terrorismo de Estado

A 50 años del golpe, “la idea de memoria completa es una reivindicación del terrorismo de Estado”

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A 50 años del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, Misiones volvió a poner la memoria en la calle, pero esta vez con una carga política más explícita. La movilización realizada este martes 24 en Posadas, con paso por ex centros de detención y sedes de fuerzas de seguridad hasta la plaza 9 de Julio, no se limitó a la conmemoración del terrorismo de Estado: incorporó una lectura directa sobre el escenario nacional actual y convirtió el acto en una advertencia sobre las libertades democráticas, el rol del Estado y la vigencia de los derechos humanos. La pregunta que quedó flotando no fue solo cómo recordar el pasado, sino qué señales del presente empiezan a ser leídas como un motivo de alarma.

La jornada reunió a organizaciones sociales, políticas y de derechos humanos, familiares de desaparecidos, exdetenidos y militantes que marcharon desde la intersección de Mitre y Buenos Aires hasta distintos puntos vinculados a la represión ilegal en la provincia. El recorrido incluyó Jefatura de Policía, Policía Federal, la antigua Cárcel de Posadas (actual CEP 4), la sede de Inteligencia del Ejército, Gendarmería Nacional y la sede administrativa del Ejército. El cierre fue en la plaza 9 de Julio, donde se leyó un documento y se dejó abierto el micrófono para intervenciones de distintas agrupaciones.

De la conmemoración al señalamiento político

La movilización mantuvo el núcleo histórico del 24 de marzo —memoria, verdad y justicia—, pero sumó una capa de intervención política sobre el presente. En ese marco se inscribieron las palabras de Mario Coutouné, expreso político, hermano de una desaparecida por la dictadura y militante de Política Obrera, quien durante la jornada vinculó el aniversario de los 50 años del golpe con una crítica frontal al Gobierno nacional y a lo que definió como una avanzada sobre derechos y libertades.

Su planteo no quedó en una evocación general. Coutouné cuestionó la idea de “memoria completa”, la asoció a una reivindicación del terrorismo de Estado y sostuvo que la fecha también debía servir para advertir sobre medidas que, a su entender, anticipan un endurecimiento del poder. En esa línea, mencionó el tratamiento de una modificación del servicio de inteligencia, la posibilidad de detenciones arbitrarias, el rastreo digital sin control judicial y la pérdida de derechos laborales y sindicales.

La intervención tuvo un tono de denuncia política y buscó correr la conmemoración del terreno exclusivamente simbólico. Allí apareció una de las claves de la marcha de este año: para una parte de los sectores movilizados, el 24 de marzo ya no solo funciona como recuerdo del pasado, sino también como una herramienta para leer el presente y ordenar una respuesta política.

Del terrorismo de Estado a las alertas sobre el presente

En dialogo con Economis, Coutouné avanzó sobre un terreno sensible: vinculó la agenda de derechos humanos con debates actuales sobre inteligencia, organización de los trabajadores, derecho de huelga y capacidad de respuesta de las organizaciones sociales. Su crítica apuntó a lo que definió como una reivindicación del terrorismo de Estado bajo la idea de “memoria completa”, y desde allí trazó un paralelo entre el clima previo al golpe y determinadas decisiones o debates contemporáneos.

No se trató, en su exposición, de una comparación lineal ni de una descripción institucional cerrada, sino de una lectura militante sobre el presente político. El eje de su argumento fue que los retrocesos en derechos, la pérdida de herramientas de organización y las reformas que afectan libertades públicas deben ser observados no como hechos aislados, sino como parte de una secuencia que exige debate y reacción en sindicatos, lugares de trabajo y espacios de militancia.

En ese punto, su intervención aportó una dimensión política específica a la marcha: trasladó la memoria desde el terreno del consenso histórico al de la disputa contemporánea. Allí apareció una de las claves de la jornada. La conmemoración no solo reunió a quienes sostienen el reclamo de justicia por los crímenes de la dictadura; también funcionó como caja de resonancia para sectores que leen en el presente una reconfiguración del vínculo entre Estado, control social y conflicto laboral.

Una voz militante que tensiona el clima político

Coutouné sostuvo que no se puede permitir que un nuevo deterioro democrático “sorprenda” a la sociedad, y recuperó para eso referencias del período previo al golpe de 1976. Su argumento se apoyó en la idea de que la inacción de dirigencias políticas y sindicales frente a señales de agravamiento institucional también forma parte de la historia que debe ser revisada.

