social de la Universidad Nacional de Misiones en 1974. Y participó activamente de la campaña electoral del Partido Auténtico Peronista en 1975. Donde se desempeñó como secretario de los diputados provinciales electos Juan Figueredo y Pablo Fernández Long.

Desde esa función, articuló con gremios, colonos, tareferos y trabajadoras de casas particulares, promoviendo proyectos de ley para la protección de sus derechos laborales.

En 1975, un intento de secuestro dentro de la Cámara de Diputados lo obligó a pasar a la clandestinidad. Se refugió en Corrientes en 1976, donde finalmente fue detenido y trasladado al centro clandestino de la Jefatura de Policía del Chaco.

Tras el retorno democrático, su hermano Norberto Tereszecuk presentó la denuncia ante la CONADEP y el Juzgado Federal de Resistencia. Impulsando una búsqueda que culminó casi cinco décadas después con el reconocimiento judicial de su asesinato como crimen de lesa humanidad.

Memoria activa: la verdad como política de Estado

El fallo reafirma la vigencia de las políticas de memoria, verdad y justicia como pilares institucionales del Estado argentino. En un contexto de avance de discursos negacionistas, la sentencia representa un acto de reafirmación jurídica y moral frente al terrorismo de Estado.

Además, la decisión contribuye a documentar los Vuelos de la Muerte en el Litoral, un circuito represivo menos visibilizado que el del Río de la Plata. Pero igualmente sistemático, con epicentro en Resistencia, Corrientes y Posadas.

La declaración judicial del caso Tereszecuk como crimen de lesa humanidad se inscribe en la línea de precedentes que sostienen que el Derecho a la Verdad es imprescriptible. Y constituye una obligación internacional del Estado argentino en materia de derechos humanos.

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