Esa lectura corrió la discusión de un plano memorial hacia uno estratégico. El foco ya no estuvo solo en el pasado dictatorial, sino en la capacidad actual de organización social. Según su planteo, el silencio sindical, la pérdida de derechos laborales y la falta de debate en los lugares de trabajo debilitan la capacidad de respuesta ante escenarios de mayor conflictividad. De ese modo, la memoria aparece no solo como homenaje a las víctimas, sino como herramienta de interpretación política y de reorganización colectiva.

El impacto de esa voz dentro de la jornada no radicó únicamente en la dureza de sus definiciones, sino en el lugar desde donde habla: hermano de una desaparecida y partícipe de una movilización que, a medio siglo del golpe, volvió a reunir a sectores políticos, sociales y de derechos humanos en defensa del “Nunca Más”. Esa combinación entre biografía, militancia y coyuntura le dio peso a su intervención dentro del acto.

La memoria como territorio de disputa

A medio siglo del golpe, el sentido de la fecha se volvió un terreno en disputa más visible. La marcha en Posadas mostró que la memoria ya no se limita a la preservación de una verdad histórica, sino que se reactualiza frente a debates contemporáneos sobre seguridad, organización social, inteligencia estatal y derechos laborales.

En ese marco, el recorrido por ex centros de detención y edificios ligados a las fuerzas de seguridad tuvo una carga doble. Por un lado, reconstruyó territorialmente el circuito de la represión en Misiones. Por otro, reforzó una idea política: que los lugares del pasado no son solo sitios de memoria, sino referencias concretas desde donde interpelar decisiones del presente.

La lógica del acto también acompañó esa lectura. Dejar el micrófono abierto a las agrupaciones no solo amplió la participación: habilitó que la conmemoración tomara un tono más asambleario, más militante y menos ceremonial. Eso fortaleció la dimensión política del evento, aunque también dejó a la vista que dentro del amplio campo de derechos humanos conviven discursos, estrategias y tonos distintos.

Qué expresa esta escena en términos de poder

La movilización dejó una señal relevante en el plano político local. Las organizaciones de derechos humanos, los sobrevivientes, los familiares y los espacios militantes que participaron conservaron capacidad de presencia callejera, de construcción de agenda y de intervención simbólica sobre una fecha central del calendario democrático. No es un dato menor en un escenario donde la disputa por el sentido del pasado también busca traducirse en posicionamientos sobre el presente.

Al mismo tiempo, la incorporación de una crítica abierta al Gobierno nacional reordena el mapa de alianzas y tensiones en torno al 24 de marzo. La memoria aparece así no solo como una política de reparación o un compromiso institucional, sino como una plataforma desde la cual sectores sociales y políticos fijan posición frente a reformas, discursos y dispositivos estatales que consideran problemáticos.

Eso no convierte automáticamente a toda la marcha en una expresión homogénea. Pero sí muestra que la conmemoración dejó de ser un espacio neutro. En Posadas, el aniversario de los 50 años del golpe funcionó como una escena donde se cruzaron historia, derechos humanos y conflicto político contemporáneo.

Un aniversario que no quedó encapsulado en el pasado

En sus declaraciones, Coutouné insistió en una idea: que el golpe de 1976 no fue una irrupción inesperada, sino un proceso precedido por señales, complicidades y silencios. Esa lectura histórica fue llevada al presente como advertencia. Su planteo apuntó a que las organizaciones sociales, sindicales y políticas debatan, se reorganicen y no minimicen medidas que, según su visión, pueden erosionar derechos democráticos.

Más allá de la dureza de esa interpretación, el hecho político concreto es otro: en Misiones, el 24 de marzo de este año no quedó encapsulado en el pasado. Se convirtió en una fecha desde la cual distintos actores intentan intervenir en la discusión pública actual. Eso amplía el alcance de la jornada, pero también eleva la tensión alrededor de su significado.

Lo que habrá que observar en las próximas semanas es si esta lectura más confrontativa del Día de la Memoria se sostiene en nuevas acciones, documentos o articulaciones entre organizaciones, o si queda circunscripta a la potencia simbólica de la fecha. También será relevante ver hasta qué punto la agenda de derechos humanos logra seguir conectando con reclamos sociales más amplios, como el empleo, los salarios y las libertades públicas, sin perder densidad histórica en el camino.

A 50 años del golpe, la escena en Posadas dejó algo más que una conmemoración. Mostró que la memoria sigue siendo una forma de intervención política y que, lejos de clausurarse, el debate sobre su sentido vuelve a abrirse cada vez que el presente empuja nuevas preguntas.

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A 50 años del golpe, Misiones volvió a poner la memoria en la calle y en disputa

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A 50 años del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, Misiones volvió a convertir la memoria en una acción política concreta. En Posadas, organizaciones sociales, políticas y de derechos humanos marcharon este martes 24 por antiguos centros de detención y edificios de fuerzas de seguridad hasta cerrar en la plaza 9 de Julio con un acto abierto. En Oberá, el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia reunió a funcionarios municipales, autoridades universitarias, víctimas, familiares y vecinos en la Casa del Bicentenario, donde además quedó plasmada una señal institucional con la colocación de imágenes y una placa conmemorativa. La fecha no solo volvió a activar el recuerdo del terrorismo de Estado: también mostró que la disputa por el sentido de la memoria sigue viva y se proyecta sobre el presente político.

No fue una conmemoración protocolar. En Posadas, la movilización avanzó sobre una geografía cargada de significado: Jefatura de Policía, Policía Federal, la antigua Cárcel de Posadas, la sede de Inteligencia del Ejército, Gendarmería Nacional y la sede administrativa del Ejército. El recorrido tuvo una lógica clara: reconstruir físicamente el mapa de la represión en la provincia y volverlo visible en el espacio público. Allí apareció la dimensión política más nítida del 24 de marzo de este año: la memoria ya no se expresó solo como homenaje, sino como intervención sobre una discusión abierta acerca de los derechos humanos, el negacionismo y los límites de la democracia.

Una marcha con lectura territorial y una memoria anclada en los hechos

La movilización en la capital misionera comenzó en la intersección de avenida Mitre y Buenos Aires. Desde allí partió la columna principal con organizaciones sociales, referentes, familiares de desaparecidos y exdetenidos. El esquema de la jornada no fue casual. Cada parada funcionó como una estación de memoria y, al mismo tiempo, como una forma de inscribir en el presente institucional una historia que durante años intentó ser borrada o minimizada.

La referente María Villanueva explicó que la marcha se detendría en cada centro de detención para recordar lo ocurrido durante la dictadura en la provincia. Esa decisión ordenó políticamente la jornada: no se trató solo de una marcha de consignas, sino de una reconstrucción del circuito represivo local. En una provincia donde el peso de la historia reciente no siempre ocupa el centro del debate público, la movilización buscó volver tangible esa trama.

En el acto final, además de la lectura de un documento, se dejó abierto el micrófono para que militantes de distintas agrupaciones tomaran la palabra. Ese gesto también habló del momento: la memoria apareció como un campo plural, atravesado por voces diversas, pero articulado por un mismo reclamo de verdad y justicia.

Testimonios que corren la discusión del plano simbólico al terreno de la experiencia

Uno de los núcleos más potentes de la jornada estuvo en los testimonios de sobrevivientes. María José Estévez se definió como una víctima directa, pero amplió de inmediato el alcance de esa marca: “mis hijas, mis padres, mis hermanos… no hubo nadie en la sociedad argentina que no haya sido alcanzado”. La frase, más que una evocación personal, reubicó el debate en una dimensión colectiva. La dictadura no aparece allí como un episodio cerrado sobre un grupo específico, sino como una herida de alcance social.

Su relato sobre la detención, el traslado por distintas provincias, el juicio militar y la condena de 22 años aportó algo que ninguna consigna puede reemplazar: espesor humano. También cuando habló de la salida, de las hijas pequeñas y de la dificultad de recomponer la vida. En esa secuencia, la memoria dejó de ser una categoría abstracta para volver a ser experiencia concreta, daño persistente y demanda de justicia todavía inconclusa.

También en Oberá, los testimonios ocuparon el centro. Juan Carlos Berent, ex preso político, relató las torturas sufridas tras ser secuestrado por integrar el Movimiento Agrario Misionero. Norma Yanzat, ex presa política, advirtió sobre los discursos que relativizan o reivindican la dictadura. No fueron intervenciones laterales: fueron el núcleo del acto. Y eso también marca una decisión institucional y política sobre cómo contar la historia a nuevas generaciones.

Oberá mostró otra dimensión: la institucionalización de la memoria

Mientras Posadas puso el cuerpo en la calle, Oberá exhibió otro movimiento relevante: la articulación entre municipio, Concejo Deliberante y facultades de la Universidad Nacional de Misiones para sostener una agenda de memoria con respaldo institucional. El acto debió trasladarse por el mal tiempo desde la plaza de la Memoria a la Casa del Bicentenario, pero eso no debilitó su peso político.

El intendente Pablo Hassan abrió la actividad subrayando el valor del “relato vivo”, especialmente para quienes no atravesaron el período entre 1976 y 1983. El dato no es menor. En un contexto donde la transmisión generacional de la memoria aparece como una tarea cada vez más decisiva, la escena de funcionarios municipales compartiendo espacio con víctimas, familiares, autoridades universitarias y vecinos mostró una convergencia institucional que buscó evitar que el 24 de marzo quede reducido a una efeméride.

La colocación de cuatro imágenes ilustrativas de víctimas de la dictadura y de una placa por los 50 años refuerza ese sentido. No es solo una marca conmemorativa. Es una toma de posición del Estado local, del Concejo y de la universidad sobre qué debe permanecer visible en el espacio público.

Memoria, derechos humanos y presente político

La conmemoración de este año tuvo una singularidad: no solo recordó el pasado, también dejó ver que la memoria se discute en tiempo presente. En Posadas, durante las intervenciones públicas, aparecieron referencias críticas al Gobierno nacional, al negacionismo y a reformas que, según algunos participantes, abren tensiones sobre libertades, organización social y derechos. Esos posicionamientos formaron parte del acto y le dieron a la jornada una densidad política que excedió la recordación histórica.

Sin embargo, el dato más consistente no estuvo en la confrontación discursiva, sino en la capacidad de las organizaciones y de parte de las instituciones de sostener una agenda activa de derechos humanos a medio siglo del golpe. En Posadas, esa fuerza se expresó en la calle. En Oberá, en una alianza entre Estado local, universidad y sociedad civil. En ambos casos, la memoria operó como un terreno de construcción política antes que como un ejercicio de nostalgia.

Qué deja la jornada y qué habrá que mirar

La marcha de Posadas y el acto de Oberá mostraron que, a 50 años del golpe, la memoria sigue siendo un eje de movilización y una herramienta de legitimidad pública. Fortalece a los organismos de derechos humanos, a los familiares, a los sobrevivientes y a los espacios políticos y sociales que sostienen esa agenda. También interpela a las instituciones locales, que definen si acompañan, si se repliegan o si dejan vacante ese terreno.

Lo que habrá que observar en las próximas semanas es si esta potencia conmemorativa se traduce en nuevas acciones públicas, en políticas locales de señalización y memoria, o en una agenda más sostenida de articulación entre municipios, universidad y organizaciones. También quedará abierto otro punto: cómo seguirá procesándose, en el plano político y social, la disputa entre memoria histórica, negacionismo y defensa de los derechos humanos.

A medio siglo del golpe, Misiones dejó una escena nítida. La memoria no quedó encerrada en el pasado. Volvió a ocupar las calles, los edificios, las plazas y la palabra pública. Y, justamente por eso, sigue siendo una discusión del presente.

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“Las víctimas que quisieron esconder”: el Gobierno difundió el video a 50 años del golpe de Estado

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El Gobierno difundió un polémico video alusivo al 50mo. aniversario del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, titulado “Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia completa: Las víctimas que quisieron esconder”, con el que vuelve a la carga con la postura oficial de equiparar la violencia cometida desde el Estado con la de las organizaciones guerrilleras de los años ‘70.

El video, del que se emitió anoche un adelanto en redes sociales, muestra los testimonios de una “nieta recuperada” que fue apropiada por un policía condenado por delitos de lesa humanidad, y del hijo de un coronel del ejército secuestrado y asesinado por la guerrilla del Ejército Revolucionario del Pueblo en 1974.

El video afirma que “en el año 2003 el Gobierno Nacional Argentino lanzó una campaña política empleando cuantiosos recursos públicos” con una “visión sesgada y revanchista” que “en lugar de sanar las disputas del pasado solo las exacerbó”, según el relato en off de las imágenes.

“Este Gobierno se dispuso por primera vez a dar vuelta la página dándole visibilidad a la historia completa” afirma el trabajo fílmico, en el que se asevera que “cuando se la presenta de forma parcial, deja de ser memoria y se convierte en un instrumento de manipulación”

Además, califica las políticas de en materia de Derechos Humanos como un “fatal experimento narrativo que le costó miles de millones de dólares a los argentinos”.

“Este Gobierno sostiene que las nuevas generaciones tienen derecho a acceder a una visión integral y respetuosa de aquellos años”, agrega.

El video muestra el testimonio de Miriam Fernández, hija de los desaparecidos Carlos Simón Poblete y María del Carmen Moyano, vistos por última vez en mayo de 1977, quien mantiene el apellido del policía que la anotó como hija propia, Armando Fernández, lo que la llevó a un litigio judicial con Abuelas de Plaza de Mayo.

La mujer es la nieta recuperada 127, según la numeración que siguen las Abuelas, y en el video afirma que vivió su historia “como hija de militares y como hija de desaparecidos” por lo que sostiene: “si yo puedo mirar para adelante y conciliar una historia completa por qué no lo puede hacer la Argentina”.

“Dejemos el pasado en paz, porque a mí mi familia biológica no me la va a devolver nadie, y el dolor que yo viví con mi familia de militares tampoco me lo va a devolver nadie”, afirmó y describió que Fernández “es mi papá, le guste a quien le guste, sin negar que también tengo mis papás biológicos”.

De igual modo el video recoge el testimonio de Raúl Larrabure, hijo del militar Argentino del Valle Larrabure, secuestrado y asesinado por el Ejercito Revolucionario del Pueblo en 1974, cuando se desempeñaba como subdirector de la Fábrica Militar de Pólvoras y Explosivos de Villa María.

Larrabure describe que su padre estuvo detenido “en condiciones infrahumanas” en lugares definidos por sus captores como “cárceles del pueblo” con “un camastro y un baño portátil”, donde sufrió “simulacros de fusilamiento y torturas”, en lo que fue “el secuestro más largo de la historia argentina, con 372 días”.

“Queremos que la verdad completa se imponga y que los chicos puedan discernir qué estuvo bien y qué estuvo mal, porque nosotros somos testigos de esa época”, añadió.

Larrabure, que al igual que Miriam Fernández dio su testimonio en una nota realizada ene el Salón Blanco de la Casa Rosada, sostuvo que durante los años en los que se llevaron adelante los juicios por delitos de lesa humanidad se vivió “una historia falaz”.

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A 50 años del golpe: la democracia resiste como ideal, pero cruje en su experiencia cotidiana

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A medio siglo del golpe de Estado de 1976, la Argentina exhibe una paradoja profunda: la democracia sigue siendo el horizonte político preferido por una mayoría clara, pero al mismo tiempo pierde solidez en la evaluación cotidiana de su funcionamiento. Esa es, acaso, la principal conclusión que deja el estudio nacional de Zuban Córdoba, realizado entre el 11 y el 14 de marzo de 2026 sobre 1.500 casos en todo el país, con un margen de error de +/- 2,53%.

El dato más contundente marca que 66,3% de los consultados sostiene que la democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno, mientras que 12,1% admite que, en algunas circunstancias, un gobierno autoritario puede ser preferible, y 13,4% afirma que le da igual un régimen u otro. Es un piso de legitimidad democrática todavía robusto, sobre todo si se lo observa en perspectiva histórica y en un contexto regional e internacional atravesado por fatiga institucional, polarización y discursos de orden. 

Pero ese respaldo convive con otra señal menos tranquilizadora: 48,6% evalúa como inadecuado el funcionamiento actual de la democracia argentina, contra 42% que lo considera adecuado.

Ahí aparece el núcleo del problema. La democracia no está siendo rechazada como principio, pero sí está siendo cuestionada como experiencia. Es decir: la sociedad no parece poner en discusión el valor del sistema democrático, sino su capacidad concreta para resolver problemas, garantizar derechos y ofrecer representación eficaz. La democracia conserva crédito simbólico, pero ese capital empieza a erosionarse cuando se lo mide en términos de desempeño real.

En ese marco, la memoria sobre la última dictadura continúa ocupando un lugar central en la cultura política argentina, aunque ya no con la homogeneidad de otros ciclos. El 68,6% acuerda con que la dictadura cívico-militar fue un período de violaciones a los derechos humanos, crisis económica y falta de libertades, y 57,1% la caracteriza como una dictadura que llevó adelante un plan de desaparición de personas y violó sistemáticamente los derechos humanos

Sin embargo, el dato que exige atención es que 25,2% todavía adopta la definición del “proceso de reorganización nacional” que enfrentó una guerra contra el terrorismo, una formulación directamente asociada a la narrativa justificatoria del terrorismo de Estado.

Ese cuarto de la muestra no es mayoría, pero tampoco es marginal. En términos políticos, revela que el consenso democrático sobre el pasado sigue siendo predominante, aunque ya no inmune a la disputa de sentido. Cincuenta años después, la batalla por la memoria no está saldada: sigue abierta en el lenguaje, en la interpretación histórica y en la forma en que sectores de la sociedad reorganizan su vínculo con el pasado reciente.

De todos modos, el estudio también confirma que la memoria sigue teniendo una fuerte legitimidad social. El 57,4% considera “muy importante” mantener viva la memoria sobre lo ocurrido durante la última dictadura y otro 16,2% la juzga “algo importante”. En conjunto, eso configura una mayoría de 73,6% que le asigna relevancia al trabajo memorial. No es un dato menor: aún en una sociedad cansada, fragmentada y sometida a tensiones económicas permanentes, la memoria no aparece como una agenda residual, sino como una pieza todavía viva de la identidad democrática argentina.

Pero el informe agrega otra capa de lectura: la persistencia de la memoria no implica satisfacción con el presente. De hecho, el trabajo sugiere que la memoria democrática convive con una percepción de insuficiencia institucional. Eso se refleja también en el plano educativo. Solo 15,8% cree que la educación prepara de manera suficiente a los jóvenes para la vida democrática; 47,6% dice que lo hace, pero de manera insuficiente; y 31% considera directamente que no los prepara. El dato es relevante porque desplaza la discusión desde la mera conmemoración hacia la transmisión intergeneracional de valores, herramientas y cultura política.

Si la democracia es preferida, pero no necesariamente comprendida, practicada o enseñada con la densidad suficiente, el problema deja de ser solo institucional y pasa a ser también pedagógico. La pregunta, entonces, no es únicamente cuánta memoria conserva la sociedad, sino qué capacidad tiene para traducir esa memoria en ciudadanía democrática activa.

Otro aspecto importante del estudio es la fragmentación social de esas percepciones. Entre quienes votaron a Sergio Massa en el ballotage, la mirada sobre la dictadura es mucho más contundente: 86,4% acuerda con que fue un período de violaciones a los derechos humanos, crisis económica y falta de libertades, frente a 56,8% entre quienes votaron a Javier Milei. Algo similar ocurre en la caracterización del período 1976-1983: entre votantes de Massa, 80,5% lo define como una dictadura con desaparición de personas y violación sistemática de derechos humanos; entre votantes de Milei, ese porcentaje cae a 41,2%, mientras 41,7% adopta la idea de una guerra contra el terrorismo.

Esos números muestran que la memoria ya no sólo ordena el vínculo con el pasado, sino también las identidades políticas del presente. La lectura sobre la dictadura funciona, en parte, como un clivaje ideológico contemporáneo. No se trata únicamente de historia: se trata de cómo se lee la democracia actual, el rol del Estado, los derechos humanos y la legitimidad de ciertos discursos públicos.

También hay un corte etario que merece ser observado. El apoyo a la democracia como mejor forma de gobierno sube con la edad: 56,2% entre 18 y 30 años, 57,2% entre 31 y 45, 65,5% entre 45 y 60 y 80% entre mayores de 60 años. En paralelo, los más jóvenes son quienes exhiben mayores niveles de indiferencia frente al tipo de régimen político: 20,7% entre 18 y 30 años dice que le da igual un gobierno u otro.

Ese dato debería encender alarmas. No porque los jóvenes estén abrazando masivamente posiciones autoritarias -el estudio no permite afirmar eso-, sino porque evidencia una relación más distante, menos emotiva o menos comprometida con la democracia como conquista histórica. Allí vuelve a aparecer el problema educativo y cultural: una democracia que no logra enamorar a las nuevas generaciones corre el riesgo de ser aceptada como formato, pero no defendida como convicción.

También es significativa la diferencia por género en la evaluación del funcionamiento democrático. El 48% de los varones considera adecuado el funcionamiento de la democracia actual, contra 36,7% de las mujeres. A la inversa, 50,5% de las mujeres la evalúa como inadecuada, por encima del 46,1% de los hombres. Esto puede leerse como una señal de que la experiencia democrática no se vive de manera uniforme: los déficits de representación, igualdad y acceso efectivo a derechos impactan de manera diferencial según el lugar social desde el que se mira.

En definitiva, el estudio deja una conclusión tan potente como incómoda: a 50 años del golpe, la democracia argentina sigue teniendo legitimidad moral, pero enfrenta una erosión de eficacia. La memoria del terrorismo de Estado conserva mayoría, pero ya no unanimidad cultural. Y la sociedad, lejos de romper con la democracia, parece interpelarla con más severidad: la sostiene como valor, pero le exige resultados, densidad institucional y capacidad de respuesta.

Ese quizá sea el dato más político de todos. Medio siglo después del quiebre institucional más brutal de la historia reciente, la Argentina no exhibe una nostalgia mayoritaria por el autoritarismo. Lo que muestra es algo más complejo y más desafiante: una ciudadanía que todavía elige la democracia, pero que ya no está dispuesta a otorgarle un cheque en blanco.

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Organizaciones sociales y sindicales salen a la calle en Posadas por el 24 de Marzo

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A días del 24 de Marzo, en Posadas comenzó a tomar forma una convocatoria con contenido político explícito que desborda la conmemoración tradicional y busca instalar una lectura de presente. La vigilia del lunes 23 de marzo a las 17:00 en ATE Misiones, sobre Salta 2326, y la marcha del martes 24 de marzo a las 08:30 en la intersección de avenida Mitre y calle Buenos Aires, muestran algo más que una agenda de memoria: exponen un intento de reagrupar a sectores sindicales, sociales, universitarios y militantes alrededor de una consigna de confrontación ideológica. Bajo el lema “30.000 razones para defender la patria. 50 años, el mismo enemigo”, la convocatoria enlaza el terrorismo de Estado con una impugnación directa al modelo económico actual. La pregunta de fondo no es solo cuánta gente movilizará, sino qué volumen político podrá condensar esa articulación en un escenario de alta tensión con el Gobierno nacional.

La convocatoria no parte de una sola organización. La nómina de convocantes exhibe un entramado amplio: UTEP, Movimiento Evita, TTT, CTD Aníbal Verón, ADUNAM, Jubilados ATE, Encuentro Patriótico, 13 de Diciembre, CTL, CDP ATE, Movimiento Evita Capitana, Campaña Nacional contra la Violencia Institucional, Oficina de Graduados de la Facultad de Humanidades, Patria Grande, Mesa de la Cultura, Corriente Nuestra Patria y Movimiento Popular Nuestra América. Esa diversidad no es un dato menor. En la política territorial, cuando una fecha logra reunir sindicatos, movimientos sociales, espacios universitarios y organizaciones de cultura, la conmemoración deja de ser solamente memorial para transformarse en un dispositivo de acumulación.

La memoria como plataforma de reorganización política

El 24 de Marzo tiene en Argentina un peso institucional propio, pero en este caso la consigna elegida reordena el sentido de la convocatoria. El texto difundido no se limita al recuerdo de los detenidos-desaparecidos. Plantea una continuidad histórica entre la represión ilegal y un “modelo económico de miseria planificada” que, según los organizadores, fue impuesto “a sangre y fuego” y sigue vigente. Esa definición no funciona solo como consigna: ordena una posición política frente al presente y redefine la calle como escenario de disputa.

Ahí aparece una clave de lectura. La marcha y la vigilia no se presentan como actos aislados ni puramente testimoniales. Se inscriben en una narrativa de resistencia y de continuidad militante: “Estamos llamados a continuar su lucha”, señala el documento. La apelación va más allá de la memoria individual o familiar. Busca producir una identificación política activa, con anclaje en la idea de patria, soberanía, antiimperialismo y liberación nacional.

Ese lenguaje, además, no es neutro. Recupera una tradición política reconocible dentro del campo nacional-popular y la actualiza en una coyuntura donde el conflicto con el Gobierno se expresa tanto en el plano económico como en el simbólico. En ese marco, la calle vuelve a ser presentada como espacio de legitimación política. No se trata únicamente de recordar a las víctimas del terrorismo de Estado, sino de disputar el sentido de la crisis actual y de nombrar al adversario en clave histórica.

Posadas como escenario de articulación territorial

La secuencia de actividades también tiene diseño político. La vigilia del lunes 23 en la sede de ATE Misiones propone un formato de construcción previa, con elaboración colectiva de carteles, proyecciones, música, mística y reflexión. Es decir, no solo convoca a asistir; convoca a producir identidad y clima político antes de la marcha central. La marcha del martes 24, en tanto, se organiza desde una esquina emblemática del centro posadeño, Mitre y Buenos Aires, con horario matutino, una elección que combina visibilidad pública y ocupación temprana del espacio urbano.

Esa arquitectura importa. La vigilia funciona como instancia de cohesión entre organizaciones con trayectorias distintas. La marcha, como momento de exhibición. Entre una y otra, se construye una escena de unidad que tiene peso en la política local. Porque cuando convergen gremios estatales, organizaciones sociales, sectores universitarios y espacios de militancia territorial, no solo se envía un mensaje al Gobierno nacional. También se ordenan posiciones dentro del mapa opositor y del activismo provincial.

La presencia de ADUNAM, de estructuras ligadas a ATE y de espacios universitarios vinculados a la Facultad de Humanidades refuerza además una composición donde confluyen reclamo sindical, activismo de derechos humanos y densidad intelectual. No es una suma casual. Es una coalición que intenta hablar en varios registros al mismo tiempo: memoria, conflicto social, defensa de derechos y crítica al modelo económico.

Del homenaje a la interpelación del presente

En el texto base hay una operación política clara: los organizadores colocan a los desaparecidos dentro de un “proyecto político soberano, antiimperialista y por la patria liberada”. Esa formulación no busca un consenso amplio y desideologizado. Hace lo contrario. Reivindica una identidad política del pasado y la proyecta hacia el presente. Desde esa perspectiva, el 24 de Marzo aparece menos como una fecha de homenaje transversal y más como una fecha de reafirmación militante.

Eso puede fortalecer a los espacios convocantes, porque les da cohesión narrativa y un horizonte político común. Pero también delimita el tipo de convocatoria que pretenden construir. No se trata de una apelación abstracta a la democracia o a los derechos humanos en general. Se trata de una lectura donde el conflicto histórico sigue abierto y donde el presente económico aparece como heredero de aquella matriz de poder.

La frase “50 años, el mismo enemigo” sintetiza esa apuesta. Condensa pasado y presente en una misma línea argumental y empuja una interpretación confrontativa. En términos políticos, eso convierte la movilización en un mensaje de polarización simbólica. No necesariamente partidaria en sentido formal, pero sí ideológica y estratégica.

Qué sectores buscan capitalizar la fecha

La amplitud del listado de organizaciones muestra que la fecha funciona como punto de encuentro para sectores que, en otros momentos, pueden tener agendas o ritmos distintos. UTEP y Movimiento Evita aportan estructura territorial y capacidad de movilización social. ATE, Jubilados ATE y CDP ATE suman anclaje sindical. ADUNAM y la Oficina de Graduados de la Facultad de Humanidades añaden legitimidad académica y presencia universitaria. Patria Grande, Corriente Nuestra Patria, Movimiento Popular Nuestra América y Encuentro Patriótico incorporan volumen militante e identidad política.

Ese ensamblaje puede leerse como una búsqueda de recomposición. En tiempos de fragmentación opositora, una fecha con legitimidad histórica permite ordenar presencias, ensayar unidad y recuperar calle. No implica automáticamente una alianza electoral ni una coordinación permanente, pero sí configura una escena que puede tener efectos hacia adelante.

La movilización, además, puede fortalecer a las organizaciones que logren mostrarse como articuladoras reales del espacio. En estos casos, no solo importa quién convoca, sino quién organiza, quién llena, quién sostiene y quién logra traducir la efeméride en capacidad política concreta. En la política territorial, ese tipo de señales se observa con atención.

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